SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 236

Sucre: 31 de mayo de 2013  

Expediente: SC-41-08-S

Proceso: Revisión de Fallo Judicial y otros.

Partes: Carmen Mardínez Morales y otros c/ Ricardo Zambrana Zambrana.

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

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VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 211 a 213 vuelta, interpuesto por Carmen Mardínez Morales y otros herederos de Aurelio Nicanor Jordán Castedo, contra el Auto de Vista cursante a fojas 192 a 193 vuelta, de fecha 20 de diciembre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Primera de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario sobre REVISION DE FALLO JUDICIAL y otros, seguido por los recurrentes contra Ricardo Zambrana Zambrana, la contestación al recurso de fojas 215 a 216, los antecedentes del proceso, y el auto de concesión del recurso de fojas 216 vuelta; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que en la tramitación de la causa, la Juez de Partido 6º en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, pronunció sentencia en fecha  26 de septiembre de 2005 cursante a fojas 106 a 108 vuelta de obrados, declarando IMPROBADA de fojas 17 a 21 sobre anulabilidad de convenio transaccional, revisión de proceso ejecutivo, pago de daños y perjuicios y devolución de dinero entregado, planteada por Aurelio Nicanor Jordán Castedo.

Que, en grado de apelación incoada por el demandante, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, confirma la sentencia apelada, con costas.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.- El recurrente interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, con argumentos que se extractan a continuación:

A través de su recurso de casación en la forma, manifiesta la violación del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, por la incongruencia con la que resolvió el ad quem la apelación, sin pronunciarse por éste punto apelado, el Tribunal de alzada en el auto de relación procesal no fijo como punto a probar la modificación de lo resuelto  en el juicio ejecutivo, situación que fue demandada, vulnerando así el mencionado artículo, pidiendo al tribunal supremo anule obrados hasta fojas 54 inclusive, ordenando al juez de la causa incluya en el auto de relación procesal el punto concerniente a la modificación de lo resuelto en el juicio ejecutivo.

Aduce también la violación del artículo 28 III de la ley 1760 al no haberse considerado por los de instancia que el artículo 297 del Código de procedimiento Civil se refiere a la revisión extraordinaria  de sentencia, la misma que se aplica a los procesos ordinarios, no así a los procesos ejecutivos y que por imperio del artículo 28 III de la ley 1760 son los jueces de partido quienes tienen plena competencia para conocer y resolver las pretensiones sobre modificación  de lo resuelto en procesos ejecutivos o coactivos, por lo que respetuosamente pide se anule obrados hasta la sentencia inclusive y se ordene que la juez de primera instancia se pronuncie en forma expresa sobre la pretensión de modificación de lo resuelto en el proceso ejecutivo.

Por su recurso de casación en el fondo, denuncia que el auto de vista violentó el artículo 346 numeral 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil al no valorar la confesión judicial realizada por el demandado al contestar con evasivas a la demanda principal.

Acusa de error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, pues no se consideró que a fojas 61 Ricardo Zambrana Zambrana confiesa en forma espontánea que el documento materia de la acción fue suscrito bajo presión ejercida sobre el demandante.    

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Qué, así resumido el confuso recurso de casación, queda establecido, concretamente, que: a) En la forma, se pretende la nulidad de obrados por supuestamente: 1) No haberse pronunciado sobre el punto apelado y demandado de modificación de fallo judicial del proceso ejecutivo, aspecto que no fue tomado en cuenta por el auto de relación procesal, violándose el artículo 190 del Código de procedimiento Civil. 2) Violación del artículo 28 III de la Ley 1760, la que establece que los jueces de partido en lo civil y comercial tienen jurisdicción y competencia para conocer y resolver la pretensión de modificar el fallo judicial ejecutivo o coactivo. b) En el fondo, se acusa la violación: 1) Del artículo 346 numeral 1) y 2) del Código de Procedimiento Civil, en vista que el demandado no cumplió con dichos requisitos; y 2) Error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, refiriéndose a la confesión espontanea que habría realizado el demandado.

a) Respecto a los pretendidos vicios de incongruencia que derivarían en nulidad cometidos por el tribunal Ad quem por haber dictado el Auto de Vista recurrido de forma citra petita, se tiene que, la jurisprudencia reiterada por el Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que dicho vicio adopta dos modalidades y tres aspectos. Las modalidades son: Incongruencia positiva (cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido), e incongruencia negativa (cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En relación a los aspectos, se presentan: Cuando se otorga más de lo pedido (ultrapetita), cuando se otorga algo distinto del pedido (extrapetita) y cuando se omite pronunciamiento sobre algo pedido o excepcionado (citrapetita).

En el caso de autos no habiendo omitido el Juez a quo la resolución de todos los puntos demandados y constitutivos del Auto de relación procesal no es evidentemente que la sentencia o Auto de Vista se torne “citra petita”. De tal forma que la sentencia, resulta comulgar con la legislación y doctrina aplicada en juicios análogos, ya que ambos fallos (primera y segunda instancia) se circunscriben dentro del principio de congruencia y exhaustividad previsto por el artículo 190 y 236, con relación al artículo 227 del adjetivo de la materia, puesto que éstos tienen plena concordancia entre el petitum formulado por el actor, lo dispuesto en el auto que declara la relación procesal inmodificable y fija los puntos de hecho a demostrar, las pruebas aportadas y lo resuelto en la sentencia, habiéndose ajustado a los agravios expresados en el recurso de apelación y a la resolución del inferior, por lo que se concluye que no hay mérito para una casación formal, por todos los fundamentos expuestos, al no haberse causado perjuicio o indefensión a ninguna de las partes.

En cuanto al segundo punto tenemos que, el proceso ejecutivo (coactivo) constituye el conjunto de actuaciones tendentes a obtener la plena satisfacción de una prestación u obligación a favor del demandante y a cargo del demandado, la cual debe estar contenida en una sentencia que declare la exigibilidad de tal obligación, que puede ser de dar o de hacer. Dicho de otro modo, el proceso ejecutivo (coactivo) tiende a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos extrajudiciales convencionales o administrativos que tengan fuerza ejecutiva o coactiva, a través del cual se busca el cumplimiento de una obligación que la ley presume existente y válida, sin que necesite la declaración previa en proceso de conocimiento sobre la existencia o inexistencia del derecho.

La finalidad última del proceso ejecutivo (coactivo) es obtener la satisfacción plena de la obligación, es decir, lograr el pago o cancelación total de la deuda, o la entrega de la cosa, dependiendo de lo que establezca el título ejecutivo. Entonces, tanto en el proceso ejecutivo como en el coactivo no se discuten derechos dudosos o contradictorios y la ejecución está subordinada a lo que conste en el documento base de la ejecución, pudiendo esgrimirse en defensa del deudor, únicamente las excepciones permitidas por la ley. No obstante lo referido, por disposición del artículo 490 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 28 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, lo resuelto en el proceso ejecutivo o coactivo podrá ser modificado en un proceso ordinario posterior, el que podrá promoverse por cualquiera de las partes una vez ejecutoriada la sentencia, en el plazo de seis meses, vencido este plazo, caducará el derecho de demandar la revisión del fallo dictado en el proceso de ejecución. Este proceso ordinario posterior, tiene por finalidad fundamental, la revisión y consiguiente modificación si fuere el caso de la sentencia dictada en el proceso ejecutivo o coactivo, cuando por su naturaleza y limitaciones no se pudo probar la defensa o excepciones opuestas, así como probar los vicios de nulidad procesal que comprometen la eficacia de la sentencia; es decir que, a través de este proceso ordinario, se puede anular lo obrado en el juicio ejecutivo o coactivo con el propósito de repetir el pago de lo indebido; o para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

En la especie, de los datos del cuaderno procesal, se constata que el demandante  Aurelio Nicanor Jordán Castedo, no ordinarizaron el proceso ejecutivo, pretendiendo la modificación del fallo del  proceso ejecutivo, consiguientemente revisión y anulación de fallo, más el resarcimiento de daños y perjuicios con el planteamiento de la presente demanda, sin que previamente, como ya se dijo se hubiera recurrido a la ordinarización del proceso ejecutivo, incumpliendo el demandante con la obligación del artículo  490 del Código de Procedimiento Civil; lo que definió de principio la improcedencia de su demanda, razón por la cual el a quo no incluyo esta petición de revisión de fallo judicial en el auto de relación procesal, siendo que, no fue reclamado u observado en su oportunidad, convalidando y dejando precluir su derecho. Lo que significa que si la parte supuestamente afectada no impugna mediante los recursos que la ley le franquea y deja vencer los términos de interposición, sin hacerlo, debe presumirse que la nulidad aunque exista, no le perjudica gravemente y que renuncia a los medios de impugnación, operándose la preclusión de su etapa procesal y los actos, aún nulos quedan convalidados.

b) En cuanto al fondo al punto 1) tenemos que, como ya se explico en la parte final del anterior punto resuelto, todo reclamo o impugnación debe hacerse en la instancia y tiempo oportuno, el no hacerlo conduce a la extinción de su derecho a objetarlo posteriormente, considerando que el juicio se divide en etapas  y cada una de ellas supone una clausura de la anterior, sin posibilidad de retrotraerse en lo actuado anteriormente, cayendo esta su solicitud en preclusión de su derecho. 

2) En cuanto a la falta de valoración de la prueba; corresponde ingresar al análisis de los fundamentos expresados en el recurso y de los antecedentes procesales, empero, previamente, consideramos pertinente referir respecto a la prueba y su valoración, lo expresado por este Tribunal Supremo mediante A.S. Nro. 271 de 28 de mayo de 2007, que a la letra dice "...conviene también precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios debe efectuárselo de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. En consecuencia, el juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente".

Lo anteriormente expuesto encuentra su respaldo dentro de nuestra normativa en lo previsto por el artículo 1286 del Código Civil que establece que: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio". En coherencia con esta disposición sustantiva, el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil en su parágrafo I establece que: "I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica".

A lo anterior cabe agregar que, conforme está establecido por abundante jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo, la valoración de la prueba es atribución privativa de los jueces de grado, siendo incensurable en casación a menos que se demuestre el error de hecho o de derecho en que hubieran incurrido; deduciéndose, en la especie, que el A quo y tribunal ad quem, valoraron en su conjunto toda la prueba aportada al proceso, conforme las reglas de la sana crítica de conformidad a lo previsto en el artículo 1286 del Código Civil que manda que "las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio", sin denotar ningún error de hecho ni de derecho en su apreciación, error de derecho que solamente puede darse cuando la prueba está tasada por ley, y el error de hecho cuando se lo evidencia con documentos o actos auténticos que lleven a demostrar inequívocamente dicho error en el juzgador.

Por lo que no siendo evidentes las infracciones y vulneraciones acusadas en los recursos, corresponde a este tribunal la aplicación de los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma como en el fondo de fojas 211 a 213 vuelta, interpuesto por Carmen Mardínez Morales y otros herederos de Aurelio Nicanor Jordán Castedo, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  236/2013