SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 265

Sucre: 20 de junio de 2013  

Expediente: SC-128-11-S

Procesos: Reivindicación

Partes: Plácida Rosales de Zurita c/ Maida Mayser Velarde

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani


I. VISTOS:

1.- El recurso de casación, interpuesto por Maida Mayser Velarde de fojas 281 a 284, contra el Auto de Vista Nº  83 de 26 de febrero de 2011 de fojas 277 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario doble de reivindicación seguido por Plácida Rosales de Zurita en contra de la recurrente, los antecedentes y;

          II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Mediante sentencia de fecha 9 de julio de 2010, de fojas 250 a 255, se declara probada la demanda de fojas 19 a 20 de obrados sobre las pretensiones de reivindicación, mejor derecho propietario, desocupación y entrega de lote de terreno e improbada respecto del pago de daños y perjuicios, y también improbada la demanda reconvencional sobre falta de acción y derecho y usucapión extraordinaria, sin costas. 

Que, en grado de apelación,  interpuesto por Maida Mayser Velarde de fojas 258 a 265,  la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 83 de 26 de febrero de 2011 de fojas 277 y vuelta, anula obrados hasta fojas 74.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 281 a 284, Maida Mayser Velarde, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.-

En cuanto a la casación en la forma efectúa las siguientes denuncias:

Acusa al Tribunal ad quem de haber violado los incisos 1) y 7) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil por haber omitido anular obrados hasta fojas 22, es decir hasta la admisión de la demanda.

Afirma que el Tribunal ad quem habría omitido pronunciarse sobre el decreto de 22 de julio de 2008 donde el Juez a quo le da un tratamiento especial a la demanda, haciendo notar que dicha demanda viola lo establecido en el inciso 3 del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil porque solo se indica barrio San Luis, calle Nº 11, ya que al no saberse con exactitud el domicilio real se atenta contra el derecho de defensa y a un proceso legal, puesto que se impediría notificar con la demanda reconvencional.

Señala que la demandante no tendría legitimación para demandar puesto que su derecho estaría controvertido porque en su cédula de identidad su apellido se escribe Placida Rosales “Surita” y en el contrato de compraventa, en el plano aprobado y en la demanda se consigna Plácida Rosales “Zurita”.

Pide examinar que existe oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda y acusa al Tribunal ad quem de no haberse pronunciado sobre estos errores que violan el debido proceso legal por no existir precisión en cuanto a la identidad de quien demanda, por lo que concluye pidiendo que se anule obrados hasta la admisión de la demanda.

Con relación a la casación en el fondo se efectúan las siguientes denuncias:

Acusa de haberse vulnerado su derecho a la defensa y pide que se anule obrados hasta el vicio más antiguo, acusa al Tribunal ad quem de haber resuelto de forma precipitada, que no se habría percatado de los errores que existen en el proceso.

Bajo el epígrafe de principio de especificidad, y citando los artículos 1 de la Ley de Organización Judicial (abrogada), los artículos 115, 116, 119 y 120-a) de la Constitución Política del Estado (abrogada), los artículos 57 y 90 del Código de Procedimiento Civil, asevera que “En el presente caso de autos la causal de nulidad se encuentra de la aplicación combinada y armónica de las actuaciones por vuestro tribunal” y que “se cumplen con los supuestos de los hechos previstos por los artículos 1º de la Ley de Organización Judicial los parágrafos II y IV del artículo 16 de la CPE, consagran los derechos a la inviolabilidad de la defensa y el debido proceso, 115 de la CPE.”

Acusa de falta de congruencia señalando que se atenta contra su derecho de defensa en juicio por que se le impide que ejerza defensa material, se le impide a ejercer su derecho a oponer excepciones y recursos que le franquea la ley, que existe un perjuicio cierto y evidente en la citación nula y que queda demostrado el principio de trascendencia.

Concluye pidiendo que se case el Auto de Vista recurrido declarando en el “fondo” nulo el Auto de Vista y la nulidad de obrados hasta fojas 22.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

Con relación a la casación en la forma.- Según la doctrina procesal, el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia nacional; y del otro la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.

Tenida cuenta que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia de segunda instancia; en reiterados fallos, verbi gratia el Auto Supremo Nº 70 de 11 de febrero de 2003, entre otros, que marcan  línea jurisprudencial, la entonces Corte Suprema de Justicia ha dejado delineado que el recurso de casación, según el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, podrá ser en el fondo y en la forma; el primero está reservado para los casos enumerados en el artículo 253 del mismo cuerpo legal, en tanto que el segundo procede por violación de las formas esenciales del proceso, cuando la sentencia o auto de vista recurrido hubiere sido dictado en los casos previstos en el artículo 254 del mismo adjetivo. 

Por mandato del artículo 258-2) del igual procedimiento, en el recurso no solo debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos.

El cumplimiento escrupuloso de los requisitos impuestos por el citado artículo 258-2) Ídem, no constituye una mera formalidad potestativa, pues tiene por finalidad delimitar el accionar del Tribunal de casación, para permitir que el fallo del Tribunal de casación sea pertinente, exhaustivo y fundamentado.

En el caso en examen el recurso es manifiestamente defectuoso, pues de principio el recurrente acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 254 inciso 1) y 7) del Código de Procedimiento Civil, cuando dicha norma en realidad establece las causales de casación en la forma y por consiguiente de ninguna manera podrían ser violadas directamente por el Tribunal ad quem. Se hace alusión a la supuesta incompetencia del Tribunal ad quem, empero ni por atisbo se da a entender por cuál de las razones que señalaba la Ley de Organización Judicial (abrogada) o el Código de Procedimiento Civil dicho Tribunal habría obrado sin competencia.

Respecto a los supuestos defectos de la demanda.- La recurrente ha opuesto excepción previa de defecto legal (obscuridad, imprecisión y contradicción), observando precisamente el señalamiento inexacto del domicilio real del demandado y la diferencia de una letra (S por Z) del apellido materno de la actora, la cual ha sido resuelto mediante auto interlocutorio de fojas 49-50.

Ahora bien el recurso de casación no constituye una tercera instancia, por ello no todas las resoluciones de segunda instancia pueden ser impugnadas en casación, o dicho desde otra perspectiva, la legislación boliviana sigue el sistema de relación cerrada o “numerus clausus” en cuanto a las resoluciones recurribles de casación, de manera tal que dicho recurso únicamente procede contra las resoluciones enunciadas en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

Tenida cuenta que el auto interlocutorio que resuelve las excepciones previas es susceptible de apelación en el efecto diferido, la determinación del auto de Vista sobre dichas excepciones no es recurrible de casación, pues no se encuentra comprendido en ninguno de los casos previstos por el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil. Por ello, el Tribunal Supremo no tiene competencia para revisar en casación las decisiones que adopten los jueces de instancia sobre dichas excepciones, tanto más si en este caso no existe pronunciamiento de segunda instancia. A esto debe añadirse que el Tribunal ad quem, ha dispuesto de oficio la nulidad de obrados en cumplimiento al deber que le imponía el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial (abrogada).

Con relación a la casación en el fondo.- En reiterados fallos el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que contra el Auto de Vista anulatorio no procede el recurso de casación en el fondo, pues dado que el Tribunal ad quem no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto no ha existido aplicación del derecho material, por lo que no hay posibilidad alguna de que presente casación por las causales previstas por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil respecto del fallo de segunda instancia.

En el caso en examen, la recurrente incurre en error no solo al interponer recurso de casación en el fondo en contra de un auto anulatorio, sino que además equivocadamente dentro de dicho recurso de casación en el fondo denuncia errores de procedimiento y que dicho sea de paso lo hace con tal impericia que resulta poco intelegible.

En mérito a las consideraciones precedentes corresponde resolver en conformidad a lo dispuesto por los artículos 271-1) y 272-1 y 2) del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, los artículos 41 y 42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 272-1 y -2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo, cursante de fojas 281 a 284 de obrados, interpuesto por Maida Mayser Velarde, con costas.

4.2.- Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sanchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luís Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 265/2013