SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 395

Sucre: 28 de agosto de 2013  

Expediente: C 59 08 S

Proceso: Nulidad De Documentos

Partes:  Edgar Terán Becerra y Otros c/  Lindaura Terán Becerra y Otra

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Lindaura Terán Becerra de Claure y Haydee Terán Becerra de Fernández, contra el Auto de Vista Nº 97 de 5 de septiembre de 2008, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre nulidad de documentos, seguido por las recurrentes en contra de Edgar Terán Becerra y Otros,  los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 386 a 387 vuelta de obrados, pronunciado por el  Juez de Partido Séptimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, se declaró probada en parte la demanda de fojas 22 a 25, en cuanto a la declaratoria de herederos de 6 de diciembre de 1977, e improbada en lo demás. Declaró también probadas las excepciones perentorias de falsedad de demanda, opuesta a fojas 53 a 57 por Edgar David Terán Becerra; probadas las excepciones de falsedad, falta de acción y derecho, opuestas a fojas 72 por Franklin Pardo Tapia; probadas las excepciones de falta de acción y derecho, ilegalidad, falsedad, e improcedencia, opuestas a fojas 95 por la defensora de oficio de Martha de Pardo e Improbada la excepción de prescripción, opuesta a fojas 57 vuelta y 72 por los demandados, con costas y en consecuencia se declaró nulo el auto y la declaratoria de herederos de fecha 6 de diciembre de 1977 a favor de Edgar David Terán Becerra. 

Que, en grado de apelación, interpuesto por Haydee Terán de Fernández y Lindaura Terán de Claure, de fojas 393 a 394 vuelta, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 97 de 5 de septiembre de 2008, de fojas 442 a 443 vuelta, se confirmó la sentencia apelada, con costas.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 447 a 450 vuelta, Lindaura Terán Becerra de Claure y Haydee Terán Becerra de Fernández, interpuso recurso de casación en el fondo, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- El recurrente, en su recurso de casación en el fondo efectúa las siguientes denuncias:

1º.- Acusa que en el Auto de Vista recurrido se ha violado, transgredido e infringido los artículos 584, 452, 549, 1311, 1331, 1332, 1286 del Código Civil, 373, 374-1) 4), 430, 432, 433, 440 y 397 de su procedimiento; luego, efectúan una relación del ofrecimiento y la producción de la prueba pericial de cargo y la ordenada de oficio  por el Juez a quo y sobre la decisión del Juez a quo de dejar de lado la prueba pericial y su decisión de fundar la sentencia en otras consideraciones. Seguidamente cuestiona la valoración efectuada por el Tribunal ad quem, respecto del informe pericial del perito Humberto Pérez Arce, y alegan que se debió tomar en cuenta los otros dos informes periciales, respecto a la falsificación de firma de Adrián Terán Soto, porque sus dictámenes son concluyentes, se basan en los mismos documentos y se apoyan en hechos científicos y que además debieron aceptar y examinar los siguientes elementos: Que Edgar Terán Becerra, para conseguir la declaratoria de herederos ya utilizó un certificado de matrimonio de sus padres, fraudulento y falsificado; que si existió el documento de transferencia fechado en 1977, cuál era la razón para que Edgar Terán Becerra, en fecha 8 de enero de 1980, les inicie un proceso de división de bienes hereditarios involucrando el terreno que dizque su padre le vendió; que Edgar Terán Becerra no nombró perito para someter a examen la falsificación de la firma de su padre; que el documento materia de nulidad, de fecha 30 de agosto de 1977 confunde el apellido materno de su padre que era “Soto” y se lo consigna como “Becerra” , y acusa de que al ignorar todas esas probanzas se habría incurrido en error de hecho y de derecho.

