SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 206

Sucre: 28 de mayo de 2013  

Expediente: LP- 29- 08- S

Proceso: Divorcio.

Partes: María Leonor Burgoa Maldonado c/ Fabian Víctor Mancilla Tovar.

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

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VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 188 a 189 vuelta, interpuesto por María Leonor Burgoa Maldonado contra el Auto de Vista Resolución Nº S 222/2007 de fecha 24 de mayo, de fojas 185 y vuelta, emitido por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, la contestación al recurso de fojas 195 a 196 vuelta, dentro del ordinario de Divorcio seguido por María Leonor Burgoa Maldonado contra Fabian Víctor Mancilla Tovar, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

1.- Que, el Juez de Octavo de Partido de Familia de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, pronunció Sentencia Nº 41/2007 de fecha 31 de enero, de fojas 92 a 94, que declaró probada la demanda de fojas 5 y consiguientemente declaró disuelto el vínculo matrimonial a la que hace referencia el certificado de fojas 2, de acuerdo a los datos que en él se consignan. Se homologa la resolución de medidas provisionales de fojas 41 a 42 de obrados.

Deducida que fue la apelación por el demandado, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del  Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Resolución Nº S 222/2007, de fecha 24 de mayo, de fojas 185 y vuelta, que revocó la sentencia recurrida y deliberando en el fondo declara improbada la demanda de fojas 5 de obrados, consecuente firme y subsistente el vínculo jurídico matrimonial que une a las partes, dejándose sin efecto la Resolución de fojas 41 a 42 en relación con las medidas provisionales adoptadas. Sin costas.

2.- Contra el Auto de Vista referido, la demandante María Leonor Burgoa Maldonado, interpone recurso de casación en el fondo, bajo los siguientes argumentos:

La recurrente acusa que el Auto de Vista atentaría contra sus derechos fundamentales a la salud, física, psíquica y moral como la de su hijo, consagrados en la Constitución Política del Estado, al no haber considerado la prueba literal de fojas 3, acusando asimismo que no se hubiese realizado una correcta valoración de las pruebas de cargo presentadas. De la misma forma refiere que el Auto de Vista hubiese violado la Ley Nº 1674 en sus artículos 1, 2, 4, 6 y hubiera soslayado el principio de presunción señalado en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil concordante con el artículo 374 del referido Adjetivo Civil y al no haberse referido a la asistencia familiar se estaría violando el derecho de un menor de edad, atentando contra los derechos establecidos en el Código de Niño, Niña y Adolescente en sus artículos 1, 13, 32 y 100, solicitando se revoque la Resolución Nº S-22/2007, dictada por la Sala Civil Cuarta y se proceda a la ratificación de la sentencia, bajo el precepto de que nadie está obligado a convivir en comunidad en contra su voluntad, solicitando además se ratifique la sentencia Nº 41/2007.

CONSIDERANDO II:

En base al recurso de casación expuesto, se tiene las siguientes consideraciones:

Que, el derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y por ende se halla ligado a su sano desarrollo, en este entendido, el ser humano por su naturaleza tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral, la primera que tiene que ver con el estado de salud de las personas, la segunda con la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales y la última inherente al derecho de desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones, es así, que el reconocimiento de este derecho implica que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su desarrollo psicológico, tal es su importancia, que este derecho se encuentra consagrado en el derecho internacional, reconocido en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, en la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica de 1968, como en la Normativa de Bolivia, toda vez, que se encuentra reconocido por la Constitución Política del Estado al establecer como derecho fundamental el derecho a la vida.

En este marco de protección de los derechos humanos, se encuentra circunscrito el Código de Familia, que en su artículo 130 numeral 4) ha establecido como causal de divorcio “la sevicia, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra”, toda vez que se constituyen en hechos que ponen en riesgo la integridad de la persona, y tiene trascendencia negativa en el desarrollo físico y psíquico tanto en la esposa como en los hijos y en definitiva afecta toda la familia.

En este entendido, en el presente caso, no hace falta que la demandante tuviera que presentar varios certificados médicos forenses de haber sufrido violencia de parte de su esposo o tener que corroborarlos por varios testigos el hecho de recibir malos tratos, toda vez, que al existir un certificado médico de haber sufrido agresiones físicas, que le dieron como resultado siete días de impedimento a María Leonor Burgoa Maldonado, implica que la misma fue víctima de violencia familiar, lo que implica que ha sufrido malos tratos de obra, ajustándose este hecho claramente en la causal 130 numeral 4) del Código de Familia, sin necesidad de tener que esperar que aquella fuera objeto de reiteradas agresiones y justificar así que la vida matrimonial se haga intolerable, y recién proceda el divorcio; por lo que, el Juez de Primera Instancia ha realizado una correcta valoración de la prueba, utilizando todas las fases que hacen a este proceso de valoración y conforme la facultad que se le otorga.

Por otra parte, cabe considerar que el matrimonio, se encuentra regulado por el ordenamiento jurídico, que involucra la unión de dos personas con el objetivo de alcanzar una comunidad de vida y ayuda mutua, revestida de un conjunto de derechos y de obligaciones para ambos cónyuges, en este sentido tal cual previene el artículo 97 del Código de Familia entre los deberes de los esposos está la asistencia y auxilio mutuo, que les permita vivir a ambos en un ambiente de bienestar, garantizando el desarrollo integral de los hijos y cumpliendo el fin que tiene el matrimonio. Sin embargo, en el caso de autos la demandante y recurrente al haber sido agredida físicamente por su esposo, éste ha puesto en detrimento su derecho a la integridad personal, que se halla protegido por la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales relacionados a la Protección de los Derechos Humanos suscritos por nuestro país,

incumpliendo esa asistencia y auxilio mutuo hacia su esposa, aspectos relevantes que Tribunal de Alzada no ha considerado al haber revocado la sentencia y mantener el vínculo matrimonial de la demandante con el demandado, sin haber razonado que ya existe un quebrantado de la relación matrimonial entre María Leonor Burgoa Maldonado y Fabian Víctor Mancilla Tovar, a raíz justamente de las agresiones ocasionadas a la demandante, que pusieron en riesgo el derecho a la integridad personal de la demandante, justificando su fallo con el razonamiento simplemente de que dicha agresión física sería un incidente de carácter aislado entre los esposos y que resulta insuficiente para determinar la imposibilidad de la vida conyugal amparándose en la protección que el Estado debe guardar a la familia, sin realizar una interpretación adecuada de lo que implica la protección a la familia, y que no tiene relación de ninguna manera en justificar las agresiones dentro del matrimonio, por lo que corresponde fallar de conformidad a lo establecido en el artículo 271 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, al haberse incurrido en la causal del artículo 253 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, en cuanto al error de derecho en la valoración de la prueba.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el artículo 271 numeral 4) del Adjetivo Civil, y la facultad conferida por el artículo 41 de la Ley del Órgano Judicial CASA el Auto de Vista Resolución Nº S - 222/2007 de fecha 24 de mayo, de fojas 185 y vuelta emitido por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, y deliberando en el fondo mantiene incólume la Sentencia Nº 41/2007, de fecha 31 de enero, de fojas 92 a 94.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  206/2013