SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 349

Sucre:30 de julio de 2013  

Expediente: T 28 08 S

Proceso: Reivindicación Y Acción Negatoria

Partes: Mirian Agrada Torrez c/ Mario Gamboa Rocha

Distrito: Tarija

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 

VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 264 a 267, interpuesto por Mirian Agrada Torrez de Arenas por sí y en representación de otros, contra el Auto de Vista Nº 94 cursante a fojas 258 a 259, de fecha 12 de agosto de 2008, pronunciado por la Sala Civil Primera la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso de REIVINDICACIÓN Y ACCIÓN NEGATORIA, seguido por la recurrente contra Mario Gamboa Rocha, los antecedentes del proceso y el auto de concesión del recurso de fojas 272; y,

          CONSIDERANDO I:        

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido 2º en lo Civil y Comercial de Yacuiba, pronunció sentencia de fecha 16 de mayo de 2008 cursante a fojas 166 a 168 de obrados, declarando PROBADA la demanda, reconociéndoles su derecho propietario sobre el inmueble motivo del proceso, ordenándose al demandado Mario Gamboa Rocha lo siguiente: 1. Devolver o entregar el inmueble motivo de la litis, a sus verdaderos propietarios, los demandantes. 2. Cancelar por concepto de daños y perjuicios lo recibido por concepto de alquiler, según contrato suscrito con Martha Crespo de Villa, además del mes de garantía, a partir de la suscripción del mismo. 3. Se condena con costas al demandado Mario Gamboa Rocha. 4. Otorga un plazo de tres meses para el cumplimiento de la presente sentencia a partir de su ejecutoria y elaboración de planilla respectiva de Secretaría.

Que, en grado de apelación incoada por el demandado, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito Judicial de Tarija, anula y repone totalmente el proceso hasta fojas 100 inclusive, disponiéndose que de previo a admitir la demanda se realice la distribución o sorteo respectivo, lo que generará la competencia legal.

              CONSIDERANDO II:        

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.- Ante la resolución de vista, la demandante interpone recurso de casación en la forma, con argumentos que se resumen a continuación:

Indica que, los señores Vocales violaron el artículo 117 de la Ley de Organización Judicial, que solamente regía para los nuevos procesos tramitados en las capitales de departamento y no para las provincias, habiéndose violado también los artículos 8 y 11 de la Ley 3324 de 18 de enero de 2006 (Ley modificatoria a la Ley de Organización Judicial), normas citadas para fundamentar la resolución de vista; que en el caso concreto, en los juzgados de la ciudad de Yacuiba el control de distribución de causas era de forma manual, directa y rotativa, que después de haberse completado la recepción de 10 causas en un juzgado, el libro de ingreso y recepción de causas pasaba  a otro juzgado y que para la fecha de ingreso de la presente causa, no se habría creado la unidad de apoyo jurisdiccional de ingreso y distribución de causas, que mandaba la Ley de Organización Judicial y la Ley 3324, habiéndose vulnerado los principios de trascendencia y protección, así como los artículos 90 y 251 del Código de procedimiento Civil.

Por todas estas violaciones debidamente fundamentadas, el recurrente pide anular el auto de vista, y a su vez se disponga pronunciamiento de nuevo Auto que resuelva el fondo del recurso ordinario de apelación.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que así expuestos los fundamentos del recurso, con carácter previo a resolver el mismo en base a las normas y hechos invocados, corresponde analizar los principios que debe tenerse en cuenta a tiempo de imponer la sanción de nulidad, vistos desde una nueva orientación:

Principio de Especificidad o Legalidad.- No existe nulidad sin Ley que taxativamente la establezca. En sentido puro, según este principio, las nulidades son solamente las previstas en la Ley y no puede aceptarse otras; criterio que en la práctica resulta poco realizable en virtud a que resulta materialmente imposible que un ordenamiento procesal civil recoja y pueda prever todas y cada una de las causales motivantes de nulidad.

En la actualidad, no se concibe el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad.

Principio de Trascendencia.- No hay nulidad sin perjuicio. La sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere, además, que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

En otras palabras, no todo vicio ni toda irregularidad ocurrida en el proceso reviste relevancia jurídica, consiguientemente no todo vicio trae aparejada la invalidez del acto.

En virtud al principio de trascendencia debe tenerse en cuenta el perjuicio que el acto realizado viciosamente puede ocasionar, de tal manera que si no es verdaderamente importante, o relevante, carece de sentido la nulidad, pues, la violación formal debe trascender en la esfera del debido proceso y tener incidencia en el derecho a la defensa de las partes, solo así se hace viable la aplicación de la sanción de nulidad del acto.

Principio de finalidad del acto procesal.- Un tema importante para tomar en cuenta es si el agravio o la violación al debido proceso determina siempre la invalidación de un acto, pues pueden existir actos procesales que, aun cayendo en supuestos de nulidades expresas, logran la finalidad para la que estaban destinados, en cuyo caso no debe declararse la nulidad.

Principio de Protección.- La nulidad procesal busca proteger a aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte, ya como terceros, de aquellos actos que incurriendo en vicios, no logren la finalidad establecida para ellos, siempre que el proponente de la nulidad no sea el mismo que la hubiere originado, puesto que de ser así, no se estaría afectando su derecho al Debido Proceso. Uno de los presupuestos de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio. No procede, por tanto, el pedido de nulidad de la parte que ha propiciado, permitido o dado lugar al error in procedendo, pues, de otro modo se premiaría la conducta del litigante que actuó con negligencia; y, si su actitud es dolosa, se fomentaría la temeridad. Este es el sustrato del principio de protección, que tiene su base en la doctrina de los actos propios, la cual aplicada al caso significa que nadie puede fundar una nulidad en su propia conducta, pues no tendría interés para proponerla; y, por consiguiente, carecería de legitimación.

Principio de Convalidación.- Por este principio una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado si no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica. En la práctica se dan casos de convalidación cuando la parte perjudicada realiza actuaciones posteriores al acto irregular, sin deducir oportunamente -en su primera actuación posterior al acto viciado la nulidad del mismo, en tal sentido, no existirá posibilidad alguna para posteriormente solicitar la nulidad.

Este principio impone el deber de diligencia a las partes a fin de no ser ellos mismos los causantes de su propio perjuicio, ello en mérito a la firmeza que los actos procesales deben adquirir.

Principio de conservación.- Toda nulidad implica un retroceso en el desarrollo del proceso y por consiguiente, mayor dilación; esto la convierte en un remedio de ultima ratio, es decir de uso limitado y excepcional. La regla, entonces, es la de la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa.

Expuestos y desarrollados los principios que deben orientar el análisis del juzgador a tiempo de imponer la sanción de nulidad, corresponde precisar que en el caso concreto, y del análisis de los fundamentos en los que se basa el Tribunal de alzada para el pronunciamiento del Auto de Vista y declarar la “nulidad y reposición total del proceso hasta fojas 100 inclusive”, este Tribunal Supremo llega a la conclusión de que el Ad quem ha eludido de manera ilegal ingresar a resolver el fondo de la causa, cuál era su obligación, determinando la que “previo a la admisión de la demanda se realice la distribución o sorteo respectivo, lo que determinaría la competencia legal” determinación asumida sin sustento legal suficiente que la justifique,  actuación que es contraria a los principios de convalidación, preclusión y conservación de los actos.

En efecto, el tribunal de alzada fundamenta tal determinación en: “…que, la demanda de fojas 97 99 es presentada directamente al Juzgado de Partido en lo Civil y Comercial de Yacuiba sin someterse la misma al sorteo de rigor que se realiza en todos los asientos judiciales donde existe más de un juzgado de la misma materia y jerarquía. Sorteo inexcusable, imperativo y de cumplimiento obligatorio porque a través del mismo no sólo se asigna la competencia al juzgado pertinente a efectos del art. 26 de la Ley de Organización Judicial sino que con idéntica importancia, se concede a las partes el sagrado derecho a un juez imparcial que presupone la naturaleza aleatoria del sorteo…”, manifestando incumplimiento al mandato del artículo 117 de la Ley de Organización Judicial modificado por el artículo 11 de la Ley 3324 y aplicando la nulidad por analogía del artículo 8 de la mencionada ley.

Que de la revisión exhaustiva y minuciosa del proceso venido en análisis, debemos indicar lo siguiente, no ser cierto que la demanda haya sido presentada directamente al Juzgado 2º de Partido en lo Civil y Comercial de Yacuiba, pues a fojas 97 y siguiente se evidencia que el memorial de demanda está dirigido al Juez de Turno en lo Civil, por lo que no hubo una elección del litigante en que un determinado juez atienda su causa.

Por otro lado, si bien es cierto que la Ley de Organización Judicial en los artículo tantas veces mencionados como fundamento del Auto de Vista y la Ley modificatoria Nº 3324, que se refieren a la recepción y distribución de los nuevos procesos que deban conocer los diferentes juzgados, que para tal efecto, también habla de la creación de una Unidad que se encargara del ingreso, recepción y distribución de las causas nuevas a través de un sistema informático aprobado por el Concejo de la Judicatura y personal designado para dicha labor.

Que, en el caso que nos ocupa, se trata de un asiento judicial provincial, que como en muchos otros, al existir más de un juzgado de la misma materia y jerarquía, de manera interna y por decisión de voluntaria de los jueces, determinaban la distribución rotatoria con un número determinado de causas que debía corresponder a cada juzgado, salvando la falta de la Unidad de Servicios Judiciales, para el sorteo o distribución sistemática de las causas nuevas, sin crear la mínima duda de darle a la sociedad litigante acceso a una justicia imparcial y transparente.

Que, a la fecha del ingreso de la presente causa, el asiento judicial de Yacuiba no contaba con la designación del personal ni con la existencia del Sistema IANUS, para la aplicación sistematizada de distribución de procesos nuevos, por lo que, la distribución se lo hacía de forma manual, situación que no fue observada, peor denunciada por la parte demandada en ningún momento y estado del proceso, habiendo convalidado todos los actuados judiciales realizados, empezando por la asignación de competencia al juez que conoció la causa, existiendo exceso por parte de los vocales en la aplicación del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, vulnerando los principios enunciados y razonados al inicio de la fundamentación.

Por lo anterior, queda claro que el Tribunal ad quem erradamente determinó la nulidad de obrados, en base a fundamentos equivocados y contradictorios en sí mismo, interpretando inadecuadamente lo que establece los artículos 15 y 117, de la Ley de Organización Judicial, artículo 11 y 8 de la Ley 3324, desconociendo la competencia del juzgado asignado para conocer la presente causa y evitando pronunciar resolución con la pertinencia establecida por la ley, consiguientemente siendo inexistente los errores advertidos por el Tribunal de alzada, no corresponde realizar mayores precisiones, concluyéndose que los Vocales de la entonces Corte Superior de Justicia de Tarija, basaron su decisión anulatoria, sobre la base de inexistentes errores de procedimiento.

Por las razones expuestas corresponde; habiéndose advertido que el Auto de Vista impugnado anuló obrados en forma indebida y siendo al respecto fundados los agravios y vulneraciones acusados por la recurrente, corresponde fallar en la forma prevista por el artículo 271 numeral 3) y 275 en relación con el artículo 254 numeral 4) todos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y lo dispuesto por el artículo 16 - I y 17 de la misma Ley, ANULA el Auto de Vista Nº 94, cursante de fojas 258 a 259, pronunciado el 12 de agosto de 2008 por la Sala Civil Primera y dispone que previo sorteo y sin espera de turno emita nueva Resolución que resuelva la apelación deducida contra la Sentencia, en apego a lo previsto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil concordante con el artículo 227 del mismo adjetivo.

No siendo excusable haber ocasionado perjuicio a las partes y demora en la administración de justicia, se les impone responsabilidad en la multa de Bs.- 200 a los Vocales que intervinieron en el Auto de Vista recurrido, importe que les serán descontados por planilla.

Cumpliendo con lo previsto por el artículo 17, parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Libro de Tomas de Razón 349/2013