SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 318

Sucre: 24 de julio de 2013  

Expediente: B-22-08-S

Proceso: Declaración de Paternidad

Partes: Elida Banegas Chayana c/ Tadeo Armando Ribera Bruckner

Distrito: Beni

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 


VISTOS: El recurso de casación de fojas 108 a 110 vuelta, interpuesto por Eduardo Yabeta Mercado, en representación de Tadeo Armando Ribera Bruckner, contra el Auto de Vista Nº 134/08, de fecha 29 de septiembre, de fojas 102 a 104, pronunciado por la Sala Civil de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, dentro el proceso ordinario de Declaración de Paternidad, seguido por Elida Banegas Chayana contra Tadeo Armando Ribera Bruckner, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

1.- Habiéndose tramitado la causa, la Juez Primero de Partido de Familia, de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Beni, emitió Sentencia Nº 57/2008, de fecha 08 de julio, de fojas 83 a 86 vuelta, que declara PROBADA la demanda sobre declaración judicial de paternidad de fojas 10 a 11, e improbada la demanda reconvencional de fojas 15 a 16, complementada a fojas 18 y 19, en consecuencia declara judicialmente que el demandado Tadeo Armando Ribera Bruckner es padre del niño D. A. R. B., determinándose complementar la partida 57, del libro 18-2004, de la Oficialía de Registro Civil, oficina colectiva N° 3 de la ciudad de Trinidad, provincia Cercado del Departamento de Beni de fecha 23 de junio del año 2004, a la cual debe incorporarse los datos del progenitor, debiendo quedar inscrito de la siguiente manera  D. A. R. B., nacido en la ciudad de Trinidad el 9 de agosto del año 1995, padre Tadeo Armando Ribera Bruckner, madre Elida Banegas Chayana.

Deducida que fue la apelación por el demandado, la Sala Civil de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, emitió el Auto de Vista Nº 134/08, de fecha 29 de septiembre, de fojas 102 a 104, que confirma en todas sus partes la Sentencia apelada N° 57/2008 de fecha 08 de julio de 2008, con costas.

2.- Contra el referido Auto de Vista, Eduardo Yabeta Mercado, en representación de Tadeo Armando Ribera Bruckner, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, bajo los siguientes argumentos:

El recurrente, primeramente sobre la nulidad de oficio, refiere que el auto que traba la relación procesal y fija los puntos de hecho a probar, en fecha 11 de marzo le hubiesen notificado al abogado de la demandante, un día antes que se hubiera registrado el auto y tres días después le dan por notificado al demandado en presencia de un testigo que no fuera identificado, y que las notificaciones según el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, no podría practicarse por el artículo 135 del mismo Adjetivo Civil, sino que debería haberse notificado de acuerdo al artículo121 y 122 del Código de Procedimiento Civil y señala que pese a su reclamo al Juez A quo para la identificación del testigo David Justiniano Mendoza no se lo hubiese realizado, y que según sus averiguaciones la firma de éste no coincidiría con la de su cédula de identidad. Asimismo, refiere que otra causal de nulidad sería el vencimiento del plazo para el desarrollo de la prueba y que se hubiera tomando la declaración de una de las testigos de descargo a más de 60 días del término probatorio, sin que se hubiese fijado una ampliación del plazo probatorio, y pese a su reclamo, se hubiese proseguido con el desarrollo de las pruebas, acusando que dichas actuaciones u omisiones violarían las normas jurídicas señaladas, que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, solicitando que en uso del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial y del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se sanee el proceso anulando obrados.

2.1.- Recurso de casación en la forma: En virtud del artículo 254 numeral 7) del Código de Procedimiento Civil, el recurrente refiere que mediante la prueba científica del ADN que es prueba idónea y esencial, al haberse obviado y no haberla tomado en cuenta, se abriría la competencia para resolver el recurso planteado, anulando obrados.

2.2.- Recurso de casación en el fondo: En base al artículo 253 numerales 1) y 3), refiere que de acuerdo a las pruebas presentadas y las declaraciones de los testigos de descargo se hubiese negado el hecho de que el demandado le hubiese dado trabajo en la Alcaldía y que le alquilaba un cuarto a la demandante, haciendo mención al punto 2 de los puntos de hecho a probar, de la misma forma, expresa que sobre el punto 2) del mismo considerando, la que no acreditaría que mantenía relaciones amorosas con el demandado es la demandante, porque, las declaraciones de sus testigos manifestarían que nunca hubiesen enamorado, ni mantenido ninguna clase de relaciones y por ello, refiere que como podría haber procreado, señalando que una de las testigos hubiera indicado que la demandante tenía su enamorado oficial y denuncia que al haber incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, también los vocales hubiesen incurrido en la causal del numeral 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, porque no se hubiese realizado un examen pericial al demandado para demostrar que el hijo de la demandante sería del demandado y que las pretensiones de la demandante no serían claras, ya que primeramente quisiera demostrar con los testigos que su poderdante tenía relaciones amorosas y que no hubiese sido demostrado, al ser uno de los requisitos para procrear, por lo que expresa que se deberá fallar casando el auto de vista recurrido. Finaliza su recurso con su petitorio, solicitando que deliberando en el fondo se anule obrados hasta el vicio más antiguo, conforme el recurso de casación en la forma y/o en su caso se case el auto de vista recurrido declarando improbada la demanda.

CONSIDERANDO II:

Que así expuesto el recurso, se ingresa a su consideración:

Respecto a la denuncia del recurrente sobre violaciones de normas que hacen al orden público y que son de cumplimiento obligatorio, realizado antes de ingresar a los propios recursos planteados y considerando que dichas denuncias se encuentran relacionadas a los errores in procedendo, y merecen darle una respuesta, cabe hacer énfasis que, para la declaración de nulidad es necesario que el acto procesal se haya realizado en violación de las prescripciones legales, sancionadas bajo pena de nulidad, es así, que para el tratadista Uruguayo Couture: “No hay nulidad, sin ley específica que la establezca”, razón por la cual se dice que no es suficiente que la ley prescriba una determinada finalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, sino que la sanción de nulidad debe ser expresa y específica, en el marco de lo establecido en el principio de especificidad o legalidad, que rige en materia de nulidades, que a su vez integra otros principios para su declaración. En este entendido, no basta la declaración de la nulidad por la ley, sino también que en el marco del principio de trascendencia, es necesario demostrar que el acto no haya cumplido el fin al cual estaba dirigido, caso contrario no procede la nulidad procesal, no obstante la irregularidad de que pudiera adolecer, si ha logrado cumplir la función, a que estaba destinado. Obligándose el recurrente a acreditar la existencia de un perjuicio cierto e irreparable, y si a causa de ello se ha ocasionado un estado de indefensión práctica, es decir que el perjuicio debe ser cierto, concreto y real. Asimismo, se debe probar cuál es el interés jurídico que se pretende satisfacer con la invalidez que propugnan, es decir, el porqué se lo quiere subsanar.

Por otro lado, el Principio de convalidación, entendido desde el campo doctrinal, se dice que por regla general y como consecuencia del carácter relativo que revisten las nulidades procesales, la irregularidad de un acto procesal es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento de la parte a quien ella perjudica. Los actos viciados, o supuestamente viciados, se convalidan sino se los ataca en término hábil, precluyéndose con ello el derecho a solicitar la invalidez del procedimiento, es decir, que la parte perjudicada en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos dentro de la oportunidad que tiene para hacerlo.

