SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 182

Sucre: 30 de abril de 2013  

Expediente: LP-210-09-S

Proceso: Mejor derecho de propiedad y otros.

Partes: Francisco Miranda Coronel y otros c/ Gobierno Municipal de La Paz.

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

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VISTOS: El recurso de casación de fojas 700 a 712, interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz, representado por Vladimir Gutiérrez Ramírez contra el Auto de Vista Nº 280/2009 de fecha 22 de agosto, cursante de fojas 693 a 695 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, la contestación al recurso de fojas 714 a 715, dentro el proceso ordinario de Mejor derecho de propiedad y otros seguido por Francisco Miranda Coronel y otros contra Gobierno Municipal de La Paz, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

1.- Que, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció Sentencia Nº 145/2008 de fecha 26 de febrero, de fojas 636 a 643 vuelta, que declara probada la demanda de fojas 80 a 82, y en su mérito se reconoce el mejor derecho propietario que tienen sobre los lotes de terreno, en los que se encuentran actualmente viviendo los referidos en las Escrituras Públicas señaladas en el punto 5, ubicados en la Ampliación 18 de Mayo, zona Vino Tinto e improbada la reconvención de fojas 149 a 158, sin costas.

En grado de apelación deducida por la parte demandada, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 280/2009, de fecha 22 de agosto, cursante de fojas 693 a 695 vuelta, que confirma y aprueba la sentencia de fojas 636 a 643 vuelta, de conformidad a los artículos 237 parágrafo I numeral 1 y 197 del Código de Procedimiento Civil, sin costas en aplicación de la Ley SAFCO.

2.- Contra la referida resolución de vista, el Gobierno Municipal de La Paz, representado por Vladimir Gutiérrez Ramírez, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, bajo los siguientes argumentos:

2.1.- Del recurso de casación en la forma: La parte recurrente acusa infracción del artículo 192 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, amparado en el artículo 254 numeral 7) del Adjetivo Civil, refiriendo que el Auto de Vista recurrido solo se limitaría en su considerando 7mo a realizar afirmaciones y negaciones, sin explicar el porqué de ellas, que no tuviera respaldo en cuanto a la carga argumentativa, existiendo ausencia de motivación en el fallo y en definitiva existirá una evidente incertidumbre respecto a las razones que llevaron a confirmar la sentencia apelada, asimismo, el Tribunal de Alzada no se hubiese pronunciado sobre la infracción denunciada respecto al artículo 196 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, haciendo viable el recurso de casación en la forma conforme lo determina el artículo 254 numeral 4) del referido Adjetivo Civil.

2.1.- Del recurso de casación en el fondo: El recurrente acusa violación del artículo 1538 del Código de Civil y de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, toda vez, que el derecho propietario de la Municipalidad se encontraría vigente de acuerdo al informe de fojas 148, lo que ameritaría su plena y total validez y oponibilidad frente a los demandantes, por lo que siendo anterior al registro de los actores y al tener preferente inscripción debió declararse a favor de la Municipalidad el mejor derecho de propiedad, por lo que, también acusa que la Sala Civil Tercera hubiese infringido el artículo 1545 del Código Civil, porque al haber confirmado la sentencia hubieran reconocido como válido un derecho propietario inscrito después al que inscribió primero la Municipalidad y que además el derecho propietario del Gobierno Municipal de La Paz deviene de Alberto Laguna Meave, mientras que en el caso de los demandantes de Alberto Fernández Ballivián de un proceso doloso de usucapión substanciado por ante el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Civil. De la misma forma, acusa violación expresa de los artículos 339 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 84, 85 y 86 de la Ley de Municipalidades, porque la inalienabilidad no solo supone la prohibición de la venta o transferencia, sino que también restringe la liberalidad de que los particulares se apoderen de los bienes públicos, este carácter de dominio público y su reconocimiento expreso sobre la propiedad Municipal, en relación a los bienes inmuebles motivos de la Litis expresaría la voluntad administrativa de declaratoria de bien de dominio público, asimismo, violación de los artículos 1283, 1286 y 1287 del Código de Civil y 327 del Código de Procedimiento Civil, porque el Auto de Vista no hubiese realizado ninguna valoración de la prueba presentada por la Municipalidad de fojas 130 a 148 y que conforme lo previsto por la Ley 2372 de la Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano las autoridades judiciales y administrativas están prohibidas de asignar derechos propietarios a terceros sobre los predios de propiedad municipal declarados por ley. También, acusa error de derecho del artículo 1296 parágrafo I del Código Civil, porque el Tribunal de Alzada discrecionalmente hubiera validado un registro posterior al que tiene la Municipalidad, negando los alcances de los artículos 1538 y 1545 parágrafo I del Código Civil y hubiese validado el registro posterior de los demandantes y que el Auto de Vista  de manera errónea al considerar como prueba válida fotocopias simples, así como legalizaciones indebidas hubiesen incurrido en violación del artículo 1311 del Código Civil, finaliza con su petitorio solicitando la nulidad de obrados hasta fojas 692 ordenando que se dicte nuevo auto de vista o alternativamente se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo se declare en su lugar probada la acción reconvencional del Gobierno Municipal de La Paz e improbada la demanda de fojas 80 a 82, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO II:

Así planteado el recurso, se ingresa a su consideración:

1.1.- En cuanto al recurso de casación en la forma: Que, el artículo 192 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, impone a las autoridades jurisdiccionales la motivación y fundamentación del fallo, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la seguridad jurídica que gozan las partes, otorgando la solidez legal necesaria a las resoluciones pronunciadas, que tiene que ver con la estructura de una resolución tanto en la forma como en el fondo, en el caso de autos, las consideraciones realizadas por el Tribunal de Alzada se encuentran debidamente fundamentadas y motivadas en relación al fallo pronunciado, tomando en cuenta que se hace un análisis de los hechos y del derecho en la parte considerativa  para entrar en la parte resolutiva, asimismo, dicha resolución se encuentra sujeta tanto a los puntos expuestos en la apelación, en relación a la sentencia, en el marco del principio de congruencia, inherente a lo establecido en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. De la misma forma, la solicitud de aclaración y complementación del auto de vista recurrido interpuesta por el ahora recurrente fue respondido mediante auto de fecha 16 de septiembre de 2009, considerando que de acuerdo a la facultad prevista por el artículo 196 numeral 2) del Adjetivo Civil, solamente se puede corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial, y suplir cualquier omisión en el que se haya incurrido, y no así en aspectos sobre el fondo de la resolución, toda vez, que para ello existen los recursos que otorga la ley, siendo así, no es evidente la violación de los artículos 192 numeral 2), 196 numeral 2) como acusa el recurrente, a cuya consecuencia corresponde fallar conforme lo dispuesto en el artículo 271 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

1.2.- En cuanto al recurso de casación en el fondo: Que, para Carnelutti “La prueba es el corazón del problema del juicio, del mismo modo que éste es el corazón del problema del pensamiento; del juicio, no del proceso, pues antes observa que la prueba es una de las claves, no tanto para la teoría del proceso, cuanto para la del juicio, que es lógica pura. Empero, esto no significa que la actividad probatoria sea solamente lógica, porque es también sicológica y técnica”, es así, que la valoración de la prueba determinará la resolución que corresponda, en el marco del valor que le otorga la ley, pero también de acuerdo a la sana crítica, en este sentido, si bien la valoración de las pruebas corresponde a las autoridades jurisdiccionales de instancia, empero, cuando se ha incurrido en error de derecho o de hecho en esta apreciación, este Tribunal puede ingresar a su consideración, por lo que, se tiene las siguientes apreciaciones:

Que, para el tratadista Couture “la cosa juzgada es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla”, para Helling y sus seguidores como el procesalista alemán James Goldschmidt “la cosa juzgada se reduce a la declaración de certeza contenida en la sentencia, con el carácter de obligatoria e indiscutibIe, sin que produzca efectos sobre las relaciones y derechos sustanciales”,  lo que implica que la cosa juzgada es la fuerza vinculante de la declaración de certeza, que impone al órgano jurisdiccional la observancia de lo resuelto, y que se trata de un efecto puramente procesal, siendo así la cosa juzgada en sentido sustancial, está contenida en la sentencia de fondo, caracterizada por la indiscutibilidad de la esencia de la voluntad concreta de la ley afirmada en la sentencia, mientras que la cosa juzgada formal es la que recae sobre los presupuestos procesales, sin resolver en el fondo, y por esto es una cosa juzgada aparente que significa solo la preclusión de las impugnaciones dentro del juicio, lo que implica que la cosa juzgada en cuanto a su eficacia y alcance no es definitiva, sino, que dentro de sus límites subjetivos su fuerza vinculativa se limita a quienes fueron partes iniciales e intervinientes en el proceso en que se dictó, a cuya razón la sentencia no produce cosa juzgada sino entre las mismas partes, es decir, para Carnelutti aquellas que han sido partes en un juicio, cuyo litigio propio ha sido objeto de la sentencia y que hayan concurrido personalmente o por representación.

En este ámbito, cabe reflexionar de los antecedentes del proceso, que la parte demandante adquirió su derecho propietario mediante proceso de prescripción adquisitiva, demanda que fue dirigida en contra de Alberto Fernández Ballivián, quien según declaración de uno de los demandantes a fojas 606, fue el representante del propietario Alberto Laguna Meave, éste último reconocido también como propietario original de los inmuebles objeto del litigio, de acuerdo a las declaraciones de los demandantes de fojas 607 a 609 de obrados, proceso que mereció la emisión de la sentencia de fecha 21 de enero de 1991, que declaró probada la demanda de prescripción quinquenal y que adquirió calidad de cosa juzgada, por no haber sido  objeto de ninguna impugnación.

Por otra parte, el Gobierno Municipal de La Paz, de acuerdo a certificado de tradición treintañal emitida por la Oficina de Registro Derechos Reales del Distrito de La Paz, cursante a fojas 167 y 168, tiene registrado su derecho propietario bajo la Partida 1971 del Libro B de 1982 de fecha 01 de septiembre de 1982, mediante adquisición por cesión por Escritura Pública Nº 85 de fecha 01 de abril de 1982, trasferencia que fue otorgada por Alberto Laguna Meave, de acuerdo a la certificación de la Oficina de Registro Derechos Reales del Distrito de La Paz, de fojas 509.

De dichos antecedentes, se tiene que el dueño original de los inmuebles, objeto de la Litis, fue Alberto Laguna Meave, quien en su calidad de dueño transfirió 8.819 m2 al Gobierno Municipal de La Paz, quién a su vez registró su derecho propietario en la Oficina de Registro Derechos Reales en fecha 01 de septiembre de 1982, por lo que, la gestión en la que los demandantes iniciaron la demanda de prescripción quinquenal, el Gobierno Municipal de La Paz ya era dueño de los terrenos usucapidos, correspondiendo, que en aquella oportunidad la demanda de prescripción adquisitiva fuera en contra del Gobierno Municipal de La Paz, empero, dicha demanda fue dirigida en contra de una persona que no era la propietaria de los inmuebles litigados, a cuya razón, la sentencia de aquel proceso que adquirió calidad de cosa juzgada, dentro de sus límites subjetivos no alcanza al derecho propietario adquirido con anterioridad por el Gobierno Municipal de La Paz y asimismo considerando el tratamiento jurídico del mejor derecho propietario, tenemos que el antecedente dominial deviene, en el  presente caso, de un mismo dueño, es decir, del Sr. Alberto Laguna Meave, siendo así, el mejor derecho propietario concierne al adquirente que haya inscrito primero su título, tal cual lo previene el artículo 1545 del Código Civil,  en este caso, al haber inscrito el Gobierno Municipal de La Paz su derecho propietario incluso con anterioridad a la demanda de prescripción adquisitiva por la que los demandantes adquirieron su derecho propietario y la registraron en la Oficina de Derechos Reales durante las gestiones de 1991 y 1995 indistintamente, corresponde declarar el mejor derecho propietario del Gobierno Municipal de La Paz y fallar de acuerdo a lo establecido en el artículo 271 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil y lo previsto por el artículo 41 de la Ley del Órgano Judicial.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el artículo 271 numeral 2) del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en cuanto al recurso de casación en el fondo CASA el Auto de Vista de fojas 693 a 695 vuelta emitido por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declarando improbada la demanda principal de fojas 80 a 82 y probada la demanda reconvencional interpuesta por el Gobierno Municipal de La Paz.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  182/2013