SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 128

Sucre: 22 de abril de 2013  

Expediente: SC-169-08-S

Proceso: Mejor derecho de propiedad y otros.

Partes: Ángel Saavedra Terán y otra c/ Tarcila Arias vda. de Montaño y otros.

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani             

__________________________________________________________________________


VISTOS: El recurso de casación de fojas 258 a 259 vuelta, interpuesto por Tarcila Arias vda. de Montaño, Juanito Montaño Arias, Norma Montaño Arias y Nancy Arias, contra el auto de vista de 25 de septiembre de 2008, cursante a fojas 251 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, en el ordinario sobre mejor derecho de propiedad, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, cancelación de inscripción más pago de daños y perjuicios, seguido por Ángel Saavedra Terán y Lola Gutiérrez de Saavedra contra los recurrentes, la respuesta de fojas 262 a 264 vuelta, el auto concesorio de fojas 265, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.-

Que, tramitada la causa de referencia, el Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 130 de 22 de septiembre de 2006, cursante de fojas 191 a 194 vuelta, declarando probada en parte la demanda de fojas 7 a 8 vuelta y su complementación a fojas 11, interpuesta por Ángel Saavedra Terán y Lola Gutiérrez de Saavedra, en lo que se refiere a la acción reivindicatoria, negatoria, mejor derecho propietario, desocupación y entrega de inmueble; improbada en lo que corresponde a la cancelación de inscripción y pago de daños y perjuicios; improbadas la demandas reconvencionales planteadas por escritos de fojas 33 a 35 y de fojas 38 a 40. En consecuencia dispone declarar el mejor derecho propietario de los demandantes, sobre el lote de terreno sito en el Barrio Guapilo, Manzana 6, Lote Nº 7, con una superficie de 1.000 mts2; concediendo el término de 15 días a partir de la ejecutoria de la presente resolución, para que los demandados antes indicados, entreguen el inmueble objeto de la litis a los propietarios señores Ángel Saavedra y Lola Gutiérrez de Saavedra, bajo prevención de librarse mandamiento de desapoderamiento, previo pago de las mejoras incorporadas en el inmueble.

En grado de apelación deducida por los demandados reconventores, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 473 de 25 de septiembre de 2008, cursante a fojas 251 y vuelta, confirma la sentencia apelada, con costas.

Esta resolución de segunda instancia, motivó que los demandados Tarcila Arias vda. de Montaño, Juanito Montaño Arias, Norma Montaño Arias y Nancy Arias, mediante memorial cursante de fojas 258 a 259 vuelta, formulen recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.-

Los recurrentes denuncian que, al dictarse el auto de vista recurrido se lo ha hecho sin haber leído en forma detenida el expediente al extremo de que en el encabezamiento aparece el nombre de Jacinto Montaño Arias, siendo que esta persona no es parte del proceso; manifiestan que, al dictarse el auto de vista se han violado los artículos 397, 404 y 424 del Código de Procedimiento Civil; señala que, sus probidades no han sabido valorar en su magnitud todas las pruebas aportadas de su parte, al considerar que sus personas como reconvencionistas no han acreditado ningún derecho propietario sobre el inmueble para ocuparlo, desconociendo que a fojas 123 a 130 cursan los títulos de propiedad de la parcela de terreno inscrita a nombre de Tarcila Arias Montaño y que el inmueble objeto de litigio se encuentra dentro de la indicada parcela; indican que, el título propietario de Tarcila Arias vda. de Montaño, data del año 1980 y el derecho propietario de los demandantes data del año 1990 y que este título ha sido obtenido de forma fraudulenta, ya que los vendedores de los demandantes, obtuvieron su derecho propietario falsificando firmas; señalan que, se violaron los artículos 404 y 424 del Código de Procedimiento Civil, en relación a la confesión judicial provocada a los esposos demandantes los cuales debieran ser declarados confesos al no presentarse a la audiencia señalada; denuncian que, ellos no son ocupantes arbitrarios y que su ocupación es legal porque son propietarios.

Finalizan el recurso, solicitando al amparo de los artículos 250, 253 y 257 del Código de Procedimiento Civil, se dicte auto supremo casando el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo se les reconozca sus legítimos derechos sobre el lote que se litiga.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.-

Que, el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 - 2) del mismo cuerpo legal, referidos a la obligación que tiene el recurrente de citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es solo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado articulo 258 - 2).

El recurso de casación en cualquiera de sus formas previstas, para su procedencia y atención por el tribunal competente, exige la reunión de requisitos, tanto de forma cuanto de fondo, es decir, extrínsecos e intrínsecos, sin cuya concurrencia no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en que consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales. De igual forma, cuando se plantea recurso de casación en la forma, por haberse violado las formas esenciales del proceso, los argumentos de procedencia deben estar en base los 7 incisos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 - 2) del Código de Procedimiento Civil.

En la especie, el recurso en todo su contexto resulta impreciso, no sólo porque los recurrentes omitieron precisar las causales de casación en el fondo, enumeradas en los incisos 1), 2) y 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, sino también, porque los recurrentes, no cumplieron con la obligación legal establecida en el artículo 258 2) del Código de Procedimiento Civil, al no mencionar la ley o leyes sustantivas que habrían sido violadas, aplicadas falsa o erróneamente y proponiendo la solución jurídica pertinente, porque, si bien identifican determinadas normas procedimentales para denunciar que las pruebas aportadas por su parte no fueron valoradas, no fundamentan su impugnación en lo sustancial, es decir no relacionan estas normas procedimentales con alguna norma sustantiva que otorgue valor jurídico a los medios probatorios que dicen no haber sido valorados en función de la ley, tampoco señalan o identifican si esta valoración deficiente está relacionada con errores de derecho o de hecho en la apreciación de las pruebas, para aperturar la competencia del Tribunal Supremo, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación.

Finalmente corresponde establecer que, la simple relación expuesta, no sustituye a la fundamentación que deben hacer los recurrentes para demostrar la forma en la que el tribunal de grado violo las normas que se impugnan para dar lugar a una decisión casatoria, por ello, la jurisprudencia nacional coincidente con los criterios doctrinales del derecho procesal requieren que el recurso de casación no tenga simplemente un carácter indicativo de la ley o leyes violadas, aplicadas falsa o erróneamente, sino que por el contrario sean observaciones precisas, claras y puntuales acerca de los yerros o faltas que se observan y/o acusan; lo que no ocurre en el caso de autos.

En consecuencia, al no haber cumplido los recurrentes con la carga legal prevista en el articulo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, por desconocimiento de la adecuada técnica jurídica que debe de observarse en la formulación de este recurso extraordinario, y al no poderse suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurrió el recurrente, este Tribunal Supremo se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado, al que castiga conforme los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral  2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 I 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del articulo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 258 a 259 vuelta, con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 500 que mandara hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 128/2013