SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 184

Sucre: 30 de abril de 2013  

Expediente: SC- 26- 08- A

Proceso: Pago de lo debido y otro.

Partes: Empresa Petrolera Chaco Clemente S.A. c/ Empresa Canadian Energy Enterprises C.E.E. Bolivia S.R.L..

Distrito: Santa Cruz

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

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VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 122 a 123 vuelta, interpuesto por la Empresa Petrolera Chaco S.A., representada legalmente por Gastón Bilder, contra el Auto de Vista de fojas 116 y vuelta, emitido por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del ordinario de Pago de lo debido y otro seguido por la Empresa Petrolera Chaco Clemente S.A. contra la Empresa Canadian Energy Enterprises C.E.E. Bolivia S.R.L., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

1.- Que, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, pronuncia Auto Interlocutorio Definitivo de fecha 15 de noviembre de 2006, de fojas 85 a 87, que declara improbada las excepciones de prescripción de fojas 68 a 69, disponiendo que se prosiga con la tramitación del proceso. Apelada dicha resolución por la parte demandada, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz emite Auto de Vista de fojas 116 y vuelta, que revoca el auto apelado de fecha 15 de noviembre de 2006 y deliberando en el fondo declara probada la excepción de prescripción.

2.- Contra el Auto de Vista señalado, la Empresa Petrolera Chaco S.A., representada legalmente por Gastón Bilder interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, bajo los siguientes argumentos:

2.1.- Recurso de casación en la forma:  El recurrente acusa que el Tribunal Ad quem hubiese infringido el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, considerando que la excepción de prescripción da origen a un Auto Interlocutorio Definitivo que tiene carácter de sentencia, en consecuencia debió interponerse recurso de alzada en el efecto suspensivo, ya que dicha excepción cortaría todo procedimiento ulterior y no así en el efecto devolutivo; o en su caso debió ser apelación diferida, habiéndose desconocido el artículo 338 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil y el mandato del artículo 252 del mismo ritual, que debió aplicar de oficio, más la infracción  del artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, asimismo, al haberse equivocado la clase de recurso, se hubiera dejado vencer el término para el recurso adecuado, porque, la resolución del  A quo hubiese sido notificada el 9 de diciembre de 2006, sin haber ejercido el derecho otorgado por el artículo 220 del Código de Procedimiento Civil, disposición que resultaría también infringida.

2.2.- Recurso de casación en el fondo:  El recurrente acusa que la Sala Civil Segunda al dictar su Auto de Vista, con respaldo único de una jurisprudencia y sin fundamento de la ley positiva, hubiese violado el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, además del artículo 193 de la Ley Procesal y que la demanda interpuesta estaría dentro del término que establece el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil y que el Auto de Vista hubiera desconocido la naturaleza del juicio, acción que se deduciría con un instrumento cuya contenido de deuda tiene un término de prescripción de 5 años y que no se está demandando la revisión del fallo dictado en proceso ejecutivo, por lo que, considera que no es aplicable el artículo 490 del Código de Procedimiento Civil, norma que la Corte Superior pretendería aplicar indirectamente, solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia dicte Auto Supremo anulando el Auto de Vista recurrido y conforme el 236 del Código de Procedimiento Civil dicte nueva resolución desestimando la apelación por la naturaleza del Auto Interlocutorio definitivo y haberse recurrido fuera del término.

CONSIDERANDO II:

En base a los argumentos expuestos, se ingresa a su consideración:

1.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Que, para la declaración de nulidad es necesario que el acto procesal se haya realizado en violación de las prescripciones legales, sancionadas bajo pena de nulidad, es así, que para el tratadista Uruguayo Couture: “No hay nulidad, sin ley específica que la establezca”, razón por la cual se dice que no es suficiente que la ley prescriba una determinada finalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, sino que la sanción de nulidad debe ser expresa y específica, en el marco de lo establecido en el principio de especificidad o legalidad, que rige en materia de nulidades, que a su vez integra otros principios para su declaración. En este entendido, no basta la declaración de la nulidad por la ley, sino también que en el marco del principio de trascendencia, es necesario demostrar que el acto no haya cumplido el fin al cual estaba dirigido, caso contrario no procede la nulidad procesal, no obstante la irregularidad de que pudiera adolecer, si ha logrado cumplir la función, a que estaba destinado. Obligándose el recurrente a acreditar la existencia de un perjuicio cierto e irreparable, y si a causa de ello se ha ocasionado un estado de indefensión práctica, es decir que el perjuicio debe ser cierto, concreto y real. Asimismo, se debe probar cuál es el interés jurídico que se pretende satisfacer con la invalidez que propugnan, es decir, el porqué se lo quiere subsanar.

