SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 284

Sucre: 20 de junio de 2013  

Expediente: P 9 10 S

Procesos: Nulidad de Auto Definitivo y otros

Partes: Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) c/ Walter Huarachi Veliz

Distrito: Potosí

Segundo Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos


VISTOS: el recurso de casación en la forma interpuesto por Walter Huarachi Veliz de fojas 588 a 590, contra el Auto de Vista Nº 53 de 12 de febrero de 2010, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, en el proceso sobre nulidad de auto definitivo y proceso de prescripción adquisitiva de concesión minera, y reconocimiento de mejor derecho, seguido por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) contra el recurrente, la respuesta de fojas 593 a 594 vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: Que, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tupiza, pronunció la Sentencia Nº 15 de 18 de diciembre de 2009 (fojas 554 a 557 vuelta), declarando probada la demanda, en cuyo merito nulo el Auto Definitivo que declaró la prescripción adquisitiva, por el Superintendente Regional de Minas de Tupiza, de la concesión “Mercedes”, e improbada la excepción de falta de acción y derecho, con costas.

Deducida la apelación por el demandado, la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, mediante Auto de Vista Nº 53 de 12 de febrero de 2010 (fojas 584 a 585), anula la sentencia apelada.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación en la forma interpuesto por el demandado Walter Huarachi Veliz en los términos expresados en su memorial de 25 de marzo de 2010 (fojas 588 a 590).

       CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Ahora bien, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, es indelegable y de orden público. El poder jurisdiccional del Estado que se atribuye al conjunto de jueces, sean estos ordinarios o especializados está limitado en razón de su competencia, que se determina mediante parámetros claramente establecidos. Al ser la competencia la medida de la jurisdicción también es de orden público, indelegable y nace únicamente de la ley.

El artículo 103 del Código de Minería de 17 de marzo de 1997 establece que “El conocimiento y resolución de las actuaciones concernientes a la obtención, oposición, amparo, nulidad, expropiación, servidumbre y renuncia de concesiones mineras, corresponden a la jurisdicción administrativa minera”. La norma citada es de especial y de preferente aplicación.

En el sub lite, leída la demanda de fojas 113 a 115, se tiene que el objeto principal de la demanda civil interpuesta, es la nulidad del Auto Definitivo de 5 de febrero de 2001 y del proceso de prescripción adquisitiva de la concesión minera “Mercedes” iniciado por el recurrente, dictado y tramitado en la Superintendencia Regional de Minas de Tupiza, respectivamente, por cuanto entre otros, se denuncia que el Superintendente no citó, ni notificó a los colindantes, vecinos, comunarios de la zona o posibles dueños del terreno de la concesión mencionada, por lo que en forma unilateral y sin conocimiento de ningún interesado declaró la prescripción adquisitiva mediante Auto Definitivo de 5 de febrero de 2001; es decir que la pretensión principal de la demanda es la actuación concerniente a la nulidad de una concesión minera, demanda interpuesta bajo la suma “DEMANDAD NULIDAD DE DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y RECONOCIMIENTO DE MEJOR DERECHO”. Una actuación concerniente a la nulidad de una concesión minera; debe impugnarse en la vía de la jurisdicción administrativa minera.

Entonces, al tratarse la litis de un cuestionamiento sobre la actuación concerniente a la nulidad de una concesión minera, este, dado el caso, debe impugnarse en la vía de la jurisdicción administrativa minera, conforme lo dispone el artículo 103 del Código de Minería de 17 de marzo de 1997.

De lo expuesto, se concluye que los jueces de grado, no han reparado esencialmente en su incompetencia para repulsar la acción interpuesta y cuyo objeto principal es la actuación concerniente a la nulidad de una concesión minera, pues la competencia debe ser observada aún de oficio por el órgano jurisdiccional.

A mayor corolario de lo esgrimido precedentemente, toca señalar que el debido proceso legal constituye una esencial  garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual  compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

El debido proceso legal, finca entre otros, en la garantía del juez natural; que se integra por los elementos de la competencia, la  independiente y la imparcialidad del juzgador.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria, son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente  es menester verificar si las resoluciones de instancia emergen de un debido proceso legal; por cuya razón se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

Por mandato del artículo 159 del Código de Minería, las resoluciones emitidas por el Superintendente de Minas son impugnables a través del recurso de revocatorio.

La Resolución del Superintendente de Minas o la falta de pronunciamiento (en el plazo de 20 días calendario, hacen procedente el recurso jerárquico ante el Superintendente General de Minas, según dispone el Artículo 161 del Código de Minería.

La resolución que dicte el Superintendente General de Minas o la falta de pronunciamiento dentro del plazo de 30 días calendario desde la recepción de obrados, agotan la vía administrativa quedando abierta la vía jurisdiccional contencioso administrativa, conforme dispone el artículo 164 del Código de Minería.

El artículo 117-I de la abrogada Constitución Política del Estado reconocía a la Corte Suprema como máximo Tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa-administrativa de la República y, en ese marco, a través del artículo 118-7 se establecía como atribución de la Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo; en ese mismo sentido el artículo 55-10) de la abrogada Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455), establecía como atribución de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la de: "Conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; con arreglo a la Constitución Política del Estado. Dentro de ese contexto corresponde señalar que en materia contenciosa-administrativa, el Código de Procedimiento Civil en su Título VII, Capítulo VI, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación de los procesos  del proceso contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo".

De las normas descritas precedentemente se establece que en el anterior marco constitucional y legal, el legislador reconoció a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de los procesos contencioso-administrativos; normativa que no asignaba a los juzgados ordinarios en materia civil competencia para conocer y resolver los conflictos surgidos a raíz de resoluciones de la jurisdicción administrativa.

Por las razones expuestas, estando comprendido el actuar de los Tribunales de instancia dentro el artículo 254 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, corresponde aplicar lo dispuesto por los artículos 252, 271 numeral 3) y 275 del citado Código de Procedimiento.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el auto de admisión de fojas 115 y vuelta inclusive. Sin responsabilidad por ser excusable.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primera Magistrada Relatora Dra. Ana Adela Quispe Cuba de cuyo proyecto fueron disidentes los Magistrados Dr. Javier Medardo Serrano Llanos y Dra. Elisa Sánchez Mamani.  

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sanchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luís Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 284/2013