SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 203

Sucre: 27 de mayo de 2013  

Expediente: LP- 32- 08- S

Proceso: Doble sobre acción Pauliana.

Partes: Marina Vargas Toledo c/ Sonia Callisaya Mamani y otra.

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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I.- VISTOS:

1.- Los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por Victoria Gómez Colque, de fojas 242 a 244 vuelta, y por Sonia Callisaya Mamani, de fojas 256 a 260 vuelta contra el Auto de Vista Nº 352 de 1 de octubre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Tercera  de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, en el proceso ordinario doble sobre acción Pauliana, seguido por Marina Vargas Toledo en contra de las recurrentes, los antecedentes y;

II.- CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.-Que, mediante sentencia de fojas 202 a 204 y Auto Complementario de fojas 206, el Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de El Alto de la ciudad de La Paz, declaró probada la demanda de fojas 10-11 y 21-22 e improbada la reconvención de fojas 41-45 vuelta, y en consecuencia declara ineficaz los documentos de compra-venta formalizadas en las escrituras públicas Nº 3113/2001 de 22 de noviembre de 2001, Nº 88/2002 de 30 de enero de 2002 y Nº 2069 de 9 de diciembre de 2002, disponiéndose que los deudores Máximo Callisaya Mollo e Inés Mamani de Callisaya quedan obligados con la obligación contraída con la parte actora y frente a los terceros con quienes celebró los actos revocados.

Que, en grado de apelación interpuesto por Victoria Gómez Colque, de fojas 209 a 211, y por Sonia Callisaya Mamani, de fojas 215 a 219 la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, por Auto de Vista Nº 352 de 1 de octubre  de 2007, de fojas 236 a 237, confirmó la sentencia, con costas.

Contra el referido Auto de Vista, por memoriales cursantes de fojas 242 a 244 vuelta, Victoria Gómez Colque, y de fojas 256 a 260 vuelta de obrados, Sonia Callisaya Mamani, interponen recurso de casación en la forma y en el fondo.

III.- CONSIDERANDO:

3.1.- Recursos de casación.- Se compendian los recursos separadamente:

3.1.1. Recurso de casación interpuesto por Victoria Gómez Colque.- En cuanto al recurso de casación en la forma efectúa las siguientes denuncias:

1.- Que la codemandada Sonia Callisaya Mamani no habría sido citada con la ampliación de la demanda de fojas 22 vuelta y su admisión, por lo que amen de causarle indefensión y violarse el debido proceso no se abrió la competencia.

2º.- Que, la sentencia de primera instancia es ultrapetita por haber concedido más de lo pedido, ya que en  la demanda en ninguna parte se pidió  que se declare la ineficacia de su escritura pública y que el juez a quo violando el principio de congruencia declaró la ineficacia de la escritura pública que le corresponde.

En cuanto a la casación en el fondo, la recurrente efectúa las siguientes denuncias:

1º.- Acusa al Tribunal ad quem de haber incurrido en error de derecho al sostener falsamente que se habría valorado la prueba ofrecida de su parte, siendo que en sentencia el Juez a quo no valoró la prueba documental de fojas 36 a 40, y que al no haber efectuado dicha valoración no se consideró su legítimo derecho propietario y que es un tercero de buena fe.

2º.-Acusa que el Tribunal ad quem incurre en contradicción ya que de principio llega a la conclusión de que su persona habría actuado en confabulación con la otra demandada y los compradores, pero luego se salva sus derechos, llegando al convencimiento que es un tercero de buena fe.

3º.- Acusa al Tribunal ad quem de haber incurrido en violación, interpretación errónea y aplicación indebida del artículo 1448-III) del Código Civil, al no haberse valorado la prueba documental de fojas 36 a 40, ya que la acción Pauliana no le puede alcanzar por tratarse de una tercera persona de buena fe, además el inmueble que adquirió se encontraba alodial, y su derecho propietario se encuentra inscrito en el registro de Derechos Reales, es más la Sra. Marina Vargas Toledo ha actuado con total negligencia, razón por la cual no le favorece la acción Paulina, que se halla beneficiada sólo para acreedores diligentes y que finalmente ha cancelado el precio pactado y la entrega y transmisión del derecho de propiedad.

Finalmente concluye pidiendo que se anule obrados hasta el vicio más antiguo o en su caso se case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declare probada en su integridad la demanda reconvencional de fojas 41 a 44.

3.1.2. Recurso de casación interpuesto por Sonia Callisaya Mamani.-  En cuanto a la casación en la forma, efectúa las siguientes denuncias.

1º.- Acusa que se ha violado su derecho de defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica en razón a no habérsele citado con la demanda, ampliación de la demanda ni con las otras actuaciones, en su domicilio real que se encuentra ubicado en Av. Rio Mamoré Nº 854 de la zona Litoral, por  lo que no asumió defensa que le correspondía, ya que en la diligencia de fojas 66, no se individualiza su domicilio, el testigo interviniente no se halla plenamente individualizado y no consta la citación con la ampliación de la demanda, y que se trata de vicios de nulidad que infringe los artículos 121-II, 128 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 247 de la Ley de Organización Judicial (abrogada), concordante con los artículos 7 inciso a) y 16 de la Constitución Política del Estado (abrogada).

Que, en la diligencia de notificación cedularia con la declaración de rebeldía de fojas 68, no se individualiza el domicilio donde se habría notificado ni se individualiza al testigo interviniente. Que, el domicilio indicado en el Auto de fojas 67 vuelta que sería el domicilio indicado en la demanda de calle 2 Nº 9 de la zona de Oro Negro de la ciudad del Alto no coincide con el que le corresponde en la Av. Rio Mamoré Nº 854 zona Litoral.

En suma alega que el proceso se realizó a sus espaldas y que por no habérsele citado con la demanda ni con su ampliación se tiene que la competencia del Juez a quo no se llegó  a abrir.

En cuanto a la casación en el fondo, efectúa las siguientes denuncias:

1º.- Acusa al Tribunal ad quem de haber valorado negativamente la prueba consistente en la diligencia de fojas 66 respecto a los vicios de la diligencia de su citación por lo que no es cierto que exista preclusión, que al enterarse del proceso y así impugnar la sentencia  purgó la multa de la rebeldía.

2º.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 1446 del Código Civil, por que ni la sentencia ni el auto de vista establecen que la parte actora habría cumplido con la carga de la prueba para demostrar el supuesto fraude, ya que no ha existido perjuicio alguno para la demandante, pues el crédito nuevamente reclamado ha sido cancelado por su madre antes de que su padre le efectúe la transferencia, prueba de ello es que la actora nunca inscribió la hipoteca y que luego de dos años del fallecimiento de su padre recién reclama, por lo que su intervención y mucho más la de Victoria Gómez es de buena fe.

Acusa asimismo la violación del artículo 1448-III del Código Civil, en razón a que su persona y la otra co-demandada actuaron de buena fe y prueba de ello es que a tiempo de la transferencia el inmueble no tenía ningún tipo de gravamen.

Finalmente concluye pidiendo que se anule obrados hasta el vicio más antiguo o en su caso se case  el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado los recursos, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

De principio se procederá a la consideración de la casación en la forma, pues en caso de estimarse el recurso ya no corresponderá pronunciamiento sobre el fondo. Por cuya razón de principio se examina las denuncias de errores de procedimiento por ambas recurrentes.

Con relación a la casación en la forma interpuesta por Victoria Gómez Colque.- Las formas procesales no tienen finalidad en sí mismas, pues su objetivo final está orientado a precautelar el derecho de defensa en juicio como elemento del debido proceso. Por ello, si bien es cierto que el cumplimiento de las normas procesales en escrupuloso respeto a las formas instituidas es de orden público, por mandato del artículo 90 del Código de procedimiento Civil, no es menos evidente que el quebranto de dichas normas se sanciona con nulidad solamente por vía de excepción.

Ahora bien dado que quien alega la nulidad debe expresar cual es el vicio que le causa perjuicio, resulta evidente que la nulidad solamente puede ser opuesta por quien resulte perjudicado con el vicio que se invoca. En el caso de autos, la recurrente alega defectos de citación con la demanda con relación a la demandada Sonia Callisaya Mamani, es decir que eventualmente causarían perjuicio a otro sujeto procesal y no así misma, por cuya razón su pretensión anulatoria no es fundada.