Cuestiona que el no haberse demostrado que su padre estuvo delicado de salud y a su cuidado en la fecha de otorgación de la transferencia, no constituye prueba decisiva para el pronunciamiento del Auto de Vista. Añade que el perito de cargo y el ordenado de oficio, emitido por Cristian Mercado Carrasco, están ejecutoriados porque Edgar Terán Becerra no efectuó reclamación justa, legítima y legal en su oportunidad y acusa que al haberse ignorado esa prueba, el Auto de Vista violó y transgredió los artículos 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento. Continua señalado que un acucioso examen de las firmas  auténticas con la falsificada comprobará la diferencia y su burda imitación.

Afirman también que están seguras de haber probado la falsificación de la firma de su padre por lo que no hubo contrato de venta por falta de los requisitos del artículo 452 del Código Civil, empero en el Auto de Vista recurrido, al confirmar la sentencia, declara el nacimiento de ese irrito contrato de venta y su vigencia sin dar valor legal al cúmulo de pruebas ofrecidas de su parte y a los elementos de convicción que se encuentran en el expediente, en el marco del artículo 1286 del Código Civil, incurriendo en error de derecho y al apreciar la prueba pericial, totalmente contradictoria a las otras dos pericias uniformes y con dictámenes científicos, han incurrido en error de hecho, y en consecuencia acusa de que han violado los artículos 584,549,1311,1331,1332 y 1286, a los artículos 373, 374-1) y 4), 430, 432, “4332”, 433, 440 y 497 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 16.II de la Constitución Política del Estado (abrogada).

Por otra parte y respecto a la transferencia de terrenos ubicados en la superficie de la huerta,  acusa que el Juez a quo, en sentencia no se ha referido absolutamente nada y menos ha efectuado estudio riguroso de los motivos de nulidad en el marco de los artículos 190 y 192-3) del Código de Procedimiento Civil; hecho que incluso pudo dar lugar a la nulidad del fallo, y que esa transferencia, por involucrar a otras propietarias que no dieron su consentimiento para su suscripción, significa venta de cosa ajena, que conlleva su nulidad total.

Finalmente pide que se case el Auto de Vista y se declare ha lugar a la nulidad del documento en el que se ha falsificado la firma de Adrián Terán Soto y la trasferencia de terrenos a los señores Pardo, por venta de cosa ajena.  

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, se examina de la siguiente manera:

Con relación a la violación, transgresión e infracción de los artículos 1.286 y 1311 del Código Civil y el artículo 374-1) y 4) del Código de Procedimiento Civil.- En reiterados fallos, verbi gratia el A.S. Nº 236 de 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado claramente establecido que los jueces de instancia deben limitarse a aplicar las leyes invocadas por las partes en la demanda y en la contestación, por ello al interponer el recurso de casación  y solicitar se reconozca la infracción de una determinada ley es obvio que la misma debe ser aplicada en la resolución recurrida, cuando el tribunal de segundo grado no se pronuncia sobre una determinada ley, corresponde a la parte interesada, con la facultad conferida por el artículo 196.2) con relación al artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, solicitar dentro del plazo legal la correspondiente complementación del referido fallo y sólo sobre esta base, puede recurrirse en casación, de manera que si el recurrente no ha procedido de esa forma el recurso debe ser declarado infundado.

En el caso en examen, el Auto de Vista impugnado ni siquiera menciona  los artículos 1286 y 1311 del Código Civil y el artículo 374-1) y 4) del Código de Procedimiento Civil ni el artículo 16-II) de la Constitución Política del Estado (abrogada); es decir dichas normas legales no han sido aplicadas y por consiguiente no podían haber sido violadas, aplicadas falsamente o interpretadas erróneamente. Si las recurrentes consideraban que dichas normas legales debían ser aplicadas, correspondía que soliciten pronunciamiento ante el Tribunal ad quem, por vía de complementación; al no haber procedido de esa manera no han permitido que el Tribunal de apelación se pronuncie sobre la aplicación de dichas normas legales, razón por la cual el recurso, con relación a dicha denuncia, deviene en infundado.

Con relación al artículo 4332 del Código de Procedimiento Civil, evidentemente se trata de una norma legal inexistente, que obviamente no fue aplicada por el Tribunal ad quem y que por lógica consecuencia no pudo haber sido violada.

