SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 362

Sucre: 30 de julio de 2013  

Expediente: C 146 11 A

Proceso: Concurso de Acreedores

Partes: Aldo Hinojosa Crespo c/ Antonio Pinto Claros y otros

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fojas 316 a 317, interpuesto por Iván V. Anaya Armijo, en representación del Banco Internacional de Desarrollo S.A. (Bidesa S.A.) en Liquidación, contra el Auto de Vista de fecha 13 de agosto de 2011, de fojas 279 a 283 vuelta, emitido por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, la respuesta al recurso, de fojas 321 a 322 vuelta, dentro del ordinario de Concurso de Acreedores seguido por Aldo Hinojosa Crespo contra Antonio Pinto Claros y otros, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO I:

1.- Que, en ejecución de sentencia, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial, de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció Auto de fecha 5 de septiembre de 2009, cursante de fojas 129 a 133, que admite y declara probada la excepción de prescripción planteada por Milka Gioconda Paredes de Pinto, mediante escritos de 15 de diciembre de 2006 y 23 de marzo de 2009; y Auto de Complementación de fecha 18 de septiembre de 2009. Deducida que fue la apelación por Iván V. Anaya Armijo, en representación del Banco Internacional de Desarrollo S.A. (Bidesa S.A.) en Liquidación, en contra de las resoluciones referidas, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista de fecha 13 de agosto de 2011, de fojas 279 a 283 vuelta, que confirma los autos apelados de 5 y 18 de septiembre de 2009, con costas; confirma el decreto apelado de 25 de septiembre de 2009; repone en parte el auto de 09 de noviembre de 2009.

2.- Contra el referido Auto de Vista, Iván V. Anaya Armijo, en representación del Banco Internacional de Desarrollo S.A. (Bidesa S.A.) en Liquidación, interpone recurso de casación en la forma, en aplicación del artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, bajo los siguientes argumentos:

El recurrente acusa que el auto de vista recurrido hubiese incurrido en error de derecho, por violación de las formas procesales del proceso, porque no existiría pronunciamiento sobre la apelación de fecha 23 de noviembre de 2009, que es la que hubiera abierto su competencia, por lo que se hubiese incumplido lo dispuesto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, expresando además, que el referido auto de vista no  hubiese tomado en cuenta los agravios y fundamentación expuestos en la apelación de fecha 23 de noviembre de 2009, contra los autos de 5 y 18 de septiembre de 2009, y que las apelaciones mencionadas en dicha resolución no fueron concedidas, solicitando anular el citado auto de vista y ordenándose al Tribunal de Apelación la emisión de una nueva resolución, pronunciándose sobre la apelación planteada por el Banco Bidesa S.A.

CONSIDERANDO II:

En virtud a lo expuesto, se tienen las siguientes consideraciones:

Que, el recurso de casación “…es un instrumento procesal de control estrictamente funcional del ejercicio de la jurisdicción, asume este cometido, no solo de las formas procesales del procedimiento y de la sentencia por esos mismos órganos jurisdiccionales, procurando regular y uniformar con ocasión de esos cometidos la interpretación jurisprudencial del derecho” (Gerardo Parajeles Vindas. “Lineamiento del Moderno Proceso Civil caso Bolivia. 1992. Pag.206-211), y es concedido para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por la ley. Podrá ser de casación en el fondo, de casación en la forma o de ambos que podrán ser interpuestos al mismo tiempo. Está considerado como una demanda nueva de puro derecho y sujeto al cumplimiento de requisitos insoslayables para su procedencia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil. En este entendido, el recurso de casación se constituye en un recurso extraordinario al circunscribirse en conocer determinadas resoluciones, las cuales se encuentran previstas en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, a cuya razón, también la competencia de éste Tribunal encuentra su delimitación, siendo así, que la previsión contenida en el artículo 26 de la Ley 1760 de Abreviación Procesal Civil, que incorpora al artículo 262 el numeral 3) previendo que el Tribunal o Juez de Segundo Grado deberá negar la concesión del recurso de casación y declarar ejecutoriada la sentencia o auto recurrido cuando el recurso no se encuentre previsto en los casos señalados por el artículo 255.

Asimismo, el artículo 518 del Código de Procedimiento Civil, establece que las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior, disposición, que en mérito a lo instituido en el artículo 213 parágrafo II del mismo Adjetivo Civil, debe ser cumplida por el Tribunal de Alzada.

Por lo expuesto, de la revisión de los antecedentes cursantes en el proceso, se tiene, que el Auto de fecha 5 de septiembre de 2009, cursante de fojas 129 a 133 y Auto de Complementación de fecha 18 de septiembre de 2009, fueron pronunciados a raíz de la excepción de prescripción planteada por Milka Gioconda Paredes de Pinto, dentro del proceso de Concurso Necesario de Acreedores seguido por Aldo Hinojosa Crespo contra Antonio Pinto Claros y otros, empero, específicamente sobre la obligación que el Banco Internacional de Desarrollo S.A. (Bidesa S.A.) en Liquidación persiguió a través de una demanda ejecutiva que fue iniciada en otro juzgado y que fue acumulado a razón del proceso de concurso de acreedores referido, a cuyo mérito, el trámite ejecutivo referido al ser parte de aquel, en el que también se acumularon fotocopias autenticadas de las sentencias de los procesos ejecutivos seguidos por el Banco Boliviano Americano y Taiyo Motors, según la sentencia cursante de fojas 6 a 11 vuelta, ingresó en la fase de ejecución de sentencia en el estado que se haya acumulado, por lo que, ya no fue necesario declarar la sentencia de subasta y remate en este caso, al existir dos sentencias ejecutoriadas de dos procesos ejecutivos, y a cuyo mérito el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial, de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció sentencia de grados y preferidos, aplicándose lo previsto en el artículo 570 del Código de Procedimiento Civil, a cuya razón y considerando además que, los autos que fueron recurridos en casación no se encuentran previstos en el numeral 3) del artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, correspondía denegar el recurso de casación al Tribunal de Alzada, sin embargo, en omisión flagrante de los principios de celeridad y economía procesal fue concedido. Por todo lo expuesto, no se abre la competencia de éste Tribunal para conocer el recurso de casación intentado por el Banco Internacional de Desarrollo S.A. (Bidesa S.A.) en Liquidación, concerniendo fallar de acuerdo a lo establecido por los  artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley de Organización Judicial y en aplicación por lo dispuesto por los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 1) del Adjetivo Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 316 a 317, interpuesto por Iván V. Anaya Armijo, en representación del Banco Internacional de Desarrollo S.A. (Bidesa S.A.) en Liquidación y declara la ejecutoria del Auto de fecha 5 de septiembre de 2009, cursante de fojas 129 a 133, y Auto de Complementación de fecha 18 de septiembre de 2009. Con costas.

Con apercibimiento a cada uno de los Vocales de la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en aplicación del artículo 272 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Fue de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Libro de Tomas de Razón 362/2013