SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 315

Sucre: 17 de julio de 2013  

Expediente: SC-56-08-S

Proceso: mejor derecho de propiedad y otros

Partes: Pablo Daniel Ayala Soria c/ Santiago Puca Tarifa y otros

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos


VISTOS: el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Carmen Rosa Quíntela Arias por si y en representación de Filiberto Senzano Lara de fojas 222 a 224, contra el Auto de Vista Nº 490 de 15 de agosto de 2005, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso sobre mejor derecho de propiedad y otros seguido por Pablo Daniel Ayala Soria contra Santiago Puca Tarifa, Rita Morales Balcazar, Filiberto Senzano Lara y Carlos Justiniano Cuellar, la respuesta de fojas 237, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez Sexto de Partido en materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz pronunció la Sentencia Nº 128 de 30 de junio de 2003 (fojas 146 a 147 vuelta), declarando probada la demanda, en cuyo merito ordena la desocupación y entrega del inmueble al demandante, improbada la excepción interpuesta por los demandados, e improbada la reconvención planteada por el demandado Filiberto Senzano Lara; con costas.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz mediante Auto de Vista Nº 490 de 15 de agosto de 2005 (fojas 216 a 217 vuelta), confirma la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Carmen Rosa Quíntela Arias por si y en representación del demandado Filiberto Senzano Lara, en los términos expresados en su memorial de 4 de octubre de 2005 (fojas 222 a 224).

      CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la Sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ese mismo sentido el artículo 1451 del Código Civil, prevé que lo dispuesto por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entre las partes, sus herederos y causahabientes.

Que, por otro lado, el artículo 5 del Código de Familia establece que las normas del derecho de familia son de orden público y no pueden renunciarse por voluntad de los particulares, bajo pena de nulidad. Por su parte, el artículo 102 del mismo texto de familia dispone que la comunidad de gananciales se regula por la ley, no pudiendo renunciarse ni modificarse por convenios particulares, bajo pena de nulidad.

Que, el litisconsorcio sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos con la acción que se intenta, se trata de litisconsorcio pasivo y si estamos frente a una pluralidad de demandantes y demandados hablamos de un litisconsorcio mixto.

Que, en ese marco, de la revisión del proceso se evidencia que a fojas 7 y vuelta, Pablo Daniel Ayala Soria interpuso demanda sobre mejor derecho de propiedad sobre los lotes de terreno 3 y 4 manzana 26 UV 71 de la ciudad de Santa Cruz, desocupación y entrega de inmueble, cancelación de partida de registro en Derechos Reales, y pago de daños y perjuicios, dirigiendo su acción en contra de Santiago Puca Tarifa, Rita Morales Balcazar, Filiberto Senzano Lara y Carlos Justiniano Cuellar, demanda que fue admitida por el Juez de la causa el 8 de septiembre de 2001, conforme consta a fojas 8 vuelta. Posteriormente, acompañando al memorial de 17 de noviembre de 2001, de fojas 32 a 33 y 46 a 47, cursan fotocopias de minutas aclarativas de transferencia de los lotes de terreno 10 (44) y 11 (45-A) manzana 26 UV 71 de la misma ciudad, de 26 de junio de 2000, suscritas entre la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y los adjudicatarios y demandados Santiago Puca Tarifa y Rita Morales Balcazar, respectivamente. Asimismo, acompañando al memorial de Carmen Rosa Quintela Arias esposa del demandado Filiberto Senzano Lara (fojas 200)-, de fojas 25 a 27 cursa Ordenanza Municipal Nº 34/98 por la que el Gobierno Municipal de Santa Cruz expropia entre otros, los lotes de terreno 6 al 16 manzana 26 UV 71.

Que, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil establece que las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio; y, las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas.

Que, de lo expuesto, se tiene que la demanda de fojas 7 y vuelta, fue interpuesta exclusivamente contra Santiago Puca Tarifa, Rita Morales Balcazar, Filiberto Senzano Lara y Carlos Justiniano Cuellar, sin considerar que la sentencia que recaiga sobre la demanda, también afectará indudablemente los derechos de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, Carmen Rosa Quintela Arias y el Gobierno Municipal de Santa Cruz, de ahí que correspondía al Juez a quo integrarles a la litis, a los efectos del artículo 194 del Código Adjetivo Civil, al no haberlo hecho incumplió el deber que le impone el artículo 3 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, por permitir que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad. Por su parte, le correspondía al Tribunal ad quem advertir este vicio y anular obrados disponiendo la integración a la litis de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, Carmen Rosa Quintela Arias y el Gobierno Municipal de Santa Cruz, omisión que se encuentra sancionada con nulidad prevista por el artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil.

Que, los Jueces y Tribunales de alzada deben tener presente que la integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados importa que deban ser sometidos al proceso, además que debe ser tarea no sólo de las partes, sino del Juez a quo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad. Sólo así, las decisiones que adopte, serán útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada alcanzarán a todos y a quienes deriven sus derechos de aquélla, tal como lo impone el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta la admisión de 8 de septiembre de 2001, de fojas 8 vuelta, inclusive, a efectos de que se integre a la litis a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, hoy denominado Gobernación del Departamento de Santa Cruz, a Carmen Rosa Quintela Arias y al Gobierno Municipal de Santa Cruz.

Con responsabilidad por no ser excusable la omisión del Juez a quo y Tribunal de alzada, que se gradúa en Bs. 200 per cápita, descontable de sus haberes.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani en cuanto a la argumentación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Libro de Tomas de Razón 315/2013