SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 361

Sucre: 30 de julio de 2013  

Expediente: B 23 08 S

Proceso: Anulabilidad de Documento

Partes: Edith Sonia Arce Menduiña c/ Banco Mercantil S. A.

Distrito: Beni

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 123 a 127 vuelta interpuesto por Enrique Franco Méndez en representación de Edith Sonia Arce Menduiña, contra el Auto de Vista cursante a fojas 109 y vuelta, de fecha 29 de septiembre de 2004, pronunciado por la Sala Civil de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, dentro del proceso de ANULABILIDAD DE DOCUMENTO seguido por la recurrente contra el Banco Mercantil S. A., la contestación al recurso de fojas 147 a 148, los antecedentes del proceso, y el auto de concesión del recurso de fojas 149; y,

          CONSIDERANDO I:        

ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de Beni, emitió sentencia N° 064/ 2004 de fecha 18 de junio de 2004 cursante a fojas 94 a 97 de obrados, declarando PROBADA la demanda en cuanto a la pretensión de anulabilidad de escritura pública, con relación al 50% que le corresponde a la conyugue Edith Arce Menduiña de Méndez Roca. Manteniéndose el gravamen, el contrato y todos sus efectos que le corresponde a Rafael Méndez Roca Montenegro, con costas.

Que, en grado de apelación incoada por la parte demandada, la Sala Civil de la Corte Superior de Distrito Judicial de Beni, anula obrados hasta fojas 21 inclusive, sin responsabilidad por ser excusable.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.- Ante la resolución de vista, la demandante interpone recurso de casación, con argumentos que se resumen a continuación:

I. Recurso de casación en la forma.

Comienza indicando haberse violado el artículo 134 numeral 1. de la Ley de Organización Judicial, 90 y 237-4) del Código de Procedimiento Civil, así como interpretado erróneamente los artículos 101, 111, 113 y 380 del Código de Familia, creyendo que este proceso civil correspondería su conocimiento al Juez de familia; no justificando la nulidad de obrados al ser la presente una acción mixta, habiéndose interpretado los artículos 31 de la Constitución Política del Estado y 30 de la Ley del Órgano Judicial igual erróneamente.

II. Recurso de casación en el fondo.

Manifiesta el recurrente, una interpretación errónea del artículo 380 del Código de Familia, puesto que lo que se demanda es la nulidad de un contrato de préstamo, contrato que adolece del vicio de falta de consentimiento, teniendo que tomarse en cuenta que fue ejecutado en la vía civil (proceso coactivo civil), proceso en el cual la recurrente no formo parte. Acusa también violación del artículo 134 -1) de la Ley de Organización Judicial, 90 y 237 del Código de Procedimiento Civil, no debiendo haberse operado la nulidad de oficio de todo el proceso.

Concluye su recurso pidiendo se dicte resolución casando el auto de vista recurrido y se mantenga incólume la sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Habiendo el recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde a éste Tribunal absolver en principio los agravios de forma, porque de ser evidentes los mismos, ameritaría la nulidad de obrados decisión que imposibilitaría la consideración del recurso de casación en el fondo.

Establecido lo anterior corresponde precisar que la competencia de un tribunal o juez para conocer un proceso se determina por razón de territorio (límite geográfico donde un juzgado tiene competencia), de la naturaleza (pública o privada-arbitraje-), materia (penal, civil, familiar,) o cuantía (monto de dinero litigado) y de la calidad de las personas que litigan (casos de corte).

Que en consideración al carácter de orden público que revisten las reglas de competencia, cualquier vulneración al respecto debe ser observada aun de oficio y en cualquier estado del proceso, a fin de imponer la sanción que corresponda, no pudiendo la actuación de las partes o de los propios administradores de justicia, convalidar las infracciones referidas a la competencia de los jueces, salvo que se trate del elemento territorio, en cuyo casó la actuación de las partes, sea en forma expresa o tácita, puede generar la llamada prórroga de la competencia, figura que en ningún caso opera respecto al elemento materia, cuya inobservancia, dará lugar a la declaración de incompetencia en cualquier estado del proceso, incluso la nulidad de las actuaciones y determinaciones asumidas por un Juez incompetente puede ser dispuesta fuera del proceso, conforme dispone el artículo 122 de la Constitución Política del Estado que determina que "son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley".

Al respecto, resulta pertinente señalar que por determinación del artículo 12 de la Ley Nº 025, "la competencia es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto". En ese sentido, el artículo 13 de la ley citada establece que: "la competencia en razón del territorio se ampliará únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. Es expreso cuando convienen en someterse a un juez, que para una o ambas partes no es competente. Es tácito cuando el demandado contesta ante un juez incompetente, sin oponer esta excepción. Se exceptúa lo dispuesto en leyes especiales.".

Las normas señaladas precedentemente orientan, como se estableció anteriormente, que sólo en razón del territorio la competencia de un Juez puede ampliarse, por lo que los razonamientos expuestos por el recurrente en sentido de que, la demanda instaurada sobre anulabilidad la debe conocer un juzgado de materia civil, resulta errado, siendo además, que la competencia de un juez en virtud a la materia no es susceptible de convalidación.

Que, el artículo 380 del Código de Familia señala en su segundo párrafo que en caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar, será competente para conocer de ella el Juez de familia. Al presente la demandante planteó demanda ante el juez de partido en lo civil sobre anulabilidad de documento de préstamo realizado con garantía hipotecaria de un bien inmueble que es ganancial, préstamo que la demandante no tenía conocimiento y mucho menos habría realizado autorización alguna a su esposo para la hipoteca del bien ganancialicio.

Es oportuno recordar que los Jueces de instancia a tiempo de admitir una demanda deben, de inicio, revisar su propia competencia y en su caso adoptar la decisión pertinente en su primera actuación, empero si eso no sucede e incluso las partes no deducen la excepción de incompetencia, nada obsta a que el Juez de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del proceso repare en su incompetencia y emita la determinación correspondiente a fin de no proseguir con la sustanciación de un proceso viciado de nulidad.

Por otra parte es evidente que la jurisdicción familiar desplaza a la jurisdicción civil en aquellos casos en los cuales se plantea una cuestión civil que depende de otra familiar, ya que según dispone el parágrafo segundo del reiterado artículo 380 del Código de Familia, en tales casos, será competente el juez de familia; es decir la jurisdicción civil cede ante la jurisdicción familiar cuando se presenta la relación de dependencia de la cuestión civil respecto de la familiar.

En consecuencia, al haber el Juez de Partido en lo Civil asumido una competencia que no le correspondía, ha infringido las reglas previstas por los artículos 26, 27, 29 y 30 de la Ley de Organización Judicial (abrogada), artículos 12 y 70 de la Ley del Órgano Judicial, así como el artículo 380 del Código de Familia, actuaciones procesales que se hallan revestidas del carácter de orden público, habiendo el ad quem al anular obrados hasta fojas 21 (auto de admisión) actuado en estricto apego a la normativa, por lo que éste Tribunal Supremo, no halla violación o vulneración de procedimiento cometido por el tribunal de alzada y por las razones expuestas, los agravios de forma deducidos por la recurrente resultan infundados, debiendo resolverse conforme la previsión contenida en el artículo 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a su recurso de casación en el fondo.

Que, del análisis y cotejo del "recurso de casación en el fondo" se llega a las siguientes conclusiones:

En el caso de Autos, la recurrente no comprendió la naturaleza de la resolución de alzada, que al ser anulatorio, como es lógico, no resolvió el fondo del litigio, en cuyo mérito contra esa resolución no es posible plantear "recurso de casación en el fondo", toda vez que el Tribunal ad quem al haber anulado obrados no emitió criterio sobre el fondo del asunto, es decir no emitió sentencia de segundo grado, en consecuencia, resulta incoherente que la recurrente pretenda que este Alto Tribunal case el auto de vista recurrido y se pronuncie sobre el fondo del litigio, pues, ello supondría fallar en per saltum. En forma reiterada y uniforme la ex Corte Suprema de Justicia, al resolver casos similares, se pronunció en sentido que, al no existir apelación resuelta, no puede caber recurso de casación en el fondo; correspondiendo, contra un auto de vista anulatorio, sólo recurso de casación en la forma. Por las razones expuestas, el "recurso de casación en el fondo" interpuesto deviene en improcedente. Por lo anteriormente expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por el artículo 271 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO en la forma e IMPROCEDENTE en el fondo el recurso de casación de fojas 123 a 127 vuelta interpuesto por Enrique Franco Méndez en representación de Edith Sonia Arce Menduiña, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Libro de Tomas de Razón 361/2013