Con relación al supuesto quebranto del principio de congruencia corresponde precisar que la determinación de la declaratoria de ineficacia o revocatoria del acto jurídico en la acción Pauliana es consecuencia lógica y legal en los casos en lo que se da mérito a la pretensión, tanto más si la parte actora ha pedido que se disponga la restitución del bien inmueble objeto de la garantía a favor de sus deudores, por lo que no es evidente que se haya quebrantado el principio de congruencia, pues el fallo de instancia lo que hace es cumplir con la consignación de decisiones claras, positivas y precisas a las que se refiere el artículo 192-3) del Código de Procedimiento Civil. 

Con relación a las causales de nulidad invocadas por la recurrente Sonia Callisaya Mamani.- El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente corresponde verificar si la resolución de instancia impugnada emergen de un debido proceso legal, por cuya razón se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

Precisamente para garantizar el ejercicio del derecho de defensa en el juicio del demandado, la citación con la demanda se encuentra revestida de formalidades. En los casos en los que el demandado no ha sido encontrado personalmente, el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, regula el procedimiento a seguir para la citación cedularia.

La citación cedularia será válida, si reuniendo los requisitos previstos en el artículo 122 Ídem, es practicada en el domicilio del demandado. La consignación del lugar donde se practica la citación es imprescindible lo mismo que la identificación del testigo de actuación, pues de esa manera se pretende garantizar que el acto cumpla la finalidad de hacer conocer al demandado la existencia de la demanda. Consiguientemente, si la citación cedularia no ha sido practicada en el domicilio real del demandado o la diligencia no cumple con las formalidades esenciales que permitan garantizar su comunicación efectiva, dicho acto resulta defectuoso que se sanciona con nulidad, conforme previenen los artículos 121-II) y 128 del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, efectivamente la diligencia de fojas 66 es manifiestamente defectuosa, pues de principio no existe copia de la cédula que habría sido dejada, y luego en cuanto al lugar de su supuesta práctica se consigna “en el domicilio señalado”, es decir no se precisa el lugar en que se dejó la cédula, eso es con indicación de nombre de la calle o avenida y número en su caso u otros datos necesarios para individualizarlo y que al propio tiempo acrediten que la diligencia ha sido efectivamente practicada. Asimismo en la señalada diligencia tampoco se individualiza al testigo de actuación con su nombre y apellidos.


El señalado defecto citatorio no ha sido subsanado ni convalidado por la recurrente, ya que el planteamiento de la nulidad por dicha causa, la ha efectuado precisamente en su primera comparecencia, de manera tal que el comportamiento procesal de la recurrente es compatible con quien no ha tenido conocimiento anterior de la demanda. De otro lado no existen elementos de convicción que permitan inferir que la recurrente haya tenido conocimiento oportuno de la demanda a pesar de la defectuosa citación cedularia.

Dado que la recurrente no ha tenido la posibilidad de oponer defensa contra la demanda, y que la oposición de defensa por ella puede influir en el resultado del proceso, resulta irrefragable concluir que el defecto procesal es insubsanable y por consiguiente amerita disponer la nulidad de obrados, al estar acreditada la vulneración al derecho de defensa en juicio, que es inviolable por mandato del artículo 119-II) de la Constitución Política del Estado.

Por lo expuesto hallándose en la causal prevista por el artículo 254-7) del Código de Procedimiento Civil, corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

Habiéndose dado mérito a la casación en la forma interpuesto por la recurrente Sonia Callisaya Mamani, ya no corresponde pronunciamiento sobre la casación en el fondo de ambos recursos.

IV.- POR TANTO:

La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 66 de obrados inclusive, es decir hasta el estado en que se practique la citación cedularia con las formalidades de ley sin perjuicio de la citación personal.

No siendo excusable el error en que ha incurrido el Juez a quo y el Tribunal ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 al Juez a quo y cada uno de los Vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. José Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  203/2013