SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 320

Sucre: 24 de julio de 2013  

Expediente: SC- 62- 08- S

Proceso: Rendición de Cuentas

Partes: Rosario Magguie Jáuregui Ortiz y otro c/ Hernán López Cairo

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 


VISTOS: El recurso de casación de fojas 457 a 458 interpuesto por Hernán Ernesto López Cairo contra el Auto de Vista Nº 570, de fecha 17 de diciembre de 2011, cursante de fojas 453 a 454 vuelta de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, la contestación al recurso a fojas 459 a 461 y vuelta dentro del proceso de Rendición de Cuentas seguido por Rosario Magguie Jáuregui Ortiz y Raul Martin Vaca Pereira Urgel, en su calidad de Presidenta y Secretario General del Colegio Departamental de Psicólogos de Santa Cruz contra Hernán López Cairo, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

1.- Que, seguida la causa el Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 75, de fecha 02 de abril de 2007, de fojas 433 a 435 vuelta, que declara probada la demanda de fojas 24 a 25 y la ratificación de fojas 100 a 111, interpuesta por el Colegio Departamental de Psicólogos de Santa Cruz y consecuentemente determina a) La obligación del demandado Hernán López Cairo, en su condición de ex presidente de esa institución por la gestión 2003 a 2004, a presentar la respectiva Rendición de Cuentas y sea a través del correspondiente informe económico documentado y dentro del plazo perentorio de ocho días conforme lo previene el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil. b) Igual obligación de entregar toda la documentación que respalde su informe, la misma que es de propiedad del Colegio Departamental de Psicólogos de Santa Cruz, debiendo ser en el indicado plazo.

Deducida que fue la apelación por el demandado, la Sala Civil Primera de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronuncia Auto de Vista Nº 570, de fecha 17 de diciembre de 2007, cursante de fojas 453 a 454 vuelta, que confirma en todas sus partes la sentencia apelada de fojas 433 a 435 y vuelta. Con costas.

2.- Contra la resolución de vista, el demandado Hernán López Cairo interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, en relación a los artículos 250, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, bajo los siguientes argumentos:

El recurrente denuncia que el auto de vista recurrido, como la sentencia hubiesen incurrido en violación de los artículos 50 y 58 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 7 inciso a) de la Constitución Política del Estado, refiriendo que los actores  Magguie Jáuregui Ortiz y Raul Martin Vaca Pereira Urgel, no hubieran acreditado plenamente su legal personería para actuar en nombre y representación del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz y que el Acta Circunstanciada de fojas 20 a 21 no constituiría un acto que tenga plena validez jurídica, cuando se tendría ya un presidente por un período de dos años (2003 a 2005), acusando también, que el Tribunal de Alzada no hubiese aplicado correctamente las disposiciones ya referidas, cuya infracción acarrearía la nulidad de obrados, en sujeción de las causas señaladas en los artículos 253 inciso 1) y 254 inciso 7) del Código de Procedimiento Civil y dictar su fallo conforme lo dispone el inciso 3) del artículo 271 del Código Adjetivo Civil. Asimismo, el recurrente expresa que hubiese observado las causas de nulidad procesal en apelación y que los Vocales de la Sala Civil Primera violaron normas procesales de orden público al tenor del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y que debe dictarse un Auto Supremo casando en todas sus partes el auto de vista recurrido y declare en el fondo improbada la demanda. Pidiendo finalmente a éste Tribunal se resuelva el recurso de casación tanto en la forma, como en el fondo.

CONSIDERANDO II:

Así expuesto el recurso de casación, se tienen las siguientes consideraciones:

Que, la jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 numeral 2) del mismo cuerpo legal, referidos a la obligación que tiene el recurrente de citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado artículo 258 numeral 2). De ahí que, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En este contexto, los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el Código de Procedimiento Civil, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista recurrido se case, conforme establecen los artículos 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los artículos 271 numeral 3) y 275 del mismo cuerpo legal,

El recurso de casación en cualquiera de sus formas previstas, para su procedencia y atención por el Tribunal competente, exige la reunión de requisitos, tanto de forma cuanto de fondo, es decir, extrínsecos e intrínsecos, sin cuya concurrencia no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales. De igual forma, cuando se plantea recurso de casación en la forma, por haberse violado las formas esenciales del proceso, los argumentos de procedencia deben estar en base a cualquiera de los 7 incisos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y cumpliendo lo preceptuado en el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En la especie, el recurrente, hace una exposición generalizada del recurso de casación en la forma y en el fondo, sin diferenciar el uno del otro, desconociendo la naturaleza jurídica que hace a cada recurso, en omisión flagrante del artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, y desconociendo las causales,, como la finalidad a las que se encuentran sujetos cada recurso, cuando refiere que las infracciones “acusadas acarrearía la nulidad de obrados, en sujeción  de las causas señaladas en los artículos 253 inciso 1) y 254 inciso 7) del Código de Procedimiento Civil” (textual), y al expresar que “se case el auto de vista recurrido por violación de normas procesales al tenor del artículo 90 de Código de Procedimiento Civil” (textual), como si las causales para interponer ambos recursos, estuvieran relacionados entre sí, y tuviesen una finalidad común, cuando, lo que persigue el recurso de casación el fondo es ingresar al fondo de la Litis, por las causales establecidas en el artículo 253 y fallar según lo previsto en el artículo 271 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, y por su parte, el recurso de casación en la forma, al considerar los errores formales o de procedimiento, fallará anulando obrados hasta el vicio denunciado, y además cumpliendo los principios de trascendencia, convalidación, especificidad y protección.

Por lo expuesto, y considerando que el Tribunal Supremo es de puro derecho como lo es la impugnación extraordinaria y al no poderse suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en la que incurre la recurrente, no se abre la competencia de este alto Tribunal para conocer el recurso intentado, y se falla  conforme los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Adjetivo Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo, de fojas 457 a 458, interpuesto por Hernán Ernesto López Cairo. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Libro de Tomas de Razón 320/2013