SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 415

Sucre: 30 de agosto de 2013  

Expediente: C 53 08 S

Proceso: Mejor Derecho y Otros

Partes: Alberto Taborga Villarroel  c/ Blanca Terán de García y otros

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Edgar Terán Becerra en representación de Alberto Taborga Villarroel, contra el Auto de Vista Nº 88 de 7 de agosto de 2008, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre mejor derecho, reivindicación de inmueble y nulidad de trámite posesorio, seguido por Alberto Taborga Villarroel en contra de Blanca Terán de García, Haydee Terán de Fernández, Lindaura Terán de Claure y Jenny Terán Becerra, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 231 a 239 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Doceavo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, se declaró probada en parte la demanda de fojas 40 a 46 en el 50 % del inmueble litigado y probada en parte la excepción de falta de acción y derecho, opuesta a fojas 58, respecto a los restantes 50 % del mismo inmueble. Declaró también improbada las demás excepciones perentorias de impersonería, falsedad, ilegalidad, prescripción y cosa juzgada, sin costas, y en consecuencia declaró el mejor derecho propietario de Alberto Taborga Villarroel sobre el 50 % y en lo proindiviso del inmueble ubicado en la acera Este (o sur según los documentos) de la calle Arteche de la localidad de Toro Toro, provincia Charcas del departamento de Potosí, y consiguientemente dispuso la reivindicación de dicha proporción del inmueble, en el plazo de 30 días de establecida la división judicial o extrajudicial de la cuota parte que le corresponde y declaró la nulidad parcial del acta de posesión de fecha 28 de enero de 2002, verificada por el Juez Instructor Mixto Liquidador y Cautelar de San Pedro de Buena Vista, manteniéndose la misma respecto de las demandadas en los restantes 50 % del inmueble, igualmente en lo proindiviso. 

Que, en grado de apelación,  interpuesto por Edgar Terán Becerra en representación de Alberto Taborga Villarroel, de fojas  241 a 250 y la adhesión a la apelación, de Blanca Terán de García, Haydee Terán de Fernández, Lindaura Terán de Claure y Jenny Terán Becerra, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 88 de 7 de agosto de 2008, de fojas 283 a 284 vuelta, revocó la sentencia apelada, y deliberando en el fondo declaró Improbada la demanda de fojas 40 a 46 y probadas las excepciones de falta de acción y derecho, falsedad e ilegalidad, e improbadas las demás.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 288 a 292 vuelta, Edgar Terán Becerra en representación de Alberto Taborga Villarroel, interpuso recurso de casación en el fondo, que se compendia a continuación.

           III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- El recurrente, en su recurso de casación en el fondo efectúa las siguientes denuncias:

1.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 1451 del Código Civil al darle calidad de cosa juzgada a la sentencia nula y sin ejecutoria de 13 de octubre de 2001, dictado por el Juez de Partido Mixto y de Sentencia de Uncía, añadiendo que dicha sentencia es nula porque no guarda congruencia con lo que se pidió en la demanda, por lo que dicha sentencia resulta ultra petita y extra petita y que por ello es nula de pleno derecho, de conformidad al artículo 90 con relación al artículo 190 del Código de Procedimiento Civil.

2.- Acusa también de haberse conculcado el artículo 1451 del Código Civil, al sostener que la sentencia de referencia es una resolución inamovible que define para siempre los derechos que tienen los contendientes en los inmuebles de la calle Arteche de la localidad de Toro Toro, siendo que dicha sentencia no se encuentra ejecutoriada por no habersele notificado a su mandante con la sentencia mediante edictos; que tampoco se ha dado cumplimiento  a lo dispuesto por el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la fijación de los edictos en el tablero.

3.- Acusa también que el Tribunal ad quem habría infringido el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil y de haber conculcado el artículo 90 Ídem, al no haber circunscrito la resolución a los puntos resueltos por el inferior y que fueron apelados y al haber considerado la adhesión de las adversas sin que se haya fundamentado los agravios sufridos.

4.- Acusa al Tribunal ad quem de haber conculcado el artículo 6 con relación al artículo 7-h) de la Constitución Política del Estado ( abrogada) y el artículo 16 Ídem, y asimismo el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, al declarar probadas las excepciones de falta de acción y derecho, falsedad e ilegalidad, al desconocer el derecho que tiene su mandante de demandar con arreglo a las leyes, ya que su mandante Alberto Taborga Villarroel, tiene el derecho concedido por los citados artículos , ya que su mandante al ser propietario del inmueble del cual fue despojado judicialmente, tiene la capacidad de obrar y por consiguiente de ser parte en el proceso, por lo que no existe falta de acción y derecho.

5.- Que al no darse la excepción de falta de acción y derecho, tampoco se da las excepciones de falsedad e ilegalidad.

6.- Acusa que el Tribunal ad quem habría violado el artículo 1286 del Código Civil al no apreciar correctamente la prueba, asignando la fe probatoria de los artículos 1287, 1289 del indicado Código, a la sentencia nula de 13 de octubre de 2001, no obstante que es extra petita y sin ejecutoria, por lo que se habría violado también los artículos 1450 y 1451 del Código Civil.

7.- Acusa también que en el Auto de Vista impugnado, existe error de hecho y error de derecho en la apreciación de la prueba y que se ha infringido el artículo 1286 del Código Civil al no considerar en sus debidos alcances la prueba de cargo, puesto que en acta de inspección de fojas 150 a 151, se demuestra que el inmueble de su mandante se encuentra en la acera este; lo que también lo indica el plano de fojas 95; que jamás existió acera norte y sur en la calle Arteche y que ese error se fue arrastrado desde el documento de fecha 24 de marzo de 1923. Luego efectúa una relación del antecedente dominial.

Finalmente pide que se case el Auto de Vista que impugna.     

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, se examina de la siguiente manera:

Con relación a las denuncias 1, 2 y 4.- En reiterados fallos, verbi gratia el A.S. Nº 236 de 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia,  ha dejado claramente establecido que los jueces de instancia deben limitarse a aplicar las leyes invocadas por las partes en la demanda y en la contestación, por ello al interponer el recurso de casación  y solicitar se reconozca la infracción de una determinada ley es obvio que la misma debe ser aplicada en la resolución recurrida, cuando el tribunal de segundo grado no se pronuncia sobre una determinada ley, corresponde a la parte interesada, con la facultad conferida por el artículo 196.2) con relación al artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, solicitar dentro del plazo legal la correspondiente complementación del referido fallo y sólo sobre esta base, puede recurrirse en casación, de manera que si el recurrente no ha procedido de esa forma el recurso debe ser declarado infundado.

En el caso en examen, el apoderado del recurrente acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 1451 del Código Civil, al darle la calidad de cosa juzgada a la sentencia de 13 de octubre de 2001, dictada por el Juez de Partido Mixto y de Sentencia de Uncía, dicho fallo es calificado como nulo y de no estar ejecutoriado. Como se advierte en el Auto de Vista impugnado, el referido artículo 1451 del Código Civil, que regula los efectos de la cosa juzgada, no ha sido aplicada por el Tribunal ad quem.  Lo mismo sucede respecto al artículo 6 con relación al artículo 7-h) y al artículo 16, todos de la Constitución Política del Estado (abrogada), y también al artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, pues dichas normas legales no fueron ni siquiera mencionadas y menos aplicadas en la dictación del Auto de Vista impugnado. Consiguientemente, si dichas normas constitucionales y legales no fueron aplicadas por el Tribunal ad quem en la emisión del Auto de Vista impugnado, no existe posibilidad de que las mismas hayan sido violadas en el fallo de segunda instancia, pues el apoderado del recurrente no ha pedido al tribunal ad quem la complementación correspondiente, razón por la cual y con relación a dichas denuncias el recurso deviene en infundado.

