SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 216

Sucre: 29 de mayo de 2013  

Expediente: C-23-08-S

Proceso: Nulidad de documentos.

Partes: Maria Julia Palacios Guaman y otros c/ Juan Waldo Álvarez Balderrama.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de casación y/o nulidad interpuesto por Tom Prieto Melgarejo en representación de Iván Palacios Guaman de fojas 208 a 211 vuelta de obrados, impugnando el Auto de Vista de 23 de junio de 2004, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Nulidad de documentos seguido por Maria Julia Palacios Guaman y otros contra Juan Waldo Álvarez Balderrama, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO: que, tramitada la causa, el Juez de Partido Tercero en lo Civil de Cochabamba, emitió la sentencia de 21 de abril de 2001, cursante de fojas 153 a 155 vuelta, declarando improbada la demanda de fojas 9 a 10, probada la excepción perentoria de falsedad de fojas 12 a 13 e improbadas las excepciones de incompetencia, incapacidad e impersonería en el demandante y demandado, oscuridad y contradicción en la misma y contradicción, probada la acción reconvencional, e improbada las excepciones perentorias de ilegalidad, improcedencia, falsedad y falta de acción y derecho en el reconviniente, planteadas respecto a la acción reconvencional, sin costas por ser juicio doble. En consecuencia se declara la validez legal de la escritura pública protocolizada en fecha 20 de enero de 1983, otorgada por ante Notario de Fé Pública de Primera Clase José Casto Echazu, registrado en la oficina de Derechos Reales a fojas y Partida Nº 468 del Libro 1 A de Propiedad de la ciudad (Capital) en fecha 4 de febrero de 1983.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Tom Prieto Melgarejo en representación de la sucesión Palacios Guaman de fojas 159 a 162, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 23 de junio de 2004 cursante de fojas 178 y vuelta, confirma la sentencia de 21 de abril de 2001 de fojas 153 a 155 de obrados. Con costas en ambas instancias.

Resolución que dio lugar al recurso de casación y/o nulidad en el fondo y en la forma del Auto de Vista, con los siguientes fundamentos:

En su recurso de casación en el fondo acusa la violación del artículo 431 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, por no otorgar una correcta interpretación y aplicación del mencionado artículo, al no consignar los puntos de pericia a tiempo de designar a los peritos, viciando de nulidad estos actuados.

Por otra parte, denuncia la violación del precepto legal del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, puesto que no se habría notificado con el decreto de designación de perito de fojas 79, para inmediatamente prestar juramento, aspecto que habría imposibilitado recusar al perito designado.

Asimismo, acusa la violación de los artículos 432 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1332 del Código Civil, porque oficiosamente se habría designado un perito, sin que existan dos pericias contradictorias, desconociendo el derecho de los justiciables a producir y ofrecer sus pruebas.

Aduce la vulneración del artículo 1329 numeral 2º del Código Civil, puesto que el Auto de Vista al referirse a la prueba testifical de descargo, señalaría que carecería de relevancia jurídica por el hecho que el vendedor tendría los fondos suficientes, lo que no demostraría que su firma haya sido falsificada, por lo que la prueba testifical no debería ser rechazada en su análisis y contenido probatorio.

En su recurso de casación en la forma, acusa la violación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, cuya inobservancia acarrea la nulidad de lo actuado, por lo que al omitir fijar los puntos de hecho, sobre los cuales el perito designado debía realizar su pericia conforme el artículo 431 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, violando el procedimiento por lo que ingresaría en la nulidad sancionada por dicha disposición.

Como fundamento adicional, afirma que existirían dos reposiciones que no habrían sido resueltas antes ni en la propia sentencia y que el Auto de Vista tampoco se habría pronunciado, violando el artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, motivando la nulidad del Auto recurrido.

Concluye solicitando que el mismo deliberando en el fondo con verdadera hermenéutica legal y sindéresis case y/o anule el Auto de Vista recurrido disponiendo haber lugar a la designación de un tercer perito dirimidor, que acredite el punto demandado sobre la veracidad o falsedad de la firma del vendedor en el documento de venta cuya nulidad se demandó.

CONSIDERANDO: que en función a los fundamentos expuestos, y en consideración a que se ha planteado ambos recursos, es decir, tanto en la forma como en el fondo, corresponde a este Tribunal Supremo pronunciarse primero respecto a las causales de nulidad acusadas, pues de ser evidentes aquellos se resolverían por la anulación de obrados, determinando la imposibilidad de emitir pronunciamiento sobre el fondo.

En relación al recurso de casación en la forma y la supuesta violación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, que señala que las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley, asimismo el parágrafo II de ese mismo artículo dispone que las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo, son nulas. De lo preceptuado, se infiere que un acto procesal que se ha constituido infringiendo una norma procesal y conculcando un derecho o garantía constitucional, es nulo, es decir que no nace a la vida jurídica. En virtud a ello de la revisión de obrados se tiene que mediante auto interlocutorio de fojas 79 vuelta, el Juez de la causa declaró vencido el término de prueba y no ha lugar el perito ofrecido, sin embargo habiendo considerado el Juez que era necesario la realización del peritaje, con la facultad conferida por el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, designo como perito de oficio a Julio Monrroy, quien previo juramento acepto el cargo de perito a fojas 81, determinación que fue admitida por Tom Prieto Melgarejo en representación de los hermanos Palacios mediante memorial de fojas 84, con la observación de que se mute la designación a nombre del Director de Criminalistica sección grafología, en caso de negativa anunció interponer la apelación al superior en grado, aspecto que no sucedió en el caso de autos, por lo que éste tribunal de alzada no está facultado ni tiene la competencia para suplir la omisión de las partes, que por su propia negligencia dejaron que precluya su derecho, y que no se haya apelado como se tenia anunciado no vulneró ningún derecho fundamental que amerite la nulidad, pues conforme sostiene Alsina: "Donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad", además quien ofreció el perito dirimidor fue el adverso Juan Waldo Álvarez Balderrama, tal petición la realizó de forma extemporánea estando vencido el termino de prueba. Por lo que no se puede señalar que se han vulnerado normas procesales de orden público para tratar de justificar aspectos que no tienen asidero legal.

Finalmente con relación a la supuesta violación del artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, dicha disposición procedimental no es susceptible de infracción alguna, pues simplemente prevé una de las causas para la procedencia del recurso de casación en la forma, es decir da la viabilidad para la procedencia del recurso y de ninguna manera significa que la violación se encuentre directamente en esa misma norma legal y quienes recurren en casación a la luz de ese precepto legal, tienen el deber de fundamentar cuáles de las demás disposiciones legales fueron erróneas o indebidamente aplicadas por los Jueces de instancia y sobre todo especificar en qué consiste esa violación, falsedad o error, tal como exige el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, aspecto que en el caso presente se evidencia una ausencia de técnica jurídica en la fundamentación del recurso. No siendo evidentes la acusaciones, el recurso deviene en infundado.

En relación al recurso de casación en el fondo, acusando la violación de los artículos 431-3), 432, 433 todos del Código de Procedimiento Civil, al respecto corresponde precisar que si bien la norma autoriza la posibilidad de interponer el recurso de casación en la forma como en el fondo al mismo tiempo, empero, los motivos de uno u otro recurso deben ser precisados y diferenciados, ellos no pueden ser expuestos en la forma como la parte recurrente lo hizo, alegando motivos que hacen a uno y otro en forma indistinta sin discernir la diferencia que existe entre el recurso de casación y el de nulidad. En efecto, en virtud de la naturaleza jurídica del recurso de casación en el fondo, en él, no se pueden analizar aspectos o denuncias relativas a la existencia de errores in procedendo o violaciones de las formas esenciales del proceso, cuyo análisis y resolución esta reservado para el recurso de casación en la forma; tampoco a través del recurso de casación en la forma, es posible analizar aspectos concernientes al recurso de casación en el fondo.

En relación a la supuesta violación del artículo 1332 del Código Civil, porque oficiosamente se habría designado un perito, al respecto el Tribunal Ad quem acertadamente sostuvo que el Juzgador tiene plena competencia para nombrar uno o más peritos de oficio cuando crea conveniente para el esclarecimiento de la verdad, por lo que el juez de instancia al haber tomado la atribución que le confiere la ley, de ninguna manera vulneró lo reclamado por el recurrente, más al contrario ajusto su actuar a lo que preceptuado en la normativa legal.

Finalmente, sobre la supuesta vulneración del artículo 1329 numeral 2) del Código Civil, concerniente a la prueba testifical de descargo, cabe señalar que en la especie, el recurrente pretende que el Tribunal Supremo ingrese ha censurar la apreciación y valoración de la prueba realizada por los jueces de grado sin identificar la existencia de errores de derecho o de hecho en la valoración de la misma, limitándose tan sólo hacer una mención de la prueba testifical, sin especificar, porque considera que en su valoración o apreciación se ha incurrido en errores de hecho o derecho, además sin proponer la solución jurídica correspondiente, requisito indispensable para aperturar la competencia del Tribunal Supremo. No siendo evidentes las acusaciones reclamadas, que corresponde fallar en la forma prevista por el artículo 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por Tom Prieto Melgarejo en representación de Iván Palacios Guaman de fojas 208 a 211, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez A quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  216/2013