SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 207

Sucre: 28 de mayo de 2013  

Expediente: C-33-08-S

Proceso: Mejor derecho propietario.

Partes: Sixto Galindo Balderrama c/ Catalina Arispe Vda. de Marquina y otra.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de casación interpuesto por Herminia Díaz Sánchez en representación de Sixto Galindo Balderrama de fojas 221 a 223, contra el Auto de Vista de 8 de marzo 2008, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso de MEJOR DERECHO PROPIETARIO, seguido por Sixto Galindo Balderrama contra Catalina Arispe Vda. de Marquina y otra, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, tramitada la causa de referencia, el Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la Corte Superior de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 9 de marzo de 2001 cursante de fojas 50 y vuelta de obrados, que declaró PROBADA la demanda de fojas 8 e IMPROBADA las excepciones interpuestas por la abogada defensora de oficio, con costas, debiendo las demandadas atenerse a las determinaciones del inciso III del citado artículo 1455.

Contra la sentencia, Mabel Medrano Maldonado defensora de oficio de las demandadas Catalina Arispe Vda. de Marquina e Isabel Rosas Vda. de Arispe, plantea recurso de apelación mediante memorial que cursa de fojas 51 a 52, el que fue resuelto por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante el Auto de Vista de 8 de marzo de 2008, cursante de fojas 217 y vuelta de obrados, por la que ANULA obrados hasta fojas 50 a 50 vuelta inclusive, debiendo pronunciarse una nueva sentencia conforme el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, con responsabilidad.

Contra el Auto de Vista, Herminia Díaz Sánchez en representación de Sixto Galindo Balderrama, interpone recurso de casación, en base a los siguientes argumentos:

Después de hacer una relación circunstanciada de los hechos del proceso, acusa la vulneración de los preceptos constitucionales de los artículos 7 incisos a), i), 22 inciso I), 166 y 228 de la Constitución Política del Estado, artículo 105 del Código Civil, artículo 8 inciso 4) y 9 del Código de Procedimiento Civil y 30 de la Ley de Organización Judicial y concluye pidiendo que las autoridades en función del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil casen el Auto Definitivo de fojas 93 y el Auto de Vista de fojas 217, disponiendo que se mantenga firme la sentencia de fojas 50 en toda su extensión y sea previa las formalidades de ley.

CONSIDERANDO: que, a través de su abundante jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha dejado establecido que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que es concedida para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, pudiendo plantearse en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, conforme establece el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Si el recurso de casación se interpone en el fondo, deberá circunscribirse a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del Código Adjetivo Civil; siendo su finalidad la casación de la sentencia o Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia. En tanto que si el recurso se plantea en la forma, la fundamentación debe adecuarse a las previsiones establecidas el artículo 254 del mismo cuerpo legal; cuya finalidad es la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo con o sin reposición cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. Técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, lo que implica su improcedencia.

En ambos casos es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, deben citarse en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

Por otro lado, cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, se debe especificar en el primer caso los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además este último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos.

En el presente caso, el recurso de casación en el fondo es contradictorio, incongruente e impreciso, no sólo porque el recurrente incumplió con la carga procesal obligatoria establecida en el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, al no precisar las causales de casación en el fondo, descritas  en los numerales 1), 2) y 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, sino también porque si bien acusa la vulneración de los artículos 105 del Código Civil, artículos 7 incisos a), i), 22 inciso I), 166 y 228 de la Constitución Política del Estado y artículo 30 de la Ley de Organización Judicial, olvida realizar una fundamentación que sirva de base legal al recurso de casación que dice plantear de cada una de ellas, tampoco propone la solución jurídica pertinente al caso planteado. Por otra parte acusa la violación de los artículos 8 inciso 4) y 9 del Código de Procedimiento Civil, cuando supuestamente demanda "casación en el fondo", dejando de lado el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, que previene que necesariamente se debe discriminar los recursos de fondo como en la forma.

Finalmente, en el caso de Autos, la recurrente no logro entender la naturaleza de la resolución de alzada, que al ser anulatorio, como es lógico, no resolvió el fondo del litigio, en cuyo mérito contra esa resolución no es posible plantear "recurso de casación en el fondo", toda vez que el Tribunal Ad quem al haber anulado obrados no emitió criterio sobre el fondo del asunto, es decir no emitió sentencia de segundo grado, en consecuencia, resulta incoherente que los recurrentes pretendan que éste alto Tribunal Supremo case el Auto de Vista recurrido y se pronuncie sobre el fondo del litigio. Al respecto, en forma reiterada y uniforme este Supremo Tribunal, al resolver casos similares, se pronunció en sentido que, al no existir apelación resuelta, no puede caber recurso de casación en el fondo; correspondiendo, contra un Auto de Vista anulatorio, sólo recurso de casación en la forma.

En el entendido que el Tribunal Supremo es de puro derecho como lo es también la impugnación extraordinaria, ese extremo hace que este Tribunal no puede suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurre un recurrente; en consecuencia, al no haberse cumplido con la carga legal prevista, se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado, al que se castiga conforme disponen los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42-1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Herminia Díaz Sánchez, en representación de Sixto Galindo Balderrama de fojas 221 a 223, en contra del Auto de Vista de fojas 217 y vuelta, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bolivianos 500, que mandará hacer efectivo el A-quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  207/2013