SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 335

Sucre: 30 de julio de 2013  

Expediente: O 40 08 S

Proceso: Reconocimiento De Mejor Derecho Propietario

Partes: Arturo Rolando Peñarrieta y otra c/ Mario Ajata Capia

Distrito: Oruro

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

VISTOS: El recurso de casación de fojas 269 a 270 vuelta, interpuesto por Mario Ajata Capia, contra el Auto de Vista Nº 113 de 8 de agosto de 2008, cursante de fojas 264 a 266 vuelta, dictada por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso ordinario sobre reconocimiento de mejor derecho propietario, seguido por Arturo Rolando Peñarrieta y Mary Angélica Cabrera de Peñarrieta en contra del recurrente, la respuesta de fojas 276 y vuelta, el auto concesorio de fojas 277, los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.-

Tramitada la causa, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, pronuncio la Sentencia Nº 75 de 21 de enero de 2008, cursante de fojas 227 a 231 vuelta, declarando improbada la demanda de fojas 30 a 32, ratificada a fojas 40 y complementada a fojas 43; probada tanto la excepción de prescripción como las excepciones de falta de acción y derecho opuestas por el demandado Mario Ajata Capia por memorial de fojas 45 a 46 vuelta, con costas. Disponiendo además, que una vez ejecutoriada la presente resolución, se proceda con la cancelación de la partida 1048 del Libro de Propiedades de la Capital de 1972.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, mediante el Auto de Vista Nº 113 de 8 de agosto de 2008, cursante de fojas 264 a 266 vuelta, anula la sentencia de fojas 227 a 231, disponiendo que el inferior pronuncie nueva sentencia esclareciendo, fundamentando y motivando debidamente la decisión de anular la partida Nº 1048 del Libro de Propiedades de la Capital de 1972, sin responsabilidad por ser excusable.

Contra el fallo de segunda instancia, el demandado Mario Ajata Capia, por memorial de fojas 269 a 270 vuelta, interpone recurso de casación o nulidad.

CONSIDERANDO II:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.-

Denuncia que, la cancelación de la partida Nº 1048 contenida en el Libro de Propiedades de la Capital el 1972, dispuesta por el Juez de Partido Cuarto en lo Civil, no resulta ultra petita, ni vulnera el principio de congruencia, toda vez que su persona a tiempo de contestar la demanda advirtió y planteo como cuestión del litigio la cancelación de dicha partida como consecuencia y efecto lógico de la usucapión dispuesta a su favor; indica que, una resolución judicial no debe quedar en simples respuestas declarativas, sino que necesariamente contener determinaciones a través de las cuales se logre la eficacia de lo declarado, a fin de lograr la seguridad jurídica necesaria; manifiesta que, es falso que su persona no fundamentó defensa sobre los puntos apelados, tomando en cuenta que por memorial de fojas 257 a 258 se apersono al tribunal y expuso su defensa respecto a la apelación; denuncia que, el auto de vista recurrido al anular obrados, ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica previsto en el inciso a) del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, ha interpretado erróneamente el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, y ha vulnerado el principio de congruencia y de la tutela judicial efectiva al no ingresar a considerar el fondo del recurso de apelación respecto al mejor derecho propietario.

Finaliza el recurso, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, anule el auto de vista recurrido, disponiendo el tribunal ad quem emita nuevo auto de vista en el que se considere el fondo del recurso de apelación.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO.-

Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se advierte la falta de una adecuada técnica jurídica para la interposición del mismo, toda vez que el recurrente en su confusa exposición plantea recurso de "casación o nulidad“, solicitando la anulación de obrados, a efectos de que el Tribunal ad quem pronuncie un nuevo auto de vista, bajo el fundamento de los artículos 257, 255 inciso 2) y 4), 253 inciso 1) todos del Código de Procedimiento Civil, acusando vulneración al derecho a la seguridad jurídica, al principio de la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva.

No obstante lo señalado precedentemente, y haciendo abstracción del incorrecto planteamiento de la presente acción extraordinaria, éste Tribunal Supremo, con la facultad conferida por la norma del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y en función de lo dispuesto por el artículo 90 del mismo cuerpo adjetivo de normas civiles, considera pertinente analizar la resolución de segunda instancia a efectos de determinar si la anulación de obrados, ahí dispuesta, se encuadra o no a derecho.

En el marco de esa facultad, corresponde establecer que, el Tribunal ad quem, anuló obrados argumentando que: “la cancelación de la Partida Nº 1048 de Libro de Propiedades Capital de 1972, no ha sido expresamente demandado y que no obstante ello el inferior aparece fallando sobre ese extremo, con evidente inobservancia del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil además que esta decisión no ha sido debidamente fundamentada y motivada”. 

Expresados los fundamentos que dieron lugar a la anulación de obrados, de la revisión de antecedentes y la lectura de la sentencia apelada, este Tribunal Supremo advierte que:

El Tribunal ad quem al disponer la nulidad de obrados ha interpretado de forma restrictiva los alcances y efectos del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, al no haber considerado que: 1).- El contenido del memorial de respuesta de fojas 45 a 46 vuelta, a través del cual la parte demandada efectuando una relación de los antecedentes del proceso de usucapión, de inscripción del derecho propietario sobre el bien inmueble objeto de la litis en el registro de los Derechos Reales, y la no cancelación de la partida del anterior propietario, de forma expresa solicito: “…lo que corresponde es que su autoridad disponga que dicha oficina proceda a la cancelación de la partida 1048 del Libro de Propiedades Capital de 1972, atendiendo lo dispuesto en sentencia ejecutoriada de usucapión”. 2).- Por otro lado, el Tribunal ad quem no ha considerado también, que si bien en el auto de relación procesal de fojas 52 vuelta, en los puntos de hecho a probar para el demandado no ha consignado de forma expresa dicha solicitud de cancelación de partida, sin embargo en la parte final de dicha resolución el Juez a quo al colocar como punto de hecho genérico a probar: “y demás fundamentos tanto en la demanda como en la contestación”, ha aperturado y permitido que la solicitud de cancelación de dicha partida sea incorporada al debate, decisión judicial que no fue observada, cuestionada u objetada a través de recurso alguno por la parte demandante.

Lo analizado, nos lleva al convencimiento de que el Juez a quo, al pronunciar la resolución de primera instancia, no vulneró alguna norma de orden público que amerite la anulación de obrados, por el contrario esa sentencia se acomoda a los principios de congruencia, exhaustividad y pertinencia, que deben cumplir tales resoluciones.

En este contexto, el Tribunal ad quem no consideró que el órgano de apelación sólo debe resolver conforme a la expresión de agravio o perjuicio que la sentencia o resolución ha causado al recurrente y no puede conocer aspectos fuera de los puntos recurridos u omitir pronunciamiento sobre alguno de ellos, por consiguiente, la competencia de los tribunales de alzada, se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos y la trasgresión de tales límites, comporta agravio de las garantías constitucionales de la defensa en juicio, por eso, el órgano de apelación tiene una doble limitación: la que resulta de la relación procesal y la que el apelante le haya querido imponer en el recurso, conforme determina el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

Dicho de otro modo, los principios de pertinencia y congruencia previstos en la norma citada con relación al artículo 227 del Código adjetivo de la materia, fijan el marco jurisdiccional dentro del cual debe recaer la resolución del tribunal de apelación, es decir, circunscribirla a lo resuelto por el juez en la resolución respectiva y a los puntos objeto de la expresión de agravios, sin que pueda sustraerse del pronunciamiento de alguno de los puntos apelados, o, referirse y basar su resolución de vista en aspectos no incoados en el recurso de apelación.

De lo expuesto, se desprende que el Tribunal ad quem, al anular la sentencia de fojas 227 a 231, disponiendo se pronuncie otra, esclareciendo, fundamentando y motivando debidamente la decisión de cancelar la partida Nº 1048 del Libro de Propiedades Capital 1972, ha efectuando una interpretación errónea del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, extrañando actuados que cursan en los datos del proceso. De ahí que, el actuar del tribunal de instancia se aparta de los principios que rigen en materia de nulidades procesales, encontrando motivos de nulidad donde no los hay, en franca violación de lo previsto por el artículo 251-I del Código de Procedimiento Civil, sustrayéndose indebidamente de la obligación de pronunciarse en el fondo sobre los aspectos formulados en la apelación, desconociendo su propia competencia, al no haber observado la clara disposición del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, vulneró reglas de orden público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, de ahí que es necesario que el Tribunal Supremo, con la facultad conferida por el artículo 252 y en virtud a la causal establecida en el artículo 254 4) ambos del Código de Procedimiento Civil, resuelva el recurso en aplicación del artículo 271 3) del mismo Código Adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 I 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA  el auto de vista recurrido y dispone que el Tribunal ad quem sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie otro observando el contenido del presente auto supremo y dentro de los marcos de competencia previsto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. Sin responsabilidad por ser excusable.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Libro de Tomas de Razón 335/2013