SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 283

Sucre: 20 de junio de 2013  

Expediente: C-36-10-S

Procesos: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA

Partes: Andrés Cáceres Cano y otra c/ Alejandro Pérez Veizaga y otra

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba 


VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 202 y vuelta interpuesto por Alejandro Pérez Veizaga, contra el Auto de Vista cursante a fojas 199 y vuelta, de fecha 11 de enero de 2010, pronunciado por la Sala Civil Primera de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso ordinario sobre RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA seguido por Andrés Cáceres Cano y Lourdes Aguilar de Cáceres contra el recurrente y esposa, la contestación al recurso de fojas 206 y vuelta, los antecedentes del proceso, y el auto de concesión del recurso de fojas 207; y,

       CONSIDERANDO I:        

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que en la tramitación de la causa, el Juez de Partido 7º en lo Civil y Comercial de Cochabamba, pronunció sentencia en fecha 16 de julio de 2004 cursante a fojas 143 a 144 vuelta de obrados, declarando PROBADA la demanda de fojas 39 a 41, e improbadas las excepciones planteadas; en consecuencia declara: 1.- La resolución de los contratos de transferencia y aclaración de precio, debiendo los demandados devolver la suma de $us. 26.500.00.- a favor de los demandantes, sea en el término de 15 días de ejecutoriado el presente fallo y los demandantes devolver el inmueble contra entrega del inmueble. 2.- Se condena en daños y perjuicios a los demandados cuyo monto debe cuantificarse en ejecución de sentencia.

Que, en grado de apelación incoada por los demandados, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito Judicial de Cochabamba, confirma la sentencia recurrida, con costas

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.- Alejandro Pérez Veizaga, interpone recurso de casación en el fondo, con argumentos que se resumen seguidamente:

Indica que mientras no exista otra resolución Administrativa que deje sin efecto la Resolución Nº 2108/95, ésta se encuentra plenamente vigente, entonces la venta del inmueble que hizo en su momento, dice estar de acuerdo con el reglamento general de urbanización de la Alcaldía, habiéndose incurrido en error en la apreciación y valoración de las pruebas, quebrantando los artículos 1283 del Código Civil, 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil, al tomarse en cuenta un simple informe de un subalterno por encima de  la Resolución 2108/95.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que, de la revisión del expediente y del recurso interpuesto se establece que la demandante recurrente Alejandro Pérez Veizaga, que no obstante la mala concepción de su recurso, este Tribunal Supremo ingresa a su análisis, obteniéndose lo siguiente:

Que, conforme ha establecido este Tribunal, el fin inmediato del recurso de casación en el fondo, radica en la protección del derecho subjetivo de los afectados por una resolución judicial en la que se viola, interpreta erróneamente o aplica indebidamente la ley, cuando contuviere disposiciones contradictorias, o, finalmente cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho, en cuyo caso deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador- enmendando los agravios sufridos a través de la invalidación de esa decisión; a su vez tiene un doble fin mediato, cual es, por una parte, la defensa del derecho objetivo que realiza este Supremo Tribunal cuidando que las autoridades judiciales en sus fallos apliquen correctamente la ley, y, por otra parte, la unificación de su jurisprudencia a través de fallos constantes que establecen el sentido coherente y lógico de la ley en defensa del interés general.

En ese contexto, cabe indicar que los Tribunales de instancia, son libres en la apreciación y valoración de las pruebas (documental, testifical, inspección judicial, etc.) en las que fundan su decisión, así como la determinación de los hechos que ellas demuestran, estableciendo el grado de convencimiento que puedan producir a efectos del reconocimiento o no de una determinada situación jurídica, incensurables en casación, a no ser que los jueces de grado hubiesen incurrido en error de hecho o de derecho, abriéndose la competencia de este Tribunal para conocer esta supuesta equivocación en la valoración por vicio in judicando. No obstante, en la especie, el recurrente no indicó de manera precisa si el error en que incurrió el Ad quem en la apreciación de la prueba, es uno de derecho o uno de hecho, puesto que si fuera de derecho, debió indicar si el valor otorgado a la prueba considerada, fue diferente al que la ley le atribuye, debiendo, como condición sine qua non, citar de modo expreso, claro y terminante cuál es la norma probatoria que ha sido desconocida o infringida por el Tribunal de alzada. Por otro lado, cuando la ley no da a cierto tipo de pruebas un valor determinado y deja su valoración librada a las reglas de la sana crítica, tal el caso de la prueba testifical, pericial y otras, se incurre en error de hecho cuando el Juez o Tribunal de instancia equivocadamente cree que se ha probado o negado un hecho que está en contra de lo aseverado en un documento auténtico, en este caso, el recurrente, como requisito sine qua non, debe señalar los documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador.

Este Tribunal Supremo, atendiendo las acusaciones que hacen al fondo del recurso, no encuentra que el Tribunal ad quem a tiempo de pronunciar su resolución de vista hubiere infringido algún artículo, al contrario, la prueba ha sido correctamente interpretado por el Juez a quo atendiendo la aportada a obrados, la misma que ha sido apreciada conforme a la valoración que le otorga la ley, tal como previenen los artículos 1283 y 1286 del Código Civil. Lo propio aconteció con la prueba testifical, la misma que ha sido valorada por el a quo así como por el tribunal ad quem de acuerdo a lo que previenen el artículo 1330 del igual sustantivo, respetándose tanto en la resolución de primera instancia como en la resolución de vista impugnada, que se destacó, valoró y apreció la prueba producida por la demandada y la propia actora, en cumplimiento a los artículos 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, es de aplicación lo dispuesto por el artículo 271 numeral 2) y 273 del adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 202 y vuelta interpuesto por Alejandro Pérez Veizaga, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sanchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luís Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 283/2013