SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 439

Sucre: 30 de agosto de 2013  

Expediente: C 55 08 S

Proceso: Reivindicación, Nulidad De Ordenanzas Municipales Y Otros

Partes: Zacarías Talamás Katime c/ Gobierno Municipal de Cochabamba

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator:Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Zacarías Talamás Katime de fojas 465 a 469 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 9 de 2 de septiembre de 2004, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre reivindicación, nulidad de ordenanzas municipales, entrega de propiedad, pago de daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra el Gobierno Municipal de Cochabamba, la respuesta de fojas 510 a 511, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez de Partido Octavo en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, pronuncio la Sentencia Nº 123 de 31 de octubre de 2003 (fojas 382 a 387), declarando improbada la demanda, con costas. Complementada por Auto de fojas 408.

Deducida la apelación por el demandante, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 9 de 2 de septiembre de 2004 (fojas 461 y vuelta), confirma la sentencia apelada.

Contra esta resolución superior, el demandante Zacarías Talamás Katime interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, en los términos expuestos en su memorial de 18 de enero de 2005 (fojas 465 a 469 vuelta).

       CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Ahora bien, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, es indelegable y de orden público. El poder jurisdiccional del Estado que se atribuye al conjunto de jueces, sean estos ordinarios o especializados está limitado en razón de su competencia, que se determina mediante parámetros claramente establecidos. Al ser la competencia la medida de la jurisdicción también es de orden público, indelegable y nace únicamente de la ley.

El artículo 778 del Código de Procedimiento Civil establece que el proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado. La norma citada es de especial y de preferente aplicación.

La Sentencia Constitucional 1620/2004-R de 8 de octubre, infirió del artículo 38 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública de 30 de diciembre de 1884 “que contra la decisión administrativa en un procedimiento de expropiación, queda la vía contenciosa ante la Corte Superior -cuando se impugne decisiones municipales-“.

En el sub lite, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, porque el objeto principal de la demanda civil interpuesta (fojas 27 a 31 y 33), es que se deje sin efecto el proceso de expropiación así la suma de la demanda establece “Entabla juicio ordinario de puro derecho, sobre reivindicación nulidad de ordenanza Municipal” y el petitorio principal es: “Se declare nulo y sin valor todas las ordenanza municipal referente a la expropiación del Terreno del Demandante,…, Asimismo la entrega de dicha propiedad a su propietario demandante, libre de todo impedimento”, es decir que la pretensión principal era la nulidad de la expropiación y como consecuencia la reivindicación, petitorio que no podía ser modificado por las autoridades demandadas en virtud al principio dispositivo.

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0693/2012 de 2 de agosto, estableció que “Una ordenanza municipal cuyo contenido no es normativo como es el caso de una que resuelve una expropiación que se constituye en un acto administrativo que goza del principio de presunción de legitimidad (SC 1464/2004-R de 13 de septiembre)… debe impugnarse en la vía contenciosa administrativa”; en ese sentido, si bien el Máximo Tribunal tiene competencia para conocer en casación demandas de reivindicación o mejor derecho propietario incluso contra instituciones públicas, no puede sin vulnerar el principio de seguridad jurídica convalidar la actuación sin competencia del juez y tribunal de apelación con la idea de que el proceso expropiatorio puede ser nulo, pues en realidad se estaría dejando sin efecto los actos administrativos de la expropiación.

Por otra parte y respecto a la idoneidad del proceso contencioso administrativo para conocer este tipo de situaciones la Sentencia Constitucional 0090/2006 de 17 de noviembre, sostuvo: “El replanteamiento del ámbito objetivo del proceso contencioso supera la tradicional y restringida concepción del recurso contencioso administrativo como una revisión judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso contra el acto. El carácter revisor del contencioso suponía que los tribunales tenían que limitarse a enjuiciar la validez del acto impugnado y debían hacerlo, además, bajo la pauta previamente establecida en la fase administrativa como si se tratase de un recurso de casación contra una sentencia, en cuyo caso no se podían pronunciar sobre cuestiones no planteadas formalmente en la vía administrativa o respecto de las que la Administración no se hubiese pronunciado expresamente, ni se podía practicar prueba salvo para revisar la practicada en el expediente administrativo.    El nuevo replanteamiento es abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración. Consecuentemente, la pretensión desplaza al acto administrativo como elemento determinante de la legitimación: legitimado no está el destinatario de la actuación administrativa, ni si quiera el afectado por dicha actuación; legitimado está quien ha sufrido o teme sufrir una lesión de cualquier derecho o interés protegible y pretende el auxilio de jueces y tribunales”.

Que, el artículo 203 de la Constitución Política del Estado establece que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.

Entonces, al tratarse la litis de un cuestionamiento sobre una expropiación, que se constituye en un acto administrativo, debe impugnarse en la vía contenciosa administrativa, conforme lo dispone el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil y no la vía ordinaria.

De lo expuesto, se concluye que el juez a quo y el tribunal ad quem, no han reparado esencialmente en su incompetencia para repulsar la acción interpuesta y cuyo objeto principal es que se deje sin efecto el proceso de expropiación, pues la competencia debe ser observada aún de oficio por el órgano jurisdiccional.

Por las razones expuestas, estando comprendido el actuar de los Tribunales de instancia dentro el artículo 254 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, corresponde aplicar lo dispuesto por los artículos 252, 271 numeral 3) y 275 del citado Código de Procedimiento.

Finalmente, sin perjuicio de lo esgrimido precedentemente, se ilustra que de fojas 20 a 21 cursa la Ordenanza Municipal Nº 2806/2002 de 12 de abril, que determinó que “El Órgano Ejecutivo deberá preveer el pago por la expropiación del terreno de acuerdo a la Ley de Expropiaciones y a la Ley 2028 de Municipalidades”.  

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el auto de admisión de fojas 33 vuelta inclusive.

Asimismo, en mérito a la Ordenanza Municipal Nº 2806/2002 de 12 de abril, se salva el derecho del demandante de ocurrir a la vía que mejor convenga a sus intereses. Sin responsabilidad por ser excusable. 

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Ana Adela Quispe Cuba