Por otro lado, el Principio de convalidación, entendido desde el campo doctrinal, se dice que por regla general y como consecuencia del carácter relativo que revisten las nulidades procesales, la irregularidad de un acto procesal es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento de la parte a quien ella perjudica. Los actos viciados, o supuestamente viciados, se convalidan sino se los ataca en término hábil, precluyéndose con ello el derecho a solicitar la invalidez del procedimiento, es decir, que la parte perjudicada en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos dentro de la oportunidad que tiene para hacerlo.

En el caso de autos, de los antecedentes cursantes se tienen que  la parte demandada interpuso apelación en el efecto devolutivo en contra del Auto Interlocutorio Definitivo cursante de fojas 85 a 87, el que fue concedido por el Juez  A quo en el efecto solicitado, si bien, no correspondía la concesión en este efecto, como tampoco la misma apelación planteada, a razón del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, la parte demandante no demostró que este hecho le ocasionó algún daño, perjuicio o indefensión, puesto que ya sea en el efecto devolutivo o suspensivo la impugnación de la parte demandada fue resuelto por el Tribunal de Alzada, toda vez, que incluso el ahora recurrente en la contestación al recurso de apelación,  no reclamó el supuesto perjuicio que hubiese sufrido con el recurso de apelación y concesión de alzada, convalidando así estos actos, por lo que, habiendo precluido su derecho a reclamar en el momento oportuno y no esperar hasta ahora, cuando podía hacerlo con anterioridad, no se puede anular obrados, correspondiendo declarar el recurso de casación en la forma infundado, en virtud a lo dispuesto en el artículo 271 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

2.- 1.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

En cuanto a las acusaciones de violación del artículo 193 del Código de Procedimiento Civil, como de desconocimiento del artículo 141 del mismo Adjetivo Civil, no corresponde su análisis en el presente recurso, toda vez, que dichas disposiciones se encuentran  relacionadas con el error in procedendo, correspondiendo  que sean consideradas en el recurso de casación en la forma y no así en el fondo, sin embargo, respecto a la acusación de violación del artículo 116 de la Constitución Política del Estado y sobre desconocimiento del Tribunal de Alzada de la naturaleza del juicio, que tiene que ver con la garantía de seguridad jurídica que gozan las partes, se ingresa a la consideración solo respecto a los puntos señalados:

Que, las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, que delimitan la jurisprudencia constitucional, tienen efecto vinculante y obligatorio y al constituirse a su vez como fuente del derecho, las mismas permiten la motivación y fundamentación en las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales sobre determinado caso, lo que no implica de ninguna forma ir en contra de la independencia de las autoridades que administran justicia, a cuya razón no existe violación del artículo 116 de la Constitución Política del Estado.

Por otra parte, respecto al desconocimiento de la naturaleza del presente proceso de parte del Tribunal de Alzada, se tiene que: El principio dispositivo para el tratadista Ramos se traduce en “la libertad de acción jurídica, las partes son libres de iniciar o no el proceso y de continuarlo hasta su fin”. Son las partes las que aportan los hechos al proceso en la forma y en la medida que les interesa, configurando así su objeto y ello vincula incluso al Juez que viene obligado a fallar, secundumallegata et probatapartium: El litigante dispone del proceso mismo (puede desistir) o del objeto litigioso (puede allanarse a la demanda)”, es así, que la iniciativa del proceso entonces incumbe a las partes, al poner de manifiesto el derecho de acción y del objeto del proceso, es decir, que si no se ejercita ese derecho de la parte interesada, no existe  demanda y en consecuencia no hay proceso.

Para Couture “las partes, en materia Civil, tienen la disponibilidad del derecho material porque se trata de asuntos en los cuales se dilucida un interés privado y los órganos del poder público no deben ir más allá de lo que desean los propios particulares, el actor puede abandonar la demanda, por acuerdo expreso con el adversario, puede transar o abandonar la acción. El demandado también puede allanarse a la demanda, dando lugar a la dictación de la Sentencia en forma inmediata”.

