SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 413

Sucre: 30 de agosto de 2013  

Expediente: C 50 08 S

Proceso: Nulidad De Contrato

Partes: Alvarado de Álvarez y otra c/ Delia Ortiz

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- EL recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuestos por Yolanda Alvarado de Álvarez y Giovanna Álvarez Alvarado, de fojas 145 a 146 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 77 de 14 de julio de 2008, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Cochabamba, en el proceso ordinario de nulidad de contrato,  seguido por las recurrentes en contra de Delia Ortiz, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.-Que, mediante sentencia de fojas 117 a 118 vuelta, y Auto complementario de fojas 120 vuelta, la Jueza de Partido de Sacaba del Departamento de Cochabamba, declaró probada la demanda de fojas 33 y en consecuencia declaró nulo el contrato celebrado por documento de fecha 7 de mayo de 2002, con costas.      

Que, en grado de apelación, interpuesto por Delia Ortiz, de fojas 123 a 124, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Cochabamba, por Auto de Vista  Nº 77 de 14 de julio de 2008, de fojas 141 a 142 vuelta, confirmó la sentencia apelada, con la aclaración de que las demandantes contra la restitución de dos sitios de venta deben devolver la suma de $us 3.130, a favor de la demandada. 

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante a fojas 145 a 146 vuelta,  interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, que a continuación se compendia.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recursos de casación.- Se efectúan las siguientes denuncias:

Acusan que el Tribunal ad quem se habría pronunciado de forma ultra petita, por no haberse formulado en recurso de apelación en forma procesal y sin que exista puntos de agravio que aperture la competencia; haciendo alusión a los artículos 236 y 227 del Código de Procedimiento Civil, añaden, que al no existir agravios debieron haber confirmado la sentencia sin ningún complemento, y que con dicha decisión oficiosa se habría violado el debido proceso, el principio de legalidad, el de igualdad y el de seguridad jurídica, previstos en los artículos 6, 16 inc. IV) de la Constitución Política del Estado (abrogada) y 90 del Código de Procedimiento Civil, y finalmente piden que se anule obrados hasta el vicio más antiguo.

Acusan que el Tribunal ha usurpado funciones del Juez a quo al haber complementado la sentencia ordenando la restitución de la suma de $us 3.130, y que ello se encuentra viciado de nulidad por disposición del artículo 31 de la Constitución Política del Estado (abrogada), concordante con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y no se adecua a lo señalado en el artículo 547 inc. 1) Ídem.

Por otra parte las recurrentes alegan que al haberse complementado con la restitución de suma de monto de dinero, se ha consumado una aplicación indebida de la ley.

Finalmente pide que se anule parcialmente el Auto de Vista y/o se case la parte que complementa con restitución de monto de dinero en moneda norteamericana.

3.2. Fundamentos del Fallo.- En mérito a la facultad conferida por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y a la denuncia formulada en el recurso de casación en la forma, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

El debido proceso legal constituye una esencial  garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, conocer y resolver  las controversias de relevancia jurídica  en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es,  en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria, son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial, tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente,  es menester verificar, si la resolución de instancia impugnada, emergen de un debido proceso legal; por cuya razón, se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

El proceso civil boliviano finca, entre otros, en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra, previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento civil, cuyo quebranto se produce, entre otros, cuando el Tribunal Ad quem, se excede  pronunciándose más allá o fuera de los agravios invocado por el apelante; en cuyo caso la resolución resulta ultra petita o extra petita, y por consiguiente se halla viciada de nulidad, por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, efectivamente la demandada Delia Ortiz, en su apelación de fojas 123 a 124, no hubo expresado ningún agravio con relación a no haberse dispuesto la devolución de la suma de $us 3130 contra la restitución de los dos sitios de venta, razón por la cual el Tribunal ad quem no tenía abierta su competencia para pronunciarse sobre dicha devolución.  Consiguientemente al haber consignado dicha determinación, a manera de aclaración, evidentemente ha violado el principio de congruencia del que deben estar revestidos los fallos judiciales del Tribunal ad quem y al que se refiere el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, y con el hecho ha quebrantado el principio dispositivo, pues se ha pronunciado fuera de lo pedido en la alzada. Este error de procedimiento, se encuentra sancionado con nulidad, ya que  se encuadra dentro de la causal de casación en la forma prevista por el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de procedimiento Civil.

En mérito a la nulidad que será dispuesta, ya no corresponde pronunciamiento sobre la casación en el fondo.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista Nº 77 de 14 de julio de 2008, de fojas 141 a 142 de obrados, disponiendo que el tribunal Ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo los requisitos de congruencia y exhaustividad.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el tribunal Ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba, únicamente con relación a los fundamentos de la resolución y de acuerdo con la decisión.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos