SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 313

Sucre: 15 de julio de 2013  

Expediente: C 40 08 S

Proceso: reivindicación

Partes: María Alcira Ovando Claros  c/ Alfredo Guillermo Villarroel  V. y otros

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 376 a 378 vuelta, interpuesto por Sandra Mónica Villarroel Velásquez en representación de Alfredo Guillermo Villarroel Velásquez contra el auto de vista de 4 de marzo de 2008, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre reivindicación seguido por María Alcira Ovando Claros contra el recurrente y otros, la respuesta de fojas 381 y vuelta, el auto concesorio de fojas 384 vuelta, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.-

Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, emitió la sentencia de 16 de septiembre de 2005, cursante de fojas 346 a 348 vuelta, declarando probada la demanda de reivindicación y restitución del bien inmueble ubicado en el pasaje Andrés Manso Nº 1266; improbada la acción reconvencional e improbadas las excepciones opuestas por los demandados Alfredo Villarroel Velásquez y Jorge Mejitarian contra la acción principal; probadas las excepciones perentorias opuestas por la actora a la acción reconvencional, sin costas. Disponiendo en consecuencia, que los demandados entreguen y restituyan el inmueble en su totalidad a favor de la actora en el plazo de 10 días bajo conminatoria de desapoderamiento.

En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 33 de 4 de marzo de 2008, cursante de fojas 371 a 372, confirma la sentencia de 16 de septiembre de 2005, con costas.

Contra la resolución de segunda instancia, Sandra Mónica Villarroel Velásquez en representación de Alfredo Guillermo Villarroel Velásquez, interpone recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.-

Denuncia que, el auto de vista infringe de manera flagrante la disposición de los artículos 1512, 1516 del Código Civil Abrogado, con relación al artículo 1568 del Código Civil Vigente, al dar a entender que su persona estaría en posesión del inmueble de mala fe sin que este hecho haya sido demostrado; señala que, el Tribunal de apelación no hace una adecuada valoración de las pruebas acompañadas por su persona al proceso, que demuestran que tanto sus padres como su familia, han estado en posesión del inmueble de forma continuada, pacifica, pública e ininterrumpida con ánimo de propietario por el tiempo que el artículo 1538 del Código Civil abrogado y el articulo 1568 del Código Civil vigente establecen; manifiesta que, tanto el juzgador de primera instancia como el de apelación, no supieron dar una justa valoración y apreciación de las pruebas conforme prevén los artículos 397 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1286 del Código Civil, porque si bien es cierto que pueden realizar una interpretación de las pruebas, según la sana critica, empero estos deben dar la relevancia y alcance de las mismas de acuerdo a los antecedentes del proceso, el contexto que motiva la presentación de las mismas y el valor real que importa; indica que, las pruebas cursantes de fojas 145 a 264, 268, 287 a 291, 303 a 303 vuelta, 309 y 320 a 324 no han sido tomadas en cuenta por el tribunal de alzada, violando lo dispuesto por el artículo 1286 del Código Civil, las que demuestran que su persona como su familia siempre estuvieron en posesión del inmueble por el tiempo que la ley así lo determina; arguye que, el auto de vista resulta impertinente al considerar que, esta forma de poseer el inmueble por simple tolerancia de la abuela no puede servir para fundar derecho posesorio por más de treinta años con ánimo de dueño y que el pago de facturas de consumo de servicios básicos y construcción de algunos ambientes, lo hizo como simple ocupante del inmueble; señala que, no se valorado sus pruebas testificales y periciales que evidencian que las construcciones son de data antigua y que la demandante nunca estuvo en posesión del inmueble; manifiesta que, su padre realizo actos de dominio sobre la cosa, actuando como propietario; señala que, el auto de vista al no pronunciarse adecuadamente respecto a la apreciación de las pruebas aportadas ha infringido la disposición del parágrafo 2 del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en errores de hecho y de derecho.

Finaliza el recurso, solicitando el Tribunal Supremo case el auto de vista recurrido y sea con costas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Que, así interpuesto el recurso de casación en el fondo y pese a su deficiencia argumentativa, se ingresa a su consideración y análisis, tomando en cuenta que la impugnación del recurrente se centra en la valoración de la prueba realizada tanto por el Juez a quo como por el tribunal de apelación que, en criterio suyo, resulta incorrecta, toda vez que la prueba a que hace referencia evidenciaría la posesión que tiene del inmueble que pretende usucapir por el término aproximado de 30 años.

Establecido lo anterior resulta pertinente referir que en términos generales la usucapión constituye una forma de adquirir la propiedad mediante la posesión pacífica y continuada por el tiempo que la ley señala, es decir que quien ha poseído durante cierto tiempo un bien mueble o inmueble adquiere un derecho propietario sobre el mismo.

El Código Civil Boliviano abrogado, regulada dos tipos de usucapión sobre bienes inmuebles: la que se adquiere por buena fe y por justo título, prescribiendo la propiedad por el transcurso de diez años, si el verdadero propietario habita en el distrito de la provincia; y por veinte, si esta fuera del dicho distrito (artículo 1556 Código Civil Abrogado). También las acciones reales, que por otras disposiciones no están limitadas a menor tiempo, prescriben por treinta años (artículo 1565 Código Civil Abrogado), lo que significa que en este último caso no será necesaria la existencia del título idóneo que se exige para la posesión decenal.

Como es lógico, en ambos casos la condición imprescindible para la prescripción adquisitiva es la posesión continuada, pública y pacífica, y no interrumpida ni suspensa (artículo 1538 del Código Civil Abrogado), dado que la posesión que no reúna esas condiciones no existe posibilidad de que opere la usucapión. 

En ese marco diremos que: “la posesión significa acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para otro, por tal razón, poseer es tener una cosa en su poder, para usarla, gozarla y aprovecharla”. (Gonzalo Castellanos Trigo en su obra Posesión, Usucapión y Reivindicación). Al respecto, el artículo 1530 del Código Civil abrogado en cuanto a la posesión establecía: “La posesión es la detención o goce de una cosa, o de un derecho que tenemos, o que ejercemos por nosotros mismos, o por otro en nuestro nombre”. Por su parte los artículos 1532, 1533 y 1534 señalaban lo siguiente:” La posesión se presume siempre que se posea por sí y a título de propietario, sino se prueba que se ha comenzado a poseer por otro. Cuando se ha comenzado a poseer a nombre de otro, se presume siempre que se posee con el mismo título, sino hay prueba en contrario. Los actos de pura facultad, y los de simple tolerancia no pueden fundar posesión”.

Siguiendo estas nociones, este Tribunal Supremo en reiteradas oportunidades ha sostenido que la posesión tiene dos elementos que dan vida a esa institución: El corpus,  que es el elemento material de la posesión; es decir el tener la cosa, en otras palabras el ejercer sobre la cosa el poder de hecho; y el animus que es el ánimo de dueño, es decir la intención de tener sobre la cosa el derecho de propiedad u otro derecho real. Para usucapir un bien ambos elementos deben coexistir al mismo tiempo, no basta tener el mero poder de hecho sobre la cosa si éste no está acompañado del animus es decir de la intención de actuar como titular del bien.

Precisado lo anterior conviene resaltar que la posesión reviste un carácter de exclusividad, lo que significa que no es posible que dos personas puedan ejercer la posesión de una cosa simultáneamente, o dicho de otra manera la posesión no puede reconocerse al mismo tiempo a dos personas distintas; de ello surgen dos consecuencias: 1) si una posesión anterior continúa, la nueva no puede nacer; 2) si una nueva posesión comienza, la anterior necesariamente debe haber cesado (Guillermo Borda en su obra Manual de Derechos Reales).

Dentro del marco referido, y aplicándolo al caso concreto, corresponde remontarnos a los antecedentes del proceso, concretamente a los memoriales de fojas 25 a 26 vuelta, 58 y vuelta y 66 a 67, a través de los cuales, Alfredo Guillermo Villarroel Velásquez  demanda a María Alcira Ovando Claros prescripción adquisitiva sobre el inmueble ubicado en la Zona de Villa Galindo, pasaje Andrés Manso Nº 1260, con una extensión de 190.76 Mts2, argumentando que conjuntamente su madre y hermanos ha estado en posesión quieta y pacifica desde su nacimiento es decir hace más de 30 años, y que la demandante María Alcira Ovando Claros, quien es madre de su fallecido padre José Antonio Sixto Villarroel Ovando nunca estuvo en posesión del inmueble por haber transferido el mismo a su padre el cual por descuido no suscribió la venta y su inesperado fallecimiento impidió se formalice dicha transferencia, de ahí que, han procedido a construir tres cuartos, cocina, living, baño, instalación de bomba de agua y energía, ejecutando por tanto actos como verdaderos propietarios. Siendo esos los hechos en que se basó la demanda reconvencional de prescripción adquisitiva y la demanda de prescripción adquisitiva acumulada al presente proceso, corresponde destacar que según refiere el actor se encontraría en posesión del inmueble desde hace más de 30 años, aspecto que no resulta posible en virtud al principio de exclusividad de la posesión que analizamos anteriormente. En efecto, a fojas 3, 56 y 71, cursa certificaciones emitidas por la oficina de Derechos Reales que evidencian que la actora es propietaria del inmueble objeto de la litis, así también lo reconoce el demandado reconventor en sus escritos de fojas 25 a 26 y de 66 a 67, lo que constituye confesión judicial espontanea al tenor del artículo 404 II del Código de Procedimiento Civil. De lo señalado, y no existiendo prueba que acredite que el actor junto con su familia hubiere cambiado el título de detentador por el de poseedor a título de dueño, se concluye que hasta la fecha de presentación de las demandas de prescripción adquisitiva, Alfredo Guillermo Villarroel Velásquez y sus hermanos no poseen para sí el indicado inmueble sino que lo hacía en nombre de su abuela hoy actora María Alcira Ovando Claros, teniendo consecuentemente solo la condición de detentadores y no así de poseedores a título de dueño como erradamente entiende el recurrente, conclusión que está respaldada además por las documentales cursantes a fojas 281 (certificado domiciliario), documental de fojas 286 a 295 (antecedentes sobre un sumario penal por despojo del inmueble objeto de la litis instaurado por la actora en contra de la madre de los demandados el año 1987), lo que hace presumir además que la propietaria no reconocía al ahora demandado ni a su familia la calidad de poseedores a título de dueños sobre el inmueble objeto de la litis.

Estando establecido que la actora como propietaria se encontraba a través de los demandados en posesión del inmueble, corresponde analizar si ésta conservo la posesión o por el contrario la perdió. Al respecto diremos que la posesión como se señaló anteriormente requiere la concurrencia del corpus y del ánimus domini, empero dicha concurrencia (como anotan los autores Ricardo Papaño, Claudio Koper y otros en la obra conjunta de Derechos Reales), “no es indispensable cuando se trata de conservar la posesión ya adquirida, dado que, en principio, se la puede conservar solo ánimo”, como sucede en el caso de autos en el que si bien la demandante no tiene el elemento material de la posesión, es decir la tenencia física de la cosa, empero no desapareció su voluntad o ánimo de mantener sobre ella su derecho de propiedad, aspecto que se evidencia de la literales de fojas 271 a 280 que demuestran el pago periódico y oportuno del impuesto anual municipal sobre el inmueble desde el año 1999 hasta el año 2003.

Retomando el análisis de la situación pero esta vez del lado del demandado reconventor respecto al inmueble en litigio, diremos que él y su familia hasta el año 2001 en que presento la demanda reconvencional de prescripción adquisitiva y la demanda de prescripción adquisitiva acumulada al proceso, tenían la condición de simples detentadores del inmueble, toda vez que la poseedora resultaba ser su abuela hoy actora María Alcira Ovando Claros y no él o su familia; al respecto es oportuno aclarar que con la tenencia se ejerce un derecho o poder de hecho sobre una cosa, ya sea con permiso o por cuenta del legítimo propietario, por lo tanto, con ese derecho no se puede adquirir un derecho real por usucapión mientras no cambie el título; en otras palabras quien comenzó siendo detentador de la cosa no puede adquirir la posesión mientras no cambie o modifique su título. Establecido aquello cabe precisar que conforme dispone el artículo 1533 del Código Civil Abrogado: “Cuando se ha comenzado a poseer a nombre de otro, se presume siempre que se posee con el mismo título, sino hay prueba en contrario”, disposición que tiene relación con el artículo 89 del Código Civil Vigente que dice “quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a título universal”. 

La citadas disposiciones expresan parte el principio general de que nadie puede cambiar por sí mismo la causa de la posesión (nemo ipse sibi causam possessionis mutare potest). Sin embargo las normas citadas no tienen un carácter absoluto, por el contrario la primera establece que la presunción de posesión por otro se entiende siempre que no haya prueba en contrario y la segunda prevé los supuestos en que opera el cambio de detentador a poseedor, identificando estos: 1) por causa proveniente de un tercero; 2) por propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa. Al respecto Ripert señala que: “…Esta transformación no resulta un simple cambio de voluntad de parte del detentador, por lo que debe abandonar su título primitivo con hechos; por lo que debe operar un reemplazo de la posesión precaria por una posesión verdadera. Esa intervención tiene lugar de dos maneras: 1º. Por una causa que proviene de un tercero y 2º. Por una contradicción a los derechos del propietario”. O como señala el autor Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales: “Para que exista interversión del título, no bastan las simples manifestaciones de voluntad, (...), sino que la actitud debe consistir en hechos exteriores que impliquen una verdadera contradicción a los derechos del propietario, un verdadero alzamiento contra su derecho, que puede revestir la forma judicial, aunque no es necesario que se plantee un litigio, o actos de fuerza que impidan al propietario el ejercicio de su derecho. Estos actos, por lo tanto, deben revestir un carácter ostensible e inequívoco para tener la consecuencia que la interversión apareja, cual es la de convertir la tenencia en posesión”.

Lo manifestado demuestra que la interversión, que hace referencia a la inversión o cambio de la tenencia en posesión, debe manifestarse por actos contundentes que revistan carácter ostensible e inequívoco, situación que en el caso de autos no se demostró por parte del demandado reconventor y sus hermanos, quienes poseen el inmueble no a nombre propio sino de su abuela hoy actora María Alcira Ovando Claros, la cual permitió dicha posesión por vinculo filial existente con su fallecido hijo y padre del demandado reconventor señor José Antonio Sixto Villarroel Ovando, posteriormente a la muerte de este continuó en esa misma situación de poseedores a nombre de otro, con la anuencia o tolerancia de su abuela, quien en consideración a la relación de parentesco y familiaridad no realizó ningún acto para privarles de dicha ocupación, y por el contrario permitió que el demandado permaneciera con su familia ocupando el inmueble, con el advertido que solo se opuso a través de una demanda sumaria penal cuando noto que el demandado y su familia intentaron desconocer su derecho propietario.

Finalmente, la ley la doctrina y la jurisprudencia, son bastantes exigentes al respecto. No bastan los simples hechos, o manifestaciones verbales, ni son suficientes pagos o contratos de servicios, sino que, es necesario que se haya inscrito como titular en alguna repartición publica, para posibilitar que de algún modo el propietario o real poseedor, pueda haberlo conocido y contestado, y hecho la oposición.

Por los fundamentos expuestos se concluye que el tribunal de apelación al confirmar la sentencia de primera instancia obró correctamente y valoró con sujeción a la ley los antecedentes y la prueba cursante en obrados, no resultando cierta la infracción denunciada en relación a los artículos 1512 y 1516 del Código Civil Abrogado, así como el error de hecho y derecho denunciado por el recurrente en relación a las pruebas de fojas 145 a 264, 268, 287 a 291, 303 y vuelta, 309 y 320 a 324 porque las mismas al tratarse de los antecedentes de un proceso concluido con anulación de obrados sobre reconocimiento de derecho propietario por prescripción adquisitiva, informe pericial sobre la data de las construcciones, antecedentes sobre un sumario por despojo instaurado por la actora María Alcira Ovando Claros contra la madre del demandado reconventor, acta de inspección judicial, certificado de contrato de suministro de energía y las declaraciones testificales de descargo, pruebas que al no demostrar que el demandado reconventor ha cambiado su título de detentador a poseedor con ánimo de propietario, resultan intrascendentes para el proceso, de ahí que no existe error ni de hecho ni de derecho en su valoración por los jueces de instancia.

Finalmente, corresponde señalar que por determinación del artículo 131 de la Ley de Municipalidades Ley Nº 2028 de 28 de octubre de 1999, en toda demanda de usucapión debe citarse al Gobierno Municipal de la Jurisdicción respectiva, para que en función de los intereses municipales pueda constituirse en parte interesada, bajo sanción de nulidad; diligencia que en el caso de autos no fue cumplida, situación que en principio supondría la nulidad de obrados, empero, atendiendo al principio de trascendencia y de protección que rigen las nulidades procesales, esa sanción resultaría innecesaria e injustificada teniendo en cuenta que a fojas 43 y 86, el entonces Gobierno Municipal de la ciudad de Cochabamba a través del Jefe de Departamento de Bienes Municipales y del Departamento de Bienes y Servicios certificaron que el inmueble que se pretende la prescripción adquisitiva no se encuentra en área verde,  ni de equipamiento, ni constituye propiedad municipal, consiguientemente dicha entidad no tendría interés que pudiera verse afectado en el litigio. Sin embargo corresponde llamar la atención de los jueces de instancia a fin de que observen y cumplan las normas de orden público.

Por lo relacionado, corresponde resolver el recurso de casación en el fondo en observancia de los artículos 271 2 y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 376 a 378 vuelta, interpuesto por Sandra Mónica Villarroel Velásquez en representación de Alfredo Guillermo Villarroel Velásquez. Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 1.500, que mandara hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Libro de Tomas de Razón 313/2013