SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 136

Sucre: 23 de abril de 2013  

Expediente: P-15-08-S

Proceso: Resarcimiento y cumplimiento de obligación.

Partes: Godofredo Miranda Porcel c/ María Teresa Flores vda. de Miranda

Distrito: Potosí

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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I.- VISTOS:

1.- El recurso de nulidad, interpuesto por Godofredo Miranda Porcel, de fojas 216 a 218, contra el Auto de Vista Nº 083 de 8 de abril de 2008, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la entonces Corte Superior de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario de resarcimiento y cumplimiento de obligación, seguido por Godofredo Miranda Porcel en contra de María Teresa Flores vda. de Miranda, los antecedentes, y;

           II.- CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 177 a 184 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Potosí, se declaró probada en parte la demanda de fojas 68 a 69, y en consecuencia dispone que hay lugar al pago y resarcimiento por la demandada María Teresa Flores vda de Miranda de la suma de Bs. 682,50, emergentes en parte del rubro 1 desde fecha 15 de enero de 2002; e improbada la demanda en cuanto al pago y resarcimiento de la suma de Bs. 171.032,50 de los rubros 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 , así como del rubro 1 con referencia a las erogaciones anteriores al 15 de enero de 2002; también se declara improbada la acción respecto de los rubros 3, 7 y 8; se declara probada la excepción perentoria de prescripción quinquenal opuesta a fojas 72-73, en cuanto a los rubros 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 y del rubro 1 en cuanto a la fecha anterior al 15 de enero de 2002, e improbada dicha excepción de prescripción en cuanto al rubro 1 a partir de fecha 15 de enero de 2002.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Godofredo Miranda Porcel, de fojas 187 a 189, la Sala Civil, Comercial y Familiar de la entonces Corte Superior de Justicia de Potosí, por Auto de Vista Nº 083 de 8 de abril de 2008, ANULA obrados hasta fojas 70 vuelta, disponiendo que el Juez a quo ordene el saneamiento de la demanda e integre a la demanda a los litisconsortes pasivos Remberto Miranda Porcel, Margarita y Felisa Miranda y Julia Velásquez de Torricos.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 216 a 218, Godofredo Miranda Porcel, interpone recurso de nulidad, que a continuación se compendia.

           III.- CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- El recurrente, en su recurso de nulidad, efectúa las siguientes denuncias:

1º.- Acusa al Tribunal ad quem de interpretación incorrecta de los incisos 4) y 6) del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil e interpretación indebida del artículo 316 del mismo Adjetivo Civil, en razón a que su demanda fue formulada en lenguaje comprensible gramaticalmente y sintácticamente articulado a tiempo de ser descrita la cosa demandada, explicando el objeto que corresponde al pago de dinero que documentalmente y en forma cronológica fueron presentados, por lo que no se puede mencionar que la exposición de los hechos no es clara ni precisa.

Se alega también que no habría interpretado debidamente el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil al haberle exigido la presentación del documento obligacional conforme al artículo 487 del Código de Procedimiento Civil, referido al título ejecutivo, precepto que es exigible en procesos ejecutivos pero no en procesos de conocimiento, por lo que no puede ser anulable.

2º.- Se denuncia incongruencia del Auto de Vista impugnado respecto del anterior auto de vista anulatorio Nº 264/2007 de 3 de diciembre de 2007, porque se aparta de éste en el que se hubo anulado la sentencia por aspectos de forma sin observarse aspectos esenciales y menos el memorial que dio origen al proceso.

3º.- Acusa la incongruencia del Auto de Vista impugnado al ordenar la integración a la litis de Remberto Miranda Porcel, Margarita y Felisa Miranda y Julia Velásquez de Torricos, dado que si bien el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil regula el litis consorcio alega que todos sus hermanos cumplieron con su obligación, por lo que no corresponde su incorporación dado que no existe razón para procesarlos.

Finalmente e invocando el artículo 271 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil, pide que se anule el Auto de Vista impugnado.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

La demanda es el acto por cuyo medio se deduce la pretensión, la cual debe reunir requisitos de admisibilidad y fundabilidad. Siguiendo la exposición del profesor argentino Lino E. Palacio, en su Manual de Derecho Procesal Civil, corresponde precisar que los requisitos de admisibilidad se dividen en intrínsecos y extrínsecos, este último admite una subdivisión entre procesales y fiscales. Entre los requisitos de admisibilidad extrínsecos procesales, relativo al objeto, se encuentra la carga del actor de designar con toda exactitud la cosa demandada, y lo referente a la causa que implica una prolija relación de los hechos expuestos con claridad y precisión, a los que el actor imputa el efecto jurídico.

