SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 169

Sucre: 30 de abril de 2013  

Expediente: CH 19 11 S

Proceso: Nulidad de Documento.

Partes: Juan Pérez Cruz c/ Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre.

Distrito: Chuquisaca

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación de fojas 300 a 302 vuelta, interpuesto por Verónica Berrios Vergara, en representación del Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre contra el Auto de Vista Nº 90 de 17 de marzo de 2011, cursante de fojas 290 a 293, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca dentro del proceso ordinario sobre Nulidad de Documento, seguido por Juan Pérez Cruz contra la entidad municipal recurrente, la respuesta de fojas 305 a 308 vuelta, el auto concesorio de fojas 309, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.-

Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, pronuncio la Sentencia Nº 7 de 25 de septiembre de 2007, declarando probada la demanda de fojas 15 a 17 ratificada a fojas 115, así como las excepciones perentorias sobre falta de acción y de derecho, falsedad e ilegalidad de la mutua petición opuestas a fojas 132 vuelta; improbada la reconvención de fojas 127, sin costas. En consecuencia dispone la nulidad de la escritura sobre transferencia gratuita de 21 de junio de 1993 y su posterior inscripción en el Registro de los Derechos Reales, ordenando la cancelación; así como el pago de daños y perjuicios a favor del actor a calificarse en ejecución de sentencia.

En grado de apelación, y luego de dos autos supremos anulatorios (fojas 250 a 251 y 283 a 285), la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº 90 de 17 de marzo de 2011, cursante de fojas 290 a 293, revoca parcialmente la sentencia apelada sin costas, en consecuencia dispone la nulidad parcial de la Escritura Pública Nº 162 de 9 de julio de 1993, en lo que atañe a la inclusión en la cesión gratuita del lote Nº 9 en la extensión y colindancias contenidas en la cláusula segunda de la literal de fojas 1 a 6, equivalentes a los lotes L-9 y L-10 de la literal de fojas 7 a 9, sin comprender tal nulidad el resto de la superficie cedida, manteniendo en lo demás los términos de la sentencia apelada.

Contra el fallo de segunda instancia, Verónica Berrios Vergara, en representación del Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre, por memorial de fojas 300 a 302 vuelta, interpone recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.-

La entidad recurrente, señala que, el auto de vista a incumplido con los  mandatos previstos en los artículos 3 inciso 1), 90 y 236, del Código de Procedimiento Civil, al no haberse circunscrito a los puntos resueltos por el Juez a quo y que fueron objeto del recurso de apelación referidos a la defectuosa valoración de la prueba; interpretación errónea sobre el cumplimiento de los requisitos de formación sobre un contrato de transferencia gratuita; falta de coincidencia en la extensión e identificación del inmueble reclamado por el actor de 330 mts2 y con la extensión del inmueble transferido gratuitamente al municipio de 150, 48 mts2; nulidad de obrados por falta de citación con la demanda y demás obrados al Ministerio Público; la falta de justificación fáctica y legal para declarar improbada la demanda reconvencional sobre negación del derecho propietario, lo que da lugar a la causal de casación en el fondo establecida en el inciso 1) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil; indica que, el auto de vista ha procedido a revocar parcialmente la sentencia y declarar parcialmente la nulidad de la Escritura Pública Nº 162 de 9 de julio de 1993 con argumentos totalmente subjetivos como la ilicitud de la causa por considerar que se ha transferido un bien por quien no era propietario, sin considerar ni valorar las pruebas que demuestran que el inmueble que pretende recuperar el demandante es diferente o distinto al que fuera transferido a la alcaldía al no encontrarse dentro de los lotes L-9 y L-10; manifiesta que, el demandante procedió a adquirir su terreno después de tres meses de haberse emitido la Ordenanza Municipal Nº 035 de 9 de marzo que aprobaba el proyecto de urbanización del sector en la que se consideraba que el lote L-9 que dice ser propietario el demandante contaba con solo una superficie de 150,48 mts2; denuncia que, se ha incurrido en vulneración e inaplicación de los artículos 399 I y 400 1) del Código de Procedimiento Civil, artículos 1287, 1289 I y 1289 del Código Civil, incumpliendo la obligación que le imponen los artículos 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, al no haber considerado el valor probatorio de las pruebas cursantes de fojas 1 a 9 y 169 a 170, ha incurrido en error de hecho y de derecho lo que da lugar al recurso de casación por la causal establecida en el inciso 3) del artículo 253 del Código Civil.

