SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 205

Sucre: 28 de mayo de 2013  

Expediente: LP- 33- 08- S

Proceso: Nulidad de reconocimiento.

Partes: Lorenzo Huanca Quispe c/ Carlos Enrique Huanca Quispe.

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

__________________________________________________________________________


I. VISTOS:

1.- El recurso de casación en la forma, interpuesto por Lorenzo Huanca Quispe, en representación de Ignacio Huanca Gutiérrez contra el Auto de Vista Nº 252 de 20 de diciembre de 2007 y su complementario de 3 de enero de 2008, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, en el proceso familiar de nulidad de reconocimiento, seguido por el recurrente en contra de Carlos Enrique Huanca Quispe, los antecedentes y;

II. CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 437 a 440 vuelta de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Cuarto de Familia de la ciudad de La Paz, se declaró improbadas la demanda principal de fojas 24 a 25 y la reconvención de fojas 33 y 39 a 41, y la excepción de prescripción de fojas 375, sin costas.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Ignacio Huanca Gutiérrez, de fojas 445 a 448 vuelta, 451 a 457 y 467 a 477 vuelta, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista Nº 252 de 20 de diciembre de 2007 de fojas 496 y vuelta y su complementario de fojas 498 ANULA obrados hasta fojas 433, disponiendo que el Juez a quo pronuncie nueva sentencia subsanado la omisión extrañada.

Contra el referido Auto de Vista y su complementario, por memoriales cursante de fojas 501 a 512 vuelta, Lorenzo Huanca Quispe, en representación de Ignacio Huanca Gutiérrez, interpuso recurso de casación en la forma que se compendia a continuación.

III. CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- El recurrente, en su recurso de casación en la forma efectúa las siguientes denuncias:

1.- Que, el Tribunal ad quem al no haber anulado obrados hasta fojas 41, ha convalidado un acto nulo inconfirmable consistente en haber tramitado una demanda reconvencional presentada extemporáneamente fuera del plazo de 15 días violando el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil.

2.- Acusa que el Tribunal ad quem al considerar que era procedente la prórroga del término perentorio e improrrogable para la presentación de la reconvención ha violado el artículo 345 concordante con el artículo 348 ambos del Código de Procedimiento Civil, lesionando además su derecho a la seguridad jurídica.

3.- Acusa que el Tribunal ad quem habría violado el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil al desconocer que los plazos procesales son perentorios e improrrogables y que una reconvención defectuosa no suspende el plazo para reconvenir, por lo que al estar presentada la aclaración a la demanda defectuosa fuera de plazo aquella no tiene ninguna eficacia, y que el Juez a quo no estaba facultado para ampliar dicho plazo.

4.- Acusa al Tribunal ad quem de haber interpretado erróneamente  el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, ya que sin decirlo, con base a dicha norma se ha suspendido el término para reconvenir, cuando dicha norma legal sólo autoriza a suspender los plazos en casos de fuerza mayor y que no constituye fuerza mayor una demanda reconvencional defectuosa presentada sin cumplir con los requisitos previstos por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

5.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil al ignorar que las normas procesales son de orden público, de cumplimiento obligatorio y que las estipulaciones contrarias son nulas, y que estando presentada la demanda reconvencional fuera de plazo perentorio e improrrogable de los quince días, correspondía anular obrados hasta el vicio más antiguo.

6.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil al no considerar que estaban obligados a resolver la controversia de acuerdo a las leyes de la República, es decir viola el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil al admitir una demanda reconvencional, en cuanto a la aclaración de fojas 39 a 41, formulada fuera del plazo previsto por los artículos 348 y 345 del Código Adjetivo Civil.

7.- Acusa que el Tribunal ad quem habría incurrido en interpretación errónea del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil al considerar que el Juez a quo estaba facultado para suspender el plazo para reconvenir y que el plazo de 15 días para reconvenir quedaba en suspenso con la defectuosa reconvención de fojas 33, cuando la suspensión de plazos solo se produce por causas de fuerza mayor, no siendo causa de fuerza mayor la presentación de la reconvención defectuosa. 

8.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 90-I) del Código de Procedimiento Civil al considerar en el auto complementario que al haber contestado la reconvención se habría convalidado el defecto procesal, lo que impediría anular obrados por aplicación del principio de preclusión y que ello implica desconocimiento de que los presupuestos procesales aún cuando sin existir reclamo obligan al juez a anular obrados de oficio.

9.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 16-IV de la Constitución Política del Estado al admitirse que la demanda reconvencional se sustancie a pesar de haberse presentado fuera del plazo señalado por los artículos 345, 348, 139 y normas concordantes del Código de Procedimiento Civil, cuando los derechos invocados en la reconvención deben hacerse valer en proceso distinto, lo que supone que el Juez a quo no tenía competencia por razón de materia y naturaleza del asunto para resolver las cuestiones planteadas por lo que no existiría posibilidad de convalidación.

10.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado su derecho de defensa consagrado en el artículo 16-II) de la Constitución Política del Estado, ya que en lugar de  considerar a la  apelación como medio idóneo para impugnar actos realizados en violación a normas procesales, ha considerado que al no haberse efectuado el reclamo oportuno se habría convalidado actos nulos inconfirmables que afectan no solo a las normas procesales sino a la competencia.

11.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado la garantía a la defensa y al debido proceso, previstos por el artículo 16-II y IV) de la Constitución Política del Estado (abrogado) al permitir que un proceso se siga sustanciado ante un juez incompetente, ya que al haberse presentado extemporáneamente la reconvención ésta debe ser tramitada en proceso distinto.

12.- Acusa de haberse violado los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Organización Judicial y el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, al haberse convalidado actos realizados por juez incompetente, cuyos actos no pueden ser convalidados.

13.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 16-IV de la Constitución Política del Estado al no haberse resuelto la apelación con la pertinencia que exige el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, alegando además que no existe ninguna fundamentación ni motivación en las resoluciones impugnadas, con relación a la nulidad de obrados y al argumento de que el Juez a quo es incompetente.

14.- Acusa que el A quo habría incurrido en violación del artículo 3 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil al haber permitido que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad y al Tribunal ad quem acusa de haber violado los artículos 139, 141, 348 y 345 y 1 del Código de Procedimiento Civil al haber convalidado actos procesales nulos por disposición del artículo 90-I) y II) Ídem y que dicho Tribunal habría negado su propia competencia al no anular obrados con la facultad revisora que le otorga el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial (abrogada), cuya norma también acusa de haberse violado.

Finalmente pide que se anule obrados hasta el vicio procesal más antiguo o en su caso hasta el Auto de Vista impugnado.

3.2. Fundamentos del Fallo.-  Así planteado el recurso, se examina de la siguiente manera:

El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial, tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente, es menester verificar, si la resolución de instancia impugnada, emerge de un debido proceso legal; por cuya razón, se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

El proceso civil boliviano finca, entre otros, en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, cuyo quebranto se produce, entre otros, cuando el Tribunal Ad quem, omite pronunciamiento expreso y exhaustivo, sobre alguno de los agravios invocados por el apelante; en cuyo caso la resolución se halla viciada de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, de principio corresponde precisar que la parte demandante, ahora recurrente ha presentado tres escritos de apelación; el tercer escrito cursante de fojas 467 a 477 y vuelta queda descartado por estar fuera de plazo, en cambio el primero (a través de su apoderado) y el segundo (personalmente) se encuentran dentro plazo y ante la observación efectuada por el Juez a quo, el propio demandante Ignacio Huanca Gutiérrez, ha pedido que se tramite el memorial de apelación elaborado por su nuevo abogado Luis Antonio Peñaranda Valverde, que es el cursante de fojas 451 a 457, consiguientemente el escrito de apelación respecto del cual debe efectuarse el cotejo de congruencia con relación al Auto de Vista y su complementario impugnados, es dicho escrito de apelación.

Ahora bien, el apoderado del recurrente alega en otros defectos que el Tribunal ad quem no se habría pronunciado sobre su pedido de nulidad de obrados por incompetencia del Juez a quo y que el auto de vista impugnado asimismo no tiene una debida fundamentación. La pretensión anulatoria del recurrente finca en el hecho de que la ampliación de la reconvención ha sido presentada fuera del plazo legal de 15 días previsto por el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, hecho que en criterio del recurrente implica que el Juez a quo era incompetente para tramitar y resolver la reconvención nada menos que por razón de materia y “naturaleza del asunto”. Ciertamente en la apelación de fojas 451 a 457, se ha invocado como errores de procedimiento esa supuesta falta de competencia del Juez a quo; sin embargo el Tribunal ad quem, ni en el auto de vista de fojas 496 y vuelta, donde no se menciona nada sobre la denuncia de errores procedimentales, ni en el auto complementario no hace mención a la supuesta falta de competencia del Juez a quo, razón por la cual es cierto que el Tribunal ad quem ha violado el principio de congruencia.

Asimismo es evidente que el auto complementario no contiene motivación y fundamentación exhaustivas con relación a los argumentos esgrimidos en la apelación, pues no se motiva ni fundamenta nada con relación a que la ampliación de la reconvención para ser válida debía presentarse dentro del plazo de los quince días y que dicho plazo es improrrogable y perentorio y sobre la supuesta violación de los artículos 90, 139, 140, 141, 345, 348 del Código de Procedimiento Civil, los artículos 16 y 31 de la Constitución Política del Estado (abrogada) y 15 y 30 de la Ley de Organización Judicial ( abrogada).

Ahora bien, dado que el Tribunal ad quem no se ha pronunciado de forma exhaustiva y motivada respecto de los agravios denunciados en la apelación con relación a supuesta extemporaneidad de la presentación de la reconvención, el Tribunal de casación no puede pronunciarse sobre el fondo de tales denuncias entre tanto el Tribunal ad quem no se pronuncie respecto a los mismos, en razón a que en nuestra legislación no se encuentra permitido el  salto de instancia.

Siendo evidente que el fallo de segunda instancia ha omitido pronunciamiento exhaustivo y fundamentado sobre los agravios esgrimidos en la apelación, resulta cierto que el Auto de Vista es citra petita y por consiguiente se encuentra viciado de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil, por lo cual corresponde fallar de acuerdo a lo previsto por los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

IV. POR TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista Nº 252 de 20 de diciembre de 2007, de fojas 496 y vuelta y su Auto Complementario de fojas 498 de obrados, disponiendo que el tribunal Ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo los requisitos de congruencia, motivación y exhaustividad.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el tribunal Ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.                                                             

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  205/2013