SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 301

Sucre: 26 de junio de 2013  

Expediente: SC-118-09-S

Procesos: Usucapión

Partes: Fernando Domínguez Ayala y otra c/ Macario Laura Apaza y otros

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: Los recursos de casación de fojas 250 a 252 vuelta interpuesto por Macario Laura Apaza y de fojas 255 a 257 planteado por Dory Casia Rosales, por sí y en representación de su esposo Fernando Domínguez Ayala, contra el Auto de Vista Nº 539, de 11 de noviembre de 2008, cursante de fojas 246 a 247 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, la contestación al recurso a fojas 255 a 257 dentro del proceso de Usucapión seguido por Fernando Domínguez Ayala y Dory Casia Rosales contra Macario Laura Apaza y otros, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

1.- Que, seguida la causa el Juez de Partido Noveno en materia Civil y Comercial de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia No 29/2008, de fecha 23 de febrero, de fojas 210 a 212, declara probada la demanda de fojas 18 a 19 e improbada la demanda reconvencional de fojas 75 a 77, declarando a los demandantes propietarios del terreno sito en la U.V.107, manzana N" 27, superficie de 22 m2 según certificaciones de la H. Alcaldía Municipal de fojas 24 y fojas 34 y plano de fojas 7, asimismo, se les declara propietarios de las mejoras introducidas en dicho inmueble, ordenando también, su inscripción en Derechos Reales del Departamento, a objeto de evitar duplicidad de registros respecto del mismo inmueble, debiendo dejarse constancia como subinscripción en la Matrícula Nº 7.01.1.06.0004316, sin costas.

Deducida que fue la apelación por Macario Laura Apaza, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, anula la sentencia de 23 de febrero de 2008 y repone obrados hasta fojas 92 inclusive, debiendo el juez de la causa, previo a la dictación del auto que traba la relación procesal, resolver la situación jurídica de la H. Alcaldía Municipal que le fuera reclamada oportunamente por escritos de fojas 40 y 82.

2.- Contra la resolución de vista, el codemandado y Macarlo Laura Apaza interpone recurso de casación en el fondo, y la demandante Dory Casia Rosales, por sí y en representación de su esposo Fernando Domínguez Ayala, plantea recurso de casación en la forma y en el fondo, bajo las siguientes consideraciones:

2.1.- El recurrente Macarlo Laura Apaza, refiere que el auto de vista sería confuso en la parte dispositiva, debiendo haber sido pronunciado de acuerdo al análisis que hace en sus considerandos, anulatorio hasta fojas 82 y no repositorio hasta fojas 92, porque a fojas 82 se encontraría la petición de rebeldía de la H. Alcaldía Municipal o hasta fojas 40 que ordena la citación a los demandados. Asimismo refiere que con el auto de admisión debería ordenarse la citación a los anteriores propietarios o en su caso de haber fallecidos como hizo conocer el demandante a sus herederos, y que fue parte de los agravios en la apelación, y que no hubiese sido considerado en la parte dispositiva, por lo que, el auto de admisión de la demanda sería nulo, acusando violación del artículo 3 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil, el artículo 90 y artículo 91 al no tener en cuenta que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, a su vez, hace referencia al artículo 253 numeral 2), en relación a la contradicción del artículo 257, ambos del Código de Procedimiento Civil, observando confusión en la parte resolutiva del auto de vista, al anular la sentencia y al mismo tiempo reponer obrados hasta fojas 92, por último, el recurrente acusa que el Juez de la causa no apreció las pruebas debidamente, al no haberse fijado que los propietarios del lote de terreno estaban identificados, finaliza refiriendo que con esos antecedentes ocurre de casación en el fondo, solicitando se anule el expediente hasta fojas 40 inclusive, ordenando se pronuncie nuevo auto de admisión de demanda, dando participación a todos los sujetos procesales identificados, como son los compradores y vendedores del lote de terreno.

2.2.- La recurrente, refiere que la H. Alcaldía Municipal hubiera sido citada con todas las actuaciones, y a su vez, la indicada Institución Municipal hubiese intervenido de manera activa mediante sus diversas reparticiones al emitir las certificaciones de uso de suelo y aprobación de plano de ubicación municipal y el hecho de no haberse declarado rebelde al H. Alcalde Municipal, no ha dejado en indefensión a las partes, y tampoco fue observado por la parte demandada y el defensor de Dora Calle Sanizo, por lo que, la anulación sería ultra petita y que no sería evidente la vulneración de los artículos 68, 237 numeral 4) y 353 del Código de Procedimiento Civil, y menos del artículo 31 de la Constitución Política del Estado y del 30 de la Ley de Organización Judicial. De la misma forma, refiere que la apelación del demandado Macario Laura no tuviera motivo y que también se hubiera violentado el artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, solicitando finalmente se case el auto de vista recurrido y confirmar la sentencia.

CONSIDERANDO II:

En virtud a los recursos expuestos, se tienen las siguientes consideraciones:

1.- En cuanto al recurso de casación interpuesto por Macario Laura Apana: Que, la jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 numeral 2) del mismo cuerpo legal, referidos a la obligación que tiene el recurrente de citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado artículo 258 numeral 2). De ahí que, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En este contexto, los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el Código de Procedimiento Civil, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista recurrido se case, conforme establecen los artículos 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los artículos 271 numeral 3) y 275 del mismo cuerpo legal.

El recurso de casación en cualquiera de sus formas previstas, para su procedencia y atención por el Tribunal competente, exige la reunión de requisitos, tanto de forma cuanto de fondo, es decir, extrínsecos e intrínsecos, sin cuya concurrencia no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, se encuentra la motivación  y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el  Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales. De igual forma, cuando se plantea recurso de casación en la forma, por haberse violado las formas esenciales del proceso, los argumentos de procedencia deben estar en base a cualquiera de los 7 incisos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y cumpliendo lo preceptuado en el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En la especie, el recurrente interpone recurso de casación en el fondo, empero, hace alusión a denuncias que tienen que ver con las formas procesales, y que son revisables cuando se interpone recurso de casación en la forma, y no así en el fondo como pretende el recurrente, sin sujetarse a las causales que hacen al recurso de casación en el fondo y que se encuentran establecidos en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, en sus tres numerales. De igual forma de manera confusa el recurrente en su petitorio solicita que se anule obrados, cuando el recurso de casación en el fondo se pronuncia sobre el fondo de la litis y falla de acuerdo a lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, considerando que el Auto de Vista N° 539, de 11 de noviembre de 2008, cursante de fojas 246 a 247 de obrados, no ingresa al fondo de la Litis, sino a la forma al anular obrados, correspondía que el recurrente interponga recurso de casación en la forma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 258 numeral 2) y en virtud a las causales establecidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, y considerando que el Tribunal Supremo es de puro derecho como lo es la impugnación extraordinaria y al no poderse suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en la que incurre la recurrente, no se abre la competencia de este alto Tribunal para conocer el recurso intentado, y se falla conforme los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

2.- En cuanto al recurso de casación de Dory Casia Rosales, por sí y en representación de su esposo Fernando Domínguez Ayala: Que, considerando que el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista N° 539, de 11 de noviembre de 2008, cursante de fojas 246 a 247, anula obrados y no se pronuncia sobre el fondo de la litis, corresponde considerar las denuncias que hace la recurrente en cuanto a la forma, por lo que se tienen las siguientes consideraciones:

Que, para la declaración de nulidad es necesario que el acto procesal se haya realizado en violación de las prescripciones legales, sancionadas bajo pena de nulidad, es así, que para el tratadista Uruguayo Couture: "No hay nulidad, sin ley específica que la establezca", razón por la cual se dice que no es suficiente que la ley prescriba una determinada finalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, sino que la sanción de nulidad debe ser expresa y específica, en el marco de lo establecido en el principio de especificidad o legalidad, que rige en materia de nulidades, que a su vez integra otros principios para su declaración. En este entendido, no basta la declaración de la nulidad por la ley, sino también que en el marco del principio de trascendencia, es necesario demostrar que el acto no haya cumplido el fin al cual estaba dirigido, caso contrario no procede la nulidad procesal, no obstante la irregularidad de que pudiera adolecer, si ha logrado cumplir la función, a que estaba destinado. Obligándose el recurrente a acreditar la existencia de un perjuicio cierto e irreparable, y si a causa de ello se ha ocasionado un estado de indefensión práctica, es decir que el perjuicio debe ser cierto, concreto y real. Asimismo, se debe probar cuál es el interés jurídico que se pretende satisfacer con la invalidez que propugnan, es decir, el porqué se lo quiere subsanar.

Por otro lado, el Principio de convalidación, entendido desde el campo doctrinal, se dice que por regla general y como consecuencia del carácter relativo que revisten las nulidades procesales, la irregularidad de un acto procesal es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento de la parte a quien ella perjudica. Los actos viciados, o supuestamente viciados, se convalidan sino se los ataca en término hábil, precluyéndose con ello el derecho a solicitar la invalidez del procedimiento, es decir, que la parte perjudicada en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos dentro de la oportunidad que tiene para hacerlo.

En el caso de autos, de los antecedentes cursantes se tienen que la H. Alcaldía Municipal de Santa Cruz fue citada con la demanda y admisión de la misma a fojas 53 de obrados y de igual forma con la relación procesal y apertura de término probatorio a fojas 93, por lo que, se tiene que dicha Institución tenía conocimiento del presente proceso, sin embargo no se apersonó en ningún momento del proceso, por lo que, no se constituyó en parte interesada dentro del mismo. Asimismo, si bien la demandante solicitó la declaratoria de rebeldía de la H. Alcaldía Municipal a fojas 85, que no fue tomado en cuenta por el Juez de Primera Instancia, ninguna de las partes posterior a dicha solicitud reclamaron que se le declare rebelde, habiendo convalidado la falta de declaratoria de rebeldía a la referida H. Alcaldía Municipal de Santa Cruz, habiendo precluido su derecho a reclamar en el momento oportuno, sin embargo, el Tribunal de Alzada anula obrados de manera extra petita, por no haberse declarado rebelde a la mencionada entidad, incurriendo en la causal del numeral 4) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, corresponde aplicar en cuanto al recurso de casación en la forma lo establecido por el artículo 271 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo 1 numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el artículo 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Adjetivo Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fojas 250 a 252 vuelta interpuesto por Macario Laura Apaza y en cuanto al recurso de casación planteado por Dory Casia Rosales, por sí y en representación de su esposo Fernando Domínguez Ayala ANULA el Auto de Vista Nº 539, de 11 de noviembre de 2008, cursante de fojas 246 a 247 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, y se dispone que previo sorteo sin espera de turno el Tribunal de Alzada emita nuevo auto de vista.

Se impone la multa de Bs. 200 a cada uno de los Vocales que intervienen en el indicado auto de vista, por inobservancia de la ley, que les serán descontados por planilla.

Cumpliendo con lo previsto por el artículo 17, parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sanchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luís Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 301/2013