SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 122

Sucre: 28 de marzo de 2013  

Expediente: LP-14-08-S

Proceso: Resarcimiento de daños y perjuicios.

Partes: Empresa Constructora Asbún S.R.L. c/ Banco Internacional de Desarrollo S.A.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 801 a 806, interpuesto por el Banco Internacional de Desarrollo S.A. en Liquidación representado por Humberto Trigo Miranda, contra el Auto de Vista Nº 239 de 3 de diciembre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso sobre resarcimiento de daños y perjuicios seguido por la Empresa Constructora Asbún S.R.L. contra la entidad recurrente, la respuesta de fojas 807 y vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, la Jueza Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz pronunció la Sentencia Nº 97 de 17 de febrero de 2005 (fojas 666 a 672), declarando improbada la demanda e improbada la reconvención, asimismo improbadas las excepciones de falsedad, ilegalidad, improcedencia, falta de acción y derecho, sin costas.

Deducida la apelación por la empresa demandante, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº 239 de 3 de diciembre de 2007 (fojas 780 y vuelta), anula obrados hasta fojas 664 vuelta inclusive, disponiendo la remisión de obrados al Juez suplente llamado por ley para que dicte nueva sentencia.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por la entidad demandada Banco Internacional de Desarrollo S.A. en Liquidación representado por Humberto Trigo Miranda, en los términos expresados en su memorial de 14 de diciembre de 2007 (fojas 801 a 806).

CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Por otro lado, si una resolución causa agravio a las partes, éstos tienen derecho a acudir ante el juez o tribunal superior en grado para expresarlo, buscando su reparación; para ello no disponen de otro medio que no sea el recurso de apelación, cuyo objeto no es sino la revisión de aquella resolución que consideran les causó agravio. En ese sentido, es ineludible el deber del tribunal de alzada de pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, con la pertinencia establecida en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, siempre en estricta observancia del debido proceso y el derecho a la legítima defensa que tienen las partes.

Ahora bien, en el caso de autos, el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista Nº 239 de 3 de diciembre de 2007, anulando obrados hasta fojas 664 vuelta inclusive, con el argumento que: se colocó “el inapropiado decreto de provéase papel suficiente a Fs. 664 vta., en fecha 19 de octubre de 2004, para después de más de dos meses colocar el decreto de autos en fecha 10 de enero de 2005.   …que el decreto de 19 de octubre de 2004…, ha sido dictado con la finalidad de evadir el plazo legal de 40 días que tiene el Juez de primera instancia para dictar sentencia, por consiguiente el plazo debe ser computado a partir de dicho decreto y que al haberse pronunciado la sentencia en 17 de febrero de 2005, se lo hizo con perdida de competencia prevista en el Art. 208 del Código Adjetivo, por haberse dictado a los 116 días”. Empero, el artículo 208 parte primera del Código de Procedimiento Civil establece que el juez que no hubiere pronunciado la sentencia dentro del plazo legal o del que la Corte le hubiere concedido conforme al artículo 206 del mismo cuerpo legal, perderá automáticamente su competencia, en el proceso, así el artículo 204 parágrafos I numeral 1) y II del Código de Procedimiento Civil indica que las sentencias, salva disposición expresa de la ley, se pronunciará dentro el plazo de cuarenta días en los procesos ordinarios, computables desde la providencia de autos tratándose de procesos ordinarios; en la especie, como reconoce el auto de vista recurrido, la providencia autos fue decretada el 10 de enero de 2005 (fojas 665) habiéndose pronunciado sentencia el 17 de febrero de 2005, esto es dentro el plazo legal referido líneas arriba. Consiguientemente, no se advierte que se haya incurrido en la causal de nulidad referida por el auto de vista recurrido, por cuanto la jueza a quo no perdió competencia para dictar la sentencia mencionada.

Resulta evidente, entonces, que el tribunal ad quem ha eludido de manera ilegal ingresar a resolver el recurso de apelación deducido de fojas 677 a 680, cual era su obligación, determinando la nulidad de obrados hasta 664 vuelta inclusive, sin el suficiente sustento legal que justifique tal determinación, negando su propia competencia, dejando a las partes en indefensión y afectando los principios de celeridad y economía procesal.

El artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, sanciona con nulidad las resoluciones judiciales que no se hubieren pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso, reclamadas oportunamente, debido a que ese tipo de resoluciones comprometen seriamente las formas esenciales del proceso, correspondiendo por ello prestar atención a la preceptiva mencionada, tomando en cuenta que las reglas procesales son de orden público y de observancia obligatoria como lo manda imperativamente el artículo 90 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, y por consiguiente aplicar lo dispuesto en los artículos 252, 275 con relación al inciso 3) del artículo 271, todos del mencionado Código Adjetivo Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 780 inclusive, ordenándose al Tribunal de alzada que previo sorteo, sin espera de turno dicte nuevo auto de vista atendiendo a lo dispuesto en el presente Auto Supremo.

Siendo inexcusable el error en que han incurrido los Vocales signatarios del auto vista impugnado, se les impone multa de 200 Bolivianos a cada uno de ellos.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue disidente la Magistrada Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  122/2013