SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 384

Sucre: 27 de agosto de 2013  

Expediente: CH 57 08 S

Proceso: Revision De Sentencia Ejecutiva Y Nulidad De Documento

Partes: Víctor Hugo Cuba Arancibia c/ Agustín Abdón López Arce y otro

Distrito: Chuquisaca

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 162 a 168, interpuesto por Víctor Hugo Cuba Arancibia apoderado de Hermógenes Cuba Garnica, contra el Auto de Vista N° 247 de 11 de agosto de 2008, cursante a fojas 156 a 158 vuelta de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de REVISION DE SENTENCIA EJECUTIVA Y NULIDAD DE DOCUMENTO, seguido por el recurrente contra Agustín Abdón López Arce y Nicolás Cardozo Colque, los antecedentes del proceso y el auto de concesión de fojas 170; y,

CONSIDERANDO I:        

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido 1º en lo Civil y Comercial de Sucre, pronunció sentencia N° 185 de fecha 27 de mayo de 2008 cursante a fojas 129 a 132 de obrados, declarando IMPROBADA la demanda de  fojas 12 a 14 y la falta de acción y derecho formulada a fojas 32 y vuelta, así mismo declara probada la demanda reconvencional de fojs 28 a 30, sin costas; en consecuencia se declara válida la sentencia  Nº 1101 de 31 de julio de 2001, dictada por el Juzgado de Instrucción Quinto en lo Civil y Comercial de la Capital, dentro del proceso ejecutivo.

Que, en grado de apelación incoada por el recurrente, la Sala Segunda Civil y Comercial de la Corte Superior de Distrito Judicial de Chuquisaca, confirma en forma total la sentencia Nº 185 de 27 de mayo de 2008, con costas.

CONSIDERANDO II:        

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.- Auto de Vista que dio lugar a la interposición del recurso de casación en el fondo, resumidos en los siguientes términos:

Empieza indicando que, la resolución de vista impugnada, viola los artículos 489, 490, 549-3) y 547 del Código Civil e incurre en interpretación errónea y aplicación indebida del artículo 956 del Código Civil, toda vez que, el auto de relación procesal no establece como punto a ser probado.

Así mismo se violan los artículos 1321 y 1325 del Código Civil al no darle el valor probatorio correspondiente al acta de juramento de posiciones cursante a fojas 58, en el que el apoderado de manera expresa confesa que la deuda fue emergente de la entrega de harina, que no contaba con factura ni póliza de importación, motivos que llevan a la nulidad del documento, violando también con esta evasión tributaria el artículo 6 de la ley de aduanas Nº 1990 y 25-5) del Código de Comercio, atentando al orden público.

En cuanto a la impersonería del ejecutante en el proceso ejecutivo, denuncia que existió violación e interpretación errónea de los artículos 58, 90 del Código de Procedimiento Civil y 1289-1) y 1311 del Código Civil, que el testimonio Nº 466/99 otorga poder de representación a Alejandro Nava y no a Dr. Alejandro Nava Achá, no acreditándose este último su personería para representar al demandante en el juicio ejecutivo, al ser una persona distinta.

Manifiesta que, con relación a la prescripción hubo violación e interpretación errónea de los artículos 1492, 1493, 1511-4), 1512-I del Código Civil.

Concluye pidiendo al máximo Tribunal de Justicia casar el auto de vista impugnado, tal cual señala el artículo 274-I) del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que, así planteado el recurso de casación en el fondo, pese a su deficiencia recursiva, se ingresa a su consideración y análisis partiendo de los siguientes criterios:

En principio debe dejarse claramente establecido que los jueces de instancia deben limitarse a aplicar las leyes invocadas por las partes en la demanda y en la contestación, por ello, al interponer el recurso de casación en el fondo y solicitar se reconozca la infracción de una determinada ley, es obvio que la misma debe ser aplicada en la resolución recurrida. Cuando el tribunal de segundo grado no se pronunció sobre la referida norma, corresponde a la parte - de acuerdo a lo establecido por el artículo 196 numeral  2) con relación al artículo 239 del Código de Procedimiento Civil - solicitar la complementación del referido fallo, sobre cuya base, puede recurrir de casación. En virtud a ello, cuando en el recurso de casación se acusa infracción de leyes que no han sido aplicadas en el pronunciamiento del fallo impugnado, constituye un planteamiento errado del recurso, puesto que no puede haber infracción de la ley que no ha sido aplicada, por lo que el tribunal de casación, en tales casos debe declarar infundado el recurso deducido respecto a tales leyes. En la especie, el recurrente denuncia violación por interpretación errónea y aplicación indebida de los artículos 547, 1289, 1311, 1329, 1321, 1325, 1492 y 1493 del Código Civil y 25-5 del Código de Comercio y 90 del Código de Procedimiento Civil, las cuales no han sido aplicadas en la resolución, por lo que el presente recurso resulta infundado por dicha denuncia, a más de que el contenido de dicha norma (90 del C.P.C.) hace a la violación a las formas esenciales del proceso que deben ser tratadas y consideradas en el recurso de casación en la forma y no en el fondo. En consecuencia, corresponderá el análisis y consideración del recurso sólo en relación a la denuncia de violación por interpretación errónea y aplicación indebida de las normas sustantivas denunciadas, y se tiene:

Que, el artículo 549 numeral 3) señala que, un contrato es nulo por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a la partes a celebrar el contrato, norma que es concordante con los artículos 489 y 490 del Código Civil, los mismos que señalan que la causa es ilícita cuando es contraria al orden público, a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa; en la especie, el documento de 30 de septiembre de 1998, es una declaración unilateral de compromiso de pago de deuda de $us, 3.900.- al no haber pagado el demandante Hermogenes Cuba Garnica, firmo voluntariamente el reconocimiento de deuda y comprometiéndose a pagar, de donde resulta procesalmente impertinente aplicar al caso de autos el artículo 549 -3), por no ser un contrato bilateral, no pudiendo alegar la nulidad, como pretende el recurrente.

Con relación a la prescripción y la impersonería del apoderado tenemos que,  estas como otras denuncias realizadas, fueron ya resueltas y debidamente fundamentadas tanto por el juez a quo como por el Tribunal de alzada, implicando una pérdida de tiempo el volver a debatirlas, no mereciendo ninguna otra acotación, además, esta última observación, hace al procedimiento del proceso y no al fondo del mismo, como erróneamente es planteado, habiendo sido convalidado cualquier actuación procesal supuestamente viciada de nulidad.

Que, conforme ha establecido este Tribunal, el fin inmediato del recurso de casación en el fondo, radica en la protección del derecho subjetivo de los afectados por una resolución judicial -en la que se viola, interpreta erróneamente o aplica indebidamente la ley, cuando contuviere disposiciones contradictorias, o, finalmente cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho, en cuyo caso deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador- enmendando los agravios sufridos a través de la invalidación de esa decisión; a su vez tiene un doble fin mediato, cual es, por una parte, la defensa del derecho objetivo que realiza este Supremo Tribunal cuidando que las autoridades judiciales en sus fallos apliquen correctamente la ley, y, por otra parte, la unificación de su jurisprudencia a través de fallos constantes que establecen el sentido coherente y lógico de la ley en defensa del interés general.

En ese contexto, cabe indicar que los Tribunales de instancia, son libres en la apreciación y valoración de las pruebas (documental, confesoria, testifical, pericial, etc.) en las que fundan su decisión, así como la determinación de los hechos que ellas demuestran, estableciendo el grado de convencimiento que puedan producir a efectos del reconocimiento o no de una determinada situación jurídica, incensurables en casación, a no ser que los jueces de grado hubiesen incurrido en error de hecho o de derecho, abriéndose la competencia de este Tribunal para conocer esta supuesta equivocación en la valoración por vicio in judicando. No obstante, en la especie, el recurrente no indicó de manera precisa si el error en que incurrió el Ad quem en la apreciación de la prueba confesoria, es uno de derecho, o uno de hecho, puesto que si fuera de derecho, debió indicar si el valor otorgado a la prueba considerada, fue diferente al que la ley le atribuye, debiendo, como condición sine qua non, citar de modo expreso, claro y terminante cuál es la norma probatoria que ha sido desconocida o infringida por el Tribunal de alzada. Por otro lado, cuando la ley no da a cierto tipo de pruebas un valor determinado y deja su valoración librada a las reglas de la sana crítica, tal el caso de la prueba testifical, pericial y otras, se incurre en error de hecho cuando el Juez o Tribunal de instancia equivocadamente cree que se ha probado o negado un hecho que está en contra de lo aseverado en un documento auténtico, en este caso, el recurrente, como requisito sine qua non, debe señalar los documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, en la especie, al no evidenciarse ninguna de estas situaciones, se infiere lógicamente que los argumentos del recurrente son infundados.

En consecuencia, el tribunal de alzada, no ha cometido ninguna violación por interpretación errónea o aplicación indebida de los artículos denunciados del Código Civil, correspondiendo resolver el recurso aplicando los artículos 271numeral  2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Víctor Hugo Cuba Arancibia apoderado de Hermógenes Cuba Garnica , contenido en el memorial de fojas 162 a 168, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, únicamente con relación a la fundamentación a las excepciones de impersonería y prescripción.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani