SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 142

Sucre: 25 de abril de 2013  

Expediente: O-18-08-S

Proceso: Nulidad de resoluciones.

Partes: Tadashi Ángel Kiyonari Inoguchi c/ Universidad Técnica de Oruro

Distrito: Oruro

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

__________________________________________________________________________


I.- VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Tadashi Ángel Kiyonari Inoguchi, de fojas 321 a 323, contra el Auto de Vista Nº 031 de 1 de marzo  de 2008, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Distrito de Oruro, en el proceso ordinario de nulidad de resoluciones seguido por el recurrente en contra de la Universidad Técnica de Oruro, los antecedentes y;

          II.- CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes.- Que, mediante sentencia de fojas 285 a 289 vuelta de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, se declaró improbada la demanda de fojas 39-42 y probada las excepciones perentorias de falta de acción y derecho, improcedencia, ilegalidad en el actor y la demanda, e improbada la reconvención de fojas 92-95. Sin costas por ser juicio doble.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Tadashi Ángel Kiyonari Inoguchi, de fojas 292 a 293 vuelta, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Oruro, por Auto de Vista Nº 031 de 1 de marzo de 2008, confirmó la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial de fojas 321 a 323, Tadashi Ángel Kiyonari Inoguchi, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, que ahora se examina.

III.- CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- El recurso de casación en el fondo, y en la forma, se los compendia separadamente:

3.1.1.- Sobre la casación en el Fondo.- El denunciante esgrime las siguientes denuncias:

.- Acusa que el Tribunal ad quem, habría violado el artículo 58 del Código de Procedimiento Civil consistente en la aplicación correcta de sus preceptos, ya que la persona natural que representaba a la persona jurídica Universidad Técnica de Oruro (U.T.O.) dentro del proceso ejecutivo primigenio, apeló ilegalmente de la sentencia por intermedio del Sr. Rubén Medinaceli Ortiz, esgrimiendo representación como representante legal de la U.T.O., en su calidad de rector, sin acompañar documentación alguna y que correspondía a los jueces de primera y segunda instancia aplicar correctamente  los alcances y sentido jurídico del artículo 58 del Código ritual declarando la nulidad de lo obrado sin capacidad procesal por el Sr. Medinaceli.

.- Denuncia que el Tribunal ad quem, habría interpretado erróneamente el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, puesto que se da a este precepto un sentido equivocado al correcto, ya que en el proceso ejecutivo el tribunal de apelación permitió la presentación de documentos para salvar su observación, después de dictado el decreto de autos, documentos que la resolución de segunda instancia consideró y en los cuales se apoyó para revocar la sentencia. Señala que los jueces de instancia debieron declarar la ilegalidad de la presentación de dicha prueba porque el Tribunal no hizo uso de la facultad prevista por el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, porque no existía insuficiencia de prueba ni necesidad aparente de complementar la misma, y que dicha prueba no versa sobre hechos concluyentes y que se trata de una prueba ajena e impertinente a los hechos en disputa, como es una acreditación de personería.

3.1.2.- Sobre la casación en la forma.- Se esgrimen las siguientes denuncias:

1º. -El recurrente acusa que a lo largo del proceso reclamó que el Auto de Vista Nº 92/2000, emitido en el proceso ejecutivo no cumple con la congruencia que impone el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, ya que es ultra petita al haber resuelto puntos que no fueron apelados; y que este aspecto reclamado oportunamente ante los tribunales inferiores, el Auto de Vista Nº 031/2008 no los habría considerado como era su deber, dejando pasar por alto una actuación con exceso de poder y falta de jurisdicción; que se pronunció sobre puntos no apelados, viciando por tanto el procedimiento con la nulidad prevista en el caso 1º del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

.- Que, el Auto de Vista Nº 31/2008 incurre en la misma causal de casación al no dar curso a su solicitud de analizar la actuación ilegal de la U.T.O. esgrimiendo un derecho propietario que no posee, porque a pesar de haber reclamado que, en el proceso ejecutivo, la Universidad Técnica de Oruro nunca acreditó derecho propietario se le ha permitido ejercer actos de disposición reservados por ley sólo a los propietarios, tal cual señalan los artículos 105 y 1538 del Código Civil, por lo que habría infracción de la ley en cuando a la apreciación de los hechos.

Finalmente concluye pidiendo que se case el auto de vista y se declare la procedencia de la demanda de nulidad intentada, con costas y responsabilidad al infractor.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones, bifurcando el análisis de la casación en la forma respecto de la casación en el fondo; comenzando por la casación en la forma, pues en caso de estimarse la misma ya no sería necesario el pronunciamiento en el fondo.

3.2.1.- Sobre la casación en la forma.- Con relación a la supuesta violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.- No es evidente que el Tribunal ad quem no se haya pronunciado sobre la supuesta incongruencia y violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil en la que dice que se habría incurrido en la emisión del Auto de Vista Nº 92/2000, pronunciado en el proceso ejecutivo que se revé en esta causa, pues el Tribunal ad quem, sí se ha pronunciado sobre dicho punto apelado, señalando que esa observación la correspondía plantear a la U.T.O. y no al ejecutado y que además dicha observación es ambigua y que no cumple el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil; es más en otra parte del fallo impugnado se da cuenta que el supuesto incumplimiento del artículo 236 del Código Adjetivo Civil no ha sido probado ni explicado debidamente y la sola afirmación de que no se hubiese cumplido con dicha disposición legal sin respaldo de ninguna naturaleza carece de sentido. Es más esta conclusión del Tribunal ad quem, es evidente, pues como se observa el escrito de apelación de fojas 292 a 293, el recurrente no precisa que aspectos concretamente de la resolución de segunda instancia emitida en el juicio ejecutivo se reputan como incongruentes, y tal imprecisión no podía ser suplida por el Tribunal de apelación.

Tampoco es cierto que el Tribunal ad quem no se habría  pronunciado con relación a su reclamo de que la Universidad Técnica de Oruro no acreditó su derecho propietario, pues el tribunal de apelación sí se ha pronunciado sobre ese punto apelado cuando señala “Con referencia a que el proceso ejecutivo se hubiese tramitado sin que el ejecutante esté legitimado, porque no fuera propietario del inmueble cuyo inquilinato hubiese generado alquileres, es necesario dejar constancia que el proceso ejecutivo no verso sobre pago de alquileres, sino, en base a las letras de cambio aceptadas por el entonces ejecutado a favor de la U.T.O, por lo que esa observación carece de sentido y de respaldo legal.”; ahora bien si éste razonamiento es suficiente y correcto, es algo que no corresponde resolverlo en éste fallo, ya que ello no forma parte del recurso que se examina; lo contrario implicaría afectar tanto el principio dispositivo que rige en la materia cuanto la congruencia de ésta resolución.

En suma no es cierto que el Tribunal ad quem haya violado el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil al emitir el fallo de segunda instancia impugnado, por lo cual el recurso de casación en la forma resulta infundado.

3.2.2.- Sobre la casación en el fondo.-Con relación a la supuesta violación del artículo 58 del Código de Procedimiento Civil por no aplicación correcta de sus preceptos legales.- El Tribunal ad quem con relación a este punto ha razonado que si bien es cierto que hubo la renuncia, empero por el actuado de fojas 251, consistente en fotocopia legalizada de acta de posesión, se acredita que el Ing. Medinaceli reasumió las funciones de Rector de la Universidad Técnica de Oruro el 23 de noviembre de 1999, de donde resulta que la apelación cuestionada fue presentada con plena personería y que el auto de concesión de la apelación de fojas 23 no fue observado por el ejecutado, por lo que habría precluido su derecho.

Ciertamente por disposición del artículo 58 del Código de Procedimiento Civil, quien se presenta en representación de otro debe acreditar su personería en su primera presentación; la falta de esta acreditación acarrea la consecuencia de inadmisibilidad de la personería cuando ésta ha sido observada de oficio por el juez o tribunal, o cuando ha sido objetada por la parte contraria por medio procesal pertinente; se trata sin embargo de un defecto subsanable.

En el caso de autos, si bien es cierto que el recurrente pidió el rechazo de la apelación formulada por el Ing. Rubén Medinaceli Ortiz, en su calidad de Rector de La Universidad Técnica de Oruro, por  falta de acreditación del nuevo mandato como Rector de dicha Universidad, sin embargo como observa certeramente el Tribunal ad quem, el recurrente no impugnó la concesión de la apelación efectuada por auto de 23 de febrero de 2000, de fojas 23 vuelta del expediente del proceso de marras, con lo cual de su parte ha convalidado dicha actuación.

En todo caso, está acreditado el Ing. Rubén Medinaceli Ortiz, porque ha sido posesionado en el cargo de Rector de la Universidad Técnica de Oruro, correspondiente a un nuevo mandato en fecha 23 de noviembre de 1999, conforme se evidencia en el acta de posesión de fojas 34 y 251, por cuya razón el 25 de febrero de 2000, que es la fecha en la que presentó la apelación, el Ing. Medinaceli tenía plena legitimación procesal para apelar, por lo cual de ninguna manera se justifica anular la resolución de segunda instancia del proceso ejecutivo que se revisa, pues no puede perderse de vista que las formas procesales no tienen finalidad en sí mismas, su teleología está orientada a la protección del derecho de defensa en juicio; tanto más si, en la interpretación de las normas procesales, debe tenerse presente que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, conforme manda el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, pues no existe la nulidad por la nulidad.

Con relación a la interpretación equivocada del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil.- Las medidas para mejor proveer que puede adoptar el juez durante la tramitación de la causa hasta antes de sentencia, a las que se refiere el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, implican la existencia de poderes de iniciativa probatoria que tiene carácter complementario con respecto de la carga de la prueba que corresponde a las partes y que debe recaer sobre los hechos controvertidos en el caso concreto.

En el caso en examen, el Tribunal de apelación que resolvió la alzada del juicio ejecutivo no ordenó la producción de prueba de oficio, pues en realidad dicho tribunal proveyó admitiendo el apersonamiento del Ingeniero Rubén Medinaceli Ortiz, en representación de la U.T.O., por lo que en rigor ni es verdad que los documentos aludidos hayan sido incorporados al proceso como prueba de oficio ni que haya existido una interpretación errónea del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil como denuncia el recurrente, sino que se trata de una invocación indebida e innecesaria de dicha norma legal; empero, tal error no afecta la decisión de los jueces de instancia, pues no es cierto que el Tribunal de apelación que resolvió la alzada del juicio ejecutivo, haya revocado la decisión de primera instancia con base a tales documentos, ya que en dicha resolución no se los menciona explícitamente, pues la referencia a la personería que se hace en el punto 2 del tercer considerando no se hace mención concreta a tales documentos, merced a que la constatación de la personería implica la verificación necesaria que deben realizar los jueces de instancia para acoger una pretensión ejecutiva, que resultaba pertinente por el hecho de que en primera instancia se había declarado improbada la demanda.

Es más, conforme se tiene señalado precedentemente se encuentra acreditado que el Ing. Rubén Medinaceli Ortiz, tenía plena legitimación procesal para interponer la apelación, y que al no haberse impugnado el auto que concedió la alzada en el juicio ejecutivo, operó la convalidación por parte del demandado en aquél proceso y la presentación ulterior de los documentos que acreditaban la personería del Rector de la U.T.O., cuando más implicó subsanación, que no afecta la validez de la decisión.

En definitiva, no siendo ciertas las acusaciones formuladas en el recurso, corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

IV.- POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2) y 273 del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma, de fojas 321 a 323, interpuesto por Tadashi Ángel Kiyonari Inoguchi. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  142/2013