SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 480

Sucre: 1 de octubre de 2013  

Expediente: SC 101 08 S

Proceso: Nulidad de documentos.

Partes: Herland Parada Paz c/ Doddy Jiménez Saucedo y otra.

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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I.VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Doddy Jiménez Saucedo, de fojas 385 a 387 vuelta, y el recurso de casación, interpuesto por Hilsen Sosa Bilbao, en representación de José Luis Parada Jiménez y Roxana Parada Jiménez contra el Auto de Vista Nº 205 de 21 de abril de 2008, de fojas 379 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario de nulidad de documentos, escrituras, cancelación de inscripción en Derechos Reales y pago de daños y perjuicios, seguido por Herland Parada Paz en contra de los recurrentes, los antecedentes y; 

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Mediante sentencia de fecha 26 de marzo de 2007, de fojas 318 a 327 vuelta de obrados, se declaró improbada la demanda de fojas 96 a 98 vuelta y probadas las excepciones perentorias opuestas a fojas 132 a 135, sin costas.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Daniel Toledo Justiniano, de fojas 335 a 341 de obrados, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista de fecha 21 de abril de 2008, se anula obrados hasta la sentencia de fojas 318 inclusive del expediente original y dispuso la remisión de obrados al Juez de Partido de turno en materia familiar de la capital.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 385 a 387 vuelta, Doddy Jiménez Saucedo, interpone recurso de casación en el fondo y mediante escrito de fojas 391 a 392, Hilsen Sosa Bilbao en representación de José Luis Parada Jiménez y Roxana Parada Jiménez, interpone recurso de casación, en los términos que se consignan en dichos escritos.

III.  CONSIDERANDO:

3.1.- Fundamentos del Fallo.- Que, por mandato del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Casación, está facultado para anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; ello con el propósito de que las resoluciones pronunciadas sean eficaces en derecho.

En el marco de esa facultad, debe tenerse presente que el debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

El debido proceso legal, finca entre otros, en la garantía del juez natural; que se integra por los elementos de la competencia, la independencia y la imparcialidad del juzgador.

Tenida cuenta que la competencia, en cuanto media de la jurisdicción, solo emana de la ley, es indelegable e improrrogable, salvo por razón de territorio en este último caso, los actos de quienes ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley, son nulos por mandato del artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

Por otra parte, debe tenerse presente que el proceso civil boliviano  finca, entre otros, en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La estricta correspondencia o identidad entre las peticiones, hechos y partes  contenidas en la demanda, la contestación o en su caso la reconvención y su contestación; y el pronunciamiento del Juez es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra  previsto en el artículo 190 del Código de Procedimiento civil, cuyo quebranto se produce cuando el fallo incurre en incongruencia, ya sea objetiva, factual o subjetiva. La correspondencia o identidad también debe presentarse en la emisión del fallo de segunda instancia, tal como dispone el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, pues el Tribunal ad quem se encuentra reatado a lo resuelto por el juez a quo y los agravios invocados en la apelación, de manera tal que se produce quebranto a la congruencia cuando se omite pronunciamiento, o cuando se pronuncia más allá de lo pedido o fuera de lo pedido. Finalmente cabe puntualizar que la afectación de la congruencia también se presenta cuando no existe identidad entre los fundamentos y la parte resolutiva del fallo, a esto último es a lo que se le conoce como incongruencia interna; en cuyo caso la resolución se halla viciada de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, el Tribunal ad quem en lugar de resolver las apelaciones, anuló obrados hasta la sentencia de fojas 318, por una supuesta incompetencia en razón de materia y ha dispuesto que el expediente sea remitido ante el Juez de Partido de Turno de Familia, en razón a que el inmueble objeto de la litis fuera ganancial y que por ello se subsumirá en el artículo 116 con relación al artículo 380 del Código de Familia.

Antes de examinar la remisión competencial dispuesta por el Tribunal ad quem no puede pasarse por alto la incompetencia interna que contiene el fallo de segunda instancia, pues el Tribunal ad quem concluye que el juez a quo no fuera competente por razón de materia y sin embargo sólo anula la sentencia, es decir implícitamente valida la actuación del Juez a quo en la tramitación, empero le niega competencia para resolver la causa, lo cual es incorrecto, pues si un Juez fuera incompetente por razón de materia, su incompetencia sería tanto para tramitar como para resolver la causa y no únicamente para resolver la causa.

Con relación a la supuesta incompetencia en razón de materia; el artículo 380 apartado segundo del Código de Familia dispone “En caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para resolver de ella el juez de familia”.

La relación de dependencia a la que alude la norma, evidentemente implica que la dilucidación de la pretensión de nulidad de la transferencia de un bien, que es una cuestión civil, se halle subordinada a la dilucidación o elucidación de la ganancialidad de dicho bien, que es una cuestión de derecho de familia; es decir que habrá la relación de subordinación (dependencia) en el caso de que la cuestión familiar aún no haya sido definida por la jurisdicción familiar, pues esa subordinación tiene su fundamento en que la decisión sobre esa cuestión familiar es de exclusiva competencia de la jurisdicción familiar, que tiene carácter especial; por ello, en los casos en que la jurisdicción familiar ya se ha pronunciado sobre la ganancialidad del bien ya no existe dependencia y por consiguiente ya no corresponde remitir el caso a la jurisdicción familiar.

En éste caso, entre otras, se pretende la nulidad de un contrato de reconocimiento de derecho propietario otorgado como anticipo de legítima, efectuado por los esposos Herland Parada Paz y Doddy Jiménez de Parada a favor de sus hijos José Luis y Roxana Parada Jiménez, con relación al inmueble objeto del litigio.

Conforme se acredita por el testimonio de fojas 118 a 129 y el certificado de fojas 130, la jurisdicción familiar ya se ha pronunciado, declarando que el inmueble situado en la manzana 6, lote 22, unidad vecinal 40, es de propiedad de los hijos menores (se refiere a José Luis y Roxana Parada Jiménez) y salvado para la vía ordinaria común el conocimiento y resolución de la nulidad de escritura que se pretendió ya anteriormente en la jurisdicción familiar; es decir no existe cuestión familiar pendiente de resolución a la cual se halle subordinada la pretensión de nulidad deducida, por lo cual no existe motivo para que ésta causa sea resuelta por la jurisdicción familiar, como dispone erróneamente el Tribunal ad quem. Consiguientementzou indebida decisión anulatoria del Tribunal ad quem afecta la competencia material del Juez a quo, la cual es de orden público, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, pero además viola el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables y el derecho al debido proceso legal en su elemento de congruencia al haber omitido pronunciamiento sobre los agravios esgrimidos en las apelaciones, también viciando de nulidad su fallo, por la causal prevista en el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley NO 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista NO 205 de fecha 21 de abril de 2008, cursante a fojas 379 y vuelta de obrados, disponiendo que el Tribunal ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo los requisitos de congruencia y exhaustividad.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el tribunal Ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  480/2013