SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 417

Sucre: 30 de agosto de 2013  

Expediente:T 40 08 S

Proceso: Fraude Procesal

Partes: Max Aldo Lema León c/ Mirtha Castillo de Aneiva y otros

Distrito: Tarija

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 982 a 994 vuelta, interpuesto por Max Aldo Lema León, contra el Auto de Vista N° 113 de 5 de septiembre de 2008, cursante a fojas 968 a 970 vuelta de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso ordinario de FRAUDE PROCESAL, seguido por el recurrente contra Mirtha Castillo de Aneiva y otros, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso de fojas 997 a 998 y el auto de concesión de fojas 1010 vuelta; y,

        CONSIDERANDO I:        

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido 4º en lo Civil y Comercial de Tarija, pronunció sentencia N° 272 de fecha 25 de septiembre de 2007 cursante a fojas 894 a 897 vuelta de obrados, declarando IMPROBADA la demanda interpuesta por Max Aldo Lema León de declaración judicial de fraude procesal de fojas 252 a 266 ampliada a fojas 320 a 321, con costas, e improbadas las excepciones de falta de acción y derecho, cosa juzgada y prescripción planteadas a fojas 339 a 341 y 348 a 349.

Que, en grado de apelación incoada por la recurrente, la Sala Segunda Civil y Comercial de la Corte Superior de Distrito Judicial de Tarija, confirma la sentencia de fojas 894 a 897 y vuelta, con costas.

       CONSIDERANDO II:        

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.- Resolución de Vista que dio lugar a la interposición de recurso de casación en la forma y en el fondo, resumidos en los siguientes términos:

Recurso de casación en la forma:

Manifiesta que Edelmira Cruz Vda. de Alvarado, se presenta a la causa para contestar la demanda por su hija Marlene Rossemary Alvarado Cruz sin mandato alguno, sin embargo la hija no da por bien hecho todo lo actuado por su madre representante hasta antes de dictarse sentencia, no subsanándose esta omisión con la muerte de Edelmira Cruz, pues no es ésta la que debía dar por bien hecho lo realizado.

Acusa de que la codemandada Gloria Alicia Alvarado Cruz actuó siendo incapaz mental absoluta y congénita, demostrado por los certificados médicos presentados, vulnerándose el artículo 351 del Código de Familia. Indica también que hubo interpretación y aplicación incorrecta del artículo 367 y siguientes del Código de familia.

Manifiesta que el auto de vista adolece de coherencia en su contenido, vulnerando el artículo 190, 192 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil.

Recurso de casación en el fondo.

Hubo violación del artículo 297 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, ya que el auto de vista resulta ser incoherente. Reitera que la codemandada Gloria  Alicia Alvarado Cruz, tiene incapacidad mental congénita, estando todo lo obrado por ella nulo de pleno derecho.

Por último indica que hubo error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, la cual no se la valoró de acuerdo a la taza de la ley , prudencia de criterio  y la sana crítica.

Concluye su recurso extraordinario en la forma y fondo para que el Tribunal Supremo pronuncie auto anulando obrados hasta el vicio más antiguo, en su defecto pronunciándose en el fondo case el auto de vista recurrido y declare probada la demanda.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que pese a la evidente imprecisión en la interposición de ambos recursos, este Tribunal ingresa a considerar los mismos con el simple objeto de dar respuesta a las denuncias realizadas. 

En cuanto a la forma:

En cuanto a la falta de ratificación de todo lo actuado por parte de la hija Marlene Rossemary, es cierto que no se ha subsanado con la muerte de la representante, sin embargo no es menos cierto, que con las citaciones que se realiza los herederos entre ellos a Marlene Rossmary a través de las publicaciones de edictos, se subsanó la falta de ratificación por parte de ésta, ya que se cumplieron los actos de conocimiento y aceptación con este actuado; además, este supuesto “vicio de nulidad”, en todo caso perjudicaría a la co demandada Marlene Rossmary y es esta quien tendría que aducir la causal de nulidad, de no haberlo hecho demuestra su conformidad y convalidación con todo lo actuado por su representante.

Con relación a la supuesta incapacidad mental de la codemandada Gloria Alicia Alvarado Cruz, es claro y evidente que por las pruebas aportadas al proceso, no se ha constatado en el sub lite la incapacidad mental a la que hace referencia el recurrente, y que la pretendida nulidad de actuaciones de la supuesta incapaz, obligaba al recurrente a demostrar a través de una declaración expresa y formal de incapacidad judicial la interdicción de Gloria Alicia Alvarado Cruz, como lo señala el artículo 343 del Código de Familia y por la simple presentación de certificados médicos, que al contrario conducen a demostrar que la persona cuestionada se encuentra plenamente capaz de obrar y actuar, resultando ilógica la denuncia de vulneración del artículo 351 del Código de Familia, así como del artículo 367 del mismo cuerpo legal.

Que, conforme dispone el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe poner fin a la instancia conteniendo decisiones precisas, concretas y positivas, resolviendo todas las pretensiones de las partes en la medida en que fueron demandadas y probadas en el proceso. Esta obligación impuesta al juez a quo, se extiende al tribunal ad quem en los artículo 236 con relación al 227 del Adjetivo Civil.

Que de la revisión exhaustiva del expediente, como de la sentencia, el memorial de apelación y el Auto de Vista, vemos que no es evidente que el juzgador hubiera vulnerado los artículos 190 y 192 del Código Procedimiento Civil, toda vez que las resoluciones de instancia son claras, contienen decisiones expresas, positivas y precisas, además que en la parte considerativa de las misma se han realizado una exposición sumaria del derecho que se litiga y evaluación de la prueba y se ha citado las leyes en que se fundan las misma.

En relación a su recurso de casación en el fondo:

En cuanto a la acusación de interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, por existir según el recurrente un error de derecho en la apreciación de la prueba, éste Supremo Tribunal ingresa a verificar si éstos son evidentes, a fin de casar el auto de vista recurrido, o, alternativamente declarar infundado el recurso si no se han producido tales errores.

El presente proceso versa sobre fraude procesal, mediante el cual se intenta la revisión de un proceso ordinario sobre nulidad de contratos y otros seguido por el ahora también demandante recurrente Max Aldo Lema León contra Edelmira Cruz Vda. de Alvarado, Gloria Alicia Alvarado Cruz, Marlene Rossemary Alvarado Cruz, Mirtha  Castillo de Aneva , Jhonny Ardaya Condarco, Domingo Wayar Aramayo, Jenny Molina Sanchez de Wayar; en el mismo proceso ordinario en su tramitación la señora Mirtha Castillo de Aneiva, opone excepción de prescripción de la acción, excepción que mereció auto definitivo declarando probada dicha excepción, que en grado de apelación confirmó la resolución de primera instancia y en casación, el Tribunal Supremo lo declaró infundado.

Por otra parte, la demanda de fraude procesal de fojas 252 a 261, interpuesta por el recurrente, ha sido declarada improbada, bajo el fundamento de que no existe evidencia que se haya inducido al juez en error para el auto interlocutorio por el cual se declara probada la excepción de  prescripción en el proceso anterior, menos ha incurrido situación similar al momento de dictarse el Auto de Vista por el que se confirma el fallo con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en ella, o que el Auto Supremo  que declara infundado su recurso contenga vulneraciones a la normativa, que hayan impedido acceso a la justicia; resolución de primera instancia que apelada, fue confirmada mediante Auto de Vista de 5 de setiembre de 2007, que resuelve la impugnación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 236 del Procedimiento Civil, sin que los juzgadores hayan incurrido en error de hecho ni de derecho en la apreciación de la prueba ni en la aplicación de la ley.