Finaliza el recurso, solicitando al tribunal de casación, en virtud a los principios de legalidad, debido proceso, verdad material, eficacia y probidad como condición esencial de la administración de justicia, los artículos 178 I y 180 I de la Constitución Política del Estado, los artículos 250, 253 inciso 1) y 3) y 257 del Código de Procedimiento Civil case el auto de vista recurrido y deliberando el fondo declare improbada la demanda interpuesta por Juan Pérez Cruz y probada la demanda reconvencional deducida por el Municipio de Sucre.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

La jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 - 2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado artículo 258 - 2) del Código de Procedimiento Civil. Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 - 2) del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el Código de Procedimiento Civil, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista se case, conforme establecen los artículos 271 - 4) y 274  del Código de Procedimiento Civil, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los artículos 271 - 3) y 275  del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, lo que implica su improcedencia.

En el caso de Autos, se advierte que la entidad recurrente no ha comprendido la esencia del recurso de casación, y menos las características del mismo, sus diferencias entre el de fondo y el de forma y la observancia procesal obligatoria a tiempo de su interposición establecida en el artículo 258 2) del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en incongruencia y contradicción entre lo planteado y el contenido del recurso, porque, si bien funda el mismo en las causales de casación en el fondo establecidas en los incisos 1) y 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, contradictoriamente parte del contenido y fundamentación del recurso está relacionado a la denuncia de incumplimiento de los mandatos previstos en los artículos 3 inciso 1), 90 y 236, del Código de Procedimiento Civil, por considerar que el auto de vista recurrido no se ha circunscrito a los puntos resueltos por el Juez a quo y que fueron objeto del recurso de apelación, además de la denuncia sobre vulneración a los principios de legalidad, debido proceso, verdad material, eficacia y probidad, fundamentos que al ser de naturaleza procesal no pueden servir como motivos para dar curso al recurso de casación en el fondo.

Por otra parte, la entidad recurrente al denunciar vulneración e inaplicación de los artículos 399 I y 400 1) del Código de Procedimiento Civil, artículos 1287, 1289 I y 1289 del Código Civil así como incumplimiento de los artículos 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, ha obviado el deber procesal de diferenciar y señalar sobre que pruebas el tribunal ad quem ha incurrido en error de hecho y sobre cuales en error de derecho en su apreciación para aperturar la competencia de este Tribunal Supremo, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación.

Finalmente corresponde establecer que, la simple relación expuesta, no sustituye a la fundamentación que deben hacer los recurrentes para demostrar la forma en la que el tribunal de grado violó las normas que se impugnan para dar lugar a una decisión casatoria, por ello, la jurisprudencia nacional coincidente con los criterios doctrinales del derecho procesal requieren que el recurso de casación no tenga simplemente un carácter indicativo de la ley o leyes violadas, aplicadas falsa o erróneamente, sino que por el contrario sean observaciones precisas, claras y puntuales acerca de los yerros o faltas que se observan y/o acusan; lo que no ocurre en el caso de autos.

En consecuencia, al no haber cumplido la entidad recurrente con la carga legal prevista en el articulo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, por  desconocimiento de la adecuada técnica recursiva que debe de observarse en la formulación de este recurso extraordinario, y al no poderse suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurrieron los mismos, este Tribunal Supremo se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado, al que castiga conforme los artículos  271 - 1) y 272 - 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, artículo 42 I 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fojas 300 a 302 vuelta, sin costas.

Primer Magistrado Relator Dr. Javier Medardo Serrano Llanos de cuyo proyecto fueron disidentes las Magistradas Dra. Elisa Sánchez Mamani y Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  169/2013