SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 473

Sucre: 30 de septiembre de 2013  

Expediente: CH 69 08 S

Proceso: Rendición de cuentas.

Partes: Dionicio Durán Medrano c/ Reynaldo Tórrez Díaz.

Distrito: Chuquisaca

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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I.VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Dionicio Durán Medrano, de fojas 697 a 698 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 286 de 25 de septiembre de 2008, de fojas 690 a 693 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, en el proceso ordinario de rendición de cuentas, seguido por el recurrente en contra de Reynaldo Torrez Díaz, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Mediante sentencia de fecha 28 de junio de 2008, de fojas 668 a 671 vuelta de obrados, se declaró improbada la demanda de fojas 44, sin costas y en consecuencia declaró no ha lugar por efecto de prescripción a la rendición de cuentas del mandato contenido en el poder Nº 93/95, otorgado en fecha 14 de febrero de 1995, por Dionicio Durán Medrano a favor de Reynaldo Torrez Díaz.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Dionicio Durán Medrano, de fojas 676 a 677 vuelta de obrados, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, por Auto de Vista de fecha 25 de septiembre de 2008, se confirmó la sentencia apelada, con costas en ambas instancias. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 697 a 698 vuelta, Dionicio Durán Medrano, interpone recurso de casación en el fondo, que se compendia a continuación.

III.  CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- El recurrente, en su recurso extraordinario de casación en el fondo, acusa al Tribunal ad quem de haber incurrido en error, ya que al igual que el Juez a quo no habrían valorado el hecho de que el demandado continuó ejerciendo el mandato después de su revocatoria, y alega que ello implicaría error de hecho al apreciar las pruebas.

Acusa al Tribunal ad quem de no haber apreciado el enlace natural y lógico que existe entre el poder Nº 93/95 y las escrituras Nº 873/2001 y 34/2002 que fueron otorgados en virtud del poder notariado Nº 738/00 y que éste poder es consecuencia del primero, lo cual posibilita que se demande la rendición de cuentas porque lo principal acarrea lo accesorio.

Acusa al Tribunal ad quem de interpretación errónea de la ley sustantiva civil por la conclusión efectuada en sentido de que el titular debe accionar de modo idóneo y que ese accionar idóneo no habría sido probado, pero sin embargo es elocuente e idóneo el medio probatorio (testifical) por el cual se ha acreditado que en ningún momento se ha mostrado negligente.

Acusa al Tribunal ad quem de desconocer el valor de las fotocopias legalizadas del proceso penal seguido contra el demandado, en franca violación del artículo 400-2) del Código de Procedimiento Civil, concordante con los artículos 1290 y 1296 del Código Civil, ya que el hecho de que su persona no hubiese promovido el proceso penal no es óbice para que dicha prueba no obre en su favor, máxime si el demandado ha sumido defensa en el proceso penal, arguyendo el ejercicio del mandato que le había conferido, conducta del querellado que por si ha generado la interrupción de la prescripción y que debían revocar la sentencia y declarar probada la demanda. He ahí la violación.

Acusa al Tribunal ad quem de haber incurrido en error al juzgar con total abstracción los agravios esgrimidos en la apelación, no se detuvieron a revisar la prueba cursante en el proceso y constatar la omisión en la que habría incurrido el juez a quo al valorar la prueba testifical e instrumental y hace alusión a que la prueba cursante de fojas 579 a 614, la de fojas 632 a 637 no habría sido valorada adecuadamente, pues las fotocopias legalizadas del proceso penal seguido en contra del demandado y la resolución del H. Consejo Municipal permitirían deducir que ha estado ejerciendo el mandato.

Finalmente pide que se case el Auto de Vista y se declare probada la demanda.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

Según la doctrina procesal, el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.

Tenida cuenta que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia de segunda instancia; en reiterados fallos, verbi gratia el Auto Supremo Nº 70 de 11 de febrero de 2003, entre otros, que marcan línea jurisprudencial, la entonces Corte Suprema de Justicia, ha dejado delineado que el recurso de casación, según el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, podrá ser en el fondo y en la forma; el primero está reservado para los casos enumerados en el artículo 253 del mismo cuerpo legal, en tanto que el segundo procede por violación de las formas esenciales del proceso, cuando la sentencia o auto de vista recurrido hubiere sido dictado en los casos previstos en el artículo 254 del mismo adjetivo.

Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley ( error sobre el alcance de la norma), mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella ( error de subsunción), imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga o las reglas de la sana crítica quebrantadas, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres incisos.

Por mandato del artículo 258-2) del igual procedimiento, en el recurso no solo se debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos.  

El cumplimiento escrupuloso de los requisitos impuestos por el citado artículo 258-2) Ídem,  no constituye una mera formalidad potestativa, pues tiene por finalidad delimitar el accionar del Tribunal de casación, para permitir que el fallo del Tribunal de casación  sea pertinente, exhaustivo y fundamentado.