Con relación a la denuncia de haberse violado, transgredido e infringido los artículos 548, 452, 549, 1311 y 1332 del Código Civil y los artículos 430, 432, 433, 440 y 497 del Código de Procedimiento Civil.- Las recurrentes, no precisan en que consiste la violación de cada una de las normas legales citadas y menos los vinculan con determinaciones concretas del Auto de Vista impugnado, pues en realidad las recurrentes, se limita a efectuar una relación de la actividad probatoria de primera instancia vinculada principalmente a la prueba pericial y luego a efectuar consideraciones en torno a la valoración probatoria del Tribunal ad quem. Por ello, la denuncia de violación de las señaladas normas legales, se encuentra huérfana de argumentación, lo cual impide que el Tribunal Supremo aperture competencia para resolver sobre el fondo de ésta denuncia, pues dado que el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho y no un recurso de revisión, los defectos manifiestos del recurso no pueden ser subsanados de oficio por el Tribunal Supremo.

Con relación a la valoración probatoria.- Por regla la definición de los hechos que implica la apreciación probatoria, es una facultad privativa de los jueces de instancia, que no puede ser revisada por el Tribunal Supremo. Solo por vía de excepción es posible revisar la apreciación de la prueba cuando en el recurso de casación se denuncia errores de derecho o errores de hecho en la apreciación.

En el caso en examen, las recurrentes acusan que el Tribunal ad quem habría incurrido en error de derecho al confirmar la sentencia sin darle valor al cúmulo de pruebas ofrecidas y los elementos de convicción  que se encuentran en el “dossier” del proceso en el marco del artículo 1286 del Código Civil. Como se advierte se trata de una denuncia genérica, pues no individualiza las pruebas concretas y la norma legal que regula su tasación legal, ya que la referencia al artículo 1286 del Código Civil resulta insuficiente, dado que se trata de una norma general que consagra los sistemas de valoración probatoria que rige en el proceso civil, pero no se refiere al valor probatorio de un medio de prueba en concreto, razón por la cual en esta parte el recurso es igualmente manifiestamente defectuoso que impide aperturar la competencia del Tribunal Supremo.

En lo que atañe al supuesto error de hecho, en la apreciación de la prueba pericial, el recurrente en realidad pretende que se efectué una nueva apreciación de la prueba pericial, y que se le otorgue valor al peritaje de cargo y al primer peritaje de oficio que concluyeron a su favor.

Conforme dispone el artículo 1333 del Código Civil y el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil, la prueba pericial se encuentra regida por el sistema de la sana crítica, lo cual implica que el eventual error de hecho en su apreciación debe estar acreditado con documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, conforme dispone el artículo 253-3) del Código Adjetivo Civil, y en el caso de autos no existe tal acreditación, pues se pretende contrastar informes periciales, relativos a la existencia de falsificación de firma en un documento, que contienen conclusiones contradictorias entre sí; es decir no existe prueba del supuesto error de hecho en la apreciación en el que hubiere incurrido el Tribunal ad quem, lo cual implica que la apreciación de la prueba efectuada por los jueces de instancia no puede ser censurada en casación, razón por la cual, en esta parte, el recurso deviene en infundado.  

Finalmente con relación a la denuncia de falta de pronunciamiento respecto a la transferencia de terrenos ubicados en la superficie de la huerta, tal denuncia implicaría violación del principio de congruencia, que constituye un error de procedimiento y por lo mismo atacable a través del recurso de casación en la forma, por la causal prevista por el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil. Por ello esta denuncia formulada dentro del recurso de casación en el fondo, deviene en manifiestamente defectuosa, que impide aperturar la competencia del Tribunal Supremo para resolver sobre el fondo de dicha denuncia.

En mérito de las consideraciones precedentes, y respecto a las denuncias sobre las que el Tribunal Supremo ha aperturado competencia,  corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 447 a 450 vuelta, interpuesto por Lindaura Terán Becerra de Claure y Haydee Terán Becerra de Fernández, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500 que mandará a pagar el señor Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos