SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 347

Sucre: 30 de julio de 2013  

Expediente: LP - 55 -08 S

Proceso: Nulidad De Escritura Pública y otros

Partes: Arturo Emilio Quispe Ramos c/ Rolando Herbas Amaya

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de  nulidad ó casación interpuesto por Arturo Emilio Quispe Ramos de fojas 206 a 208 vuela, contra el Auto de Vista Nº 496 de 14 de diciembre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso sobre nulidad de escritura pública, cancelación de partida en Derechos Reales, mejor derecho de propiedad, daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra Rolando Herbas Amaya, la respuesta de fojas 212 a 213, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, la Jueza Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz pronunció la Sentencia Nº 224 de 23 de agosto de 2007 (fojas 170 a 171 vuelta), declarando improbada la demanda y probada la excepción de prescripción, en cuyo merito extinguida la acción y el derecho del actor sobre el inmueble motivo de litis, con costas; asimismo, aplicó el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal.

Deducida la apelación por el demandante, la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº 496 de 14 de diciembre de 2007 (fojas 202 y vuelta), confirma la sentencia apelada, con costas.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de nulidad ó casación interpuesto por el demandante Arturo Emilio Quispe Ramos en los términos expresados en su memorial de 21 de enero de 2008 (fojas 206 a 208 vuela).

CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Con esa facultad, ingresando a la revisión de los actuados procesales, más concretamente en lo que se refiere a la admisión de la demanda, se tiene lo siguiente:

Leída la demanda de fojas 20 y vuelta, es evidente que la misma contiene graves defectos que concluyen perjudicando al propio actor. Al respecto, la presentación y admisión de una demanda está sujeta a determinados controles ejercitados tanto por el personal del juzgado, el Juez y las propias partes en observancia de lo dispuesto en el artículo 327 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, donde se establecen los requisitos que debe contener el memorial de demanda al momento de su presentación, así como la facultad otorgada al juzgador cuando una demanda no se ajuste a estas reglas, tal cual prevé el artículo 333 (demanda defectuosa) del mismo adjetivo civil que dispone que el Juez ordene de oficio se subsanen los defectos dentro de un plazo prudencial bajo pena de tenerla como no presentada, sin que esto signifique una negación al derecho que tiene toda persona legalmente capaz de intervenir en el proceso y pedir la protección jurídica del Estado, ejercitando la acción que le permite el ordenamiento jurídico según sea la naturaleza del derecho que invoca. En el caso analizado, el actor pretende a través de la presente demanda, fundamentalemente la “nulidad de escritura pública No. 252/72” de “veinte de julio de mil novecientos setenta y dos” (fojas 1 a 5 vuelta); sin embargo, pese a la exposición de los hechos, el demandante de forma incoherente e imprecisa no funda su pretensión en ninguna norma especifica del ordenamiento jurídico vigente de esa fecha, es decir, de ninguna norma del Código Civil anterior, limitándose incoherente e imprecisamente a ampararse en “los Arts: 105, 489, 546, 547, 549,Inc.3, 552, del Código Civil” actual; de ahí que la relación de los hechos y el petitorio expresados, carecen del derecho expuesto sucintamente. Esto, porque el artículo 1567 del Código Civil actual, respecto los “Contratos y actos jurídicos en general celebrados bajo el régimen de la legislación anterior” establece que “Los contratos y actos jurídicos en general celebrados de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y demás leyes anteriores a la vigencia de este Código, se regirán por ellas.”. Bajo este razonamiento, correspondía a la Jueza de primera instancia aplicando lo previsto en el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, observar la misma en cuanto a los defectos señalados, y en caso de no ser subsanados declarar la no presentación de la demanda. Esta negligencia de la juzgadora, ha ocasionando un proceso inútil en base a una demanda defectuosa que fue admitida y tramitada de forma irregular, en perjuicio de las partes, causando inseguridad jurídica y negación a la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho aquellas. En otros términos, se ha tramitado un proceso en base a una demanda que no cumplía con los presupuestos de admisibilidad establecidos en los incisos 5), 6), 7) El derecho, expuesto sucintamente- y 9) del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, según el tratadista Alsina, la acción y la demanda son conceptos distintos; así, la demanda, es efectivamente, la forma corriente y hasta más visible del ejercicio de la acción, la cual debe reunir los requisitos formales previstos por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, para que se abra la instancia, en tanto que en la acción deben coincidir requisitos de fondo para que sea admitida en la Sentencia (cita el ex Ministro de la Corte Suprema, Dr. José Decker Morales, en su Código de Procedimiento Civil, concordado y comentado). A mayor abundamiento, se tiene como jurisprudencia análoga que “Convenida la compraventa mediante contrato celebrado durante la vigencia del c. c. abrg., el juez de primera instancia, como la Corte Superior, al dar aplicación a las disposiciones del c. c. vigente en la sentencia y en el auto de vista, han incurrido en flagrante infracción del art. 1567 del citado c. c. vigente, viciando sus actos de nulidad por indebida aplicación de la ley vigente y omisión de la que regía a tiempo de la celebración del contrato mencionado" (A.S. Nº 187, de 30VII79), “La Corte ad quem, al apoyar su A.V. respecto de los actos jurídicos objeto de la litis, en los arts. 1209, I) y 1210, II) del c.c. vigente, que no es aplicable al caso, porque dichos actos tuvieron lugar durante la vigencia del c.c. abrg. Cuyas disposiciones y las de las leyes anteriores correspondía aplicar, ha violado el art. 81 de la Const. y el 1567 del c.c. vigente, obrando sin competencia, causa de nulidad que puede declarar de oficio conforme dispone el art. 252 del p.c. vigente” (G.J. Nº 1676, p. 129) y “Este art. (1567 del Código Civil actual) establece la vigencia del c.c. anterior y leyes conexas para las causas que versen sobre contratos y actos celebrados con anterioridad al 2 de abril de 1976” (Lab. Jud. 1988, p. 381); todas citadas por Carlos Morales Guillen en su Código Civil, Tomo II, Edición 1994, página 1984.

Por consiguiente, al no haber sido observada de oficio la demanda por la Jueza de primera instancia en el momento de su presentación, pese a sus defectos formales, ha originado un error de procedimiento que ha culminado en una Sentencia basada en fundamentos inadecuados en franca vulneración del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil. Esta circunstancia, en su momento, no fue debidamente observada por el Tribunal Ad quem, cual era su deber, en franca omisión de la obligación que le impone la Ley.

        POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, y en aplicación de lo establecido por los artículos 254 numeral 7), 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 21 inclusive, esto es hasta el estado en que la Jueza de la causa, en estricta observancia de los artículos 3 inciso 1), 87 y 333 del Código de Procedimiento Civil, disponga que la demanda se ajuste a lo establecido por el artículo 327 de la norma procedimental citada supra.

         Con responsabilidad por no ser excusable la omisión de la Jueza a quo y Tribunal de alzada, que se gradúa en Bs. 200 per cápita, descontable de sus haberes.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Libro de Tomas de Razón 347/2013