SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 471

Sucre: 30 de septiembre de 2013  

Expediente: SC 97 08 S

Proceso: Nulidad de documento.

Partes: María de los Ángeles Nasica Azogue c/ Roberto Rivas Castro.

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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I. VISTOS:

1.- EL recurso de casación en el fondo, interpuesto por Roberto Rivas Castro, de fojas 715 a 721 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 239 de 5 de mayo de 2008, pronunciado por  la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Santa Cruz, en el proceso ordinario doble de nulidad de documento, seguido por María de los Ángeles Nasica Azogue en contra del recurrente,  los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.-Que, mediante sentencia de fojas 563 a 565 vuelta, el Juez de Partido Segundo de Familia de la ciudad de Santa Cruz, declaró improbada la demanda de fojas 29 a 31 y la reconvención de fojas 62 a 68, sin costas.      

Que, en grado de apelación, interpuesto por María de los Ángeles Nasica Azogue, de fojas 568 a 570, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 239 de fecha 5 de mayo de 2008, de fojas 711 a 713, revocó en parte la sentencia de fojas 563 a 565 y vuelta y deliberando en el fondo declaró probada en parte solamente en cuanto se refiere a la nulidad del documento aclarativo declarativo de fojas 8 y 9, el mismo que lo declaró nulo y sin efecto legal y se confirmó en parte en cuanto al pago de daños y perjuicios demandados, sin costas. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante a fojas 715 a 721 vuelta,  interpone recurso de casación en el fondo, en los términos que consigna dicho escrito.

III.  CONSIDERANDO:

3.1.- Fundamentos del Fallo.- Que, por mandato del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Casación, está facultado para anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; ello con el propósito de que las resoluciones pronunciadas sean eficaces en derecho.

En el marco de esa facultad, debe tenerse presente que el debido proceso legal constituye una esencial  garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual  compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, a conocer y resolver  las controversias de relevancia jurídica  en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de  resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Debe tenerse presente que el proceso civil boliviano  finca, entre otros, en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La estricta correspondencia o identidad entre las peticiones, hechos y partes  contenidas en la demanda, la contestación o en su caso la reconvención y su contestación; y el pronunciamiento del Juez es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra  previsto en el artículo 190  del Código de Procedimiento Civil, cuyo quebranto se produce cuando el fallo incurre en incongruencia, ya sea objetiva, factual o subjetiva. La correspondencia o identidad también debe presentarse en la emisión del fallo de segunda instancia, tal como dispone el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, pues el Tribunal ad quem se encuentra reatado a lo resuelto por el Juez a quo y los agravios invocados en la apelación, de manera tal que se produce quebranto a la congruencia cuando se omite pronunciamiento, o cuando se pronuncia más allá de lo pedido o fuera de lo pedido. Finalmente cabe puntualizar que la afectación de la congruencia también se presenta cuando no existe identidad entre los fundamentos y la parte resolutiva del fallo, a este último es a lo que se le conoce como incongruencia interna; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, la demandante, a tiempo de exponer los hechos de su demanda, y luego de relacionar los actos traslaticios de dominio respecto del bien inmueble objeto de la Litis, en el punto 3 señala “ Sucede Sr. Juez que mi esposo ROBERTO RIVAS CASTRO en fecha 02 de Julio del 2004, empleando la intimidación y violencia ejercida sobre mi persona y mis dos hijos, me obligó a firmar un documento privado aclarativo declarativo mediante el cual renuncié a mi derecho propietario ejercido sobre el bien inmueble ganancial ubicado sobre calle Chiquitos Nº 86 el mismo que fue adquirido dentro de la vigencia del matrimonio…” y luego como fundamento de su petición invoca los artículos 5, 101 y 102 del Código de Familia y los artículos 546 y 549 inciso 3) del Código Civil.

En la sentencia, el Juez a quo declaró improbada la demanda con el fundamento fáctico de que  la característica de la violencia no era capaz de impresionar y causar temor a la esposa, es decir se pronunció con relación al hecho expuesto en la demanda.

Por su parte en el Auto de Vista impugnado, el Tribunal ad quem concluye que el inmueble ubicado en la calle Chiquitos Nº 86 pertenece a ambos esposos y que el documento de fojas 8 y 9 al estar en directa contravención a los artículos 102 y 463 del Código de Familia se lo considera inexistente y que no ha nacido a la vida jurídica del derecho, y que es inexistente jurídicamente, conforme está determinado por los incisos 3) y 5) del artículo 549 del Código Civil.

Tal como se advierte el hecho esencial esgrimido como fundamento fáctico de la demanda, es decir el supuesto uso de intimidación y violencia para obtener la firma del documento cuya nulidad se demanda, ha sido el fundamento fáctico en cuyo mérito el Juez a quo hubo desestimado la demanda. Sin embargo el Tribunal ad quem, soslaya el hecho invocado en la demanda y respecto del cual se ha pronunciado el Juez a quo en la sentencia, y tolera una modificación grosera, del manera tal que el hecho sobre el que finca su decisión revocatoria lo metamorfosea a la ganancialidad del bien objeto del litigio y la ilicitud del acto del acto dispositivo (aclarativo declarativo sobre la calidad de bien propio). Esta modificación de los hechos  evidentemente quebranta el principio de congruencia objetiva factual, pues el Tribunal ad quem ha emitido su pronunciamiento apartándose del hecho invocado en la demanda, tanto es así que inclusive en su fundamento jurídico el Tribunal ad quem invoca el inciso 5) del artículo 549 del Código Civil, sin que esa causal haya sido invocado en la demanda, olvidando su deber de limitar su pronunciamiento a lo que ha sido resuelto por el Juez a quo y que hubiera sido objeto de apelación, tal como manda el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, y con dicho proceder a viciado su fallo de nulidad por la causal prevista en el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR  TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista Nº 239 de fecha 5 de mayo de 2008, cursante de fojas 711 a 713 de obrados, disponiendo que el Tribunal ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo los requisitos de congruencia y exhaustividad.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el tribunal Ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  471/2013