Respecto a la denuncia Nº 3.- La denuncia de violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil y con ello del artículo 90 Ídem, a causa de la emisión de un fallo incongruente, ya sea por omisión o exceso, implica la existencia de un error de procedimiento y por consiguiente atacable por medio del recurso de casación en la forma, conforme lo dispone el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil, y de ninguna manera a través del recurso de casación en el fondo, como lo ha hecho equivocadamente el apoderado del recurrente, y dado que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, el Tribunal Supremo, no puede examinar una denuncia relativa al recurso de casación en la forma dentro del recurso de casación en el fondo, razón por la cual no se abre competencia respecto de ésta denuncia.

La denuncia Nº 5, es manifiestamente defectuosa, pues la sola mención de que, al no darse la excepción de falta de acción y derecho tampoco se daría las excepciones de falsedad e ilegalidad, sin que se indique y explique qué norma legal habría sido violada, indebidamente aplicada o erróneamente interpretada, en la emisión del Auto de Vista impugnado, es insuficiente e implica incumplimiento del requisito previsto por el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, lo cual impide que el Tribunal Supremo, aperture su competencia para resolver sobre el fondo de esta denuncia.

Respecto de la denuncia 6.- El apoderado de la recurrente se queja de que el Tribunal ad quem le haya dado valor probatorio a la sentencia de 13 de octubre de 2001 y con ello de haber violado los artículos 1286, 1450 y 1451 del Código Civil.

Por regla general, la definición de los hechos de la causa, que implica la apreciación de la prueba producida en la tramitación de la causa, es atribución exclusiva de los jueces de instancia, la cual es incensurable en casación; de manera tal que solo por vía de excepción es posible la revisión de la apreciación probatoria cuando se denuncia error de derecho o error de hecho en su apreciación. En el caso en examen, el apoderado del recurrente, evidentemente está cuestionando la valoración probatoria efectuada por el Tribunal ad quem, concretamente con relación a la sentencia de 13 de octubre de 2001, emitida por el Juez de Partido mixto y de Sentencia de Uncía, empero omite precisar si está acusando al Tribunal ad quem de haber incurrido ya sea en  error de derecho o error de hecho en la apreciación de dicha prueba y menos explica en que consistirían tales errores, olvidando que el recurso de casación no es una tercera instancia sino una nueva demanda de puro derecho, razón por la cual tampoco se apertura competencia para resolver el fondo de esta denuncia.

Con relación a la denuncia 7.- El apoderado del recurrente acusa al Tribunal ad quem de haber incurrido en error de derecho y error de hecho en la apreciación de la prueba de cargo y con ello de haber violado el artículo 1286 del Código Civil, refiriéndose concretamente al acta de inspección de visu y al plano de fojas 95. Se trata de una denuncia inacogible. En cuanto al error de derecho se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos. La sola cita del artículo 1286 del Código Civil, es insuficiente, pues dicha norma legal tiene carácter general ya que regula los sistemas de valoración probatoria que rige en la legislación civil boliviana, y no se refiere a un medio de prueba en concreto; a esto debe añadirse que la apreciación probatoria de la  inspección de visu no está regida por la tasación legal, por lo cual no existe posibilidad de que se presente error de derecho. Respecto al error de hecho, no se encuentra acreditado el mismo, pues el Tribunal ad quem ha fincado su decisión revocatoria también en el documento de propiedad del demandante, hoy recurrente, cursante de fojas 38 y 39 y su antecedente dominial, y finalmente el plano de fojas 95, no ha sido valorado por el Tribunal ad quem y el mismo no constituye el documento auténtico al que se refiere el artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil, pues no contiene constancia de su aprobación por autoridad competente.  

En mérito de las consideraciones precedentes, y con relación a las denuncias respecto de las cuales se ha aperturado competencia, corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 288 a 292 vuelta, interpuesto por Edgar Terán Becerra en representación de Alberto Taborga Villarroel, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500 que mandará a pagar el señor Juez a quo.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos