SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 478

Sucre: 1 de octubre de 2013  

Expediente: SC 106 08 S

Proceso: Usucapión.

Partes: Walter Santiago Chambi Alfaro c/  Mario Vargas  Banegas y otros.

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 162 a 163 interpuesto por Prudencia Alfaro Vda. de Urrelo y la ampliación del recurso de fojas 167 a 179 en el que intervienen también Alfonso Urrelo, Alfaro y Ronald Alejo Urrelo Alfaro contra el Auto de Vista de fojas 160 y vuelta, pronunciado en fecha 24 de diciembre de 2007, por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario de usucapión, seguido por Walter Santiago Chambi Alfaro contra  Mario Vargas  Banegas y presuntos propietarios; la respuesta de fojas 190 a 193, el auto concesorio de fojas 194 vuelta, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que, tramitada la referida causa, el Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia  Nº 28/07 de 07 de marzo de 2007, cursante de fojas 94 a 95, declarando  probada la demanda interpuesta por Walter Santiago Chambi Alfaro de fojas 14 y ampliación de fojas 34, declarando propietario único y legítimo a Walter Santiago Chambi Alfaro del inmueble motivo de litis, determinándose el registro a su favor en Derechos Reales.

En grado de apelación, la Sala Civil  Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 584 pronunciado en fecha 24 de diciembre de 2007, cursante a fojas 160 y vuelta, confirma la referida sentencia, con  costas.

Contra la resolución de segunda instancia Prudencia Alfaro Vda. de Urrelo, Alfonso Urrelo, Alfaro y Ronald Alejo Urrelo Alfaro, interponen  recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.-

En la forma se acusa:

1.- A tiempo de hacer una relación de los actuados del proceso, acusan que al haberse citado a los demandados mediante edictos de prensa, se ha desviado el proceso porque no se dirigió la demanda correctamente, ni se citó a los propietarios del bien que pretendía usucapir el demandante y que el defensor de oficio no fue notificado en forma personal, ni asistió a la audiencia de inspección, tampoco materializo la defensa, limitándose a su apersonamiento;  causando con ello indefensión, no tomado en cuenta en el Auto de Vista; por la que se ha violado los artículos 119, 120, 121, 16 IV, 6-II: 7- a, g; 16, 22 y 228 todos de la Constitución Policita del Estado.

2.- Denuncian que recurren del Auto de Vista, por contener mala valoración de la prueba y carencia de fundamentación, incongruencia así como la no aplicación del artículo 16-IV de la Constitución Política del Estado y artículo 15 de la Ley de Organización Judicial; Sentencia y Auto de Vista que contienen aspectos violatorios al orden público, la seguridad jurídica, la inviolabilidad de la defensa y el debido proceso.

3.- Que su domicilio, su existencia, así como el derecho propietario del bien inmueble que es objeto de demanda, es real; sin embargo se los ignora, por lo que se violó los artículos 120 y 137 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo que pide entre otras anular la sentencia.

En el fondo, acusan de que las pruebas del proceso en primera instancia no tienen valor por no haber sido sometidos a contención por la defensa, así como el auto de vista debió contrastar con las presentadas de su parte.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Que los recurrentes en el punto 1) de su impugnación, hacen conocer que no se citó a los propietarios del bien inmueble a usucapir y que la defensora de oficio se limitó a su apersonamiento sin materializar una verdadera defensa; de lo que se desprende que la impugnación en la forma se centra en la violación e infracción al derecho de defensa, al debido proceso no observado tanto por el Juez a quo como por el tribunal de apelación.

Al respecto, de los actuados del proceso, se evidencia que la demanda interpuesta por  Walter Santiago Chambi  Alfaro es por la usucapión, que se entiende como al derecho por el cual, el poseedor de una cosa, adquiere la propiedad de ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo fijado por la ley, conforme a los alcances de lo normado por el artículo 110 del Código Civil, debiendo intervenir dos requisitos, a) la inactividad del verdadero propietario y b) la posesión de quién vaya a adquirir la  posesión, ello con relación a lo previsto por el artículo 138 del Código Civil.

Por otro lado, en consideración de que el objeto del Derecho Registral Inmobiliario, es la publicidad como una razón para efectos de seguridad jurídica; consiguientemente, se hace necesario que en la demanda se adjunte el respectivo certificado de propiedad de Derechos Reales para conocer con certeza al último propietario del bien inmueble a usucapir contra quien se tiene que dirigir la acción; todo con el fin de no causar indefensión y resguardar la seguridad jurídica del fallo.

Asimismo, para efectos del artículo 131 de la Ley de Municipalidades, obligatoriamente la demanda de usucapión para ser viable debe admitirse con citación del Gobierno Municipal, con el fin de evitar la usucapión de bienes de propiedad del Municipio o del Estado.

En el caso presente, la demanda de usucapión es admitida sin que se haya adjuntado el certificado del Registro de Derechos Reales; como tampoco se ha dispuesto la citación a la Alcaldía, aspectos no observados en su oportunidad por los tribunales de instancia, pese a que oportunamente se hizo conocer la existencia  de otra  persona  como propietaria del bien inmueble a usucapir, según actuados cursante de fojas 67 a 72, como en el recurso de apelación  de fojas 118 a 119.

Que al haberse admitido una demanda de esta naturaleza y resuelto favorablemente todas sus peticiones en Sentencia y por Auto de Vista, ciertamente se ha atentado no solo contra los artículos 327 y 333 del Código de Procedimiento Civil, sino en contra de lo dispuesto en los artículos 91 del mismo cuerpo normativo y 1319 del Código Sustantivo, con relación a la cosa juzgada, por cuanto el verdadero propietario es el único que tiene derecho a oponerse a la demanda de usucapión; vulnerando de esta manera a la garantía constitucional que proclama el derecho de defensa, al debido proceso reconocido en el artículo 115 de  la Constitución Política del Estado; así como al derecho fundamental de una persona como es el derecho constitucional a la propiedad privada previsto en su artículo 56; razón por la que se impone la nulidad de obrados. Al respecto existe jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia y que este Tribunal Supremo comparte, referente al Auto Supremo: Nº 220 de 24 de Junio de 2010 que señala: “………no habiéndose acreditado por ningún medio la titularidad de ese inmueble, razón por la cual resulta imposible establecer de qué forma los Tribunales de instancia analizaron y establecieron que el bien inmueble objeto de la litis es un bien susceptible de usucapir por encontrarse dentro del dominio privado, y de ser así, quién el titular del mismo, a efectos de determinar la legitimación pasiva. El actuar de los jueces a quo y ad quem, vicia de nulidad todo el proceso, pues la resolución que en él se dicte será ineficaz en derecho y de ninguna manera otorgará la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél…”.

En consideración a que se impone la nulidad de obrados, se hace intrascendente la consideración y análisis de los otros puntos impugnados en los numerales 2) y 3), así como lo impugnado en el recurso de casación en el fondo.

POR TANTO: La Sala Civil  Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial y de los artículos 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 35, es decir hasta la admisión de la demanda inclusive y dispone que el Juez de la causa antes de admitir la demanda observe los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

No siendo excusable el error en que han incurrido los de grado inferior, se les sanciona con multa de Bs. 200 al Juez a quo y a cada Vocal signatario del Auto de Vista, descontable por habilitación a favor del Tesoro del Órgano Judicial.

       Remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura en observación al artículo 17-IV) de la Ley Nº 025.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  478/2013