SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 254

Sucre: 14 de junio de 2013  

Expediente: CH-49-10-S

Proceso: Nulidad de contrato de venta

Partes: José Plaza Daza y otros c/ Juan Oscar Tirado Velasco

Distrito: Chuquisaca

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba



VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 647 a 650 vuelta, interpuesto por Rolando Plaza Urquizu, contra el Auto de Vista Nº 196, de fecha 20 de julio de 2010 de fojas 626 a 631, emitido por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, la respuesta al recurso de fojas 657 a 663, dentro del ordinario de Nulidad de contrato de venta, seguido por José Plaza Daza y otros contra Juan Oscar Tirado Velasco, la respuesta al recurso, los antecedentes, y:

CONSIDERANDO I:

1.- Que, el Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Chuquisaca, pronunció Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2005, de fojas 418 a 421 vuelta, declarando probadas las excepciones formuladas, con costas.

En grado de apelación deducida por la parte demandante, la Sala Civil de la entonces Corte Superior del  Distrito Judicial de Chuquisaca, pronunció Auto de Vista Nº 196, de fecha 20 de julio de 2010 de fojas 626 a 631, que revoca la sentencia apelada en parte, declarando probada la demanda e improbadas las excepciones planteadas, en cuyo mérito declara nula y sin efecto legal la venta realizada por el mandatario Juan Oscar Tirado Velasco a favor de Rolando Plaza Urquizu en relación al inmueble sito en calle Punta Brava Nº 120, Lote B, con una superficie de 149, 50 mts2, así como nula y sin valor la Escritura Pública Nº 352/2004, ordenando además, que en ejecución de sentencia se proceda a la cancelación de la inscripción en DD.RR.

2.- Contra el auto de vista referido, el demandado Rolando Plaza Urquizu, interpone recurso de casación en el fondo de fojas 647 a 650, bajo los siguientes argumentos:

El recurrente denuncia violación de los artículos 521 y 452 del Código Civil, arguyendo que la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real, se opera por efecto del consentimiento, aspecto que se cumplió en el presente caso, puesto que su tía le ha transferido el inmueble sito en calle Punta Brava Nº       120, primero a través del documento privado de contrato preliminar de venta de inmueble cursante a fojas 79, y posteriormente mediante el documento ratificatorio de transferencia de inmueble a título de venta y venta de muebles y accesorios cursante en obrados de fojas 31 a 32, los cuales tienen la eficacia probatoria establecida en el artículo 1297 del Código Civil al no existir norma alguna que exija una forma determinada para este tipo de transferencias; señala que, se ha incurrido en interpretación errónea del artículo 827 numeral 4) del Código Civil, porque cuando suscribió la Escritura Pública NO 353/2004 sobre compra y venta de las alícuotas partes del inmueble sito en calle Punta Brava NO 120 de esta ciudad de Sucre, ya se había operado a su favor la transferencia de la propiedad del inmueble de calle Punta Brava NO 120 por efecto del consentimiento de la vendedora y lo único que se hizo al suscribirse la Escritura Pública NO 353/2004, es cumplir la última voluntad de su tía Sofía Plaza Daza, la misma que quedo expresada en la cláusula novena del documento "ratificatorio de transferencia de inmueble a título de compra y venta, y venta de muebles y accesorios" cursante en obrados de fojas 31 a 32; manifiesta que, de acuerdo al artículo 827 inciso 4) se establece como causa de la extinción del mandato " 4) La muerte o interdicción del mandante o del mandatario, a menos que lo contrario resulte de la naturaleza del asunto...", en consideración a esta última parte señala, que la naturaleza del asunto que su finada tía encargo al apoderado, era realizar todos los trámites administrativos o municipales para consolidar el derecho propietario de su finada tía respecto al inmueble sito en calle Punta Brava NO 120 respecto a las 9/10 cuotas partes del inmueble, adquiridos de sus demás hermanos; expresa que, la Escritura Pública Nº 353/2004, fue un acto de mero trámite, tomando en cuenta que mucho antes se había operado a su favor la transferencia de la propiedad inmueble de calle Punta Brava Nº 120, al haberse expresado el consentimiento de la vendedora en el documento privado de contrato preliminar de venta de inmueble, así como el documento ratificatorio de transferencia de inmueble a título de venta y venta de muebles y accesorios, este último documento escrito en DD. RR en el folio con matrícula computarizada 1.01.1.99.0020766, asiento A 15, de titularidad de dominio en fecha 9 de septiembre de 2005, de donde resulta no ser inválidos o nulos tanto el contrato de compra y venta de 19 de mayo de 2004, así como el Poder Notarial NO 284/2004, que fue suscrito por su tía en vida y para un asunto que por su naturaleza, no podía extinguirse al producirse la muerte de la mandante.

Finaliza el recurso, solicitando al Tribunal Supremo de Justicia al amparo de las causales establecidas en los incisos 1) y 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda y probadas las excepciones planteadas.

CONSIDERANDO III:

Que, el artículo 521 del Código Civil, establece que “los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real, o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles”, por otro lado, el artículo 463 del mismo Sustantivo Civil, dispone que “el contrato preliminar, sea bilateral o unilateral, para la celebración de un contrato definitivo en el futuro, debe contener los mismos requisitos esenciales que este último, bajo sanción de nulidad” y en el marco de ambas disposiciones, evidentemente en el documento privado de contrato preliminar de venta de bien inmueble de fojas 79, como en el ratificatorio de dicha venta consta el consentimiento otorgado por la vendedora fallecida, requisito que es imperativo para la validez en una transferencia de venta, empero, es importante considerar que en el contrato preliminar de venta o promesa de venta, el promitente, que viene a ser el vendedor, acuerda con el promisorio, o comprador, la celebración en el futuro de un contrato definitivo previsto en el preliminar y que en el caso de autos la promitente tenía la obligación de efectivizar dicho contrato de venta, sin embargo,, sucedió el fallecimiento de la misma, motivo por el cual no se pudo concretar personalmente dicha venta, sino, a través del apoderado Dr. Oscar Tirado Velasco, por lo que, en primer lugar, no se está desconociendo el consentimiento otorgado en el contrato preliminar de venta otorgado por la Sra. Sofía Plaza Daza, cuando aún vivía, por lo que no se estaría violando los artículos 521 y 552 del Código Civil, sino, que la transferencia definitiva que fue otorgada justamente por el apoderado referido, que implicaba una representación directa de la vendedora, para que en representación de la promitente o vendedora se efectivice la transferencia en su nombre al apoderado Dr. Oscar Tirado Velasco, éste poder tenía todo el valor legal mientras la referida poderdante se encontraba con vida, empero, al fallecer, dicho poder quedo extinguido, como emergencia de lo establecido en el artículo 827 numeral 4) del Código Civil, siendo así, la efectivización de la transferencia quedó truncada, considerando que el referido poder no tenía ya ningún efecto legal, ante el fallecimiento de la apoderada, por lo que, no se podría considerar en dicha transferencia el consentimiento para la venta del inmueble de Punta Brava, habiendo quedado de igual forma el contrato preliminar de venta, sin efectividad, al no haber nacido a la vida jurídica, por incumplimiento de la promesa de venta que realizó la Sra. Sofia Daza Plaza, a cuya razón no es evidente la interpretación errónea del artículo 827 numeral 4) del Código Civil, debiendo aplicarse en el presente recurso, lo previsto por el artículo 271 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación por lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, recurso que cursa de fojas fojas 647 a 650 vuelta, interpuesto por Rolando Plaza Urquizu, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Primera Magistrada Relatora Dra. Elisa Sánchez Mamani de cuyo proyecto fueron disidentes los Magistrados Dra. Ana Adela Quispe Cuba y Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sanchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luís Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 254/2013