En caso de incumplimiento de la carga impuesta al actor de cumplir con los requisitos de admisibilidad extrínsecos de designar la cosa con exactitud y de exponer los hechos con claridad y precisión en que se funda la pretensión, previstos por los incisos 4 y 5 del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, la inadmisibilidad de la demanda deviene ya sea de la observación efectuada de oficio por el juez de la causa, en sujeción al artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, o bien como consecuencia de la excepción previa de defecto legal opuesta por el demandado, en mérito a lo dispuesto por el artículo 336-4) del Código Adjetivo Civil; ambos casos en el momento procesal oportuno.

Tenida cuenta que el proceso civil se rige por el principio de preclusión, los actos cumplidos dentro del periodo o sección pertinente adquieren carácter firme, por lo mismo no es posible retrotraer el trámite a etapas procesales ya superadas a menos que se presente un defecto procesal sancionado con nulidad por norma expresa y que hubiere sido oportunamente observado por aquel a quien cause perjuicio en su derecho de defensa en juicio.

Ahora bien, en el caso de autos el Tribunal ad quem concluye que la demanda incumple con el requisito de no designar la cosa demandada con exactitud porque al haber fundado su petición de resarcimiento y cumplimiento de obligación en los artículos 339, 377, 295, 316 y 1465 debió haber adjuntado en calidad de prueba reconstituida el documento obligacional  exigido por el artículo 487 del Código de Procedimiento Civil, para así establecer el objeto mediato de la pretensión demandada. Como se advierte el Tribunal ad quem incurre en equívoco al considerar que el demandante hubiera incumplido con el requisito de la demanda previsto por el inciso 5) del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, nada menos por no haber adjuntado prueba documental preconstituida; conclusión errática pues, la presentación de la prueba documental (o de cualquier otro medio de prueba) no forma parte del requisito de designar la cosa con toda exactitud a la que se refiere la precitada norma legal, pues en realidad la presentación de la prueba es una carga de las partes que no integra los requisitos de admisibilidad de la demanda sino que constituye una carga referida a la fundabilidad de la pretensión, y que por lo mismo no puede ser observado de oficio, ni lo puede hacer la parte contraria alegando una supuesto defecto legal.

Con relación al supuesto incumplimiento del requisito de exponer los hechos con claridad y precisión, el Tribunal ad quem se limita a transcribir una pequeña parte del contenido de la demanda y a concluir que hay imprecisión que da lugar a una contradicción; empero no explica en que consiste la imprecisión y como es que al mismo tiempo observa contradicción. Los hechos descritos en la demanda tienen la suficiente claridad y precisión, lo cual ha permitido su admisión y su contestación por la demandada y su concreción en la sentencia, por lo que resulta un exceso del Tribunal ad quem, concluir en una supuesta imprecisión y contradicción con base a la parte in fine de un párrafo, cuando la verificación del requisito en cuestión importa un análisis íntegro y contextualizado de la demanda.

Es más si los supuestos defectos de la demanda no fueron observados de oficio ni por la parte contraria en el primer momento del proceso y dentro de los plazos procesales previstos por el procedimiento de la materia, ya no es posible su observación posteriormente ni siquiera de oficio, pues los jueces y tribunales están también compelidos a respetar el principio de preclusión, en razón a que el proceso no constituye un fin en sí mismo y que su objeto es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, conforme manda el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo la nulidad dispuesta por causa de una supuesta falta de integración a la litis de litisconsortes pasivos necesarios, no se halla justificada, pues la pretensión de resarcimiento y cumplimiento de obligación está dirigida contra la demandada por la cuota parte de ésta, dado que el actor afirma haber llegado a acuerdo con los otros copropietarios, por lo cual los efectos de la sentencia efectivamente no les alcanzará.

Finalmente y en cuanto a la incongruencia alegada entre el Auto de Vista impugnado y el Auto de Vista de fojas 165 a 167, debe tenerse presente que la congruencia que compele al tribunal de alzada por mandato del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a la correspondencia estricta entre lo resuelto en la sentencia y los puntos objeto de la apelación y fundamentación y no así con relación a un anterior Auto de Vista anulatorio.

En suma el Tribunal ad quem, evidentemente ha anulado indebidamente el Auto de Vista impugnado, e interpretando incorrectamente las normas legales acusadas, incumpliendo con su deber de resolver la alzada con la pertinencia que le impone el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, de lo cual se sigue ha incurrido en la causal prevista por el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil, por lo cual corresponde fallar de acuerdo a lo previsto por el artículo 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil.

IV.- POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 3) y 275 del Adjetivo Civil, ANULA llanamente el Auto de Vista de fojas 211 a 213, disponiéndose que el Tribunal ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista resolviendo la apelación de fojas 187 a 189 de forma congruente y exhaustiva.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  136/2013