SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 442

Sucre: 30 de agosto de 2013  

Expediente: LP 74 08 S

Proceso: Divorcio

Partes: Eduardo René Ivernizzi Belmar c/ Juana Elizabeth Benavente Riverín

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 1052 a 1060 vuelta, interpuesto por Juana Elizabeth Benavente Riverín contra Auto de Vista Resolución Nº S-57/08, de fecha 19 de marzo, de fojas 1045 a1046, emitido por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del  Distrito Judicial de La Paz, la respuesta al recurso de fojas 1063 a 1065 vuelta, dentro del ordinario de Divorcio seguido por Eduardo René Ivernizzi Belmar contra Juana Elizabeth Benavente Riverín, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

1.- Que, el Juez Octavo de Partido de Familia de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, pronuncia Sentencia Resolución Nº 240/2007, de fecha 16 de junio, de fojas 889 a 891 vuelta, que declara probada la demanda  de fojas 5 e improbada la reconvencional de fojas 15 a 17. Asimismo probada la excepción de prescripción de fojas 28 a 29, opuesta  en el Otrosí 2do, con referencia a la extinción de la acción de la causal de malos tratos en aplicación del artículo 140 del Código de Familia, por consiguiente disuelto el vínculo matrimonial que une a Eduardo René Ivernizzi Belmar y Juana Elizabeth Benavente Riverín, debiendo en ejecución de sentencia procederse a la cancelación de la partida matrimonial a la que hace referencia el certificado de fojas 1, de acuerdo a los datos que en él se consignan. Se homologa la Resolución de medidas provisionales de fojas 96 a 97 de obrados.

Deducida que fue la apelación por la parte demandada, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del  Distrito Judicial de La Paz, pronuncia Auto de Vista Nº S-57/08, de fecha 19 de marzo, de fojas 1045 a1046, que confirma la Resolución de fojas 37, decretos de fojas 742 vuelta, 759 vuelta y auto de fojas 840 de obrados, así como la Sentencia Resolución Nº 240/2007, de fojas 889 a 891 vuelta. Con costas.

2.- Contra el Auto de Vista, la demandada Juana Elizabeth Benavente Riverín, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, bajo los siguientes argumentos:

2.1. Recurso de casación en el fondo: En virtud al artículo 253 numerales 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, la recurrente acusa violación e interpretación errónea de la ley, refiriendo que el artículo 336 inciso 6) es parte del Código Civil, capítulo II, excepciones previas, las mismas que se aplicarían al Código de Familia, en virtud a lo señalado en el artículo 383 del Código de Familia, el mismo que no señalaría ningún tipo de excepciones y/o inaplicabilidad en relación a la excepción previa planteada, y que se hubiera dado un incorrecto planteamiento y aplicación del artículo 336 inciso 6) en su Resolución, como la vulneración del artículo 383 del Código de Familia y que tampoco se hubiese valorado la prueba en virtud del artículo 192 inciso 2), cursante a fojas 9. 

2.1. Recurso de casación en la forma: En virtud al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente interpone el presente recurso, refiriendo que el decreto de fojas 840 hubiese vulnerado los artículos 87, 90, 96, 135, 139, 187, 202, del Código de Procedimiento Civil y vulneración de los principios de independencia, responsabilidad, servicio a la sociedad, celeridad y probidad, acusando que el auto de vista recurrido hubiera incumplido el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, y que a su vez, debería haberse revisado obrados en virtud del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial. Por otra parte, la recurrente expresa que solicitó acumulación de proceso de Divorcio al de Separación al Juez A quo, que fue obviado por dicha autoridad, evidenciándose que el mismo y el Tribunal Ad quem hubiesen ignorado los recursos planteados en ambas resoluciones, incumpliéndose los artículo 192 inciso 2) y 236 del Código de Procedimiento Civil al no haberse resuelto este punto en ambas instancias. Asimismo, hace referencia que respecto a la solicitud unilateral de la parte demandante para que se realice suspensión del proceso, el Juez de Primera Instancia hubiese decretado la suspensión de los plazos procesales, vulnerando su derecho a la réplica, acusando de incumplimiento de las normas procesales descritas en los artículos 140, 141, 142, 148 y 394 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente la recurrente hace una relación de los agravios que hubiese sufrido con la sentencia y el auto de vista, refiriendo haber recurrido en el fondo y en la forma y hace una relación de la forma que debería tener la sentencia, acusa que se hubiese omitido la valoración de la prueba que cursa en el expediente de acuerdo al artículo 192 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil y que no se hubiese considerado la negación a la demanda de divorcio interpuesta, cometiéndose error de derecho y hace una correlación de las pruebas que fueron presentadas en el proceso, enfatizando sobre todo en la causal de adulterio en el que hubiese incurrido el demandante y una síntesis de todo lo acusado en el recurso, para concluir que hubiese demostrado los agravios sufridos tanto por el Tribunal Ad quem y que hubiera demostrado el incumplimiento de los artículos 192 y 236 del Código de Procedimiento Civil, pidiendo se case el auto de vista y deliberando en el fondo revoque la sentencia de primera instancia y alternativamente se anule obrados hasta el Auto Interlocutorio Resolución 237/06 de fojas 37, por infracción del artículo 196 inciso 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II:

Que, pese al deficiente recurso interpuesto, sobre todo en el petitorio del mismo, se pasa a resolver las denuncias realizadas, bajo las siguientes consideraciones:

1. Recurso de casación en el fondo: Que, el artículo 383 previene que “las disposiciones del Código de Procedimiento Civil se aplicarán a los asuntos de la jurisdicción familiar en todo lo que no se oponga a las reglas particulares que rigen los procesos ordinarios, sumarios, así como los procedimientos voluntarios y especiales, establecidos por el presente Código”, ello implica, también restricciones en cuanto a la naturaleza de cada proceso específico que se tramita en la jurisdicción familiar, es así, que el proceso de divorcio establece para su tramitación diferentes causales previstas en el artículo 131 del Código de Familia, como también la separación de hecho, instaurada en el artículo 131, y que deberá ser probado respecto a la duración y continuidad de la separación, por lo que,  al constituirse el divorcio en proceso ordinario, dicha causal deberá ser probada justamente durante la etapa preparatoria, establecida en la apertura del término probatorio, en consecuencia, en el presente caso la excepción previa de vencimiento del término o el cumplimiento de la condición, planteada por la demandada y reconvencionista, no se aplica porque aquella ocurre cuando no se ha cumplido el plazo o la condición en determinado contrato,  que imposibilitará la posibilidad de la acción misma, por lo que, la denuncia de abandono realizada por la recurrente ante la Fiscalía, no implica una razón para plantear la excepción referida, a cuya razón no son evidentes las acusaciones de la recurrente. Por lo expuesto el presente recurso deviene en infundado, en virtud a lo previsto por el artículo 271 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

2. Recurso de casación en la forma: Que, la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos, siendo necesario para que opere la nulidad procesal el cumplimiento de ciertos principios como el principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal que se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos “No hay nulidad, sin ley específica que la establezca” (Eduardo Couture, “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, pág. 386); otro de los principios fundamentales es el principio de finalidad del acto, considerando que ”la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto” (Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, Tomo IV, pág. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada, asimismo, el principio de trascendencia, nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture, esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable.

En este entendido, de los antecedentes cursantes en el presente caso, la notificación realizada con el auto de la clausura del término probatorio para la formulación de alegatos, cursante a fojas 802, ha sido notificado en el domicilio procesal de la demandada, y de acuerdo al informe del oficial de diligencias, éste fue notificado cuando el expediente se encontraba en secretaría del juzgado y no así en el despacho del juez, como manifiesta la recurrente, además, que este hecho no se encuentra tipificado dentro de las causales que hacen a la nulidad, y al haber tomado conocimiento la parte demandada de dicho auto, se ha cumplido con la finalidad de la notificación, sin existir algún perjuicio, y que fue resuelto en el segundo considerando del auto de vista recurrido. En cuanto al memorial de mero trámite de fojas 803 que fue presentado en fecha 29 de marzo de 2007 e ingresado y decretado a despacho en fecha 30 del mismo mes y año, no implica que se haya vulnerado el principio de celeridad procesal, y no tiene mayor relevancia en el presente caso y mucho menos involucra una nulidad de obrados. 

Respecto a la solicitud de acumulación del proceso de separación al de divorcio, solicitada por la ahora recurrente a fojas 866, éste fue solicitado primeramente por la parte demandante a fojas 740 y fue puesto a conocimiento de la parte demandada a fojas 743 y que no mereció de la misma apoyo o desacuerdo a dicha solicitud, siendo así, el Juez de Primera Instancia mediante Resolución 424/2006, de fecha 21 de diciembre de 2006, rechazó la acumulación solicitada, que a su vez, no fue objeto de impugnación por ninguna  de las partes, habiendo convalidado la referida resolución, con estos antecedentes y considerando que a fojas 865 vuelta el Juez A quo dicto autos para sentencia, la solicitud de acumulación del proceso de separación al de divorcio, de fojas 866 ya no fue considerada por dicha autoridad.

Con relación a la suspensión de plazos, para la presentación de alegatos, solicitada por la parte demandante, por no haberse adjuntado las Actas de recepción testifical de cargo, fue una omisión de la Secretaría del Juzgado y no así de la parte demandante,  y que si bien la suspensión de plazos para la formulación de alegatos fue resuelta por el Juez de Primera Instancia, sin correr en traslado a la parte demandada, ello no causa un perjuicio irreparable a la misma, tomando en cuenta, que los alegatos, vienen a ser una síntesis de las pruebas presentadas por las partes, en relación a las pretensiones de la demanda o la contestación, en este caso, tampoco se cumple los requisitos para anular obrados, sino más bien, una sanción disciplinaria para el Secretario del Juzgado Octavo de Partido de Familia, que pudo ser solicitada por la demandada. Por lo expuesto no son evidentes las acusaciones realizadas por la parte recurrente en el presente recurso, no existiendo violación de los artículos 87, 90, 96, 135, 139, 187, 202, 140, 141, 142, 148, 394, 236, y 192 numeral 2)  del Código de Procedimiento Civil, ni vulneración de los principios de independencia, responsabilidad, servicio a la sociedad, celeridad y probidad.

Con relación a la relación de agravios realizada en la parte final del recurso de casación en la forma, cabe aclarar que el recurso de apelación y el de casación, son recursos completamente diferentes, y no puede confundirse el uno con el otro, tomando en cuenta que en el recurso de casación ya sea en el fondo o en la forma, no concierne realizar una relación de agravios, los cuales deben ser expuestos cuando se interpone recurso de apelación, porque el recurso de casación al ser un recurso extraordinario e importa la especificación y fundamentación de los errores in procedendo, que corresponde al derecho formal y que hace al recurso de casación en la forma o el error injudicando, inherente al derecho material, que incumbe al recurso de casación en el fondo, por lo que, no corresponde dar respuesta a dicha relación de agravios expuesta de manera general e imprecisa y que en el fondo viene a ser un resumen de ambos recursos. Por lo expuesto corresponde aplicar al recurso de casación en la forma, lo dispuesto en el artículo 271 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, de fojas 1052 a 1060 vuelta, interpuesto por Juana Elizabeth Benavente Riverín, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Fue de voto disidente en forma parcial la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani