SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 255

Sucre:14 de junio de 2013  

Expediente: SC-2-09-S

Procesos : pago de mejoras y construcciones

Partes: Yaqueline Camacho Cuellar c/ María Dolly Suárez de  Seoane y otra

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos



VISTOS: los recursos de casación en el fondo interpuestos por María Dolly Suárez de Seoane de fojas 591 a 593 vuelta, Luís Danny Ochoa de fojas 596 a 598 vuelta y Santa Cruz Seoane Zabala de fojas 601 a 603 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 738 de 10 de octubre de 2008 pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso sobre pago de mejoras y construcciones, seguido por Yaqueline Camacho Cuellar contra los recurrentes, las respuestas de fojas 605 a 606 y 607 a 608 vuelta, el Auto Constitucional de fojas 672 a 674 vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez de Partido Segundo en materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz pronunció la Sentencia Nº 94 de 11 de julio de 2005 (fojas 455 a 460), declarando probada en parte la demanda con relación al derecho de pago de mejoras, que serán cuantificadas en ejecución de sentencia y pagadas por el demandado Luís Danny Ochoa Miranda; y excluyendo del proceso a los demandados Santa Cruz Seoane Zabala y María Dolly Suárez de Seoane; con costas.

En grado de apelación, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz mediante Auto de Vista Nº 738 de 10 de octubre de 2008 (fojas 586 a 588), confirma la sentencia y autos apelados, con costas.

CONSIDERANDO: que, la demandada María Dolly Suárez de Seoane en su recurso de casación en el fondo de 4 de noviembre de 2008 (fojas 591 a 593 vuelta), acusa: 1. Vulneración de los artículos 624 y 625 del Código Civil, porque el Auto de Vista le hubiese excluido en forma ilegal e indebida del proceso de reconocimiento y pago de mejoras, pese a que tuviera la calidad de garante de evicción y que por ello tendría la legitimación activa de intervenir en el proceso. 2. Vulneración del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, porque se dispuso la indemnización sin considerar que existía la prohibición de innovar dispuesta en otro proceso, por lo que considera que no procede la indemnización. 3. Asimismo acusa vulneración del artículo 97 parágrafo II del Código Civil, porque el Auto de Vista no hubiera considerado que durante el proceso la demandante a través de su apoderado hubiese reconocido y confesado haber levantado mejoras de lujo y suntuarias, por lo tanto no serían indemnizables. 4. De la misma forma refiere que la Sala Social y Administrativa al tiempo de pronunciar el Auto de Vista aplicó indebidamente el artículo 129 del Código Civil al no haberle dado opción a Luís Danny Ochoa a que las mejoras permanezcan o que sean retiradas.

Que, el demandado Luís Danny Ochoa en su recurso de casación en el fondo de 4 de noviembre de 2008 (fojas 596 a 598 vuelta), acusa: 1. Violación del artículo 105 del Código Civil, porque el Tribunal no hubiese considerado que tuviera la calidad de propietario del inmueble objeto de la litis. 2. Asimismo, refiere que el Auto de Vista hubiese vulnerado el artículo 97 parágrafo II del Código Civil, porque las mejoras que hubiese introducido la parte demandante serían suntuarias o de lujo, sin que haya dado su consentimiento y autorización y pese a que existiría una prohibición expresa del Juez Primero de Partido en lo Civil, dentro de una medida precautoria de prohibición de levantar mejoras y construcciones sobre el inmueble seguido por Dolly Suárez de Seoane contra la demandante. Por lo que el recurrente solicita se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda principal.

Que, el demandado Santa Cruz Seoane Zabala en su recurso de casación en el fondo de 17 de noviembre de 2008 (fojas 601 a 603 vuelta), acusa vulneración del artículo 624 y 625 del Código de Civil puesto que no se le hubiese considerado su legitimación procesal, por tener interés legítimo sobre el remate y la subasta, medio por el que se hubiese extinguido la obligación respecto a Luís Danny Ochoa. También acusa violación del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil porque no hubiese considerado la medida precautoria ejecutoriada de prohibición de innovar en el inmueble, objeto de la litis. De igual forma acusa violación del artículo 97 parágrafo II del Sustantivo Civil, porque se reconoció el pago de mejoras suntuarias o lujosas y finaliza acusando aplicación indebida del artículo 129 de la norma sustantiva, ya que el Juez, ni la demandante no reconocieron a Luís Danny Ochoa la opción que tuviera de decidir si las mejoras no son de su interés y optar porque se las retiren, solicitando en su petitorio se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda principal.

CONSIDERANDO: que, del análisis y cotejo de los recursos de casación en el fondo, se llega a las siguientes conclusiones:

I.- En cuanto al recurso de casación de la demandada María Dolly Suárez de Seoane en sus puntos 1 y 4. El artículo 624 y 625 del Código Civil se refieren a la responsabilidad legal y la evicción, como obligación que surge por los defectos de la cosa (propiedad), es decir la obligación que tiene el vendedor en relación al derecho de dominio sobre la propiedad, o sea, que se presenta cuando al comprador le disputa un tercero el derecho de propiedad, que en el caso de autos la recurrente María Dolly Suárez de Seoane al haber perdido su inmueble, a través de un proceso ejecutivo seguido por Luís Danny Ochoa, quien se adjudicó judicialmente el referido inmueble, la recurrente no se encuentra circunscrita a las disposiciones establecidas por los artículos referidos, mucho menos cuando en el presente proceso no se disputa la propiedad del inmueble, que claramente en la sentencia de fojas 455 a 460 reconoce como dueño del mismo al co demandado Luís Danny Ochoa, sino que versa sobre el pago de las mejoras y construcciones introducidas a dicho inmueble por la demandante, por lo que no existe violación de los artículos 624 y 625 de la norma Sustantiva Civil acusada por la recurrente.

Asimismo, con relación a la acusación que hace la recurrente de aplicación indebida del artículo 129 del Código Civil, respecto al co demandado Luís Danny Ochoa, la misma no tiene legitimación legal para demandar ésta o cualquier vulneración respecto al co demandado, por cuanto no es apoderada legal del referido, siendo que aquél también es parte en el presente proceso y tenía toda la potestad para requerir ante las autoridades jurisdiccionales el respeto de sus derechos en el caso de autos, mediante los recursos que otorga la ley, a cuya razón no se ha aplicado indebidamente el artículo 129 del Código Civil.

Por lo que el recurso de casación en el fondo planteado por María Dolly Suárez de Seoane deviene en infundado, sobre estos puntos en particular.

II.- Con referencia a los recursos de casación de la demandada María Dolly Suárez de Seoane en su punto 3 y del demandado Luís Danny Ochoa en su punto 2. En reiterados fallos, verbi gratia el Auto Supremo Nº 236 de 28 de septiembre de 2012 Sala Civil Liquidadora, el Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado claramente establecido que los jueces de instancia deben limitarse a aplicar las leyes invocadas por las partes en la demanda y en la contestación, por ello al interponer el recurso de casación y solicitar se reconozca la infracción de una determinada ley es obvio que la misma debe ser aplicada en la resolución recurrida, cuando el tribunal de segundo grado no se pronuncia sobre una determinada ley, corresponde a la parte interesada, con la facultad conferida por el artículo 196.2) con relación al artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, solicitar dentro del plazo legal la correspondiente complementación del referido fallo y sólo sobre esta base, puede recurrirse en casación, de manera que si el recurrente no ha procedido de esa forma el recurso debe ser declarado infundado.

En el caso en examen el auto de vista impugnado no se ha pronunciado expresamente sobre la supuesta vulneración del artículo 97 parágrafo II del Código Civil respecto a que no correspondería la indemnización por tratarse de mejoras suntuarias, es decir el Tribunal ad quem no aplicó el parágrafo II del referido artículo 97 del Código Civil; consiguientemente al no haber sido aplicada dicha norma legal, ésta no pudo haber sido violada en el fallo de segunda instancia.

En cuyo mérito, los recursos de casación en el fondo planteados por María Dolly Suárez de Seoane y Luís Danny Ochoa devienen en infundados, sobre estos puntos en particular.

A ello, se debe agregar, con relación a haberse desobedecido la prohibición de innovar a la que se refiere el demandado Luís Danny Ochoa, que el demandado nombrado, no indicó en cual de las causales previstas por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra su denuncia, pues no indicó que norma habría sido violada, o interpretada erróneamente o aplicada indebidamente por el Tribunal ad quem, ya que se limitó a transcribir los argumentos consignados en su memorial de apelación, lo cual implica incumplimiento del requisito previsto por el artículo 258 numeral 2) del Código Adjetivo Civil, por cuya razón el Tribunal Supremo no abre su competencia para resolver el fondo de esta denuncia manifiestamente defectuosa. 

III.- Con referencia al recurso de casación de la demandada María Dolly Suárez de Seoane en su punto 2. Dicha recurrente ni es la propietaria actual del inmueble ni ha sido condenada a indemnización por las mejoras, razón por la cual de principio no está legitimada para efectuar dicha denuncia, a esto debe añadirse que el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, consigna los requisitos de la procedencia de la medida precautoria de prohibición de innovar y no es el fundamento de la indemnización ordenada en los fallos de instancia y por lo mismo de la exclusión de esa indemnización, razón por la cual dicha norma legal no pudo ser violada por el Tribunal ad quem y finalmente la co demandada María Dolly Suárez de Seoane, correspondía denunciar ante el juez que dispuso la prohibición de innovar, el incumplimiento que alega y pedir el retiro de las mejoras cuando era propietaria del inmueble, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 del Código Civil. Consiguientemente, esta denuncia en particular también deviene en infundada.

IV. Respecto al recurso de casación del demandado Santa Cruz Seoane Zabala, el Auto Constitucional Nº 91 de 28 de febrero de 2013 (fojas 672 a 674) señaló “En cuanto al recurrente Santa Cruz Seoane Zabala, no corresponde referirnos puesto que no es parte de las denuncias de realizadas por el presente amparo”. Así, los artículos 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, otorgan a las partes la facultad de interponer recurso de apelación, por haber sufrido agravios en la resolución del inferior, para que el Juez o Tribunal superior lo repare, dentro de los plazos previstos en el artículo 220 del Adjetivo Civil, en este entendido "...cuando un litigante que ha sufrido agravios mediante la sentencia pudiendo apelar no lo hiciere, o al hacerlo contraviene las exigencias legales pierde el derecho a recurrir en casación porque no es aceptable un per saltum, ya que debe agotarse legalmente la segunda instancia para recurrir al medio extraordinario de impugnación que es de puro derecho. Así se infiere del artículo 272 numeral 1) del Procedimiento Civil que se observa y aplica con relación al caso del numeral 2) del artículo 262 del mismo, por cuanto el Tribunal de Alzada se ve huérfano de resolver las quejas del alzada y velar si efectivamente son producto de la sentencia de grado anterior, como el de casación cuando corresponda" (A.S. Nº 152, de 22 de abril de 2002).

De obrados se tiene que, el recurrente Santa Cruz Seoane Zabala, no interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado y directamente plantea recurso de casación en el fondo, lo que determina que el Tribunal de Casación se vea impedido de resolver su recurso, por falta de competencia, por lo que el recurso de casación en el fondo interpuesto por Santa Cruz Seoane Zabala se encuentra sujeto a lo dispuesto por el artículo 272 numeral 1) en relación con el artículo 262 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, sobreviniendo la improcedencia para dicho recurso.

V.- Con relación al recurso de casación del demandado Luís Danny Ochoa en su punto 1. El artículo 105 del Código Civil establece que “I. La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. II. El propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto en el libro V del Código presente”. En ese contexto y como se dijo líneas arriba, se tiene que, el demandado Luís Danny Ochoa se adjudicó judicialmente el inmueble de María Dolly Suárez de Seoane y en el presente proceso no se disputa la propiedad del inmueble, que claramente en la sentencia de fojas 455 a 460 reconoce como dueño del mismo al co demandado Luís Danny Ochoa, sino que versa sobre el pago de las mejoras y construcciones introducidas a dicho inmueble por la demandante, por lo que no existe violación del artículo 105 del Código Civil acusado por el recurrente.

Por lo que el recurso de casación en el fondo planteado por Luís Danny Ochoa deviene en infundado, sobre este punto en particular.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numerales 1), 2), 272 numeral 1) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOS los recursos de casación en el fondo interpuestos por María Dolly Suárez de Seoane de fojas 591 a 593 vuelta y Luís Danny Ochoa de fojas 596 a 598 vuelta, e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Santa Cruz Seoane Zabala de fojas 601 a 603 vuelta; sin costas por extemporaneidad de las respuestas.

Se llama severamente la atención al tribunal de alzada, conforme lo establecido en el numeral 1) del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, por no haber dado cumplimiento al mandato del artículo 262 del mismo Adjetivo Civil.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1500, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sanchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luís Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 255/2013