SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 340

Sucre: 30 de julio de 2013  

Expediente: SC 68 08 S

Proceso: Mejor Derecho De Propiedad Y Otros

Partes: Crispín Santos Huanaco c/ Roberto Cruz Pardo

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Roberto Cruz Pardo, contra el Auto de Vista Nº 101 de 20 de febrero de 2008, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario doble sobre acción reivindicatoria, mejor derecho de propiedad, entrega de inmueble y pago de daños y perjuicios, seguido por Crispín Santos Huanaco en contra del recurrente, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 77 a 81 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, se declaró probada la demanda de fojas 19 a 20 y su ampliación de fojas 26, con costas, y ordena que el demandado Roberto Cruz Pardo entregue completamente desocupado el inmueble ubicado en Barrio Virgen de Cotoca U.V. 239, Mza 94 (antes 65), lotes 11 y 12, motivo de la litis, a tercero día de la ejecutoria.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Roberto Cruz Pardo, de fojas 187 a 189, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito  de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 101 de 20 de febrero de 2008, de fojas 201 a 202 vuelta, se confirma la sentencia apelada, con costas.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 207 a 210 vuelta, Roberto Cruz Pardo, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- El recurrente, en su recurso de casación en la forma efectúa las siguientes denuncias:

.- Acusa que tanto en la sentencia como en el Auto de Vista no se habrían resuelto todas las pretensiones planteadas en la demanda, concernientes a la acción reivindicatoria, mejor derecho de propiedad y pago de daños y perjuicios, acusando que los fallos de instancia son infra petita y que violan los principios de exhaustividad o completitividad y los artículos 192 inciso 3) y 236 del Código de Procedimiento Civil.

.- Acusa la violación del artículo 27 de la Ley de Organización Judicial (abrogada), porque el terreno objeto de la litis es rústico, por lo que correspondería a la competencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria y que el Tribunal ad quem al no haber revisado la competencia en razón de materia y en consecuencia al no haber anulado obrados, habría vulnerado dicha norma legal.

.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 122 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil, por no considerar que la citación realizada a fojas 31 no indica el domicilio en el que supuestamente se la habría practicado.

.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 92 parágrafo IV del Código de Procedimiento Civil al no considerar ni valorar que el memorial de fojas 39 es inexistente al no contener su firma, porque habría sido falsificada, lo que, afirma, se encuentra probado por los estudios periciales realizados en la policía técnica judicial.

.- Que se habría violado el artículo 117 de la Ley de Organización Judicial porque el Tribunal ad quem no habría verificado que no existe el sello del sorteo y tampoco la intervención del vocal semanero.

En su casación en el fondo efectúa la siguiente acusación:

Acusa que el Tribunal ad quem no consideró ni valoró la ineficacia de la prueba documental acompañada a la demanda, ya que se trata de fotocopias simples a color y que por ello se habría violado el artículo 1311 del Código Civil.

Finalmente pide que se anule obrados hasta el vicio más antiguo o en su defecto se case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda principal.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, se examina de la siguiente manera:

Con relación a las denuncias del recurso de casación en la forma.- Las formas procesales no tienen finalidad en sí mismas, pues su objetivo final está orientado a precautelar el derecho de defensa en juicio como elemento del debido proceso. Por ello, si bien es cierto que el cumplimiento de las normas procesales en escrupuloso respeto a las formas instituidas es de orden público, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, no es menos evidente que el quebranto de dichas normas se sanciona con nulidad solamente por vía de excepción.

Ahora bien dado que quien alega la nulidad debe expresar cual es el vicio que le causa perjuicio, resulta evidente que la nulidad solamente puede ser opuesta por quien resulte perjudicado con el vicio que se invoca.