En este marco, el recurrente en ese ejercicio dispositivo referido, interpuso un proceso ordinario para obtener el pago de lo debido y los daños y perjuicios ocasionados, delimitando la naturaleza misma del proceso ordinario, o la llamada Ratio Decidendi, que tiene que ver  con la exigencia de cumplir con un pago adeudado, reconocido por  la parte demandada a través de los documentos suscritos entre ambos que cursa de fojas 41 a 44, de fojas 50 y vuelta, la solicitud de refinanciamiento de pago deuda que solicita la parte demandada, de fojas 52 y un último contrato modificatorio de plan de pagos cursante de fojas 56 a 57, deuda que se encuentra vigente para su cumplimiento, a cuya razón esta acción ordinaria no corresponde, ni es inherente a lo dispuesto por el artículo 490 del Código de Procedimiento Civil, que fue modificado por el artículo 28 de la Ley 1760, de Abreviación Procesal, tomando en cuenta que dicho articulado en su parágrafo I establece que “Lo resuelto  en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior”, estableciendo para ello el plazo indefectible de 6 meses, por lo que, si bien el recurrente antes de interponer la presente demanda acudió a la vía ejecutiva, y mediante la cual se obtuvo una sentencia favorable, que ahora ya se encuentra ejecutoriada, al no encontrar la posibilidad de concretizarse el pago adeudado por la parte demandada a través del ejecutivo, el recurrente acudió a la vía ordinaria, sin desmerecer el proceso ejecutivo concluido, porque de no ser así, el recurrente hubiese interpuesto una acción para modificar la resolución de  dicho proceso ejecutivo, que en el caso de autos no se dio, sin embargo, el Auto de Vista pronunciado por el Tribunal de Alzada se basa en el artículo 28 de la Ley 1760 y en la Sentencia Constitucional Nº 0582/2004-R, que delimita la interpretación del referido artículo, sobre todo en el plazo establecido para la presentación de proceso ordinario ulterior para la modificación del proceso ejecutivo, empero, dicho Tribunal de Alzada al momento de fundamentar y pronunciar su resolución no analiza correctamente el proceso ordinario interpuesto por el demandante, que no tiene relación alguna con la aplicación del artículo 28 referido, toda vez, que no se pretende modificar la resolución del ejecutivo y de la lectura de la demanda, el demandante no basa la misma en dicho articulado, es así, que el Tribunal de Alzada no puede privar del derecho de acción a las personas que se vean afectadas y requieran que la jurisdicción ordinaria aplique la justicia en el marco de la ley correspondiente a cada caso, otorgando seguridad jurídica a los litigantes, concordante con el razonamiento  jurisprudencial del Auto Supremo Nº 54 de 10 de marzo de 2004 que al respecto dice  “… la cosa juzgada formal causan los fallos emitidos en un proceso ejecutivo y se convierte sustancial  cuando no se ordinariza la causa en el término previsto por ley, ordinarización que tiende a dejar sin efecto lo que en dicho proceso de ejecución se hubiere determinado  (hacer o no hacer algo), pero ello no significa de manera alguna coartar el derecho de los litigantes a interponer las acciones relativas a la validez de los actos jurídicos. De ahí que no se puede esgrimir excepción de prescripción, trayendo al proceso el argumento de que los demandantes no hicieron uso de la facultad que le confiere el artículo 28 de la Ley 1760, habida cuenta que no hay manera de coartarse el derecho de los actores..”, resolución que se halla respaldada a su vez por la Sentencia Constitucional 0569/2004-R, de fecha 15 de abril de 2004.

Asimismo, sobre la excepción de prescripción planteada el juez de primera instancia como el tribunal de segunda instancia han efectuado una lectura incorrecta de los datos del proceso pero además de los institutos jurídicos sobre caducidad y prescripción al momento de dictar sus resoluciones, corresponde efectuar una puntualización sobre dichos institutos, partiendo de los siguientes aspectos: La caducidad, aunque guarde ciertas semejanzas con la prescripción, es una institución diferente, se la define como la extinción del derecho a la acción por el transcurso del tiempo, en otras palabras, es una configuración normativa que limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico, es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares.

Con relación a aquellos derechos en los que opera la caducidad, la oportunidad de su ejercicio constituye una circunstancia esencial. En efecto, existen ciertos derechos que no otorgan opción a su titular respecto del tiempo, sino al contrario, caducan cuando no se ejercen en un término fijo. Nacen con una limitación en el tiempo, de modo que no se pueden hacer valer después de transcurrido el plazo respectivo. Como consecuencia de ello, contrariamente a lo que ocurre con la prescripción, la caducidad puede ser declarada de oficio de modo tal que puede ser dictada aun cuando no hubiera sido solicitada por ninguna de las partes.

Resulta ilustrativa, a los efectos de demarcar con contundencia este instituto, la regulación prevista en el Código Civil Boliviano  que establece en su artículo 1514 "Los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro del término de perentoria observancia fijada para el efecto” y en su artículo 1520 que "La caducidad no puede aplicarse de oficio excepto cuando tratarse de derechos indisponibles debe el juez señalar los motivos que hacen inaceptable la demanda”.

La prescripción por su parte, es una institución jurídica regulada por nuestro el Código Civil Boliviano a partir del artículo 1492, en virtud de la cual, se adquieren o se extinguen derechos, por haberse agotado un término de tiempo fijado por la ley.

Las analogías y diferencias existentes entre la caducidad y la prescripción, se las puede establecer del siguiente modo:

a) En cuanto a los efectos: la caducidad extingue el derecho, mientras que la prescripción no extingue el derecho sino la acción judicial correspondiente.

b) En cuanto a su naturaleza jurídica: la prescripción es una institución general que afecta a toda clase de derechos, de modo que para que ella no funcione se requiere la norma excepcional que exima de la prescripción a tal o cual acción determinada; en sentido inverso, la caducidad no es una institución general sino particular de ciertos derechos, los que nacen con una vida limitada en el tiempo.

c) En cuanto a las contingencias de su curso: la prescripción puede ser suspendida o interrumpida en su plazo, la caducidad no.

d) En cuanto al origen o fundamento: la prescripción proviene exclusivamente de la ley, interesada en liquidar las situaciones pendientes en un tiempo razonable, para que la inacción o el abandono de los titulares de derechos no incida desfavorablemente en las relaciones sociales trabadas en una época ulterior, en la que las personas pueden ya haber destruido la documentación referente a los pagos u otros medios de extinción del pretendido derecho; mientras que la caducidad no se origina solamente en la ley, pues puede resultar de la convención de los particulares y se funda en la peculiar índole del derecho sujeto al término prefijado el que no se puede concebir más allá de ese mismo término.

e) En cuanto a los plazos: ambas instituciones se diferencias porque los plazos de prescripción son generalmente prolongados mientras que los de la caducidad son muy reducidos.-

Efectuadas estas puntualizaciones y aplicadas las mismas al caso concreto, se evidencia que tanto los jueces de instancia como la parte presentante de la excepción de prescripción no las han considerado al momento de presentar la excepción de prescripción así como al momento de resolverla, permitiendo la emisión de una resolución en primera instancia en base a fundamentos incongruentes y confusos al no haberse efectuado una clara definición de los  institutos jurídicos de la prescripción y caducidad. De ahí que, en el hipotético caso de haberse planteado una demanda de revisión del proceso ejecutivo a través de un proceso ordinario (que no es precisamente el presente caso), si  la entidad demandada pretendían  el rechazo de la misma por haberse planteado fuera del plazo de caducidad establecido en el artículo 490 del Código de Procedimiento Civil, correspondía interponer la  excepción de caducidad relacionándola con la cosa juzgada (inclusive) a los fines de determinar la caducidad del derecho a la acción de la entidad actora, mas no plantear la excepción de prescripción de la acción. Por las irregularidades referidas, no se puede consentir como  fundamento de la resolución cursante a fojas 85 a 87 que declara improbada la excepción de prescripción, el argumento de que fueron las vacaciones judiciales las que hayan suspendido el tiempo de perentoria establecida en el artículo 490 del Código de Procedimiento Civil, cual si se tratase un término prescriptivo, cuando por disposición del artículo 1517 del Código Civil, la caducidad transcurre ininterrumpidamente y sólo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho.

Por otro lado, si la parte presentante de la excepción la hubiere planteado en observancia del artículo 1507 del Código Civil, tampoco correspondía declarar la prescripción de la acción de cobro contenida en el documento obligacional de fecha 27 de agosto del 2003, al haberse interpuesto la demanda  en fecha 26 de mayo de 2006, es decir dentro del plazo establecido en la norma citada supra

Por lo expuesto supra, corresponde aplicar en el presente caso, lo dispuesto en el artículo 271 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 41, parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el artículo 271 numeral 2) del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en cuanto al recurso de casación en el fondo CASA el Auto de Vista de fojas 116 y vuelta emitido por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la excepción de prescripción planteada a fojas 68 a 69 del cuadernillo de fotocopias legalizadas, disponiéndose la prosecución del proceso.

Fue de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  184/2013