SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 221

Sucre: 29 de mayo de 2013  

Expediente: C- 25- 08- S

Proceso: Divorcio.

Partes: Jaime García Vargas c/ Olga Rojas Terán.

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El  recurso de casación de fojas 241 a 243, interpuesto por Miriam E. Aranda Cárdenas en representación legal de Olga Rojas Terán, contra el auto de vista de 26 de octubre de 2007, dictado dentro el proceso ordinario de divorcio absoluto, seguido por Jaime García Vargas contra la recurrente, el auto concesorio de fojas 245 vuelta, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.-

Tramitada la causa de referencia, el Juez Segundo de Partido de Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Quillacollo - Cochabamba, pronunció la sentencia de 11 de mayo de 2006, cursante de fojas 178 a 179 vuelta, declarando improbada la demanda de fojas 3 y vuelta; probada la excepción de falsedad opuesta a la demanda; improbada la excepción de falta de acción, derecho y presunciones; improbada la demanda reconvencional de fojas 10 a 11, sin costas. Dejando sin efecto todas las medidas provisionales.

En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 138 de 26 de octubre de 2007, cursante de fojas 222 y vuelta, confirma la sentencia de 11 mayo de 2006.

Contra el fallo de segunda instancia, Miriam E. Aranda Cárdenas en representación de Olga Rojas Terán, por memorial de fojas 241 a 243, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.-

I.- RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.-

La recurrente, denuncia violación del artículo 336 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que el auto de vista resulta impertinente, al no considerar al momento de confirmar la sentencia, los puntos resueltos por el inferior los cuales fueron objeto de apelación y fundamentación; indica que, al no haberse asignado ningún monto por concepto de asistencia familiar, no podía dejarse sin efecto un derecho que en forma totalmente ilegal y atentatoria no fue fijado; manifiesta que, en el recurso de apelación de fojas 183 y 187, se ha justificado la solicitud de fijarse un monto de asistencia familiar en razón de que el demandante goza de solvencia económica, solicitud que no fue respondida por el auto de vista, violando lo dispuesto por el inciso 4) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil; señala que, el auto de vista recurrido es incongruente y carece de sindéresis jurídica, al no haber fundamentado de forma alguna sobre la solicitud de complementación y enmienda en cuanto a la solicitud de pronunciamiento sobre la asistencia familiar.

I.- RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO.-

Denuncia que, al no pronunciarse el auto de vista sobre la asistencia familiar, viola lo dispuesto por el artículo 199 e interpreta erróneamente el artículo 196 de la Constitución Política del Estado, dejando a una menor en completa desprotección, además de mantener un matrimonio que ya no existe, toda vez que los cónyuges están separados; señala que, el auto de vista viola los artículos 22, 23 y 24 del Código de Familia, al no establecer la obligación del padre de subvenir las necesidades de su hija desde la citación con la demanda reconvencional; indica que, el auto de vista viola lo dispuesto en los artículos 145 y 147  del Código de Familia, al no haberse señalado un monto de asistencia para el mantenimiento ni educación de la hija del demandante.

Finaliza el recurso, pidiendo al tribunal de casación, case el auto de vista y  fije un monto de asistencia familiar en la suma de Bs. 8000 en favor de su persona y su hija menor de edad.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

I.- EN  CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN LA FORMA.-

La apelación es un recurso ordinario a través del cual las actuaciones judiciales se remiten a un órgano superior con la posibilidad de practicar nuevas pruebas y revocarse la resolución dictada por el inferior, si fuere el caso. En otras palabras, la  apelación es un recurso constitutivo de instancia, a través del cual el tribunal superior puede pronunciarse sobre todas las cuestiones de hecho y derecho que han sido discutidas en el proceso, aunque normalmente varía en función de la legislación y de la materia, reduciendo el ámbito del tribunal de apelación a lo solicitado por las partes y a lo resuelto por el inferior. No obstante de ello, la resolución superior, entre otros presupuestos debe observar los principios de exhaustividad y pertinencia, resolviendo todos y cada uno de los puntos consignados como agravios en el recurso, o de forma extensiva sobre todos los hechos alegados y debatidos en el proceso, así como el derecho aplicado cuando se trata de una revisión de sentencia, actividad jurisdiccional que se debe efectuar en función a la prueba contradictoriamente aportada por las partes y debidamente analizada, apreciada y valorada, tal como disponen los artículos 1286 del Código Civil y 397 - I y II  del Código de Procedimiento Civil. Esta necesidad de contenido de la resolución de vista obliga a los jueces o tribunales de instancia, a estructurar su resolución en base a los parámetros establecidos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil, lo que implica que, la parte considerativa de la resolución, debe contener, la exposición sumaria del hecho o del derecho que litiga, el análisis y evaluación fundada de la prueba, y cita de las leyes en que funda. De esta parte de la resolución de vista  deben surgir con claridad los motivos que ha tenido el juez o tribunal  para formular su opinión, y en ella encontrarán las partes litigantes y el público en general los fundamentos de la decisión adoptada, para poder impugnarla (el perdidoso) o sostenerla (el victorioso); por ello se considera la parte más importante de la resolución.

Tratándose de la fundamentación de las resoluciones judiciales, es preciso señalar que se concibe como un requisito insoslayable y obligatorio para los jueces y tribunales, para lograr una aplicación razonada del derecho que exprese las razones que han llevado a adoptar una determinada decisión y no otra en el conflicto que el proceso supone.

La parte resolutiva o dispositiva,  que se constituye en la decisión del juez o tribunal acerca de los hechos sometidos a su solución y que fueron motivo de la apelación o revisión, debe estar en estricta relación de pertinencia y congruencia con la parte considerativa de la resolución, la cual podrá ser confirmatorio total, confirmatorio parcial, revocatorio total o parcial, anulatorio o repositorio de acuerdo a lo que establece el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil. Por esta razón, las decisiones de los jueces de instancia, que constituyen actos de poder del Estado, deben estar debidamente sustentadas y reguladas por los principios procesales como el de congruencia.

En las sentencias constitutivas o autos de vista confirmatorios o revocatorios que   confirman o modifican una situación jurídica existente, constituyendo una nueva, el principio de congruencia cobra significativa trascendencia, al estar íntimamente ligado con el derecho constitucional de petición, ya que éste último exige, que se resuelva sobre lo solicitado dentro de un plazo razonable y de manera congruente; por lo que la violación a la congruencia, implicaría la violación a tal derecho. Del mismo modo, la falta de respuesta implica una incongruencia por omisión que conlleva una denegación técnica de justicia, incorrección procesal que incide, en el derecho fundamental a la defensa, puesto que sustrae a la parte la posibilidad de contradecir u oponerse a una decisión judicial, más aun si se trata en instancias de apelación.

Desde esa perspectiva, el principio de congruencia y el derecho de defensa están íntimamente vinculados, por cuanto en todo proceso no debe apartarse a las partes del verdadero debate contradictorio, y propuesto por ellas, con merma de sus posibilidades y derecho de defensa, pues podría producirse un fallo no adecuado o no ajustado sustancialmente a las recíprocas pretensiones de las partes.

En el contexto señalado,  de la revisión y análisis del Auto de Vista Nº 138 de 26 de octubre de 2007, cursante a fojas 222 y vuelta, se desprende, con claridad y objetividad, que esta es omisa e inmotivada, deviniendo en incongruente, toda vez que, la escueta redacción, resulta insuficiente al no contener los requisitos normativos esenciales  que sean de comprensión de todos los sujetos procesales dando lugar a confusión u oscuridad, al no explicar los motivos por los cuales confirmo la sentencia sin dar una respuesta en derecho a todos los puntos denunciados como agravios en el recurso de apelación de fojas 183 a 187 vuelta, referidos a las razones por las cuales el juez de la causa no ha brindado protección a la hija menor del demandante al no señalar una asistencia familiar provisional en su favor durante todo el tiempo del proceso; al grave daño y desprotección ocasionado por el demandante a su familia al abandonar el hogar conyugal y residir en un país extranjero; el daño que ocasiona el juez de la causa de mantener vigente un matrimonio que por las pruebas producidas y lo dicho por las partes se encuentra quebrantado a consecuencia del abandono del hogar y los malos tratos proferidos.

En ese orden, corresponde señalar que la norma establecida por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, establece que, el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación conforme lo dispuesto por el artículo 227 del citado procedimiento, consagrando el principio normativo de congruencia, según el cual la resolución judicial debe ser exacta, precisa y relacionada con la pretensión oportunamente deducida en el pleito, constituyéndose el límite de la potestad jurisdiccional del juzgador, puesto que el contenido de sus resoluciones se encuentran delimitados de acuerdo al sentido y alcance de las peticiones de las partes, a fin de que exista identidad entre la pretensión con lo resuelto.

Que una decisión de nulidad tiene cabida, cuando la sentencia o auto superior  adolezca de vicios o defectos de forma o de construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional, evitando su desnaturalización mediante violación de sus reglas que son de orden público y aplicación obligatoria,  de ahí que es necesario que el Tribunal Supremo, reencause el procedimiento, resolviendo el recurso en aplicación de los  artículos 254 - 4), 271 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

II.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO.-

Este Tribunal Supremo se encuentra eximido de pronunciamiento al existir una decisión anulatoria.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, artículo 42 I 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA el auto de vista recurrido y dispone que el Tribunal ad quem previo sorteo sin necesidad de turno pronuncie otro debidamente motivado y dentro de los marcos de su competencia prevista por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

No siendo excusable el error en el que ha incurrido el Tribunal ad quem, que  ocasiona grave perjuicio a las partes, se les impone multa a los vocales suscriptores que se gradúa en Bs. 300.- que les serán descontados de su haber mensual a favor del Tesoro Judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  221/2013