SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 230

Sucre: 29 de mayo de 2013  

Expediente: P-24-08-S

Proceso: Prescripción adquisitiva.

Partes: Obispado de la Diócesis de Potosí c/ Alcaldía Municipal de Potosí y otros.

Distrito: Potosí

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

__________________________________________________________________________


VISTOS: el recurso de casación en la forma interpuesto por el Obispado de la Diócesis de Potosí de fojas 457 a 459 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 149 de 25 de junio de 2008 pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, en el proceso sobre prescripción adquisitiva seguido por la entidad recurrente contra la Alcaldía Municipal de Potosí y otros, el auto concesorio de fojas 462 vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, la Jueza de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Potosí pronunció la Sentencia Nº 54 de 24 de marzo de 2008 (fojas 397 a 405), declarando improbada la demanda y probada la excepción de falta de derecho de la parte actora opuesta por la Alcaldía Municipal de Potosí.

Deducida la apelación por la entidad demandante, la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí mediante Auto de Vista Nº 149 de 25 de junio de 2008 (fojas 449 a 451), confirma la sentencia apelada, con costas.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación en la forma interpuesto por el demandante Obispado de la Diócesis de Potosí representado por José Luís Veizaga Rivero de 30 de junio de 2008 (fojas 457 a 459 vuelta).

CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

En función a esa facultad fiscalizadora, corresponde precisar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la Sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas.

Asimismo, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil establece que las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio; y, las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas.

Por otro lado, la usucapión ó prescripción adquisitiva es un modo de adquirir la propiedad por haberla poseído durante el tiempo previsto y con apego a las condiciones determinadas por Ley. En general, la usucapión ó prescripción adquisitiva declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual la usucapión ó prescripción adquisitiva sólo es posible respecto de bienes que se encuentran registrados a nombre de un anterior propietario contra quien se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión ó prescripción adquisitiva. Por ello para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la Sentencia que declare la usucapión ó prescripción adquisitiva producirá validamente ese doble efecto.

El sujeto pasivo de la usucapión ó prescripción adquisitiva es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión ó prescripción adquisitiva.

Por lo expuesto, se concluye que es deber ineludible del actor acreditar, a tiempo de interponer la demanda de usucapión ó prescripción adquisitiva, que la persona contra quien se la dirige es quién figura como titular en el momento de promover la acción. No es posible que el actor dirija su pretensión en contra de una persona distinta de quien figura como actual titular en los Registros de Derechos Reales, pues, al ser un modo derivativo de adquirir la propiedad, ésta opera sólo respecto de bienes que se encuentran en la esfera del dominio privado, y respecto de aquellos bienes muebles o inmuebles sobre los que recae un derecho de propiedad anterior.

En ese contexto, la anterior Corte Suprema de Justicia, ha establecido, mediante Autos Supremos Nº 201 de 17 de junio de 2005, Nº 287 de 13 de septiembre de 2005, entre otros, que quien pretenda adquirir derecho de propiedad por la usucapión ó prescripción adquisitiva, debe realizar investigación respecto a la tradición registral y así determinar con precisión quienes figuran en los registros como actuales propietarios. Requisito que, en el caso sub lite, no ha sido cumplido por la entidad demandante y que fue obviado por la Jueza de primera instancia, antes de la admisión de la demanda de 20 de junio de 2007 (fojas 281 vuelta a 282).

De lo expuesto, se tiene que la Jueza a quo no consideró los efectos del artículo 194 del Código Adjetivo Civil, al no haberlo hecho incumplió el deber que le impone el artículo 3 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, por permitir que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad. Por su parte, le correspondía al Tribunal ad quem hacer uso de su facultad fiscalizadora que le reconoce la Ley y anular obrados, omisión que se encuentra sancionada con nulidad prevista por el artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta la admisión de 20 de junio de 2007, de fojas 281 vuelta a 282, inclusive.

Con responsabilidad por no ser excusable la omisión de los Tribunales de instancia, que se gradúa en Bs. 200, descontable de sus haberes.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  230/2013