SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 300

Sucre: 26 de junio de 2013  

Expediente: B-09-09-S

Procesos: Anulabilidad de Contrato y otros

Partes: Carmen Ascimani vda. de Roca c/ Armando Mejía de Ojopi

Distrito: Beni

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani


I. VISTOS:

1.- El recurso de nulidad, interpuesto por María Elena Añez Robledo vda. de Roca en representación de María Jesús, Pablo, Ana, Delicia e Isabel Roca Ascimani, de fojas 713 a 714 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 09 de 17 de enero de 2009, pronunciado por Conjueces Nº 2 y Nº 5 de la Sala Civil de la entonces Corte Superior del Distrito del Beni,  en el proceso ordinario doble de anulabilidad de contrato, reivindicación, posesión y mejor derecho propietario, seguido de inicio por Joaquín Roca en representación de Carmen Ascimani vda. de Roca y ahora por sus herederos en contra de Armando Mejía de Ojopi, los antecedentes y;

          II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.-Que, mediante sentencia de fojas 495 a 499 vuelta, el Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Trinidad-Beni, declaró probada la demanda de anulación de contrato con relación al 25 % del derecho que le corresponde al autor y subsanado el vicio con relación al restante 75 % a favor del comprador Armando Mejía Ojopi y se declara incompetente con relación a las pretensiones reales de reivindicación y posesión, y probada en parte la reconvenciónde falta de acción y derecho en la actora, sin costas.

Que, en grado de apelación interpuesto por Manuel Jesús Cortez Montalván en representación de Armando Mejía Ojopi, de fojas 502 a 504 vuelta, Los conjueces Nº 2 y Nº 5 de la Sala Civil de la entonces Corte Superior del Distrito del Beni, por Auto de Vista  Nº 09 de 17 de enero  de 2009, de fojas 707 a 709, declara probada la excepción de prescripción de acción opuesta por Armando Mejia Ojopi y se declara extinguido el derecho de los actores a demandar.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 713 a 714 vuelta,  interpone recurso de nulidad, que a continuación se compendia.

          III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recursos de casación.- Se efectúan las siguientes denuncias:

1º.- Comienza por dar cuenta que por memorial de fojas 605 a 606 vuelta el apoderado del demandado invocando el Auto Supremo Nº 207 de 20 de abril de 2007, de fojas 588 a 590, que dispuso la nulidad de obrados hasta que se notifique con la sentencia a los herederos de Carmen Ascimani vda. de Roca, solicita que se proceda a dicha notificación  dando cuenta que conoce a 9 herederos y refiriendo sus domicilios de los que conoce, en primer lugar de Carmen Roca Ascimani de Pecorari, y dicha solicitud fue atendida por auto de fojas 607 a vuelta del 10 de noviembre de 2007 que dispone que se notifique de manera personal o mediante cédula a los herederos identificados.

Luego señala que se han producido vicios sancionados con nulidad, tales como la defectuosa notificación con la sentencia a la coheredera Carmen Roca Ascimani de Pecorari, porque no consta que se la haya buscado para su notificación personal y que la notificación cedularia de fojas 614 es defectuosa por no llevar la firma del secretario ni del testigo de actuación, por lo que no cumple los requisitos contemplados en los artículos  122-I)-3), 4), 5) y 6) del Código de Procedimiento Civil y se halla sancionado con nulidad por los artículos 128 y 90 del mismo cuerpo legal, agrega que tampoco fue notificada con la apelación ni con el auto de concesión.

Acusa también que ninguno de los sujetos procesales fueron notificados con las excusas de fojas 678, 679 y 680, para que pudieran hacer uso de su derecho de impugnación y de esta manera se habría violado lo dispuesto en el artículo 137-I-5) y 10) y P-II del Código de Procedimiento Civil con relación a la protección constitucional prevista en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, y que dicha transgresión esta sancionada con nulidad por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Que, tampoco se les notificó con el decreto de fojas 681 mediante el cual la Presidente de la Sala Civil ordena la remisión del expediente a la Sala Penal, con cuya resolución correspondía que les notifique en los domicilios señalados por el demandado en el memorial de fojas 605 a 606 vuelta, en razón a que no comparecieron a segunda instancia. Y que con idénticos vicios de nulidad se hallan las actuaciones de fojas 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 vuelta, y 691.

Con esos argumentos concreta que el Tribunal ad quem habría desobedecido las facultades que les confiere el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial (abrogada) para sanear el proceso y que ha incumplido con lo resuelto por el Auto Supremo Nº 207, de fojas 588 a 590 y el Auto Motivado de fojas 607 a vuelta por lo que se dan las causales de nulidad contempladas en los artículos 90 y 128 del Código de Procedimiento Civil y 123 de la Ley de Organización Judicial (abrogada).

Finalmente pide que se anule obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que se dé cumplimiento con lo resuelto en el Auto Supremo Nº 207 y el Auto motivado de fojas 607.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria, son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial, tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente,  es menester verificar, si la resolución de instancia impugnada, emerge de un debido proceso legal; por cuya razón, se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

En la legislación civil boliviana si bien es cierto que por el carácter de orden público de las normas procesales, el cumplimiento de las mismas es obligatorio, no puede perderse de vista que las formas procesales son en realidad garantía del debido proceso legal y en última instancia del derecho de defensa en juicio; por consiguiente tales formas procesales no tienen finalidad en sí misma, pues el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, conforme dispone el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil.

Por ello, las nulidades procesales, como especie de sanciones procesales, tienen una aplicación restrictiva y fincan en principios que emergen de los sistemas francés e italiano y que se hallan recogidos por nuestro legislador. Estos principios son el de legalidad o especificidad, trascendencia, convalidación y protección.

En mérito al principio de legalidad o especificidad, la nulidad se sanciona solo en los casos previstos por ley expresa (pas de nullité sans texte); se encuentra recogido por el artículo 251-I) del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo este principio se torna relativo por la inserción de las llamadas nulidades implícitas o virtuales a las que abre camino el artículo 90-I) del Código Adjetivo Civil.

En virtud al principio de trascendencia no existe nulidad sin perjuicio (pas de nullité sans grief). Este principio se configura por tres condiciones: 1) alegación del perjuicio sufrido; 2) acreditación del perjuicio y 3) interés jurídico que se intenta subsanar.

Por el principio de convalidación, no prosperará la nulidad cuando medie consentimiento expreso o tácito de la parte perjudicada. Este principio tiene su fundamento en el carácter dispositivo del proceso civil.

En atención al principio de protección no se puede alegar la propia torpeza como fundamento del pedido de nulidad (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

En el caso en examen, la apoderada de los recurrentes pretende que se anule obrado por una notificación supuestamente defectuosa con la sentencia a la coheredera Carmen Roca Ascimani de Pecorari y por falta de notificación con otros actuados a esta misma coheredera y también a los otros descendientes de la finada demandante. Esta petición es evidentemente inacogible, pues en mérito al principio de trascendencia la nulidad debe ser pedida por quien resulte agraviado con la omisión del acto o con la realización defectuosa del mismo, pues dado que el proceso civil boliviano finca en el principio dispositivo, corresponde al justiciable perjudicado invocar la nulidad o convalidar el defecto; por ello la apoderada de los recurrentes carece de legitimidad para pedir la nulidad de actos procesales que supuestamente perjudican a otros sujeto procesales.

En lo que les atañe a los recurrentes María Jesús, Pablo, Ana Delia e Isabel Roca Ascimani, alegan que no se les habría notificado en los domicilios denunciados por el demandado -que resulta ser domicilios reales- con el decreto de fojas 678, 681, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 vuelta, 691.- Las resoluciones de fojas 678, 681, 684, 685, 688, 689 son ratificaciones de excusas formuladas por vocales de la Corte Superior del Beni.

De principio corresponde aclarar que ninguna norma manda a notificar resoluciones de excusa en el domicilio real de los justiciables.

La apoderada de los recurrentes alega que al no habérseles notificado con la resolución de excusa de fojas 678 y luego da a entender que con la falta de notificación de aquella determinación se les habría privado del derecho a impugnar en el plazo de 3 días. Si bien es cierto que no existe notificación a las partes con las resoluciones de excusa, sin embargo posteriormente y antes de la emisión del auto de vista impugnado la apoderada de los recurrentes tomó conocimiento de la convocatoria a conjueces, según se da cuenta de la diligencia de fojas 691; es decir se enteró del estado de la causa y por consiguiente de las excusas precedentes, consiguientemente si consideraba que dicho decreto y las demás actuaciones que se hubieran producido se hallaban viciadas de nulidad correspondía que los observe en ese momento y no esperar más de dos meses para cuestionarlo después de la emisión del Auto de Vista impugnado, por ello al no haberlo denunciado inmediatamente se ha producido la convalidación tácita. Es más, de ninguna manera amerita anular obrados por falta de notificación con el decreto de fojas 678 ni con  las resoluciones de excusa de fojas 681,684, 685, 688 y 689, en razón a que no existe perjuicio, pues para que prospere la pretensión anulatoria no es suficiente alegar que se le causa perjuicio sino que es necesario que se acredite el perjuicio, el cual debe ser cierto, concreto y real, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos, y finalmente se requiere también acreditar el interés jurídico que se quiere subsanar; ello implica poner en evidencia que  la subsanación del acto defectuoso afectará la decisión. Ahora bien, aún en el caso de que todas las excusas habrían sido observadas y declaradas ilegales, los vocales excusados de todas maneras quedarían separados de la causa por disposición del artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia no hay ningún interés jurídico práctico que justifique anular obrados por la falta de  notificaciones con las excusas, por lo cual tampoco puede acogerse la pretensión anulatoria, tanto más si por aplicación del principio de conservación no hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal.

La foja 686 es una diligencia de notificación.- No existe norma legal que ordene notificar con una diligencia de notificación y menos que autorice a anular obrados por esa causa.

La foja 687 es un oficio de remisión del expediente a la sala social.- El procedimiento impone la comunicación de sus determinaciones a los justiciables, es decir de las resoluciones que emanan y que tienen forma de decreto, Auto, Sentencia, Auto de Vista o Auto Supremo, empero, no así de las notas de atención usadas por los jueces y Tribunales para la remisión de expedientes; en todo caso ninguna norma legal autoriza a anular obrados por no cumplirse con una notificación que no se halla impuesto por ley.

Con relación al decreto de fojas 690.- Se trata del decreto mediante el cual se efectúa la  convocatoria a conjueces. A fojas 691 de obrados cursa diligencia de notificación con dicha providencia a la apoderada María Elena Añez Robledo vda. de Roca. El hecho de que la diligencia esté firmada por el abogado de la apoderada permite concluir que ella ha tenido conocimiento de dicha convocatoria, es decir que la diligencia ha cumplido con la finalidad a que estaba destinada.

Finalmente la pretensión de la apoderada de los recurrentes en sentido de que se anule obrados porque supuestamente no se ha dado cumplimiento a la determinación del Auto Supremo Anulatorio que dispuso la notificación de los herederos de la demandante y el auto de fojas 607 a vuelta, es inatendible, pues como se tiene dicho, en mérito al principio dispositivo que rige el proceso civil y al principio de trascendencia por el que se rigen las nulidades procesales, incumbe a quien se considere perjudicado efectuar la denuncia.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde fallar conforme disponen los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de nulidad de fojas 713 a 714 vuelta, interpuesto por María Elena Añez Robledo vda. de Roca en representación de María Jesús, Pablo, Ana, Delicia e Isabel Roca Ascimani, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1500 que mandará a pagar el señor Juez a quo.

Fue de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sanchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luís Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 300/2013