En el caso en examen, el recurrente alega que los jueces de instancia no se habrían expedido sobre todas las pretensiones deducidas por el demandante, es decir que tanto el Juez a quo cuanto el Tribunal ad quem habrían incurrido en incongruencia omisiva respecto de la demanda. Con relación a este supuesto vicio, debe tenerse presente que es, en todo caso, al demandante, y no al demandado, a quien correspondía formular dicha denuncia, pues en mérito al principio dispositivo, sobre el que finca el proceso civil boliviano, es el perjudicado con el defecto quien tiene legitimidad, ya sea para denunciar el defecto o en su caso convalidarlo. Consiguientemente el recurrente no tiene legitimidad para formular dicha denuncia, por lo cual la misma es inacogible.

Con relación la denuncia de incompetencia material.- En reiterados fallos, verbi gratia el A.S. Nº 236 de 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado claramente establecido que los jueces de instancia deben limitarse a aplicar las leyes invocadas por las partes en la demanda y en la contestación, por ello al interponer el recurso de casación y solicitar se reconozca la infracción de una determinada ley es obvio que la misma debe ser aplicada en la resolución recurrida, cuando el tribunal de segundo grado no se pronuncia sobre una determinada ley, corresponde a la parte interesada, con la facultad conferida por el artículo 196.2) con relación al artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, solicitar dentro del plazo legal la correspondiente complementación del referido fallo y sólo sobre esta base, puede recurrirse en casación, de manera que si el recurrente no ha procedido de esa forma el recurso debe ser declarado infundado.

En el caso en examen, el recurrente expuso como agravio la supuesta incompetencia material, sin invocar la norma cuya vulneración ahora acusa, con relación a lo cual el Tribunal ad quem ha sostenido que de los datos del proceso se evidencia que el inmueble motivo de la litis se encuentra dentro de la jurisdicción y competencia del Juez a quo. En dicha determinación el Tribunal ad quem no ha aplicado el artículo 27 de la Ley de Organización Judicial (abrogada), por consiguiente dicha norma legal no podía haber sido vulnerada en el fallo de segunda instancia, precisamente porque no fue aplicada; pues el recurrente no ha solicitado la correspondiente complementación, razón por la cual esta denuncia es infundada, tanto más si el recurrente no rebate la conclusión del Tribunal ad quem.

Con relación a la denuncia de violación del artículo 122 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil.- Como se advierte de la diligencia de fojas 31, el demandado ha sido citado personalmente, hecho que no lo niega, por consiguiente no tiene ninguna trascendencia la falta de indicación del domicilio exacto donde se practicó la citación, a la que se refiere el artículo 122-1) del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual dicha denuncia es también inacogible.

Con relación a la supuesta violación del artículo 92-IV del Código de Procedimiento Civil, porque no habría firmado el memorial de excepciones de fojas 39.- Esta denuncia la ha formulada el recurrente como agravio en su recurso de apelación, respecto de lo cual el Tribunal ad quem se ha limitado a señalar que este aspecto debe resolverse en la vía penal, es decir no existe pronunciamiento explícito del Tribunal ad quem, es más ni siquiera el Juez a quo ha definido esta cuestión hecho, razón por la cual el Tribunal Supremo no puede pronunciarse sin que los jueces de instancia se hayan pronunciado previamente definiendo el hecho en cuestión, pues el recurso de casación es una demanda de puro derecho, en el que se enjuicia el fallo de segunda instancia y el trámite en las instancias, por cuya razón esta denuncia también es inacogible.

Con relación a la denuncia de violación del artículo 117 de la ley de Organización Judicial (abrogada).- Si bien es cierto que el citado artículo 117 de la Ley de Organización Judicial, antes de su modificación efectuada por la Ley Nº 3324 de 18 de enero de 2006, las demandas nuevas debían ser presentadas en secretaria de cámara, para su ulterior distribución, con intervención del vocal semanero, no es menos evidente que la falta de firma de constancia de dicha intervención en la distribución, ya informatizada en la época de la presentación de causa en examen (como se advierte en la constancia de fojas 21), no constituye causal para anular el proceso, pues por una parte esa omisión no se encuentra comprendida dentro de las causales de nulidad que preveía el artículo 247 de la propia Ley de Organización Judicial, ni se advierte que con dicha omisión se habría afectado el derecho de defensa en juicio del recurrente.

