SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 316

Sucre: 17 de julio de 2013  

Expediente: T-27-08-S

Proceso: Infraccional

Partes: Mº Pº y Pastor Calle Quispe c/ Marcelo Yamil García Delfín

Distrito: Tarija

Magistrado Relator:  Dr. Javier Medardo Serrano Llanos


VISTOS: el recurso de casación interpuesto por Marcelo Yamil García Delfín, Asesor Legal del Servicio Departamental de Gestión Social en representación sin mandato de Raúl Carlos Puqui Mollo de fojas 196 a 199 vuelta, impugnando el Auto de Vista Nº 85/2008 de 28 de julio, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de Tarija, dentro del proceso Infraccional, seguido por el Ministerio Público y Pastor Calle Quispe, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO: que, tramitada la causa mediante proceso infraccional ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Departamento de Tarija, emitió la Sentencia de fecha 15 de mayo de 2008 cursante de fojas 167 a 170, que falló declarando:

Primero: Al existir los suficientes y vehementes indicios de culpabilidad en el hecho juzgado, declarar sentencia CONDENATORIA contra Raúl Carlos Puqui Mollo, por ser autor de la infracción tipificada en el artículo 308 bis con relación al artículo 8 del Código Penal.

Segundo: Conforme lo prevé el artículo 251 del Código con relación al 249 del Código Niño, Niña y Adolescente se determina aplicar la medida socioeducativa de PRIVACION DE LIBERTAD por el mínimo de 1 año el Centro de Privación de Libertad Oasis, con asistencia a la Escuela por la mañana conforme lo prevé el artículo 252 del Código Niño, Niña y Adolescente y por no tener otros antecedentes de conducta disocial.

Tercero: El SEDEGES elaborará un proyecto individualizado de reeducación y resocialización, incidiendo en su formación sexual. Asimismo el psicólogo del juzgado le brindará orientación sexual una vez a la semana por 30 días, debiendo elevar informe posteriormente.

Cuarto: Conforme lo prevé el artículo 284 del Código Niño, Niña y Adolescente las partes tienen tres días, para hacer uso del recurso de apelación, si consideran que la presente resolución les causa agravio.   

Quinto: En atención a que la victima de la infracción es otro niño la Defensoria de la Niñez y la Adolescencia brindará apoyo y/o atención psicológica para superar los traumas sufridos. 

Recurrida la Sentencia mediante apelación restringida, por Marcelo Yamil García Delfín, Asesor Legal del Servicio Departamental de Gestión Social, en representación sin mandato de Raúl Carlos Puqui Mollo de fojas 171 a 175, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista Nº 85/2008 de 28 de julio de 2008, cursante de fojas 191 a 194, confirma la sentencia impugnada.

Resolución que dio lugar al recurso de casación de fojas 196 a 197 vuelta, interpuesta por parte de Marcelo Yamil García Delfín, Asesor Legal del Servicio Departamental de Gestión Social, en representación sin mandato de Raúl Carlos Puqui Mollo presunto infractor que se analiza.

Que en su recurso de casación aduce, la falta de competencia de la Sala Civil para conocer esta causa, que la causa habría sido resuelta por una Sala que no tenia competencia, que conforme el Auto Supremo Nº 292 de 14 de junio de 2007 establecería que “…el juez de la niñez y la adolescencia aplicará, además de los principios enunciados en el artículo 215 de de la Ley Nº 2026, los procedimientos vigentes en materia penal, civil, laboral y convenciones internacionales (…), infiriéndose que los medios de impugnación en procesos por infracciones, deben reunir las características establecidas en el Código de Procedimiento Penal en actual vigencia por constituir la norma pertinente en razón de la materia, por lo que si el código habla de delitos, por lógica deben aplicarse las normas del Código de Procedimiento Penal por lo que el Tribunal de alzada tenia la obligación de dar curso a lo previsto en el artículo 399 del Adjetivo Penal, a efectos de que el tramite se imprima en las Salas en lo Penal de las Cortes Superiores de Distrito y de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto son los Tribunales llamados por Ley, en razón de la materia”. Por lo que si bien los artículos 58-1 y 106-1 de la Ley de Organización Judicial establecen que compete a las Salas Civiles de la Corte Suprema y Superior, el conocimiento de las causas de los juzgados del menor, estas ya habrían sido derogadas, por lo prescrito en la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 1970.                      

Por otra parte acusa la falta de fundamentación en la resolución, puesto que el considerando II de la resolución judicial, se limitaría a realizar un relación de los hechos y consideraciones sobre los entendimientos jurisprudenciales aplicables al caso, y no existiría un pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación, omitiendo observar lo dispuesto por el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal (Ley Nº 1970), vulnerando el debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica, por cuanto en virtud a las normas procesales aludidas, debieron pronunciarse fundadamente sobre los agravios señalados en el recurso de apelación.