En este entendido, de los antecedentes del proceso, se tiene que evidentemente a fojas 27 de obrados se notifica a la demandante en fecha 11 de marzo de 2008 con el auto de relación procesal y de apertura de prueba de fecha 10 de marzo, resolución que fue registrado en el libro de tomas de razón en fecha 12 de marzo del mismo año, sin embargo, sobre este caso, cabe aclarar que los libros de toma de razón se constituyen en registros con fines enteramente de control administrativo sobre las resoluciones emitidas por las autoridades de instancia, lo que no implica, en el caso de autos, la nulidad de la notificación con el auto de relación procesal y de apertura de prueba de fecha 10 de marzo, por haberse notificado un día antes de ser registrado, y este hecho al no estar sancionado con nulidad por la ley formal, no cumple lo establecido en el principio de especificidad, por lo que, tal como señala Couture “no hay nulidad, sin ley específica que la establezca”. Asimismo, la notificación con el referido auto de relación procesal y apertura de prueba notificada al demandado, que tal como refiere el recurrente, fue observada ante la Juez de Primera Instancia a fojas 35 y vuelta y a fojas 39 de obrados, particularmente sobre el testigo de actuación, este hecho, sin embargo, no fue planteado como incidente de nulidad tal cual le faculta el artículo 149 del Código de Procedimiento Civil, además, considerando que dicha observación a pesar de no ser planteada como incidente tuvo su respuesta mediante providencia de fojas 40 y vuelta, emitida por la Juez A quo, empero, tampoco el recurrente utilizó los medios legales necesarios para impugnarla, por lo que, se entiende que convalidó la notificación cursante a fojas 27 vuelta, es más, el demandado a fojas 30 y vuelta, como a fojas 35 y vuelta, presentó su prueba de descargo, que fue  admitida por la juez de primera instancia, a cuya razón la notificación aludida no puso de ninguna manera en indefensión al recurrente, es decir, que no existió perjuicio cierto e irreparable en consecuencia, incluso a pesar de habérsele notificado después de tres días como menciona, en consecuencia, no se han cumplido con los principios procesales que hagan posible la nulidad de  oficio solicitado.

1.- En cuanto al recurso de casación en la forma: El recurrente no refiere en su recurso específicamente el error in procedendo, empero, hace alusión a que se hubiese obviado y no se hubiera tomado en cuenta la prueba del ADN, sin embargo, de los antecedentes del proceso, la demandante a fojas 30 y vuelta ofreció su prueba de cargo, entre las cuales ofreció la prueba técnica científica de ADN, proponiendo incluso el Laboratorio en el que pueda ser realizado, y que fue admitido por la Juez A quo, mediante proveído de fecha 17 de marzo de 2008, a fojas 31, instruyendo que se haga conocer a las partes y se oficie la Laboratorio propuesto para la aceptación o no del cargo y el costo del mismo, y que fue de conocimiento del demandado con la notificación de fojas 32, por lo que, no es evidente que se hubiera obviado y no se hubiese tomado en cuenta el examen de ADN, correspondiendo aplicar lo establecido por el artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

2.- En cuanto al recurso de casación en el fondo: Que, la apreciación de la prueba, se constituye en todo un proceso de razonamiento lógico que realizan los jueces de instancia, en el marco de los principios de la sana crítica y el prudente criterio, valorando las pruebas en su conjunto, y estimando aquellas que son decisivas para resolver la Litis que se les presenta, en este mismo sentido para el tratadista Carnelutti la valoración de la prueba es legal o es libre, según que la regulación de su eficacia esté librada a las reglas legales o al discernimiento del juez,…”

En este entendido, de manera excepcional se ingresa a considerar la denuncia de violación de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, y de los antecedentes en el caso de autos, se tiene que el certificado de trabajo presentado por el demandado como prueba, no fue admitido por la Juez A quo, tal cual se evidencia en el proveído de fecha 25 de marzo de la gestión 2008, a fojas 36 vuelta, en respuesta al punto dos del ofrecimiento de prueba por el demandado y que fue ratificado por dicha autoridad mediante proveído de fecha 16 de abril de 2008, a fojas 56, considerando asimismo, que el hecho de que la demandante haya trabajado en la Alcaldía Municipal de Trinidad, no fue parte de las pretensiones demandadas por la misma en su demanda de fojas 15 a 16, ni de los puntos de hecho a probar establecidos en el auto de fecha 10 de marzo de 2008, a cuyo mérito, los jueces de instancia, se encuentran sujetos a realizar la valoración de la prueba en base a las pretensiones establecidas en la demanda, la contestación y reconvención, estimando aquellas que son decisivas para resolver la Litis. Por otra parte, respecto a las testificales de descargo de fojas 58 a 59 vuelta, ninguno de los testigos declara si el demandado alquiló o no un cuarto para la demandante, porque no fueron parte de los puntos de interrogatorio del demandado, tampoco en el contrainterrogatorio de la demandante, ni de la funcionaria del SE.DE.GE.S, entonces, la Juez de Primera Instancia no puede valorar declaraciones que no se vertieron por los testigos de descargo, asimismo, cabe aclarar que la demandante tampoco estableció en su demanda que el demandado le hubiese alquilado un cuarto, tal cual refiere el recurrente.

