SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 178

Sucre: 30 de abril de 2013  

Expediente: LP - 124 - 11 - S

Proceso: Nulidad de resolución Judicial y otros.

Partes: Alicia Rivas de Encinas y otra c/ Policarpio Soria.

Distrito: La Paz

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: Los recursos de casación de fojas 396 a 401 vuelta y de 407 a 409 vuelta, interpuestos por Nilda Sánchez de Soria en representación de Policarpio Soria, y por Edgar Rivas Soria en representación de Alicia Rivas de Encinas y Lucy Rivas Soria, contra el Auto de Vista Nº 174 de 27 de mayo del 2011, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces  Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario sobre Nulidad de Resolución Judicial, indemnización de daños y perjuicios por lucro cesante y daño emergente, seguido por Alicia Rivas de Encinas y Lucy Rivas Soria, contra Policarpio Soria, las respuestas de fojas 412 a 413 vuelta y 417 a 418,  el auto concesorio de fojas 419,los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.-

Tramitada la causa, el Juez de Partido Decimo Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 249 de 23 de julio de 2010, cursante de fojas 344 a 347 vuelta, declarando probada en parte la demanda de fojas 21 a 23 vuelta, subsanada y modificada a fojas 38 a 39, determinando en consecuencia la existencia de fraude procesal cometido en el juicio ordinario de usucapión seguido por Policarpio Soria contra Alicia Riva Soria, Lucila Riva Soria y otros, tramitado ante el Juzgado Décimo de Partido en lo Civil y Comercial; improbada en cuanto a la nulidad de sentencia, pago de daños y perjuicios  por daño emergente y lucro cesante.

En grado de apelación deducida por ambas partes, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 174 de 27 de mayo de 2011, cursante de fojas 389 a 392 vuelta, confirma la Resolución Nº 584 de 22 de diciembre de 2007; la Resolución Nº 233 de 25 de julio de 2008; el auto complementario de 9 de agosto de 2008; la providencia de 19 de enero de 2009; la providencia de 12 de febrero de 2009; el auto de 6 de marzo de 2009; el auto de 3 de diciembre de 2009; la Sentencia Nº 249 de 23 de julio de 2010, sin costas por la doble apelación.

Esta resolución de segunda instancia, motivó que tanto la parte demandada representada Nilda Sánchez de Soria, así como la parte demandante representada por Edgar Rivas Soria, por memoriales cursante de fojas 396 a 401 vuelta y de 407 a 409 vuelta respectivamente, planteen recurso de casación o nulidad y casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.-

I.- Policarpio Soria.-

a).- En el recurso de casación en la forma, acusa errónea interpretación del artículo 25 de la Ley 1760, al no haberse considerado que en el otrosí del memorial de apelación ha ratificado los fundamentos de los memoriales de apelación de fojas 60, 129, 130 y 192, lo que daría lugar a la causal de nulidad establecida en el inciso 4) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil; señala que, no se apelado de una providencia sino del auto que ha ratificado y ha fundamentado dichas providencias que cursan a fojas 180 y 189, y al no haberlo entendido así el tribunal ha incurrido en errónea aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Civil y violado el artículo 216 párrafo segundo del mismo cuerpo de leyes, manifiesta que, en relación a la apelación del auto de 3 de diciembre de 2009, se ha computado de forma errónea el término para apelar, sin considerar que su persona ha opuesto el recurso de apelación a las 24 o 48 horas desde que se les ha notificado, aspectos denunciados y que dan lugar también a la causal establecida en el inciso 4) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil; indica que, de la revisión de la demanda de fojas 21 a 23, se establece que las demandantes han solicitado nulidad de resolución judicial, acción negatoria, mejor derecho de propiedad, reinvindicación, indemnización de daños y perjuicios, señalando como causa petendi fraude procesal, es decir, el fundamento de la pretensión de nulidad de la Resolución Judicial N° 293 de 2 de agosto de 2003 es el fraude procesal, por lo que, las actoras jamás han deducido como pretensión una acción declarativa de fraude procesal y al fallarse declarando la existencia de fraude procesal se ha dictado una resolución ultra petita violando el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil dando lugar a la  causal de nulidad establecida en el artículo 254 numeral 4) del mismo cuerpo adjetivo de leyes.

b).- En el recurso de casación en el fondo, denuncia que, la demanda es improcedente porque, para alegar fraude procesal se tiene que anunciar que se planteará; revisión extraordinaria del proceso dentro del año de haber adquirido la sentencia calidad de cosa juzgada, lo que no ha ocurrido en el presente caso al haberse planteado la presente acción cuatro años después de haberse ejecutoriado la Resolución N° 239/2003, por lo que acusa violación del artículo 297 3) y 298 ambos del Código de Procedimiento Civil; señala que, la decisión del juez de la causa de declarar existente el fraude procesal en juicio ordinario carece de sustento legal porque en la parte motivadora no se señala norma aplicable, omisión que es continuada por el Tribunal ad quem, lo que da lugar a la causal señalada en el inciso 1) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, al negarse aplicar los artículos 297 3) y 298 del mismo cuerpo de leyes.

Finaliza los recursos solicitando, se dicte auto supremo anulando obrados hasta el vicio más antiguo que se ubica en la demanda, o hasta el auto de vista para que dicte otro que resuelva las apelaciones planteadas debidamente fundamentadas, o en su defecto se case la sentencia declarando improbada la demanda, dejando sin efecto la declaratoria de fraude procesal.

II.-Alicia Rivas de Encinas y Lucy Rivas Soria, en virtud al artículo 253 2) del Código de Procedimiento Civil, denuncian que, las resoluciones de instancia contienen disposiciones contradictorias, puesto que, si bien en la primera parte del por tanto de la Sentencia N° 249/2010, el juez falla declarando probada en parte la demanda de fojas 21 a 23, modificada a fojas 38 a 39, declarando existente el fraude procesal cometido en el juicio ordinario seguido por el demandado Policarpio Soria contra sus personas y otras, sin embargo en la segunda parte declara improbada sobre la nulidad de la Sentencia N° 239/2003 dictada en el indicado proceso, así como la cancelación de la matrícula de registro y el pago de daños y perjuicios, lo que la hace antinómica y antitética, permitiendo la subsistencia de la sentencia de usucapión obtenida de manera ilícita e ilegal; indica que, una sentencia con calidad de cosa juzgada como expresión de la máxima preclusión, no puede quedar en un mero enunciado formal, sin posibilidad de coercibilidad, condena ni sanción; manifiesta que, de acuerdo a la diversa jurisprudencia constitucional, nunca ha existido cosa juzgada en el fraudulento proceso de usucapión seguido por el demandado, al haberse vulnerado sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, seguridad jurídica, propiedad privada y el derecho sucesorio.

Finaliza el recurso, solicitando al amparo del artículo 250 y siguientes, se emita auto supremo casando el auto de vista y deliberando en el fondo falle declarando probada la demanda en todas partes.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Que, así planteados los recursos se ingresa a su consideración y análisis:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma planteado por Policarpio Soria, de la revisión de antecedentes, se observa que no existe mérito para una nulidad de obrados, por cuanto los motivos de nulidad acusados por el recurrente no resultan evidentes, tomando en cuenta los siguientes aspectos: Con relación a las Resoluciones Nº 584 de 22 de diciembre de 2007, Nº 233 de 25 de julio de 2008, el auto de fecha 6 de marzo de 2009, el Tribunal ad quem no ha ingresado a considerar el fondo de las mismas porque el demandado ha incumplido con el artículo 25 de la Ley 1760, por cuanto de la lectura del otrosí del memorial de apelación de la sentencia cursante de fojas 351 a 356 vuelta, no existe fundamentación de los autos apelados en el efecto diferido. Al respecto, éste Tribunal Supremo en otros casos a referido que la parte que impugna una resolución en el efecto diferido, tiene la obligación de activar el mismo pronunciándose al momento de apelar de la sentencia, en caso de no hacerlo se entiende su desistimiento tácito a ese derecho, en otras palabras renuncia a la apelación diferida.

En cuanto a la apelación de la providencia de 19 de enero de 2009, cursante a fojas 174 vuelta, el Tribunal ad quem estableció correctamente que por disposición del artículo 226 del Código de Procedimiento Civil, resulta improcedente la apelación de las providencias de simple sustanciación.

Respecto a la apelación en contra del auto de 3 de diciembre de 2009, cursante a fojas 311 vuelta, el Tribunal ad quem de manera correcta confirmo la decisión del Juez a quo, en razón de que el demandado  dentro del plazo legal no ha interpuesto ningún recurso contra la resolución cursante de fojas 305 a 306, tomando en cuenta que el memorial de fojas 310 simplemente se trata de un anuncio de apelación en el efecto diferido que de ningún modo se puede equiparar a la interposición de una apelación en dicho efecto.

Finalmente, en relación a que en la demanda no se hubiere señalado como causa petendi el “fraude procesal”, corresponde establecer que, de la revisión de antecedentes, especialmente del memorial que modifica la demanda cursante de fojas 38 a 39, las demandantes pretenden con su demanda la nulidad de la resolución judicial dictada en el proceso ordinario de usucapión seguido por el demandado contra sus personas y otros por considerar que dicho proceso se llevó adelante  con fraude procesal, de ahí que, el juez de la causa en el punto 2 del auto de relación procesal cursante a fojas 83 vuelta ha fijado como uno de los puntos de hecho a probar para las demandantes la demostración del fraude procesal, aspecto que no fue objetado por el demandado, por lo mismo, no se puede considerar que la sentencia dictada por el Juez a quo y confirmada en apelación resulte ultrapetita.

Por lo expuesto, corresponde resolver el recurso aplicando lo dispuesto en los artículos 271 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

b).- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

A través de su abundante jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha dejado establecido que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que es concedida para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, pudiendo plantearse en el fondo, en la forma o en ambos la vez, conforme establece el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el Código de Procedimiento Civil, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista recurrido se case, conforme establecen los artículos 271 - 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los artículos  271 - 3) y 275 del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

Si el recurso de casación se interpone en el fondo, deberá circunscribirse a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del Código adjetivo civil; siendo su finalidad la casación de la sentencia o auto de vista recurrido y la emisión de una nueva resolución, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia. En tanto que si el recurso se plantea en la forma, la fundamentación debe adecuarse a las previsiones establecidas el artículo 254 del mismo cuerpo legal; cuya finalidad es la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo -con o sin reposición- cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley.

Tanto en el recurso de casación en el fondo como en la forma es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258 - 2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe o deben citarse en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado. Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 - 2) del Código de Procedimiento Civil.

En la especie, el recurso de casación en el fondo resulta impreciso, incongruente y contradictorio, no solo porque el recurrente, si bien funda el recurso  en la causal establecida en el inciso 1) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, no identifica o precisa en cumplimiento del artículos 258 2) del Código de Procedimiento Civil ninguna norma sustantiva como  sustento de la resolución de segunda instancia que hubiere sido violada o aplicada falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, tomando en cuenta que el contenido de los artículos 297 3) y 298 del Código de Procedimiento Civil al de naturaleza eminentemente procesal por estar referidos a la procedencia y plazo para interponer el recurso extraordinario sentencia ante el Tribunal Supremo de Justicia, no pueden servir de fundamento  para un recurso de casación en el fondo.

En consecuencia, al no haber cumplido el recurrente con la carga legal prevista en el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, por desconocimiento de la adecuada técnica jurídica que debe de observarse en la formulación de este recurso extraordinario, y al no poderse suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurrió el mismo, este Tribunal Supremo se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado, al que castiga conforme los artículos 271 - 1) y 272 - 2) del Código de Procedimiento Civil.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo interpuesto por Alicia Rivas de Encinas y Lucy Rivas Soria, corresponde partir de las siguientes consideraciones:

La acción de declaración de "fraude procesal", prevista en el artículo 297-3) del Código de Procedimiento Civil, consiste en poner, mediante proceso ordinario, en evidencia una "conducta fraudulenta", "un engaño o mala fe" con que se ha actuado en un determinado proceso ordinario para conseguir una sentencia favorable, con la finalidad de lograr se revise ésta mediante un expreso recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo competente.

En ese marco, se debe establecer de manera contundente que, el objeto del proceso de fraude procesal se circunscribe a determinar el fraude en virtud al cual el proceso ordinario cuestionado ha sido resuelto, siendo ajeno al fin que persigue esta acción, la consideración y pronunciamiento sobre la legalidad, ilegalidad, corrección o incorrección de las resoluciones dictadas en el proceso de conocimiento, como también ajeno resulta a ese fin la pretensión de anular, por esta vía, el proceso de conocimiento a que se refiera; toda vez que en nuestra economía jurídica no existe la figura de nulidad del proceso por fraude procesal, puesto que tal posibilidad de juicio está legislada bajo el denominativo de revisión extraordinaria de Sentencia que sólo procede para juicios ordinarios ejecutoriados en los cuales se hubieran logrado los fallos en mérito a fraude procesal. Queda claro entonces que a través del proceso de fraude procesal, lo único que se pretende es obtener una sentencia declarativa que viabilice la posterior revisión extraordinaria de la sentencia ejecutoriada que hubo sido dictada en proceso ordinario.

Por lo expuesto, al no ser evidente la infracción de la normas señaladas en el recurso, corresponde resolver conforme los artículos 271 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por disposición Transitoria Octava, artículo 42 I 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADO en la forma e IMPROCEDENTE en el fondo el recurso de casación y nulidad de fojas 396 a 401 vuelta, interpuesto por Nilda Sanchez de Soria en representación de Policarpio Soria, e INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 407 a 409 vuelta, interpuesto por Edgar Rivas Soria en representación de Alicia Rivas de Encinas y Lucy Rivas Soria, sin costas por ser ambas partes recurrentes.

Primer Magistrado Relator Dr. Javier Medardo Serrano Llanos de cuyo proyecto fue disidente la Magistradas Dra. Elisa Sánchez Mamani con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  178/2013