SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 406

Sucre: 29 de agosto de 2013  

Expediente: SC 78 08

Proceso: Reivindicación De Inmueble Y Mejor Derecho Propietario

Partes: Germán Ruiz García y otra c/ Fátima Rojas Roca

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación y nulidad interpuesto por Fátima Rojas Roca de fojas 130 a 131, contra el Auto de Vista Nº 102 de 24 de marzo de 2007, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso sobre reivindicación de inmueble y mejor derecho propietario, seguido por Germán Ruiz García y Marina Gonzáles Gómez contra la Alcaldía Municipal de Montero y la recurrente, la respuesta de fojas 132, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, la Jueza de Partido y de Sentencia de la ciudad de Montero, pronunció la Sentencia Nº 57 de 28 de septiembre de 2006 (fojas 109 a 113 vuelta), declarando probada en parte la demanda en cuanto a la demandada e improbada con relación a la Alcaldía Municipal de Montero, e improbada la reconvención de Fátima Rojas Roca, sin costas; por consiguiente ordena la desocupación y entrega del lote de terreno por parte de la demandada a los demandantes, reconociendo la propiedad de la mejora a favor de la demandada; y salvando el derecho de los demandantes a la vía correspondiente.

Deducida la apelación por la demandada, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 102 de 24 de marzo de 2007 (fojas 125 a 126 vuelta), confirma la sentencia apelada, con costas.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación y nulidad interpuesto por la demandada Fátima Rojas Roca en los términos expresados en su memorial de fojas 130 a 131.

       CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Ahora bien, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, es indelegable y de orden público. El poder jurisdiccional del Estado que se atribuye al conjunto de jueces, sean estos ordinarios o especializados está limitado en razón de su competencia, que se determina mediante parámetros claramente establecidos. Al ser la competencia la medida de la jurisdicción también es de orden público, indelegable y nace únicamente de la ley.

El artículo 778 del Código de Procedimiento Civil establece que el proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado. La norma citada es de especial y de preferente aplicación.

Por su parte. El artículo 142 de la Ley de Municipalidades dispone que la vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes: 1. Cuando se trate de resoluciones de los recursos jerárquicos; y 2. Cuando se trate de Ordenanzas Municipales emitidas por el Concejo Municipal; asimismo el artículo 143 del mismo texto legal establece que agotada la vía administrativa, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso - administrativo. De la misma forma podrá impugnar mediante los recursos previstos en la Constitución Política del Estado y leyes aplicables.

En el sub lite, leída la demanda de fojas 19 a 20, se tiene que el objeto principal de la demanda civil interpuesta, es que se deje sin efecto la Resolución Administrativa de Adjudicación Definitiva Municipal Nº 19 de 29 de enero de 1999, que adjudicó “en forma Definitiva a favor de la Sra. YENNY MENDEZ CAMBEROS, el lote de terreno ubicado en la calle No. 6 entre calle D, Zona S. Este, U.V 29, Lotes 6, Manz. 22, Dist. N, con una extensión superficial de 480.00 M2” objeto de litigio (fojas 13) Resolución de orden municipal que dicho sea de paso fue emitido por el Alcalde Municipal de Montero y lleva el título de “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA”-, así en el tenor de la misma pretensión, se demanda que “YENNY MENDEZ CAMBERO en forma ilegal y arbitraria había solicitado a la Alcaldía Municipal de Montero adjudicación definitiva de mi terreno, habiéndole otorgado este derecho mediante Resolución Administrativa…. La Alcaldía de Montero, a realizado mediante Ordenanzas Municipales y Resoluciones Administrativas, ha realizado(s) acto de disposición sobre el derecho propietario privado, desconociendo la Constitución Política del Estado, Ley de Municipalidades…. La Alcaldía Municipal, ha atropellado el derecho privado al efectuar la libre disponibilidad de bienes ajenos mediante Ordenanzas Municipales y Resoluciones Administrativas…sin el conocimiento adecuado de las normas administrativas…. …la Resolución Administrativa de Adjudicación Nro. 19/99 y la transferencia efectuada a favor de la adjudicataria Sra. YENNY MENDEZ CAMBERO, a título de adjudicación definitiva no cumple con requisitos exigidos por el Art. 452 del CC., con relación al Art. 549 del mismo cuerpo legal en sus inc. 2, 3 y 5 causan nulidad del contrato”, es decir que la pretensión principal de la demanda es la nulidad de la adjudicación municipal del lote de terreno en litis, demanda interpuesta bajo la figurada suma de “REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE Y MEJOR DERECHO PROPIETARIO” y cual si se tratase de “nulidad del contrato”. Una Resolución de orden municipal cuyo contenido no es normativo como es el caso de una que adjudica un lote de terreno, que se constituye en un acto administrativo que goza del principio de presunción de legitimidad (Sentencia Constitucional 1464/2004-R de 13 de septiembre); debe impugnarse en la vía contenciosa administrativa.

Por otra parte y respecto a la idoneidad del proceso contencioso administrativo para conocer este tipo de situaciones la Sentencia Constitucional 0090/2006 de 17 de noviembre, sostuvo: “El replanteamiento del ámbito objetivo del proceso contencioso supera la tradicional y restringida concepción del recurso contencioso administrativo como una revisión judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso contra el acto. El carácter revisor del contencioso suponía que los tribunales tenían que limitarse a enjuiciar la validez del acto impugnado y debían hacerlo, además, bajo la pauta previamente establecida en la fase administrativa como si se tratase de un recurso de casación contra una sentencia, en cuyo caso no se podían pronunciar sobre cuestiones no planteadas formalmente en la vía administrativa o respecto de las que la Administración no se hubiese pronunciado expresamente, ni se podía practicar prueba salvo para revisar la practicada en el expediente administrativo.    El nuevo replanteamiento es abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración. Consecuentemente, la pretensión desplaza al acto administrativo como elemento determinante de la legitimación: legitimado no está el destinatario de la actuación administrativa, ni si quiera el afectado por dicha actuación; legitimado está quien ha sufrido o teme sufrir una lesión de cualquier derecho o interés protegible y pretende el auxilio de jueces y tribunales”.

Entonces, al tratarse la litis de un cuestionamiento sobre la adjudicación municipal de un lote de terreno, que se constituye en un acto administrativo, este, dado el caso, debe impugnarse en la vía contenciosa administrativa, conforme lo dispone el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil y no la vía ordinaria.

De lo expuesto, se concluye que los jueces de grado, no han reparado esencialmente en su incompetencia para repulsar la acción interpuesta y cuyo objeto principal es que se deje sin efecto la Resolución Administrativa de Adjudicación Municipal Definitiva Nº 19 de 29 de enero de 1999, pues la competencia debe ser observada aún de oficio por el órgano jurisdiccional.

Por las razones expuestas, estando comprendido el actuar de los Tribunales de instancia dentro el artículo 254 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, corresponde aplicar lo dispuesto por los artículos 252, 271 numeral 3) y 275 del citado Código de Procedimiento.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el auto de admisión de fojas 21 inclusive. Sin responsabilidad por ser excusable.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Ana Adela Quispe Cuba