SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 249

Sucre: 31 de mayo de 2013  

Expediente: O-32-08-S

Proceso: Reparación de daños y perjuicios e imposición de cláusula penal.

Partes: Rosario Rodríguez Sánchez de Ballesteros c/ Ramiro Quisbert Lozano.

Distrito: Oruro

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de casación interpuesto por Ramiro Quisbert Lozano de fojas 408 a 412 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 92 de 2 de junio de 2008 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en el proceso sobre reparación de daños y perjuicios e imposición de cláusula penal, seguido por Rosario Rodríguez Sánchez de Ballesteros contra el recurrente, la respuesta de fojas 416 a 417, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez de Partido Segundo en lo Civil de la ciudad de Oruro pronunció la Sentencia Nº 1 de 3 de enero de 2008 (fojas 370 a 374), declarando probada la demanda así como probadas las excepciones perentorias de falta de acción y derecho de fojas 73 y vuelta, improbada la reconvención e improbadas las excepciones perentorias de falta de acción y derecho de fojas 58; en su mérito dispone la reparación de daños y perjuicios y el cumplimiento de la cláusula penal del contrato de obra, en ambos casos el monto deberá establecerse en ejecución de sentencia.

Deducida la apelación por el demandado, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro mediante Auto de Vista Nº 92 de 2 de junio de 2008 (fojas 399 a 402), confirma la sentencia apelada, con costas.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación interpuesto por el demandado Ramiro Quisbert Lozano, en los términos expresados en su memorial de 17 de junio de 2008 (fojas 408 a 412 vuelta).

CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Con esa facultad, ingresando a la revisión de los actuados procesales, más concretamente en lo que se refiere a la admisión de la demanda, se tiene lo siguiente:

Leída la demanda de fojas 38 y vuelta, es evidente que la misma contiene graves defectos que concluyen perjudicando a la propia actora. Al respecto, la presentación y admisión de una demanda está sujeta a determinados controles ejercitados tanto por el personal del juzgado, el Juez y las propias partes en observancia de lo dispuesto en el artículo 327 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, donde se establecen los requisitos que debe contener el memorial de demanda al momento de su presentación, así como la facultad otorgada al juzgador cuando una demanda no se ajuste a estas reglas, tal cual prevé el artículo 333 (demanda defectuosa) del mismo Adjetivo Civil que dispone que el Juez ordene de oficio se subsanen los defectos dentro de un plazo prudencial bajo pena de tenerla como no presentada, sin que esto signifique una negación al derecho que tiene toda persona legalmente capaz de intervenir en el proceso y pedir la protección jurídica del Estado, ejercitando la acción que le permite el ordenamiento jurídico según sea la naturaleza del derecho que invoca. En el caso analizado, la actora pretende a través de la presente demanda: “La reparación de daños y perjuicios… con motivo del incumplimiento en la entrega tan demorada de la vivienda concluida” y “La imposición de cláusula penal por concepto de multa por cada día de atraso y cuyo valor se estimará en ejecución de sentencia”; sin embargo, pese a la exposición de los hechos, la demandante de forma incoherente e imprecisa funda su pretensión restringidamente “de conformidad a los “arts. 984 y 532 del Código Civil” que se refieren al “resarcimiento por hecho ilícito” y al “resarcimiento convencional” respectivamente; de ahí que la relación de los hechos y el petitorio expresados, carecen del derecho expuesto sucintamente, al respecto cabe aclarar que el artículo 568 del Código Civil regla la resolución del contrato por incumplimiento voluntario. Bajo este razonamiento, correspondía al Juez de primera instancia aplicando lo previsto en el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, observar la misma en cuanto a los defectos señalados, y en caso de no ser subsanados declarar la no presentación de la demanda. Esta negligencia del juzgador, ha ocasionando un proceso inútil en base a una demanda defectuosa que fue admitida y tramitada de forma irregular, en perjuicio de las partes, causando inseguridad jurídica y negación a la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho aquellas. En otros términos, se ha tramitado un proceso en base a una demanda que no cumplía con los presupuestos de admisibilidad establecidos en los incisos 5), 6), 7) y 9) del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, según el tratadista Alsina, la acción y la demanda son conceptos distintos; así, la demanda, es efectivamente, la forma corriente y hasta más visible del ejercicio de la acción, la cual debe reunir los requisitos formales previstos por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, para que se abra la instancia, en tanto que en la acción deben coincidir requisitos de fondo para que sea admitida en la Sentencia (cita el ex Ministro de la Corte Suprema, Dr. José Decker Morales, en su Código de Procedimiento Civil, concordado y comentado). Por consiguiente, al no haber sido observada de oficio la demanda por el Juez de primera instancia en el momento de su presentación, pese a sus defectos formales, ha originado un error de procedimiento que ha culminado en una Sentencia basada en fundamentos inadecuados -“el contratista ha incumplido con los términos del contrato”- en franca vulneración del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil. Esta circunstancia, en su momento, no fue debidamente observada por el Tribunal Ad quem, cual era su deber, en franca omisión de la obligación que le impone la Ley.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados con reposición hasta fojas 42 vuelta inclusive, esto es hasta el estado en que el Juez de la causa, en estricta observancia de los artículos 3 inciso 1), 87 y 333 del Código de Procedimiento Civil, disponga que la demanda se ajuste a lo establecido por el artículo 327 de la norma procedimental citada supra.

No siendo excusable el actuar del juez a quo, ni del tribunal ad quem, se les impone responsabilidad en multa que se regula en Bs. 200.-, descontables de sus haberes, a favor del Tesoro Judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  249/2013