En mérito al principio dispositivo que rige en el  proceso civil, el recurrente delimita el Thema decidendum del fallo casacional, pues el Tribunal limitará su pronunciamiento a las alegaciones esgrimidas por el recurrente en el recurso, que a la sazón se constituye en el acto de constitución del recurso extraordinario de casación, lo cual opera precisamente cumpliendo el requisito de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y en especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, conforme dispone el artículo 258-2) del Código Adjetivo Civil; pues dicha norma contiene  un imperativo en propio interés del recurrente, ya que su omisión acarrea la consecuencia negativa de impedir que el Tribunal ingrese a resolver el fondo del asunto, pues en tal caso el recurso deviene en improcedente, por mandato del artículo 272-2) del Código de Procedimiento Civil; lo cual implica que el recurso debe bastarse por sí mismo, y por consiguiente le está vedado al Tribunal de casación subsanar  de oficio las insuficiencias o deficiencias en las que incurra el recurrente, aun cuando éste sea alguna entidad Estatal.

La prohibición de que el Tribunal de casación supla de oficio los requisitos del recurso incumplidos por el recurrente, tiene además su fundamento tanto en el derecho a la igualdad, en su vertiente procesal, proclamado por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado, cuanto en el principio a la igualdad de las partes ante el juez, proclamado por el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil; pues para el caso de que el tribunal obrara oficiosamente, subsanando un recurso de casación  defectuoso, se  estaría actuando en desmedro de la parte contraria, lo cual implicaría afectar la imparcialidad del Tribunal.

Precisamente porque el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que se rige por el principio dispositivo, por la igualdad, en su dimensión de derecho y principio, y por el  principio de legalidad, en su vertiente procesal, previsto por el artículo 180-I) de la Constitución Política del Estado; el tribunal de casación, previamente, debe efectuar un juicio de admisibilidad del recurso de casación, lo cual implica verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos por ley, pues sólo en el supuesto que el recurso cumpla con tales requisitos, que son de admisibilidad o procedencia, corresponderá que el Tribunal de casación ingrese a realizar el juicio de fundabilidad del recurso, pronunciándose sobre el fondo.

En el caso en examen, el recurso de casación en el fondo es manifiestamente defectuoso, pues si bien es cierto que el recurrente acusa al Tribunal ad quem de haber incurrido en error de hecho en la apreciación de las pruebas; sin embargo omite precisar cual o cuales son los medios probatorios que habrían sido preteridos por el Tribunal ad quem en la apreciación de la prueba y menos se indica a través de que documentos o instrumentos auténticos se  acreditaría dicho error; es más en realidad el recurrente al parecer confunde el error de hecho en la apreciación de la prueba con el error de la hermenéutica jurídica.

Con relación a la denuncia de haber desconocido el enlace entre el poder Nº 93/95 y las escrituras Nº 873 y 34/2002, el cuestionamiento evidentemente es a la apreciación de la prueba; sin embargo en esta parte ni siquiera se indica si se está acusando al Tribunal ad quem de haber incurrido en error de hecho o error de derecho en la apreciación probatoria.

Respecto a la acusación de que el Tribunal ad quem habría interpretado erróneamente la ley sustantiva civil, respecto a la idoneidad del medio de prueba testifical para acreditar la interrupción de la prescripción, el recurrente de principio hace alusión al habérsele restado valor legal a la prueba testifical, con lo cual estaría cuestionando un error en la apreciación de dicha prueba, empero sin aclarar qué clase de error esta denunciando, luego hace referencia a una interpretación errónea de “la ley sustantiva civil”, empero sin concretizar cual es la norma legal a la que se refiere.

En la parte en que el recurrente se queja porque el Tribunal ad quem habría desconocido el contenido y el valor legal de la prueba documental, consistente en fotocopias legalizadas del expediente relativo al proceso penal seguido contra el demandado, con relación a su inidoneidad  para interrumpir la prescripción porque no  promovió el proceso penal, evidentemente  se está quejando sobre la valoración de la prueba, empero el recurrente, tampoco indica si está denunciando error de hecho o error de derecho en la apreciación probatoria. 

Finalmente acusa al Tribunal ad quem de no haber valorado adecuadamente la prueba documental cursante de fojas 579 a 614 y la de fojas 632 a 637; empero también omite indicar si se está acusando error de hecho o error de derecho en la apreciación de la prueba.

Las deficiencias manifiestas del recurso advertidas, implican incumplimiento del requisito previsto por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, y en razón a que dichas deficiencias no pueden ser suplidas de oficio por el Tribunal Supremo, corresponde resolver conforme a lo previsto por los artículos 271-1) y 272-2) Ídem.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, los artículos 41 y 42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 697 a 698 vuelta de obrados, interpuesto por Dionicio Durán Medrano, con costas.

4.2.- Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  473/2013