Con relación al recurso de casación en el fondo.- Por mandato del artículo 258-2) del igual procedimiento, en el recurso no solo debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos.  

El cumplimiento escrupuloso de los requisitos impuestos por el citado artículo 258-2) Ídem, no constituye una mera formalidad potestativa, pues tiene por finalidad delimitar el accionar del Tribunal de casación, para permitir que  el fallo del Tribunal de casación sea pertinente, exhaustivo y fundamentado.

En mérito al principio dispositivo que rige en el  proceso civil, el recurrente delimita el Thema decidendum del fallo casacional, pues el Tribunal limitará su pronunciamiento a las alegaciones esgrimidas por el recurrente en el recurso, que a la sazón se constituye en el acto de constitución del recurso extraordinario de casación, lo cual opera precisamente cumpliendo el requisito de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y en especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, conforme dispone el artículo 258-2) del Código Adjetivo Civil; pues dicha norma contiene un imperativo en propio interés del recurrente, ya que su omisión acarrea la consecuencia negativa de impedir que el tribunal ingrese a resolver el fondo del asunto, pues en tal caso el recurso deviene en improcedente, por mandato del artículo 272-2) del Código de Procedimiento Civil; lo cual implica que el recurso debe bastarse por sí mismo, y por consiguiente le está vedado al Tribunal de casación subsanar de oficio las insuficiencias o deficiencias en las que incurra el recurrente, aún cuando éste sea alguna entidad Estatal.

La prohibición de que el Tribunal de casación supla de oficio los requisitos del recurso incumplidos por el recurrente, tiene además su fundamento tanto en el derecho a la igualdad, en su vertiente procesal, proclamado por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado, cuanto en el principio a la igualdad de las partes ante el juez, proclamado por el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil; pues para el caso de que el tribunal  obrara oficiosamente, subsanando un recurso de casación  defectuoso, se estaría actuando en desmedro de la parte contraria, lo cual implicaría afectar la imparcialidad del Tribunal.

Precisamente porque el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que se rige por el principio dispositivo, por la igualdad, en su dimensión de derecho y principio, y por el  principio de legalidad, en su vertiente procesal, previsto por el artículo 180-I) de la Constitución Política del Estadio; el Tribunal de casación, previamente, debe efectuar un juicio de admisibilidad del recurso de casación, lo cual implica verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos por ley, pues sólo en el supuesto que el recurso cumpla con tales requisitos, que son de admisibilidad o procedencia, corresponderá que el tribunal de casación ingrese a realizar el juicio de fundabilidad del recurso, pronunciándose sobre el fondo.

En el caso en examen, el recurso de casación en el fondo es manifiestamente defectuoso, pues el recurrente evidentemente está cuestionando la valoración probatoria efectuada por los jueces de instancia, con relación a la prueba documental de cargo preconstituida; empero, el recurrente, omite indicar si está acusando error de derecho o error de hecho en la apreciación de dicha prueba, lo cual resulta imprescindible, pues con relación a dicha valoración probatoria de los hechos, debe tenerse presente que por regla el Tribunal de casación no puede revisar la definición de los hechos efectuada por los jueces de instancia, precisamente porque el recurso de casación es de puro derecho y no una tercera instancia, de manera tal que solo por vía de excepción es posible dicha revisión, empero para que el Tribunal Supremo aperture competencia sobre los hechos, correspondía que el recurrente denuncie ya sea error de derecho o de hecho en la apreciación de las pruebas, en los términos  previstos por el artículo 253-2) del Código de Procedimiento Civil; y al no haber procedido de esa manera, se impide que éste Tribunal Supremo ingrese a resolver sobre el fondo de la denuncia.

En mérito de las consideraciones precedentes, corresponde resolver el recurso de casación en el fondo conforme a lo dispuesto por los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271-1) y 2), 272-2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, de fojas 207 a 210 vuelta, interpuesto por Roberto Cruz Pardo, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1500 que mandará a pagar el señor Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Libro de Tomas de Razón 340/2013