SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 268

Sucre: 20 de junio de 2013  

Expediente: LP-119-08-S

Procesos: Nulidad de Escritura Pública

Partes: Salustiano Mamani Mamani c/ Luís Guillermo Coronel Ayala

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en la forma interpuesto por Luis Guillermo Coronel Ayala, contra el Auto de Vista Nº 169 de 2 de mayo de 2008, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, en el proceso ordinario doble sobre nulidad de escritura pública, incumplimiento de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Salustiano Mamani Mamani en contra del recurrente, los antecedentes, y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 131 a 133 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Decimo en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, se declaró probada la demanda de fojas 9 a 10 con relación a la nulidad e improbada respecto a la pretensión de daños y perjuicios y también improbada la reconvención y en su mérito declaró la nulidad de la escritura pública 879/2005 de 23 de diciembre de 2005, y la cancelación de la inscripción en el registro de derechos reales, sin costas.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Luis Guillermo Coronel Ayala, de fojas 136 a 138 vuelta, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista Nº 169 de 2 de mayo de 2008, de fojas 154 a 155, se confirma la sentencia apelada, con costas.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 166 a 169, Luis Guillermo Coronel Ayala, interpuso recurso de casación en la forma, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- El recurrente, en su recurso de casación en la forma efectúa las siguientes denuncias:

Acusa que el Juez a quo habría resuelto en sentencia aspectos jamás demandados en forma clara y precisa.

Que el Juez a quo no hace mención a las pruebas de descargo que presentó en su escrito de fojas 52 a 52 vuelta, indicando los documentos siguientes: Folio Real, documento privado de compra venta, formularios de impuestos anuales, formulario de transmisión gratuita, formulario único de recaudaciones, impuesto a las transferencias, cartas notariales, relación de gastos y fotografías.

Con relación al Auto de Vista cuestiona la afirmación hecha por el Tribunal ad quem en el considerando II.1 respecto a que no se hubiera hecho objeción a la demanda reconvencional, por lo que habría quedado  ejecutoriado el fallo sobre este punto, y alega que sí objetó la demanda reconvencional, razón por la cual concluye que el fallo de segunda instancia no habría circunscrito su resolución a los puntos apelados.

Finalmente e invocando el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil, pide que se anule el proceso hasta el vicio más antiguo.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, se examina de la siguiente manera:

El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial, tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente, es menester verificar si la resolución de instancia impugnada emerge de un debido proceso legal; por cuya razón se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

El proceso civil boliviano finca, entre otros, en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra el principio de congruencia, a los que se refieren los artículos 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil,  en virtud del cual debe existir una correspondencia o identidad estricta entre las peticiones, partes y hechos del proceso con lo resuelto en la sentencia. La violación de dicho principio se presenta a través de la incongruencia objetiva, la incongruencia subjetiva y la incongruencia fáctica. La incongruencia objetiva  que implica falta de correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, tiene tres formas: citra o infra petita, extra petita o ultra petita. 

El fallo resultaría extra petita cuando el Juez o Tribunal al emitir el fallo se pronuncia sobre un pedido o pretensión no propuesta por las partes, es decir decide sobre algo que no fue discutido en el proceso por los justiciables, en consecuencia se aparta del thema decidendum. En cambio el fallo se reputa como citra o infra petita cuando el Juez o Tribunal ha omitido pronunciamiento sobre un pedido deducido oportunamente.

En el caso en examen, el recurrente cuestiona la sentencia de primera instancia a la que reputa de incongruente por resolver aspectos no demandados en forma clara y precisa y por no mencionar las pruebas de descargo. Con relación a esta denuncia el Tribunal Supremo no puede abrir su competencia, pues el recurrente olvida que los errores de procedimiento o juzgamiento en los que incurra la sentencia son impugnables por medio del recurso ordinario de apelación, de manera tal que la decisión que adopte el Tribunal ad quem sobre dichos agravios es lo que se puede denunciar en el recurso de casación, empero de ninguna manera se puede renovar el pedido efectuado en la alzada pretendiendo que el Tribunal de casación se pronuncie directamente sobre los supuestos errores de la sentencia, ya que en la legislación boliviana no se encuentra permitido el salto de instancia.

Con relación a la denuncia referida al Tribunal ad quem.- El recurrente ha estructurado su recurso de apelación consignando aseveraciones a manera de antecedentes y luego ha concretizado la expresión de sus agravios bajo el epígrafe de “expresión de agravios y fundamentación de la apelación”, con divisiones menores, así en el inciso a) indica las leyes violadas, en el inciso b) da cuenta de las partes de la sentencia en la cual se cometió las violaciones y en el inciso c) ha precisado en que consiste la violación en las que habría incurrido el Juez a quo. En esta parte del escrito de apelación donde se expresa los agravios, el recurrente no ha consignado sus críticas razonadas sobre su demanda reconvencional, pues la mención a la que se alude en el recurso de casación integra la parte de los antecedentes y sin ninguna crítica razonada del fallo; consiguientemente no es cierto que el Tribunal ad quem haya quebrantado el principio de congruencia por omisión de pronunciamiento respecto de la reconvención.


En mérito de las consideraciones precedentes, corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, de fojas 166 a 169, interpuesto por Luis Guillermo Coronel Ayala, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500 que mandará a pagar el señor Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sanchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luís Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 268/2013