Respecto, a que los testigos de descargo hubiesen manifestado que el demandado nunca hubiera enamorado, ni mantenido ninguna clase de relaciones amorosas con la demandante, y que una de las testigos hubiese indicado que la demandante tenía su enamorado oficial, se tiene, que dos de los tres testigos, en el punto 4 de su declaración expresan que nunca tuvieron conocimiento que la Sra. Elida Banegas y Tadeo Ribera Brucker tuviesen relaciones amorosas y uno de los testigos declara que no supo si hubiese dicha relación amorosa, por lo que, los testigos de descargo, no afirman que el demandado nunca hubiera enamorado, ni mantenido ninguna clase de relaciones amorosas con la demandante, como refiere el recurrente, y de igual forma solamente una de las testigos manifiesta que

“Yo conocí a un enamorado en ese tiempo, pero no recuerdo su nombre” (textual), declaración que es imprecisa sobre el tiempo o época en que conoció al mencionado enamorado y sobre la identificación del mismo, porque no sabe ni quien es, declaraciones que no desvirtúan en lo mínimo las relaciones amorosas que refiere haber tenido la demandante con el demandado.

Que, con relación a la apreciación de la prueba, la eficacia probatoria establecida en el artículo 1330, previene que “cuando la prueba testifical es admisible, el juez la apreciará considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar”, lo que implica, que…” este medio de prueba en lo que hace a su apreciación y valoración, no le es aplicable el régimen legal de la prueba tasada, quedando la apreciación de su eficacia dentro de los marcos y reglas de la sana crítica, entendiéndose por ésta como una categoría intermedia que no tiene la rigidez de la prueba legal, ni la excesiva liberalidad de la conciencia…” (A.S. N° 75, de fecha 15 de abril de 2005), entendiéndose, que el Juez valorará la prueba, testifical estimando si es decisiva para la resolución de la litis, en el marco de todo aquel proceso lógico requerido en el marco del principio de la sana crítica y que tiene concordancia con lo previsto en el artículo 476 del Código Civil.

Que, respecto a que no se hubiera tomado el examen pericial al demandado para demostrar si el hijo de la demandante es del demandado, de los antecedentes cursantes en el proceso, se tiene que la Juez de Primera Instancia suspendió durante dos oportunidades la audiencia de toma de muestra de sangre, para realizar el examen de ADN, por inasistencia del demandado, actas que cursan a fojas 66 y vuelta y a fojas 78 y vuelta, por lo que, en el marco de los establecido por el artículo 1320 del Código Civil, de acuerdo a la facultad otorgada a la Juez de Primera Instancia, ratificada por el Tribunal de Alzada, la misma aplicó asertivamente la presunción judicial, cuando más bien el demandado al reconvenir por la exclusión de paternidad, tenía toda la obligación de comprobar su pretensión por todos los medios de prueba, y siendo el examen de ADN, un examen científico, que establece científicamente la paternidad o su exclusión, el demandado no mostró interés en su realización, cuando para la segunda audiencia de toma de sangre, ni siquiera justificó su inasistencia a la misma.

En cuanto a que las pretensiones de la demandante no fueran claras, dicha aseveración del demandado, no puede ser planteada en el recurso de casación en el fondo, considerando que corresponde a los errores en las formas procesales y no así a lo que hace el fondo de la Litis, y mas aún , tomando en cuenta que para ello existen las excepciones establecidas en nuestro Procedimiento Civil, y que deben ser presentados en los plazos establecidos, por cuanto, corresponde también aplicar en el presente recurso lo establecido por el artículo 271 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo, de fojas 108 a 110 vuelta, interpuesto por Eduardo Yabeta Mercado, en representación de Tadeo Armando Ribera Bruckner de fojas121 a 122, interpuesto por Gloria Muñoz Pabon. Sin costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Libro de Tomas de Razón 318/2013