En el caso de autos, el recurrente, no ha cumplido con la carga procesal de demostrar los puntos de hecho señalados en el auto de relación procesal inmodificable, ni ha probado "que en el proceso ordinario de nulidad de contratos y otros iniciado por Max Aldo Lema León contra los también ahora demandados, en el Juzgado Primero de Partido en lo Civil y Comercial, se haya logrado la sentencia, auto de vista y posterior Auto Supremo, con fraude procesal, que los jueces de grado hubiesen incurrido en error de hecho y de derecho; que la parte demandada haya logrado engañar al juez, induciéndolo por error, que la autoridad judicial hubiese obrado ultra petita, ni que el proceso hubiese sido tramitado con vicios procesales que den lugar a declararse el fraude procesal" al no haber aportado prueba idónea, que enerve, desvirtúe o destruya las consideradas y valoradas por los Jueces de instancia, puesto que contrariamente a las afirmaciones del recurrente, toda la prueba aportada debidamente compulsada por los de grado según las reglas de la sana crítica y el prudente arbitrio, con la facultad incensurable en casación, tomando en cuenta para ello, que la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, prueba que es apreciada de acuerdo a la valoración que le otorga la ley, de acuerdo a lo que en doctrina conocemos como el sistema de apreciación legal de la prueba, o de acuerdo a las reglas del correcto entendimiento humano en las que interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1286 del Código Civil en concordancia al artículo 397 parágrafo I del adjetivo civil. Llegando a establecer, luego de la revisión minuciosa del expediente, que tanto el juez de primera instancia como el tribunal ad quem han enmarcado sus actuaciones a las reglas anteriormente descritas, toda vez que pronunciaron sus resoluciones adecuadamente fundamentadas y con el respectivo análisis sobre los medios probatorios acumulados en el proceso y en base a los cuales asumieron las decisiones constantes en sus respectivos fallos, no siendo evidente la vulneración acusada.

Que, el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, dispone que habrá lugar al recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de una sentencia ejecutoriada en proceso ordinario en los casos expresamente previstos, consignándose en el numera 3) la procedencia de la revisión extraordinaria de una sentencia "Si se hubiera ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado judicialmente".

Que, de acuerdo a la doctrina, se entiende por fraude procesal todo artificio, maquinación, ardid o engaño que la malicia humana pueda introducir en el proceso, haciendo víctima del engaño al juzgador, con la finalidad de obtener dolosamente de este, una sentencia, circunstancia dentro la cual, pese al principio de inmutabilidad de la cosa juzgada, si la sentencia es el resultado de una colusión o fraude no se puede cerrar el camino a su revisión, orientación doctrinaria que se refleja en el espíritu del artículo 297 del Código de Procedimiento Civil y en la uniforme jurisprudencia de este Supremo Tribunal que ha establecido que, "fraude equivale a engaño, dándose en la tramitación de un proceso cuando una parte ha utilizado artificios, maquinaciones, mentiras". El fraude es el objeto o fin y el engaño un medio para conseguirlo. El fraude procesal consiste en frustrar el proceso, introducir engaño en este para conseguir los derechos que de aquél derivan, en suma constituye fraude a la ley procesal inducir en error no solo en el proceder sino también en el decidir, por otra parte, en la misma lógica de tal razonamiento, ha establecido también que no sólo las maquinaciones o engaños en los que las partes hicieren incurrir al juzgador pueden ser motivo de fraude procesal, sino, también aquellos actos en los que incurra voluntariamente el juzgador a tiempo de emitir su fallo y que sean ostensiblemente groseros en contra de la ley.

En este marco legal y conceptual que se debe considerar el fundamento en que se basa el fraude procesal planteado por el recurrente, es decir, si constituye o no fraude procesal, el desconocimiento y mala apreciación de la prueba aportada de su parte, esencialmente del juicio ventilado en el juzgado Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial iniciado por Max Aldo Lema León contra los demandados, para la revisión extraordinaria de la resolución del proceso ordinario sobre nulidad de contratos y otros, en la que afirma incurrieron tanto el Juez a quo como el ad quem en supuesto fraude procesal ; fundamento que analizado nos induce a concluir que, "el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba", no es evidente, como tampoco la vulneración del artículo 236 del Procedimiento Civil, cumplido a cabalidad el tribunal ad quem, aspectos estos que definitivamente determinan la inexistencia de infracciones que ameriten la casación del fallo recurrido.

Por lo expuesto y no siendo evidentes las infracciones acusadas tanto en el recurso en la forma como en el fondo, corresponde a este Tribunal la aplicación de los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Max Aldo Lema León, contenido en el memorial de fojas 982 a 994 vuelta, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani