SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 323

Sucre: 26 de julio de 2013  

Expediente: SC - 67 -08 A

Proceso: Sobre Nulidad De Transferencias Y Otros

Partes: Pedro Banegas Zabala c/ Carlos Hugo Vaca Diez Tuero y otros

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

VISTOS: el recurso de casación en el fondo interpuesto por Rolando Toledo Pereira y Betty Ríos de Toledo de fojas 377 a 384 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 33 de 21 de enero de 2008 y Auto de fojas 371 vuelta, pronunciados por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso sobre nulidad de transferencias, declaración de falsedad, cancelación de inscripción en Derechos Reales, pago de daños y perjuicios, seguido por Pedro Banegas Zabala contra Carlos Hugo Vaca Diez Tuero y los recurrentes, la respuesta de fojas 387 a 400, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez Doceavo de Partido Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz pronunció el Auto Nº 764 de 1 de septiembre de 2006 (fojas 282 a 284), declarando probadas las excepciones de cosa juzgada y caducidad planteadas por los demandados. Complementado por Auto de fojas 306.

Deducida la apelación por el demandante, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz mediante Auto de Vista Nº 33 de 21 de enero de 2008 (fojas 369 a 370 vuelta), revoca el auto apelado, sin costas. Complementado por Auto de fojas 371 vuelta.

CONSIDERANDO: que, los demandados Rolando Toledo Pereira y Betty Ríos de Toledo en su recurso de casación en el fondo de 20 de febrero de 2008 (fojas 377 a 384 vuelta), acusa que:

No interpusieron excepción de prescripción. La causa petendi de la demanda ya fue fundamentada por la madre y hermanas del ahora demandante; la apelación contra el auto de fojas 129 a 130, en el primer proceso, es interpuesta por Teresa Zabala por el demandante, por lo que el actual demandante, a través de su representante legal sin mandato, su madre Teresa Zabala, ha realizado sus pretensiones en su primera demanda; los fundamentos de la primera y segunda demandas son prácticamente los mismos; demostró que Teresa Zabala demandó en representación de Pedro Banegas; al efecto anota los artículos 1319, 450, 454, 519, 945, 949, 1289 del Código Civil, 328, 332, 59, 490 del Código de Procedimiento Civil, 28 parágrafos I, II de la Ley 1760, 4, 45, 308 inciso 5) y 39 del Código de Procedimiento Penal.

En el juicio ejecutivo, el ahora demandante no presentó ninguna excepción sobre falsedad o inhabilidad del título, ni por su madre, al efecto apunta los artículos 1514, 1517 del Código Civil, 507 inciso 5), 490 del Código de Procedimiento Civil y 28 parágrafo II de la Ley 1760.

Se violaron los artículos 397, 401, 447 del Código de Procedimiento Civil, 1286, 1289 parágrafo I, 1320 del Código Civil, al efecto indica las documentales de fojas 118 a 132, 308 a 315, 131 y vuelta, y 135 a 137.

Se violaron los artículos 236 y 237 del Código de Procedimiento Civil, pues se falló en el fondo en el Auto Complementario de 30 de enero de 2008.

Se interpretó y aplicó erróneamente la ley, pues la causa y fundamentos de la primera demanda es la misma, y que se representó sin mandato en el proceso inicial.

CONSIDERANDO: que, del análisis y cotejo del recurso de casación en el fondo se llega a las siguientes conclusiones:

La jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una “cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores”, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 (procedencia) del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 (requisitos del recurso) numeral 2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener es no sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnativo contenido en el citado artículo 258 numeral 2). Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En el contexto establecido precedentemente, el recurso de casación en cualesquiera de sus formas previstas, para su procedencia y atención por el tribunal competente, exige la reunión de requisitos, tanto de forma cuanto de fondo, es decir, extrínsecos e intrínsecos, sin cuya concurrencia no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en que consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste ultimo debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales.

Asimismo, en virtud de la naturaleza jurídica de las acciones extraordinarias señaladas, en el recurso de casación en el fondo no se pueden analizar aspectos o denuncias relativas a la existencia de errores “in procedendo” o violaciones a las formas esenciales del proceso, ni viceversa, es decir, analizar aspectos concernientes al recurso de casación en el fondo, a través del recurso de casación en la forma.

Técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, lo que implica su improcedencia.

En la especie, los recurrentes omitieron distinguir la casación en el fondo, es decir, no precisaron lo que pretende, habida cuenta que no especificaron las causales de casación en el fondo, enumeradas en los incisos respectivos del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, es más ni siquiera hacen alusión a dicho articulado menos a sus ordinales, limitándose a anotar de manera genérica “RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO”, no otra cosa significa que sin esa distinción, insinúen insegura, imprecisa y contradictoriamente normas de naturaleza adjetiva e incluso de materia procesal penal cuando supuestamente recurren de casación en el fondo y solicitan se case el auto de vista recurrido; y, tampoco hayan distinguido la violación, la aplicación indebida, la interpretación errónea de la ley, el error de hecho y el error de derecho en la apreciación de la prueba; además de pretender, que en base al presente e impreciso recurso el Supremo Tribunal ingrese ha censurar la apreciación y valoración de la prueba realizada por los jueces de grado.

El Tribunal Supremo es de puro derecho como lo es la impugnación extraordinaria, de tal manera que no puede suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurre un recurrente; en consecuencia, al no haber cumplido los recurrentes con la carga legal prevista, se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado, al que se castiga conforme los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Rolando Toledo Pereira y Betty Ríos de Toledo de fojas 377 a 384 vuelta; con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bolivianos 1000, que mandará hacer efectivo el juez inferior.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Libro de Tomas de Razón 323/2013