Acusa, la falta de fundamentación fáctico jurídica, pues existiendo requerimiento conclusivo acusatorio, la victima recién habría presentado su acusación particular y ofrecido prueba en una audiencia señalada para fundamentación al amparo del artículo 314 de la Ley Nº 2026, artículo que no facultaría a la parte civil a acusar y ofrecer nueva prueba.

Señala, que conforme o previsto por el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, una vez presentado el requerimiento acusatorio del Ministerio Público, la victima puede formalizar su voluntad acusatoria o adherirse a la el Ministerio Público, aspecto que a la fecha no se dio conforme constaría en obrados, por lo que correspondía al A quo declarar el abandono de querella conforme el artículo 292-3 del Código de Procedimiento Civil. Además en la misma audiencia el Ministerio Público habría ofrecido más prueba testifical de manera verbal y que fueron valoradas a momento de dictar sentencia, por lo que no debió admitirse esta nueva proposición de prueba.

Por otra parte, acusa la contravención del artículo 340 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, pues no se habría considerado en la sentencia, la prueba testifical de la defensa, mencionando solo la prueba de cargo, esta situación manifestaría vicios in judicando e in procedendo de parte de la A quo, errores que habrían sido convalidados en alzada, que conforme el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal se habría vulnerado el derecho a la defensa y el debido proceso penal, al pretender que el acusado pudiera hacer su ofrecimiento probatorio de manera verbal a continuación del ofrecimiento acusatorio.

Finalmente, al haberse violado normas procesales solicita se dicte resolución determinando la doctrina legal aplicable, dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido para que se pronuncie nueva resolución o en su caso el Reenvío o la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, todo en cumplimiento del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal.       

CONSIDERANDO: que este Tribunal en varios fallos emitidos ha destacado que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

Esencial característica de este recurso es que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Con relación a lo anterior, la uniforme jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, con la que comparte criterio este Tribunal Supremo, señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteada en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto es por errores en la resolución de fondo o errores “in judicando”, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, esta orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en este caso el que el recurre pretende es que el Auto Supremo case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma esta orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva de que recurre esta orientada a la nulidad de la resolución impugnada o a la nulidad de obrados.

En el recurso que se analiza, la parte recurrente, interpuso recurso de casación (fondo), sin embargo en su recurso de manera errónea solo acusa errores “in procedendo” que corresponden al recurso de casación en la forma; en efecto, si bien dice recurrir en el fondo, de manera contradictoria acusa la infracción de los artículos 399, 398 y 340 numeral 3) del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, pese a recurrir en el fondo, el recurrente no señala norma legal alguna que hubiera sido infringida o interpretada indebidamente por el Tribunal Ad quem, limitándose simplemente a señalar que existió violación de normas procesales. Además, el recurrente no discernió los motivos que en su criterio constituyen errores in procedendo de aquellos que constituirían errores in judicando, habiendo orientado su recurso sólo a la impugnación de fondo y no de forma.

Con relación a que no se habría valorado en la sentencia la prueba testifical de la defensa, el recurrente no especifica si esta falta de valoración se ha debido a errores de hecho o derecho en la apreciación de la prueba, y siendo así el recurrente estaba obligado a especificar en el primer caso, los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, a demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos, aspecto que no ha ocurrido en el presente caso. Asimismo, olvida que de acuerdo a lo establecido en nuestra economía procesal y tomando en cuenta la práctica y la lógica jurídica, el recurso de casación debe ser interpuesto contra la resolución de segunda instancia, y no así contra la sentencia de primer grado porque dicha resolución es impugnable a través del recurso de apelación.

Por otra parte, el recurrente no obstante sus ampulosas argumentaciones, no adecua debidamente su reclamo a las causales de procedencia del recurso de casación en el fondo, confundiendo el recurrente al formular su planteamiento, limitando su petitorio a la nulidad del Auto de Vista recurrido olvidando completar, en su caso, la formulación del recurso de casación en el fondo que dice plantear, evidenciándose carencia de la técnica recursiva que exige esta acción extraordinaria, tal es la deficiencia que pide se “deje sin efecto” el Auto de Vista, forma de resolución no prevista en ninguno de los 4 numerales del artículo 271 del Código Adjetivo de la materia, habiéndose apartado de lo establecido en el artículo 258, numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, imposibilitando de esa forma que éste Tribunal Supremo aperture su competencia para analizar el recurso, lo que determina como consecuencia lógica, su improcedencia.

Por lo que corresponde fallar a este Tribunal en sujeción a lo determinado por los artículos 271 numeral 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fecha 15 de junio de 2009 cursante de fojas 206 a 207 declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 196 a 199 vuelta de obrados, interpuesto por Marcelo Yamil García Delfín, Asesor Legal del Servicio Departamental de Gestión Social en representación sin mandato de Raúl Carlos Puqui Mollo. Sin costas por no existir contestación al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Libro de Tomas de Razón 316/2013