SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 259

Sucre:19 de junio de 2013  

Expediente: C- 43- 09- S

Procesos :  Resolución y Anulabilidad de Contrato de Venta de Terrenos

Partes: Jesús Choquechambi Choquechambi y otra c/ Guillermo Terrazas y  Modesta Terrazas Ortiz

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani


I. VISTOS:

1.- El recurso de casación, interpuesto por Guillermo Terrazas y Modesta Terrazas Ortiz de fojas 270 a 271, contra el Auto de Vista Nº 167 de 19 de junio de 2009, de fojas 259 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Cochabamba, en el proceso ordinario de resolución y anulabilidad de contrato de venta de terrenos seguido por Jesús Choquechambi Choquechambi y María Virginia Terrazas Ortiz de Choquechambi en contra de los recurrentes, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Mediante sentencia Nº 39 de fecha 16 de abril de 2004 de fojas 223 a 225 vuelta, se declara improbada en parte la demanda con relación a la resolución del contrato y probada en parte las excepciones perentorias de ilegalidad en la demanda y falta de fuerza en la acción con relación a la demanda de resolución de contrato y probada en parte con relación a la anulabilidad de los documentos de venta e improbadas en parte las excepciones perentorias de ilegalidad en la demanda y falta de fuerza en la acción con relación a la anulabilidad.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Guillermo Terrazas Ortiz y Modesta Terrazas de Céspedes, de fojas 227 a 228, y la adhesión de Jesus Choquechambi Choquechambi y Virginia Terrazas de fojas 231 a 237, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 167 de 19 de junio de 2009, se confirma la sentencia apelada, sin costas.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 270 a 271, Guillermo Terrazas y Modesta Terrazas Ortiz, interpone recurso de casación en el fondo, que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- Los recurrentes, en su recurso extraordinario de casación en el fondo alegan que la resolución de segunda instancia les causa agravios irreparables. Mencionando los artículos 3-1) , 332 , 87,88,  89 y 90, todos del Código de Procedimiento Civil, alegan también que se habría atentado contra la economía jurídica con la demanda incoada por la parte adversa al demandar la anulabilidad y el que el juez no haya observado la demanda de anulabilidad; invocando el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, señalan que se encuentran “desamparados de la seguridad jurídica, a la defensa, a los principios de legalidad y a la garantía del debido proceso”, ya que el juez de primera instancia antes de admitir la demanda estaba con todas las facultades de rechazar sin emitir criterio.

Acusan que el Tribunal ad quem les niega el derecho a ser escuchados, al haber negado la consideración de la prescripción invocada en la apelación; aseveran que se invoca la prescripción en el escrito de fojas 247 por lo que no resultaría de oficio sino por el contrario es expreso mediante el recurso de apelación.

Alegan también que la sentencia declara probada en parte y sin embargo es fundamental saber que parte está probada e improbada.

Finalizan afirmando que el Tribunal ad quem habría incurrido en interpretación y aplicación errónea de la ley viciando sus actos de nulidad y piden que se declare infundado el Auto de Vista y se revoque la sentencia en todas sus partes, con costas.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

Según la doctrina procesal, el recurso extraordinario de casación tiene doble función, de un lado unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley.

Tenida cuenta que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia de segunda instancia; en reiterados fallos, verbi gratia el Auto Supremo Nº 70 de 11 de febrero de 2003, entre otros, que marcan línea jurisprudencial, la entonces Corte Suprema de Justicia, ha dejado delineado que el recurso de casación, según el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, podrá ser en el fondo y en la forma; el primero está reservado para los casos enumerados en el artículo 253 del mismo cuerpo legal, en tanto que el segundo procede por violación de las formas esenciales del proceso, cuando la sentencia o auto de vista recurrido hubiere sido dictado en los casos previstos en el artículo 254 del mismo adjetivo.

Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley ( error sobre el alcance de la norma), mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella ( error de subsunción), imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga o las reglas de la sana crítica quebrantadas, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres incisos.

Por mandato del artículo 258-2) del igual procedimiento, en el recurso no solo debe citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurre, su folio, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, sino que también se debe especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en el fondo, en la forma o en ambos.

El cumplimiento escrupuloso de los requisitos impuestos por el citado artículo 258-2) Ídem,  no constituye una mera formalidad potestativa, pues tiene por finalidad delimitar el accionar del Tribunal de casación, para permitir que  el fallo del Tribunal de casación  sea pertinente, exhaustivo y fundamentado.

En mérito al principio dispositivo que rige en el proceso civil, el recurrente delimita el Thema decidendum del fallo casacional, pues el Tribunal Supremo limita su pronunciamiento con relación a las denuncias esgrimidas por el recurrente en el recurso, que a la sazón se constituye en el acto de constitución del recurso extraordinario de casación, lo cual opera precisamente cumpliendo el requisito de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y en especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, conforme dispone el artículo 258-2) del Código Adjetivo Civil; pues dicha norma contiene  un imperativo en propio interés del recurrente, ya que su omisión acarrea la consecuencia negativa de impedir que el tribunal ingrese a resolver el fondo del asunto, pues en tal caso el recurso deviene en improcedente, por mandato del artículo 272-2) del Código de Procedimiento Civil; lo cual implica que el recurso debe bastarse por sí mismo, y por consiguiente le está vedado al Tribunal de casación subsanar  de oficio las insuficiencias o deficiencias en las que incurra el recurrente, pues lo contrario implicaría desnaturalizar el recurso de casación para convertirlo en uno de revisión.

La prohibición de que el Tribunal de casación supla de oficio los requisitos del recurso incumplidos por el recurrente, tiene además su fundamento tanto en el derecho a la igualdad, en su vertiente procesal, proclamado por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado, cuanto en el principio a la igualdad de las partes ante el juez, proclamado por el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil; pues para el caso de que el tribunal  obrara oficiosamente, subsanando un recurso de casación manifiestamente defectuoso, se estaría actuando en desmedro de la parte contraria, lo cual implicaría afectar la imparcialidad del Tribunal.

Precisamente porque el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que se rige por el principio dispositivo, por la igualdad, en su dimensión de derecho y principio, y por el principio de legalidad, en su vertiente procesal, previsto por el artículo 180-I) de la Constitución Política del Estado; el tribunal de casación, previamente, debe efectuar un juicio de procedibilidad del recurso de casación con la mayor objetividad, lo cual implica verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos por ley, pues sólo en el supuesto de que el recurso cumpla con tales requisitos, corresponderá que el tribunal de casación ingrese a realizar el juicio de fundabilidad del recurso, pronunciándose sobre el fondo.

En el caso en examen se trata de un recurso de casación en el fondo manifiestamente defectuoso, pues  los recurrentes invocando los artículos 3-1) , 332 , 87, 88,  89 y 90, todos del Código de Procedimiento Civil, alegan que se habría atentado contra la economía jurídica con la demanda incoada por la parte adversa al demandar la anulabilidad y que el Juez no haya observado la demanda de anulabilidad, sin embargo no indican y menos explican que norma sustantiva ha sido violada, interpretada erróneamente o aplicada falsamente por el Tribunal ad quem en la emisión del Auto de Vista impugnado. A esto debe añadirse que las normas mencionadas son procedimentales; por ello si los recurrentes consideraban que durante la tramitación de la causa se incurrió en errores de procedimiento que se hallen sancionados con nulidad, correspondía que denuncien tales errores por medio del recurso de casación en la forma y no por medio del recurso de casación en el fondo.

Asimismo si los recurrentes consideraban que el Tribunal ad quem les ha negado el derecho a ser escuchados y que no se ha considerado su agravio, es decir que no se ha pronunciado sobre el agravio denunciado en la apelación relativo a la aplicación de la prescripción a la que se refiere el artículo 1498 del Código Civil, correspondía que denuncien tal extremo por medio del recurso de casación en la forma.

Como corolario del cúmulo de defectos, los recurrentes efectúan una petición incongruente con su recurso de casación en el fondo, ya que insinúan que los actos del Tribunal ad quem estuvieran viciados de nulidad, pues como se tiene explicado si se interpone recurso de casación en el fondo el pedido coherente del recurrente debe ser el de “casar” el Auto de Vista impugnado y de ninguna manera la nulidad de obrados o llanamente, ya que éste pedido es compatible con el recurso de casación en la forma. Tan deficiente es el recurso de casación en el fondo que los recurrentes concluyen pidiendo que se declare infundado el “Auto de Vista” y se “revoque” la sentencia en todas sus partes, lo cual evidentemente no sería posible, pues el Auto de Vista no puede ser declarado infundado, en razón a que son los recursos los que se declaran infundados y el Tribunal de casación, en el caso de encontrar fundadas las denuncias de un recurso de casación en el fondo, “casa” el Auto de Vista pero de ninguna manera lo revoca, ya que ésta forma de resolución corresponde a la resolución de segunda instancia y no así al recurso extraordinario de casación.

Consiguientemente se trata de un recurso de casación en el fondo manifiestamente defectuoso, por lo cual debe resolverse conforme a lo dispuesto por los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, los artículos 41 y 42-I-1) de la Ley del Órgano Judicial, y los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 270 a 271 de obrados, interpuesto por Guillermo Terrazas y Modesta Terrazas Ortiz, con costas.

4.2.- Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sanchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luís Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 259/2013